Millonario déficit del Minvu amenaza viviendas sociales en PAC
Han pasado dos meses desde que se reveló la presunta crisis financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Según estimaciones, la entidad contaría con una déficit superior a los 1.000 millones de dólares (935 mil millones de pesos chilenos, aproximadamente) con entidades patrocinadoras. El monto fue desmentido por la institución, sin embargo, la cantidad impaga no cambia la realidad de las familias de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quienes han esperado por años sus viviendas.
Por Lilian Arredondo Acevedo, Valeria Gómez Alania, Martina Jaque Asfura y Constanza Valdivieso Tobar
Durante el gobierno de Gabriel Boric, se estableció por primera vez en la historia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) una meta de construcción de viviendas sociales. Con ello surgió el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), estrategia que busca reducir el déficit habitacional del país y que tiene entre sus objetivos recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, impulsar proyectos en todas las comunas del país y asegurar equipamiento social, diversificando las formas de acceso a la vivienda.
Aun así, todavía existe un porcentaje de proyectos que se encuentran detenidos por falta de pago, terrenos no comprados o decisiones que parecen alejadas de la realidad de todos quienes se sostienen en la espera. Cada día sin avance es, para las personas, ver el sueño de la casa propia alejarse un poco más.
A octubre de 2025, un 11,82% de la meta de construcción no se ha cumplido, distanciándose del objetivo: entregar 260 mil unidades durante los cuatro años de mandato. Según datos entregados en el informe Nuevos Modelos de Negocios, Regulación Financiera y Reformulación de Subsidios, realizado por Déficit Cero en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la cifra es insuficiente ante la demanda proyectada de casi 650 mil hogares.
De acuerdo con el último balance de Vivienda y Entorno Urbano (2023) hecho por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entre las familias con requerimiento habitacional urgente, individuos en situación de calle y campamentos, el país debería construir 1 millón 88 mil casas. Una realidad que choca con un mercado donde el suelo y la vivienda se han convertido en un bien que aumenta su valor por el lucro, más que por la demanda. “Si están construyendo departamentos, el cartel dice ‘invierta acá’, no ‘viva acá’”, afirmó Javier Ruiz-Tagle, arquitecto con magister en Urbanismo de la Universidad de Chile y docente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el caso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), algunas familias llevan entre cinco y siete años esperando su vivienda, pero siguen atrapadas entre la asignación de los subsidios y las compras de terreno. Esta incertidumbre se ha vuelto el pan de cada día y ha erosionado la relación que existe entre el Estado y sus habitantes. “Todo se atrasa (…) esa confianza se va perdiendo”, comentó Valeria Rivera Ortiz, secretaria del Comité Nuevo Amanecer de PAC, organización en la que tres socios han muerto esperando una casa a la que llamar propia.
La inquietud de los vecinos incrementó el 26 de septiembre, tras una publicación del Diario Financiero (DF) que expone una supuesta crisis económica que remueve los suelos del Minvu. En la nota, se afirma que la cartera mantiene obligaciones financieras superiores a los 1.000 millones de dólares con empresas privadas contratadas para trabajar en el PEH. La situación fue esclarecida por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien, en una entrevista con Canal 13, confirmó el endeudamiento con entidades patrocinantes, pero aclaró que “lo que se hace acá es sumar cosas que no van al caso, como deudas vencidas”. Montes enfatizó que el monto real es de 130 millones de dólares (121 mil 830 millones de pesos chilenos) y que el DF hizo una interpretación equívoca, realizando un cálculo erróneo que ha circulado por una gran cantidad de medios de comunicación.
Las declaraciones se han vuelto una confirmación de que el retraso en las entregas de las construcciones tiene un trasfondo más complejo de lo que pensaban las familias. “Esto salió primero en diarios privados, como El Financiero. Ahí nos fuimos enterando de lo que estaba pasando. Ahora el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) dice que no es tanto como se expuso, y que se está solucionando”, comentó Rivera Ortiz, quien además señaló que las personas han asimilado la incertidumbre como parte del proceso para acceder a una casa.
Las falencias de la iniciativa
El llamado Proyecto Vecinal, anunciado durante la campaña electoral del alcalde Luis Astudillo (independiente) en 2024, correspondía a un conjunto habitacional que prometía entregar nuevas viviendas y equipamiento comunitario en Pedro Aguirre Cerda. Dicha iniciativa, ahora, es el fiel reflejo de las falencias de una iniciativa con perspectivas alentadoras.
Fue el mismo ministro Montes quien entregó personalmente a familias de la comuna el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, también conocido como DS49, un subsidio destinado a familias vulnerables que necesitan comprar o construir una vivienda de hasta 950 Unidades de Fomento (UF) sin crédito hipotecario, postulando directamente por medio del Estado.
Para acceder a dicho beneficio se exige un ahorro mínimo de 1 millón 400 mil pesos. No obstante, en la comuna las familias obtuvieron el subsidio con glosa, lo que eleva el requisito habitual y duplica el monto exigido, alcanzando los 2 millones 800 mil pesos. Además, la postulación tenía una fecha límite, por lo que las personas, en desespero, hicieron todo lo posible para recolectar el dinero.“Hay personas que vendían todas sus cosas para poder juntar esa plata, incluso hasta sus propias camas”, afirmó Rivera.
Hoy, a casi un año y medio de la asignación del beneficio, las familias enfrentan un nuevo desafío: la calidad de la tierra. Seis meses después del anuncio del proyecto, el Serviu Metropolitano lideró una investigación técnica en la zona que sería usada. La indagación concluyó que existen cinco metros de suelo no compactado, lo cual significa que si se construye sin reparar la condición del lugar, podrían producirse hundimientos, grietas en la edificación y/o inundaciones.
El concejal de la comuna e ingeniero civil de la Universidad Central de Chile, Daniel Muñoz, propone una alternativa a la problemática de los terrenos, que en su mayoría dependen de negociaciones con privados, factor que retrasa el avance de los proyectos. “Existen otros terrenos fiscales del Estado que también cuesta mucho que se usen para vivienda. Un ejemplo muy claro son los que quedaron, a través de dictadura, en manos de los militares y que actualmente son peladeros”, comentó. Además enfatizó que, como concejal, su nivel de incidencia en el problema es bajo. Aun así, dijo que siempre está dispuesto a ayudar a la vecindad con la visibilización del inconveniente en el concejo municipal o a través de medios de comunicación. Recalcó que “finalmente, es a punta de presión que muchas de las cosas salen adelante.”
En contraparte a lo que se vive en Pedro Aguirre Cerda, un ejemplo de que las organizaciones vecinales, en ocasiones, tienen éxito es el movimiento Ukamau en la comuna de Estación Central, quienes han logrado levantar un barrio completo tras más de una década de lucha. Su coordinador nacional y sociólogo de profesión, Aland Castro, aseguró que las familias que ahí se organizan, no lo hacen por algún tipo de ideología política, sino por la necesidad de dejar atrás el allegamiento y garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones. “Las mujeres y los hombres trabajadores de este país están dispuestos a sacrificarse porque no quieren que sus hijas e hijos la pasen mal”, afirmó Castro.
Pese al éxito de este caso, las dificultades en otros sectores del país se mantienen presentes. Desde el Comité Nuevo Amanecer, consideran que el problema va más allá de la lentitud de los proyectos y denuncian una desconexión entre el Ejecutivo y la realidad social. Si bien creen que el gobierno quiso hacer cosas buenas, intentó abarcar mucho y se terminó distanciando de las personas.
“El Estado y las entidades patrocinantes sólo ven números, no ven que la señora Juanita me llama para decir que su marido está grave en la Posta y probablemente fallezca (y falleció). Tampoco son conscientes de la situación de una niña que le urge irse de su casa porque tiene problemas de violencia intrafamiliar. Eso no lo ve el Serviu, lo ven los comités”, explicó Rivera.
A pesar de la espera, Valeria reconoce que el gobierno ha logrado sus objetivos tanto en el Norte como en el Sur del país. No obstante, recalca que la Región Metropolitana ha sufrido un abandono incompatible con la falta de vivienda que presenta. Por ello, hace un llamado a las autoridades competentes para que conformen mesas de trabajo que incluyan comités, con el fin de remediar la desconexión mencionada anteriormente.
Los números de la crisis
Según el informe ya mencionado de Déficit Cero y la Universidad de Chile, el endeudamiento del Minvu puede deberse a diversos factores externos, como el incremento del costo del suelo en un 82% entre 2015 y 2022, y también al alza de un 72% en el valor de los materiales de construcción.
Sin embargo, en términos de presupuesto, el economista en jefe del Banco Industrial y de Comercio Exterior (BICE) y académico de la Universidad de Chile, Felipe Jaque, aclaró que “hay que distinguir que 100 millones de dólares es un monto bastante menor para el tamaño del gasto fiscal anual, pero desde el lado de las compañías encargadas de los proyectos, la cifra es significativa”, por lo que aseguró que es necesario poner las cosas en perspectiva.
Como muchos organismos, las entidades encargadas de construir viviendas sociales dependen del monto que establezca y entregue la Dirección de Presupuestos (Dipres). En este caso, el Serviu aumentó la capacidad de elaboración en un aproximado de 30%, lo que trajo como secuencia que el organismo se viera obligado a priorizar proyectos, anteponiendo aquellos que tenían más de un 85% de avance y dejando muchos otros en pausa.
En base a lo anterior, el economista Felipe Jaque reparó en que si el fisco se vuelve un “mal pagador”, las licitaciones podrían volverse menos atractivas y correr el riesgo de que las empresas no postulen, pues la brecha parece extenderse por fallas de gestión que incluyen el alza en la fabricación que no fue acompañada por una expansión proporcional de la caja fiscal, generando atrasos en los pagos.
Los suelos y su futuro
Actualmente, la preocupación de los pobladores radica en el futuro del proyecto de cara a un nuevo gobierno en 2026. Muchos temen que este quede en pausa, o peor aún, retroceda. Es por ello que ahora concentran todos sus esfuerzos en dejar saldada la compra de terrenos, antes del cambio de mando.
Desde la vereda legal la situación es una discusión pendiente, pues la vivienda no es un derecho social justiciable. La Constitución chilena reconoce la “libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y la protección de la propiedad privada”, pero el Estado no está obligado a dar una solución habitacional, dejando todo en manos de las políticas públicas de cada administración.
Con un déficit habitacional en aumento y un mercado del suelo marcado por la especulación, el vacío legal se vuelve aún más relevante. El futuro del Plan de Emergencia Habitacional, los subsidios y cualquier intento de regular el precio del suelo quedará en manos del próximo gobierno.
Expertos y dirigentes coinciden en que la solución está en dotar al Estado de más herramientas para adquirir suelo, regular su precio y diversificar la producción de vivienda. Mientras el concejal Muñoz y Valeria Rivera señalan la necesidad de una constructora inmobiliaria estatal, Javier Ruiz-Tagle apunta a modelos europeos, como el austríaco, donde la administración pública controla la mitad del parque habitacional.
En el sistema económico actual, los suelos están privatizados, esto significa que el Estado debe pagar la cantidad que el vendedor del terreno considere justo y que no necesariamente está dentro del marco de los precios del mercado. Además, el PEH plantea distintos requisitos para los suelos a adquirir, siendo uno de estos la localización del terreno en lugares céntricos que ayuden a disminuir la gentrificación y entre en los estándares de vivienda digna. “El ladrillo y el fierro valen lo mismo en Santiago Centro y en Vitacura. Lo que marca la diferencia es el valor del terreno”, dijo Aland Castro. “Como el suelo se liberalizó, el Estado no tiene control, entonces hay distintos espacios para pobres y para ricos”, agregó.
Durante la reciente campaña electoral, el actual presidente electo y miembro fundador del Partido Repúblicano, José Antonio Kast, a través del Plan Tu Casa, propuso acelerar la oferta de viviendas mediante la denominada Operación Sitio 3.0. La iniciativa contempla subsidios de hasta mil UF para la adquisición de terrenos urbanos y la construcción o autoconstrucción de viviendas, junto con una serie de medidas orientadas a agilizar proyectos inmobiliarios.
Sin embargo, el plan se sustenta principalmente en la expansión del suelo urbano y en incentivos al sector privado, sin detallar mecanismos de control de precios ni resguardos específicos para evitar que estas medidas incurran en el encarecimiento del acceso a la vivienda. Algo que plantea dudas respecto a sus efectos en la calidad urbana, la integración social y el rol fiscalizador del Estado en los próximos años.
En el intertanto, la Ley de Presupuesto 2026 fue aprobada y destina entre un 4% y un 6% del gasto público total a vivienda, pero es el siguiente gobierno el que definirá cómo se distribuyen y ejecutan esos recursos, dejando en sus manos la orientación de las políticas públicas de vivienda. Paralelamente, el pasado 16 de noviembre, el presidente Gabriel Boric anunció el segundo llamado nacional para postular al subsidio DS1, dando un grado de esperanza a las personas que sueñan con la casa propia.
