La cuestionada revisión al Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos
Preocupación e incertidumbre son algunas de las sensaciones que causó la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de remover la jefatura del Plan Nacional de Búsqueda (PNB). En Doble Espacio dimensionamos las posibles implicancias de la medida, en medio de un sismo político que aún no decanta, tras la asunción de la nueva administración, cuando aún no quedan claras las nuevas políticas públicas sobre DD.HH.
Un informe dado a conocer por CIPER, elaborado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), reveló el posible paradero de 30 detenidos desaparecidos, cuyos restos se encontrarían en una fosa clandestina en un antiguo vertedero de Macul. En la misma semana, y en un giro que tensiona el escenario, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó en su declaración del 17 de marzo el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos para someterlo a revisión, sin detallar los cambios que se contemplan.
El secretario de Estado señaló que cuando el instrumento sea “revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley”, porque es una atribución que “corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto”.
La decisión causó preocupación para la oposición y diversas organizaciones civiles, incluso de otros ámbitos, que interpretaron la medida como señal de incertidumbre del Estado en la materia: “el Gobierno, en primer lugar, debiese transparentar por qué ha retirado el plan y cuáles de sus elementos no comparte, de manera de evitar especulaciones”, declararon desde el Movilh, organización defensora de las disidencias sexuales.
Por el mismo motivo, llegaron hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos representantes de distintas agrupaciones de Derechos Humanos (DD. HH.) para expresar su preocupación y desacuerdo por el retiro del proyecto, manifestando que su debilitamiento o abandono sería un retroceso grave para la democracia chilena. Y es que este plan abarcaba importantes avances en la materia.
En este contexto, cabe preguntarse qué implica realmente este instrumento.
El Tercer Plan de Derechos Humanos tiene por objeto dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de los DD. HH. a través de la política gubernamental. Este incluye 175 acciones concretas en torno a cinco objetivos estratégicos: igualdad y no discriminación; justicia, seguridad y vida libre de violencia; memoria histórica y justicia transicional; desarrollo sostenible; y educación en derechos humanos. Estas metas comprenden el compromiso de diversos ministerios y servicios públicos.
La vicepresidenta de Colectivo Sur Memoria y Dignidad Valdivia, María Elena Calfuquir, también familiar de un detenido desaparecido y de un ejecutado político, comenta a Doble Espacio que el retiro del instrumento representa un retroceso. “Estos son pilares fundamentales de cualquier sociedad que se reconozca respetuosa de los derechos humanos y de la convivencia democrática, precisamente para evitar que hechos como los de la dictadura se repitan”, dice. Agrega que la decisión genera incertidumbre entre los familiares de víctimas de represión.
Pero, ¿son estos temores fundados?
El historiador y sociólogo especialista en Derechos Humanos (DD. HH.), Pablo Seguel, explica a este medio que, pese a la falta de información sobre los aspectos que podrían modificarse, la decisión se inscribe en la línea política de ultraderecha que busca implementar el Poder Ejecutivo. “Tendería a creer que hay áreas que serán objeto de revisión”, señala, mencionando ámbitos como medioambiente, grupos LGBTIQ+, derechos reproductivos de las mujeres, memoria histórica y justicia transicional.
Asimismo, advierte que “existe la posibilidad de que se vean afectadas medidas en materia de verdad, justicia y reparación”. Aunque subraya que el alcance de estos cambios solo podrá evaluarse cuando el proyecto sea reingresado a Contraloría, el escenario adquirió mayor complejidad este 31 de marzo, tras los relevos en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), una política pública cuyo objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino final de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura (1973-1990).
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó en dicha ocasión que no pretenden desmantelar el PNB, y aseguró que piensan revisar y reincorporar el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos a la brevedad.
Por otro lado, respecto a las actuales autoridades del Ministerio de Justicia, la periodista y excolaboradora del PNB, Pascale Bonnefoy, comenta a Doble Espacio que podrían existir vacíos de conocimiento en la conducción del área, que implican un riesgo de “tomar decisiones desinformadas”. A ello se suma una contradicción de fondo en el gobierno, cuyas posturas previas en materia de DD. HH. —tanto del Presidente Kast como del ministro de Justicia— tensionan la confianza de las organizaciones.
En este contexto, Seguel añade que los tratados internacionales carecen de mecanismos estrictos de cumplimiento, operando más bien como estándares éticos sin sanciones inmediatas. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede intervenir mediante medidas preventivas, la lentitud de sus procesos limita su efectividad. “Hay un amplio margen de acción”, concluye, lo que en la práctica deja al Ejecutivo con capacidad para redefinir estas políticas.
Las consecuencias de una revisión
Respecto de las eventuales consecuencias de la revisión del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, Pablo Seguel advierte que un posible retroceso en los estándares de protección podría comprometer la credibilidad ética del Estado —hoy bien evaluada— y, con ello, limitar su capacidad de incidencia en espacios internacionales.
En la misma línea, el abogado y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, señala para este reportaje que una demora sustantiva en el reingreso del plan podría dejar en suspenso el cumplimiento de diversas obligaciones, afectando la celeridad necesaria para implementar estas políticas mientras se extiende su revisión.
De igual forma, Millaleo enfatiza la urgencia de transparentar las observaciones o correcciones al instrumento: “Se trata de un instrumento elaborado con una metodología rigurosa, a través de un proceso participativo y validado por su consejo. Por lo mismo, cualquier modificación podría introducir sesgos ideológicos, por lo que es clave conocer en detalle los cambios para evaluar si existe un eventual riesgo de vulneración”, señala.
Por último, el académico subraya la importancia de asegurar la continuidad de estos proyectos, entendiendo los DD. HH. como una política de Estado y no como un espacio de disputa sujeto a preferencias ideológicas. En ese sentido, recuerda que el derecho internacional se rige por el principio de no regresión, lo que obliga al Estado —en caso de no poder cumplir plenamente sus compromisos— a proponer alternativas que permitan garantizarlos.
En coherencia con lo anterior, la periodista Pascale Bonnefoy recalca que se trata de derechos fundamentales ampliamente reconocidos: “No estamos solamente hablando de familias que necesitan saber de la desaparición de sus seres queridos. Se trata de derechos fundamentales en su conjunto. Es imposible no tener una política de derechos humanos, o no debería a esta altura de la historia de la civilización”.
Al cierre de este reportaje, se intentó contactar al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, para conocer su versión y profundizar en los motivos de la medida y las eventuales modificaciones al plan. Sin embargo, no accedió a referirse al tema.
