Fue en 2018 cuando Carlos Margotta asumió la presidencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Con más de 40 años como activista por la causa, en estos últimos cuatro ha enfrentado una revuelta social, el auge de la ultraderecha personificada en Republicanos y la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Panorama, aseguró en conversación con Doble Espacio, que deja una conclusión evidente: “Estamos ante un grave retroceso en materia de derechos humanos”.

Con más de cuatro décadas en el organismo que hoy lidera, Carlos Margotta Trincado forjó su talante férrea en los tiempos de la dictadura cívico militar. El otrora abogado de la Universidad de Chile fue perseguido por la Central Nacional de Informaciones (CNI), perdió amigos que fueron asesinados y encontró una búsqueda de la cual no habría de abandonar nunca: justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En conversación con este medio, el actual presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos profundizó en lo que ha marcado su paso como máximo representante del organismo que, además de denunciar al ex presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad durante la revuelta, tiene un ininterrumpido historial de defensa a víctimas de la dictadura de Pinochet.

“El Estado de Chile está al debe en materia de derechos humanos”

¿Cuál es su diagnóstico respecto al avance en la justicia en los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura?

Los datos concretos hablan de que la justicia está al debe. En un país que sale de una situación dictatorial el Estado asume cuatro obligaciones. Primero, hacer verdad. Segundo, hacer justicia. Tercero, reparar a las víctimas y a los familiares. Y cuarto, garantías de no repetición, para que nunca más se repita la traumática experiencia vivida. Si nosotros hacemos un repaso del cumplimiento de esas obligaciones respecto del Estado de Chile, nos encontramos que en todas está al debe. Y la justicia es una de ellas.

Solo para mencionar en materia de verdad. El gran déficit que tiene el Estado de Chile en esta materia es el esclarecimiento de qué pasó con los miles de detenidos desaparecidos que ocurrieron en la dictadura. Al día de hoy, existen 1.182 chilenos y chilenas que todavía tienen esa condición. Y por lo tanto, es una deuda muy grave desde el punto de vista jurídico y normativo, pero además del punto de vista ético y moral que tiene el Estado de Chile no solamente respecto de las familias de detenidos desaparecidos, sino que respecto a la sociedad y frente a la comunidad internacional.

En materia de justicia tenemos un conjunto de condenados, muchos de ellos que están cumpliendo penas en Punta Peuco. Pero es un número no significativo. Si uno toma el dato de que hubo más de 3 mil detenidos desaparecidos, más de 4.500 ejecutados políticos, miles de torturados, misma cantidad de presos políticos, un número muy mayor de exiliados, de exonerados y relegados, uno se da cuenta que la cantidad de condenados no se corresponde a la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. Entonces hay muchos criminales que no han pagado debidamente por sus crímenes. Y eso da cuenta de un grave déficit en materia de justicia. El número de presos en Punta Peuco es muy mínimo. Los datos oficiales hablan de 95 a 100 personas.

La gravedad mayor no solamente tiene que ver con que hay mucho criminal que anda suelto por las calles en completa impunidad, sino que además muchas víctimas sobrevivientes se encuentran con su torturador. Hay una revictimización permanente de la persona que ha sufrido estos atropellos. Entonces le están recordando a la víctima de que su torturador y el delito que ellos sufrieron está y seguirá estando en la impunidad.

¿Usted considera que la falta de justicia responde a una voluntad política?

La mayor o menor justicia que se realiza después de los períodos dictatoriales, obedece a la forma en cómo se salió de la dictadura. Voy a poner un ejemplo. Argentina salió de la dictadura después de una guerra que perdió contra Inglaterra por las Islas Malvinas. Ahí se derrumba la dictadura militar que había irrumpido el año `76 con Videla a cargo del Ejército. Esa derrota militar en una guerra provocó que la sociedad civil recuperara el control y el poder. Posibilitó que cuatro juntas militares fueran juzgadas y condenadas. En Chile hubo una salida pactada. Y en esa salida hubo muchas condiciones y cláusulas no escritas, entre las cuales estuvo la de no tocar a quienes tuvieran las principales responsabilidades en la política de exterminio. Entre ellos a Pinochet. Y expresión de eso fue cuando fue detenido en Londres. Vuelve a Chile con el compromiso de que va a ser juzgado y se le busca una salida alternativa y se le declara loco mentalmente. Y nunca pasó un día en la cárcel.

Sobre la responsabilidad que tuvieron los civiles en la dictadura, ¿usted considera que la justicia ha obviado su participación?

Por eso se habla de dictadura cívico militar. Se ha ido acuñando ese término porque los grandes ejecutores del Golpe y de la política de exterminio fueron integrantes de las Fuerzas Armadas que conformaron los organismos de seguridad. Pero quienes alentaron la ocurrencia del Golpe y esa política de exterminio fueron civiles. Lo dijeron los propios norteamericanos. El Informe Church, que surge del Senado norteamericano, establece no solamente cuál fue la intervención del gobierno de los Estados Unidos, sino que además el financiamiento que prestó a civiles para que el golpe se produjera. Tienen una responsabilidad que no pueden eludir.

“Las Fuerzas Armadas están decididas a resguardar la impunidad”

¿Qué lectura le da a la reciente condena que recibió el último miembro de la Junta Militar, Santiago Sinclair?

Él es un personaje emblemático de la dictadura. En primer lugar, fue procesado por las ejecuciones de 17 campesinos en dos localidades cerca de Valdivia cuando era Comandante del Regimiento Cazadores. Y hace pocos días atrás fue condenado por la ejecución de 12 personas en el marco de la Caravana de la Muerte, que fue impulsada por la cúpula del Ejército. Posteriormente fue Vicecomandante del Ejército, miembro de la Junta de Gobierno cuando Pinochet asume la presidencia de la República y luego fue Senador designado. Estos hechos criminales en los cuales participó demuestran que la política de exterminio no fue producto de excesos de algunos subalternos, sino que respondió a una política ideada desde las máximas autoridades.

Lo voy a enlazar con otro hecho muy relevante. Hace pocos meses atrás, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos para buscar a los 1.1182 chilenas y chilenos que permanecen en esa condición. Pero si uno realiza el plan se da cuenta de que no está suficientemente perfilado el rol que tienen las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de este plan. Porque quien tiene la información respecto a los detenidos desaparecidos y su destino final son las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército.

A Santiago Sinclair se le imputó la ejecución de 17 campesinos enterrados y se sabe que después fueron desenterrados para ocultar sus restos. Entonces, ¿quién tiene la información respecto a lo que ocurrió con ellos? ¿El poder judicial? ¿El Servicio Médico Legal? ¡No! Quienes tienen la información son los responsables de haber ocultado los restos de las personas que murieron. Cuando hablamos de Santiago Sinclair, hablamos de que si no hay un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que se enfoque en destrabar lo que se ha denominado como el pacto de silencio, es muy difícil que se logren los objetivos. Puede ocurrir que se generen expectativas en los familiares que llevan 50 años buscando a sus seres queridos, pero las Fuerzas Armadas, creo yo, no van a colaborar. Ellos están completamente decididos a resguardar la impunidad.

¿Usted cree que las Fuerzas Armadas siguen siendo las Fuerzas Armadas de la dictadura?

En su esencia, sí. Volvemos a la respuesta inicial, sobre las cuatro obligaciones que tiene todo Estado post dictatorial: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dentro de las garantías está que las primeras medidas que tiene que tomar un Estado post dictatorial es realizar una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el caso chileno. Porque en ellos ha estado depositada la política de exterminio. Hay que sancionar a todos los responsables, tanto intelectuales como materiales. Pero además hay que desterrar la doctrina de la Seguridad Nacional, que fue la que tuvieron como argumento para ejercer esa política que aún se enseña en la formación de las nuevas generación de las Fuerzas Armadas. Desterrar esa doctrina y reemplazarla por una democrática, donde el respeto a los derechos humanos sea su principal soporte. Esa tarea de reestructuración de las Fuerzas Armadas no ha sido cumplida. Entonces estamos al debe. Después de 32 años no sólo es éticamente reprochable, sino que constituye un incumplimiento ante la comunidad internacional.

“El negacionismo atenta contra los derechos humanos”

Si usted considera que hay una deuda para con las víctimas de la dictadura, ¿qué cree que le espera a las víctimas de la revuelta?

La situación de impunidad es escandalosa en relación a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el estallido. Solo 15 agentes estatales han sido condenados. Y ninguno de ellos con pena efectiva de cárcel. Eso es una vergüenza. Y lo más serio, a mi juicio, es que permanece invisibilizado en el debate público. Nadie habla de lo grave que significa para el Estado de Chile este incumplimiento. La impunidad es abrumadora. Y es no solamente una grave afrenta para las víctimas y sus familiares, sino que además, repito, es un grave incumplimiento para el Estado de Chile.

Todavía tenemos presos de la revuelta, respecto de los que nadie habla. Parecemos como predicando en el desierto. Pero lo seguiremos haciendo. No solamente por una obligación ética, sino también por una obligación jurídica, normativa. El Estado de Chile se encuentra incumpliendo obligaciones que se derivan de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura y ahora las del estallido social. En consecuencia, nuestro deber es interpelar al Estado para que cumpla su obligación y que termine con la impunidad. Y seguiremos insistiendo por ello.

A la fecha, ¿manejan cuántos presos de la revuelta hay?

Hasta hace dos semanas atrás habían 42 presos de la revuelta encarcelados.

¿Todavía hay quienes están encarcelados con prisión preventiva?

No, son todos condenados. Que debieran, a nuestro entender, ser indultados. Pero está claro que eso no va a ocurrir, visto lo ocurrido con los indultos que otorgó Gabriel Boric.

Hace poco se acogió la solicitud de desafuero de María Luisa Cordero por sus dichos negacionistas sobre el caso de la senadora Campillay. Dicho eso, ¿ve una amenaza en el negacionismo o relativismo de las violaciones a los derechos humanos?

Los sectores conservadores que apoyaron decididamente la dictadura, hoy ocupan muchos puestos en el parlamento y gozan de una permanente tribuna en los grandes medios de comunicación. Siempre han tratado de instalar un discurso, primero, de relativización sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Y luego de relativización de lo ocurrido en el estallido social. Es más, durante el estallido incluso pasaron a una segunda etapa, que es la criminalización de la protesta social y los manifestantes. Pero ahora han escalado a la tercera etapa: la del negacionismo.

Hace unas semanas se presentó un proyecto de ley contra el negacionismo. Nosotros esperamos que se genere un debate público sobre esta situación. Porque el negacionismo atenta contra los derechos humanos. Es falso que la limitación del negacionismo sea un atentado a la libertad de expresión. La libertad de expresión, como derecho humano que hay que defender siempre, también tiene sus límites. Por eso existen los delitos de injurias y calumnias. Ya existen limitaciones a la libertad de expresión y otra limitación ha de ser la expresión de opiniones que pongan en duda o nieguen la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Tal como lo dice el proyecto de ley, negaciones de hechos que fueron reconocidas oficialmente a través del informe de la Comisión Rettig y luego por las dos Comisiones Valech. Negar la existencia de aquellos hechos que fueron reconocidos, constituye negacionismo. Estamos ante una escalada muy compleja de los derechos humanos, donde no solamente la ultraderecha, con claros signos neo fascistas, está tratando de instalar un discurso conservador, sino que además revisionistas y negacionistas de la historia. Ellos quieren hacer una revisión histórica ensalzando al dictador y poniendo en el centro sus, entre comillas, obras. Condenando al rincón del olvido lo que caracteriza a la dictadura cívico militar, que fue la política de exterminio que se implementó a partir del 11 de septiembre de 1973.

“Hay un grave retroceso de lo que son las banderas democráticas”

Avanzando con el tema de la extrema derecha, ¿cómo cree que podría afectar la llegada al poder de estos sectores?

Estamos viendo un grave retroceso en materia de derechos humanos. Se ha impuesto un discurso de ultraderecha que ha sido recogido por los medios de comunicación. Lo que ellos pretenden no solo es ganar en el terreno político, quieren una victoria cultural. Buscan instalar un nuevo relato respecto a la historia reciente. Sobre todo que salga al paso del discurso que venimos levantando organismos de derechos humanos y sectores democráticos sobre lo que fue la dictadura cívico militar. Y sobre todo ahora que se conmemoran 50 años del Golpe.

La ultraderecha representa lo más nocivo que ha tenido la historia reciente de nuestro país. Representan el crimen. Representan el genocidio. Representan algo que era desconocido para nosotros hasta el año 1973. Hasta el 11 de septiembre de 1973, en Chile no existía la noción de derechos humanos. Nosotros valoramos los derechos humanos a partir de las violaciones a los derechos humanos. El 85% de las familias en Chile fueron afectadas por las violaciones a los derechos durante los 17 años de dictadura. Es decir, la sociedad chilena en su conjunto conoció esa realidad.

¿Cree que los sectores de ultraderecha sugieren un discurso revisionista del pasado en miras de objetivos futuros?

Por supuesto. El auge de la extrema derecha no es un fenómeno local. Es global. Ha habido una ofensiva de la ultraderecha en todos los continentes. Particularmente en Europa y América Latina. Nosotros mirábamos con distancia el surgimiento de Bolsonaro en Brasil. Pero tenemos nuestro propio Bolsonaro. Es José Antonio Kast. Y hay preocupación en el mundo de los derechos humanos. Hay un grave retroceso desde el punto de vista de lo que son las banderas democráticas y los derechos humanos. Y la bandera de la paz social, porque se construye sobre ciertos valores. La paz social no es la paz de los cementerios. Es la que tiene como fundamento la valoración de los derechos humanos, el término de las desigualdades que tiene nuestra sociedad. Y la ultra derecha lo que pretende es avanzar sobre su principal bandera: el orden y la seguridad. No solamente para combatir la delincuencia común, sino también la protesta social.

Pretenden preservar el statu quo con represión, y eso es un peligro para la paz social a la que todos aspiramos ¿Qué pasó con las principales iniciativas legislativas que el gobierno mandó para discusión en el congreso? Republicanos votó en contra del Salario Mínimo, en contra de la Reforma Tributaria y en contra de las 40 horas. La ultra derecha, que tiene la hegemonía tanto en el Consejo Constitucional como en las fuerzas de derecha, abraza este modelo económico. Ellos van a hacer una férrea defensa de aquello.

Todos los movimientos sociales tienen avances y retrocesos. Hoy día estamos en la etapa del retroceso. Pero llegará el momento en el que se recuperen las fuerzas democráticas. Porque sobre la base de la represión, sobre la base de negarse a enfrentar decididamente la desigualdad, tenemos un potencial estallido social.

Según usted, ¿la ultraderecha ve la democracia como algo sobrevalorado?

A nuestro entender, la democracia la ven como algo instrumental. Si uno revisa la historia, el fascismo en Chile la principal expresión que tuvieron fue el Golpe de Estado. Donde dijeron “la democracia ya no nos sirve”. ¿Por qué? Porque el gobierno de Salvador Allende estaba llevando a cabo un proceso de transformaciones sociales. Esa gente dijo “no más” y utilizaron la fuerza bruta a través de un Golpe cívico militar.

En la revuelta popular de 2019, ¿qué es lo que es? Una expresión multitudinaria de sectores de la población que salieron a exigir un nuevo orden social. Más justo, más democrático, menos desigual ¿Y cuál fue la respuesta? La represión ¿Y quién implementó las políticas represivas? Sebastián Piñera, uno de los principales millonarios de nuestro país que detentaba el cargo de Presidente de la República. Y por ser el principal responsable de los crímenes cometidos en el estallido, lo denunciamos no solamente ante el Ministerio Público, sino también ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Quiero decir con esto que siempre hay una contradicción que es como el aire. No se puede negar. Hay un conflicto entre unos pocos que detentan el poder y que aplastan a la mayoría. Cuando estos sectores despiertan y expresan su malestar a través del legítimo ejercicio y derecho humano de la protesta social, viene la reacción de fuerza bruta.

¿Cree que si estos sectores llegasen al poder podrían obrar de manera similar a quienes se lo tomaron hace 50 años?

Lo que se avizora respecto a los discursos y conductas que la ultraderecha ha tenido, es que elevan el concepto del orden a un valor supremo. Y ese concepto está asociado a la defensa del statu quo. Por lo tanto la represión como forma de preservar ese orden está a la vuelta de la esquina. Y repito, cuando las fuerzas sociales y democráticas salgan de su abatimiento y nuevamente comiencen a pelear por sus derechos, ellos van a elegir la bandera del orden. Y no van a dudar un momento en mandar a las fuerzas policiales, y si es necesario militares, a reprimir la protesta social.