El miércoles 28 de junio un hombre decidió morir. Era Jorge Salvo Alarcón, y sus motivos fueron los de muchos. Después de tres años con una depresión suscitada por el trauma ocular que sufrió, el abandono institucional del hoy PACTO y otras muchas secuelas, Salvo se convirtió en el cuarto mutilado ocular que tomó esa decisión. Su realidad, sin embargo, es la de otras víctimas que denuncian idénticas condiciones de desamparo y revictimización.

A las 17.42 del 28 de junio de 2023, Metro de Santiago informó que una persona se lanzó a las vías de la línea 5. Era Jorge Salvo Alarcón. Fallecido a las 18.07, fue la cuarta víctima de trauma ocular que, entre suicidio o abandono, optó por el primero. Es que desde que agentes del Estado le mutilaron su ojo izquierdo en el marco de la revuelta social, Salvo venía batiéndose con una honda depresión.

El 17 de enero de 2020 el sol era imponente. Jorge Salvo tenía por ese entonces 27 años y disposición, como todos los viernes desde el 18 de octubre de 2019, de ser manifestante en ese día revuelto. Fue a Plaza Baquedano con una amiga. A eso de las 21:30, la Alameda, entre Ramón Corvalán y Vicuña Mackenna, hirvió a tiros de bombas de Carabineros y humos lacrimógenos.

Según la demanda de Responsabilidad del Estado que Jorge Salvo interpuso junto a otros 21 denunciantes, el polvo de los gases separó al otrora electricista de su amiga. Él solo logró ver entre cuatro a cinco uniformados con escopetas lanza gases que disparaban bombas a mansalva. La que impactó a Jorge en su ojo izquierdo, señala el documento, fue percutada a menos de diez metros.

Salvo se arrimó a un desconocido que lo sacó de la zona de peligro. Una doctora y una voluntaria de una brigada de salud lo socorrieron, lo vendaron y llamaron a una ambulancia. En el vehículo, camino a la ex Posta Central, se desplomó.  Y de pronto la noche. Para siempre, la vida de Jorge la hicieron noche.

Sobrevivir sin vivir

Cuando Salvo llegó al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, fue diagnosticado con “estallido de globo ocular izquierdo, causado por el cartucho lacrimógeno de una carabina lanza gases y fractura de piso de la órbita izquierda”, afirma la demanda que interpuso la Asociación de Libertades Públicas. Además del ojo, perdió una parte importante del cráneo. Como el centro hospitalario no contaba con especialista, el día posterior fue trasladado a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador.

“Jorge estuvo como tres días tirado en la camilla con su ojo colgando” señaló Pablo Montiel, mutilado ocular y amigo de Salvo, en conversación con Doble Espacio. El 20 de enero, en el mismo pasillo en el que estuvo esperando los días anteriores, apareció un doctor cuyo trato fue revelador:

—Ah, tú perdiste el ojo— dijo el médico mientras le volvía a poner el parche.

El mismo día fue su primera y única operación. De ahí en más, Jorge intentó sobrevivir. Con un ojo mutilado y el abandono que lo precedió, vivir resultó improbable; quedó cesante y sin techo, sufrió discriminación, dolores inaguantables, estrés postraumático y otras secuelas decantadas de la violencia de Estado.

Jorge Salvo era padre de una niña de cuatro años. Cuando recibió el disparo, la pequeña rozaba el primer año de vida. En conversación con Doble Espacio, Pía Yáñez, amiga cercana de Salvo, afirmó que cuando él perdió el ojo, su hija “había recién pasado por alimentación suplementaria. Jorge le tenía que dar de comer, y como perdió la profundidad, no le achuntaba a la boca de la nena”. Esto, dicen sus cercanos, fue una de muchos efectos originados por la mutilación ocular de Salvo.

Las primeras secuelas fueron del día a día. No podía tomar una taza de café sin derramarla. Tenía un grano en el lado izquierdo de su rostro que su visión ya no alcanzaba. Tomar cualquier tipo de objeto resultaba imposible. Según Camila Valdés, amiga de Salvo y vocera de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, “Jorge sentía mareos, no podía cruzar la calle porque tenía problemas con la profundidad. Le costaba mucho bajar la escalera, medir las distancias y las profundidades. Muchas veces no pudo hacer una taza de té, no podía echarle agua hervida a la tetera”.

Además de las jaquecas y dolores que lo relegaban a su cama, cuando Salvo derrotaba las largas horas de insomnio por el estrés postraumático, en sus horas de descanso lo esperaba la repetición incesante del momento del disparo. Ni la realidad ni los sueños eran refugio. Las consecuencias rutinarias, no obstante, eran solo una parte.

Discriminación y cesantía

Las otras secuelas fueron distintas. No era solo su ojo, también eran las personas.

Jorge estuvo meses sin poder trabajar. En marzo de 2020, dos meses después de que le dispararon, llegó a Chile la pandemia de Covid-19 que azotó al mundo. Cuando Salvo pudo lidiar con las primeras limitaciones de la mutilación, el país en su conjunto estaba en cuarentena. Era electricista y la oferta de trabajo escasa.

En la Demanda de Responsabilidad del Estado por Falta de Servicio de la que formó parte Salvo, se afirma que “más allá de su sensación de que la gente lo mira más de lo normal, le han dicho expresamente que no podrán contratarlo para determinados trabajos, porque los clientes podrían incomodarse frente a él”.

Los pocos trabajos que obtenía, por otro lado, eran a corto plazo. Según Claudio Araya Fernández, cercano de Salvo y también mutilado ocular, su amigo “andaba de construcción en construcción. No podía durar más de un mes porque lo contrataban a prueba ¿Cómo te reinsertas en la sociedad si la misma sociedad te da la espalda?” afirmó a Doble Espacio.

El relato de la cesantía y discriminación que sufrió Salvo no es, sin embargo, aislado. Como él, son más los traumas oculares y víctimas de violaciones a los derechos humanos que han vivido similar experiencia.

Pablo Montiel, miembro de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, perdió su ojo izquierdo tras recibir un disparo directo de Carabineros. Era 1 de noviembre de 2019. Padre de dos hijos y carpintero, estuvo dos años sin poder trabajar.

“Si no fuera por las personas que nos colaboraban, nos moríamos de hambre. No pude trabajar, no pude generar. Trabajaba dos días y estaba una semana en cama, por el dolor. Sabía que me iba a doler, pero necesitábamos comer” aseguró Montiel a este medio.

La vocera de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés, refiriéndose a las víctimas de balines y traumas oculares, aseguró a este medio que “hay muchos compañeros que están teniendo problemas psicológicos o físicos para retornar al sistema laboral. Han tenido que dejar sus trabajos y profesiones. Muchos tenemos situación laboral precaria o no tenemos trabajo”.

A pesar que el entonces Programa de Reparación Integral (ex PIRO, actual PACTO) en el que participaba Jorge no ofrece reinserción laboral, en 2021 el Ministerio del Interior incluyó una glosa presupuestaria para víctimas de violaciones a los derechos humanos que hubieran sufrido perjuicio económico a partir de la agresión. Hasta julio de ese año, nadie había solicitado la pensión de gracia, puesto que ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ni las víctimas estaban al tanto de su existencia.

Según el Informe Anual de Derechos Humanos que realizó la Universidad Diego Portales (UDP) en 2022, hasta junio de ese año eran 396 las personas que habían accedido a la pensión de gracia. Tras más de un año de tramitación, Jorge Salvo recibió la aprobación de su pensión recién a mediados de este año.

“Cuando empieza el trámite se supone que se van a demorar como tres meses en darte la pensión. Jorge estuvo más de un año. La tenía aprobada, pero estaba esperando que le hicieran los pagos. No alcanzaron a hacerle ningún pago. Se supone que empezaba a recibirla el mes de junio, pero nunca le llegó” aseguró Pablo Montiel.

Quienes postulan a la pensión también la indican como un proceso extenso y revictimizante. Según Camila Valdés, en el proceso de postulación “hay revictimización en nuestros casos, porque preguntan en todas las aristas cómo te afectó el daño. Muchas de las declaraciones que hicimos no fueron consideradas para la pensión. Entonces ha sido tremendamente revictimizante”.

Además, agregó que “hay casos que no avanzan y eso que hicimos hace más de un año los trámites. Porque el INDH no entregó la información como correspondía. Muchos de los casos que se enviaron, que se hicieron el año pasado, no llegaron al Ministerio del Interior. Entonces hubo un retroceso del proceso y vamos a tener que volver a los trámites que se hicieron anteriormente”.

Situación calle y adicciones

La cesantía de Salvo trajo consigo otra secuela importante: la incapacidad para solventar el arriendo. Su situación habitacional era tan inestable como la laboral. Según Montiel, “estábamos en pandemia y Jorge había quedado sin arriendo. Estaba un rato en un lado mientras tenía pega, a ver si lograba pagar el arriendo de una pieza. Pero quedaba sin trabajo y no podía seguir pagando”.

Cuando no pudo seguir solventando el techo propio, Salvo no tuvo otra opción. Tuvo que irse a la calle. Tras vivir con su madre un tiempo, sus amigos cercanos le dieron refugio mientras buscaba maneras de financiar un arriendo. Pero sin trabajo y sin ayuda institucional no tenía muchas opciones.

“Jorge estuvo un tiempo sin un lugar donde vivir. Vivió con varios compañeros porque no tenía un espacio propio. Él trabajaba en el área de construcción, y no pudo ejercer, por el daño que tenía” afirma Camila Valdés.

A pesar que las especificaciones técnicas del entonces Programa de Reparación Integral ofrece recursos “para el traslado y alojo de usuarios residentes que requieran atención en el programa”, Salvo nunca recibió este tipo de soporte de la institución. Vivió, asegura Araya, cerca de un año sin domicilio.

Según datos de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, a lo largo de Chile hay más de 560 víctimas de trauma ocular en el contexto de la revuelta social. Según Pablo Montiel y Claudio Araya, a la fecha hay más mutilados oculares que viven en la calle a partir de la agresión sufrida. Se desconoce la cifra exacta.

Araya, también integrante de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, aseguró a Doble Espacio que, además de los que viven en la calle, hay mutilados oculares que han caído en adicción de drogas como la pasta base, y también alcoholismo.

PIRO: un deber que falló

Tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena a manos de Carabineros, Jorge Salvo comenzó a atenderse en el Programa de Recuperación de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador. Prontamente fue derivado al PIRO.

El 11 de noviembre de 2019, tres días después que el teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, presuntamente cegara a Gustavo Gatica en sus dos ojos con una escopeta antidisturbios, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la creación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), institución a cargo del Hospital Salvador.

Con miras de “brindar atención gratuita a personas que hayan sufrido daños en la visión como consecuencia de la contingencia social ocurrida desde el 18 de octubre de 2019”, el PIRO inicialmente fue constituido por una psicóloga, un terapeuta ocupacional, trabajadora social, dos tecnólogas médicos, un protesista y un cirujano odontólogo.

Lo que tras un anuncio del presidente Gabriel Boric hoy se conoce como Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), no tardó en recibir críticas de sus pacientes en los primeros meses de funcionamiento. Falta de personal, maltratos, revictimización, discriminaciones, aplazamiento de consultas y operaciones —Pablo Montiel, por ejemplo, tuvo un total de nueve operaciones aplazadas a última hora—.

Según el informe de la UDP, Camila Urrea, única psicóloga del PIRO hasta julio de 2021, sostuvo que “cuando se conformó el equipo nos percatamos que el programa no estaba estructurado; no se daba relevancia al contexto en el que se encontraban las víctimas, se las consideraba como usuarios y no se hablaba de violaciones a derechos humanos”.

Entre medio, la salud mental de las víctimas empeoraba. La de Jorge Salvo también. Conformado ahora, señala el informe, por una enfermera coordinadora, una médico oftalmóloga, un médico psiquiatra, un odontólogo, dos psicólogos, un técnico en enfermería nivel superior, una tecnóloga médica, una terapeuta ocupacional y dos trabajadores sociales, el PIRO incorporó a un psiquiatra recién en mayo de 2021.

Dado que uno de los perdigones que lo impactó en septiembre de 2020 le quebró un diente, Claudio Araya y otras víctimas han solicitado a un médico maxilofacial. El PIRO no ha respondido. “Nunca he sabido de un odontólogo. No tienen neurólogo. No tienen traumatólogo. ¿Cómo explicas que un programa de reparación integral solo tenga terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra y oftalmólogo?” aseguró Araya Fernández en conversación con este medio.

“Hemos pedido todo tipo de especialista. No veo ningún cambio. Veo a las mismas personas. Con suerte han sumado dos especialistas más. La mitad de la casona está para arquitectura de la construcción del Salvador. Tuvimos compañeros que les aplazaron las horas cuando ya estaban en Santiago. Quieren que tengamos un trato digno, pero el sistema nos ofrece otra cosa” sentenció.

También hubo deserción de pacientes con trauma ocular. Según datos del Hospital Salvador, el PACTO registra un total de 374 pacientes atendidos —la coordinadora contabiliza más de 560 mutilados a nivel nacional— desde octubre de 2019. Sin embargo, los mismos datos señalan que hay 28 inubicables, 70 cuyo contacto fue fallido y, según datos de FONASA actualizados en 2022, 4 fallecidos. Solo tiene 141 pacientes activos, un 35% de los que ingresaron originalmente.

Por otro lado, Salvo tuvo que buscar atenciones alternativas para tratar las fuertes dolencias que sufría por el disparo. Es así que, como otras víctimas, llegó al Movimiento de Salud en Resistencia (MSR). Carla Pellegrin, médico y una de las fundadoras del movimiento, señaló a Doble Espacio que “nosotros nos constituimos como una segunda línea en el estallido social. Y hace dos años empezamos a atender en un policlínico que hicimos. En ese contexto, asistimos pacientes que tienen perdigones en su cuerpo, víctimas de trauma ocular y otras lesiones del estallido. Tenemos un aproximado de 100 pacientes vistos”.

Además de Jorge Salvo, Pablo Montiel y Claudio Araya se han atendido con la iniciativa autogestionada del MSR. Les han dado terapias efectivas para el dolor. Se financian con aportes voluntarios, pero les entrega, aseguran los entrevistados, aquello que no encuentran en el PIRO. “Varios organismos nos han ayudado, pero no son del Estado. Y son los más efectivos a final de cuentas. Son los que más nos han ayudado” aseveró Montiel.

El 3 de marzo de 2022, la Contraloría de la República emitió un informe de auditoría al PIRO. Entre el 18 de octubre de 2019 y 31 de marzo de 2021, el órgano fiscalizador detectó una serie de irregularidades en el programa de reparación.

Además de comprobar “que el Hospital del Salvador no ha implementado medidas que permitan determinar cuales son los fondos que son destinados al programa PIRO” y la constatación que el Hospital Salvador no “cuenta con un protocolo que determina el criterio de inclusión de los pacientes atendidos en el programa PIRO”, Contraloría detectó una irregularidad económica: la falta de transparencia de $141.429.232 millones de pesos.

Con un total de $718,269,000 de presupuesto asignado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el PIRO declaró haber usado “solo $576.839.768, lo que implica la existencia de un saldo de $141.429.232, al 31 de diciembre de 2020, respecto del cual no se obtuvo información sobre su utilización” detalla la auditoría.

El pasado 6 de julio Doble Espacio solicitó por Ley de Transparencia la respuesta que el Hospital El Salvador debió enviar a Contraloría aclarando los usos de los $141 millones de pesos no transparentados en la auditoría. Con fecha 17 de junio, el Hospital respondió.

El centro de salud señaló a Doble Espacio que “es conveniente aclarar que el concepto de recursos no utilizados por el PIRO no es tal”. Según el hospital, el universo utilizado por Contraloría no consideró la asignación de $179.082.828 otorgados en el subtítulo 29 del año 2020. En otras palabras, el presupuesto total asignado al PIRO ascendería a los $817.564.607, cuya totalidad, asegura la respuesta a Contraloría, habría sido utilizada desde 2019 hasta 2021 por concepto de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y activos no financieros.

A pesar que un oficio del gobierno de turno especifica que la rendición de gastos del PIRO debe especificar nómina de profesionales y el detalle de los gastos asociados, la respuesta del Hospital Salvador solo detalla que, en los primeros tres años de funcionamiento, la institución gastó $219.286.098 millones en gastos de personal, $175.148.625 millones en servicios de consumo y $423.129.884 en activos no financieros, como infraestructura, inventarios y equipos.

Orientación técnica del PIRO

Orientación técnica del PIRO

“Todos hemos querido suicidarnos”

— Yo me miro al espejo y no me veo completo.

Le decía Jorge Salvo a su amigo Claudio Araya Fernández. Compartían la sensación. En septiembre de 2020, Araya también fue víctima de trauma ocular tras recibir múltiples perdigones disparados por Carabineros. “Por dispararle, el Jorge entró en una depresión y esa depresión le causó la muerte” sentenció Araya.

Conoció a Jorge Salvo en la toma del PIRO que la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular realizó en noviembre de 2021, con un petitorio que exigía garantías y mejoras del programa estatal. Desde entonces, cultivaron una amistad estrecha. Hasta que el 28 de junio Jorge se suicidó. No era su primer intento.

Si bien Salvo asistía a terapia psicológica en el PACTO, “Jorge no podía hacer un tratamiento psicológico continuo porque las horas de atención están dentro del horario de trabajo. Entonces si te pides el día, te lo descuentan. Y son 70 lucas a fin de mes. Y Jorge no podía hacer eso. Jorge ni nadie” aseguró Pia Yáñez a este medio.

El suicidio, no obstante, es una realidad que aqueja a gran parte de las víctimas de trauma ocular. “La mayoría de las víctimas estamos con depresión. Tenemos un montón de compañeros que han intentado suicidarse” aseguró Pablo Montiel. Claudio Araya Fernández, por su lado, afirmó que “estábamos todos en las mismas. Todos con pensamientos suicidas”.

“No tenemos salud mental como corresponde. El PIRO no se acerca a ofrecerlo, nosotros tenemos que ir y pedirlo. Cuando alegamos integralidad, es por ese tipo de cosas. No cumplen con lo que ellos mismos propusieron. Yo trabajo en construcción y he caminado por edificios altos toda mi vida. Nunca me había pasado que tuviera ganas de saltar. Y ahora me pasa. ¿De dónde viene ese pensamiento suicida? ¿De dónde vienen esas ganas de saltar? Es porque no ves por tu ojo, es porque te cuesta hacer las cosas. Es porque la gente te vapulea, te sientes atacado todo el momento” reflexionó Montiel.

Entre la depresión y el abandono, Jorge comenzó a morir de a poco. Pero avisó. Entre el día del disparo y el del suicidio, hubo 1257 días en los que Jorge Salvo convivió con el estrés postraumático, la cesantía, los dolores y el abandono. “Si el psicólogo que atendió a Jorge hubiera estado especializado en trauma, habría detectado las señales. Si hubiera un acompañamiento terapéutico, este tipo de situaciones no pasarían” aseveró Pía Yáñez.

Entre un intento de suicidio, diálogo con las autoridades y la lucha contra una depresión originada por la mutilación, todo apunta a que Salvo se cansó de mirarse al espejo y no verse completo. Decidió terminar con su vida cinco días antes de cumplir 30 años. La parte que le arrebataron el 17 de enero de 2020 nunca fue reparada.  A la fecha, su caso judicial tampoco cuenta con imputados.

“Da mucha rabia que el compañero que entendió que debía hablar con el Estado, el Estado no estuvo con él. A Jorge lo asesinó el Estado. Lo asesinó el Estado por el abandono, por la precarización en la que tenía sus atenciones médicas y psicológicas. Lo asesinó el Estado por la misma pensión que vino a recibir recién este año, cuando había hecho la tramitación como hace dos años atrás” reflexionó Valdés en conversación con este medio.

Antes de Jorge hubo otros Jorge. Estuvo Patricio Pardo, Jonathan y Cristián Núñez, quien se suicidó mientras vivía en la calle. Lo que temen otras víctimas de trauma ocular es que las condiciones de abandono y revictimización que les ofrece el Estado se mantengan. Porque eso es garantía, comenta Camila Valdés, de que “en cualquier minuto tengamos otro compañero más que se suicida”.