¿Cuánto cuestan las auditorías al Estado prometidas por Kast?
Como parte de las medidas para depurar el Estado, el Presidente electo prometió la realización de auditorías a todos los órganos de la administración pública, en colaboración con la Contraloría e instituciones privadas internacionales, independiente del costo que estas puedan tener.
Por Valeria Vega Vargas
“No venimos a administrar el Estado corrupto que nos dejan: venimos a intervenirlo y recuperarlo para Chile”, declaró el 28 de abril José Antonio Kast, entonces candidato presidencial del Partido Republicano. Según la encuesta Cadem del día anterior, Evelyn Matthei lideraba la carrera, y el diputado Johannes Kaiser pisaba los talones al hoy Presidente electo. En ese contexto, Kast hizo una apuesta temprana: anunció que dentro de sus propuestas se encontraba una auditoría total a los órganos del Estado
El plan consistiría en cuatro etapas: realizar una auditoría total al Estado en colaboración con la Contraloría General de la República (CGR) y firmas privadas internacionales para la detección de redes y contrataciones indebidas, publicar los resultados, crear un comité de seguimiento para garantizar la ejecución de las medidas correspondientes, y revisar las contrataciones a honorarios de los últimos doce meses.
Sin embargo, la medida fue cuestionada con especial énfasis en el último debate previo a la segunda vuelta organizado por Anatel. En el eje de “corrupción, probidad y recursos del Estado”, la periodista Julia Vial le preguntó al candidato por su plan de auditoría externa al Estado, la empresa que estaría a cargo, el costo y el tiempo que se tomará. El ahora presidente electo explicó que el trabajo de estas empresas auditoras sería para apoyar el trabajo de la Contraloría, que ha manifestado una falta de personal y de recursos. Con respecto al costo declaró que “lo que valga lo vamos a hacer, (…) porque vamos a ahorrar una cantidad de recursos enorme”.
El costo de las auditorías
Desde el Partido Republicano aún no han entregado detalles sobre la cobertura real de esta auditoría, pero realizarla a todo el Estado “escritorio por escritorio” significaría auditar al menos a todos los ministerios (26), subsecretarías (40), institutos, programas y municipalidades (345), que contemplan a un poco más de 939 mil funcionarios, según información de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Pese a que el trabajo de auditoría correspondería mayoritariamente a la CGR, el programa de José Antonio Kast también le otorga mayores atribuciones fiscalizadoras y propone aumentar sus recursos, lo que sería apoyado por empresas auditoras (privadas) que deben pasar por un previo proceso de licitación.
Según los registros de Mercado Público, distintos órganos del Estado contratan a estas empresas durante el año para la revisión de proyectos, normativa y sus estados financieros. Estos servicios son contratados por la institución en particular y no de forma uniforme desde el Gobierno central.
Por ejemplo, ARTL Chile Auditores es una de las empresas de contabilidad y consultoría que provee sus servicios al Estado. En las últimas semanas, ARTL registra transacciones con cuatro municipalidades, la Universidad de Chile y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Todas estas auditorías corresponden a aspectos financieros y estados de cuenta de las instituciones, sin incurrir en otras revisiones específicas (como contratación de funcionarios). En el caso de dos de las municipalidades contratadoras (Rinconada y Bulnes) los servicios se enfocaron principalmente en los establecimientos educacionales y jardines infantiles dependientes de la municipalidad. Entre las cuatro municipalidades, la Universidad de Chile y el Indap, ARTL Chile ha recibido desde el 10 de noviembre más de $39 millones del Estado.
Esta suma corresponde a sólo una de las decenas de empresas auditoras y consultoras que le prestan servicios al Estado, en un periodo reducido de tiempo y brindando servicios de auditoría acotados a áreas específicas. En el caso de auditorías externas más amplias que consideren revisión a proyectos de inversión, asignaciones, mantenimiento de infraestructura, entre otros, los costos ascienden indefinidamente.
Por su parte, la Dirección Logística de Carabineros pagó más de $53 millones por servicios de auditoría externa que consideran la implementación de la ley N° 21.247, un proyecto de inversión en infraestructura policial, asignación y ejecución de la alimentación fiscal de Carabineros de Chile, el mantenimiento de cuarteles policiales y el proceso de ejecución presupuestaria y adquisiciones en el marco del plan contra el crimen organizado. Esta auditoría no considera el estado de cuenta de la institución, la contratación de personal, sus respectivos sueldos, ni otras variables planteadas por el Presidente electo.
Si se considera el número de trabajadores de la institución como factor para calcular el volumen de operaciones a auditar y el costo de éstas, se puede estimar que una auditoría a los estados financieros como la licitada para el Indap —que costó $14 millones para alrededor de 1.600 trabajadores— ascendería a cerca de 8.216 millones de pesos, un poco más de ocho millones de dólares, para los cerca de 939 mil empleados públicos que existen según los últimos datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de 2024.
Todo esto considera apenas las disposiciones de la auditoría de ARTL, que se centran principalmente en estados financieros, sin considerar contratación de personal, ejecución de proyectos, mantenimiento de infraestructura, entre otras cosas. Además, este costo solo contempla un año de auditoría, que es el servicio que ARTL entregó al Indap. Si este ejercicio se quisiera extender a toda la administración pública y por más tiempo, por ejemplo, para auditar los cuatro años de gobierno del Presidente Boric se necesitarían cerca de $29 mil 400 millones, sin contar que el Presidente electo no ha precisado el alcance de su propuesta.
Intentamos contactar con ARTL para saber si esta auditoría es suficiente para conocer algún tipo de mal uso de recursos estatales y tener una cifra ante una potencial “auditoría total” al Estado como la propuesta por Kast, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
Doble Espacio conversó con expertos sobre el tema, para conocer con detalle la factibilidad que tendrían estas auditorías a la hora de aplicarse en los diversos organismos del Estado. Los dos especialistas explican que es posible realizar estos procesos, pero difieren en los costos que podría tener para el país.
Recortes y el rol de Contraloría
Para el economista de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Maryland, Luis Eduardo Escobar, hacer este tipo de auditorías “es perfectamente posible”, dice. Pues explica que “siempre es posible gastar entre $7 a $8 millones de dólares al año o más plata de la que uno tenía considerado” durante una administración presidencial. Pero, al mismo tiempo, plantea que tiene otros costos:
“Auditar significa que el futuro Presidente tiene que recortar en otras cosas para poder financiar esto y mantenerse dentro de los límites que él mismo se ha fijado. Eso tiene traducción directa en temas como el empleo, los niveles de inversión pública y los niveles de actividad económica de la economía en general”, explica.
Sin embargo, el también economista de la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC), señala que “pedir auditorías externas” sería “una exageración” de parte de Kast. Esto pues, “la Contraloría cumple con esa función, y en general dentro de las instituciones hay contralorías propias, entonces también hay algún grado de control interno”.
Una de las instituciones a las que hace referencia Escobar, es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Un órgano que existe dentro de La Moneda y que asesora al Presidente de la República. Según el sitio del Gobierno, “elabora documentación técnica, prestar orientación general y asesoría en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa y efectuar un seguimiento permanente de los objetivos de control definidos en cada nivel de la Administración”.
A raíz de esto, Escobar detalla que: “lo que él está suponiendo (Kast) es que en el Estado de Chile se roba a manos llenas, y yo le diría que en realidad ese no es el caso y que está exagerando por mucho”, concluye.
En otra línea, José De Gregorio, execonomista y exministro de Economía, durante la administración del expresidente Ricardo Lagos, plantea que “es importante que se realicen auditorías sobre todo cuando hay cambios de administración”.
“No debería haber ningún problema con realizarlas. Y acá la Contraloría es clave”, expone José De Gregorio, y agrega que “el organismo puede ayudarte y tomar actos, pero Contraria tiene ciertos límites. A veces hay mucha rigidez en el Estado. Si bien creo que hay que ayudarse, se debe tener en cuenta esa rigidez”.
¿A que se refiere con rigidez?
—Por ejemplo, hay un gran debate sobre contratar los servicios por el sistema centralizado, es decir por ChileCompra. A veces es más caro, es mucho más caro que hacerlo con una licitación abierta. La idea de ChileCompra es que tú, para poder venderla al Estado, te tienes que inscribir. Pero la entidad intermediaria actúa también como una barrera de entrada. Y al ser una barrera de entrada, las licitaciones las pueden tener haciendo a un mayor valor. Cosas que no normalmente se hacen.
Sin embargo, más allá de los costos, el economista señala que ante la escalada de casos de corrupción en municipios y otras entidades, es de vital importancia hacer este tipo de trabajo. “Es fundamental, sobre todo con lo que ocurre en los municipios, donde se ha detectado mucho dinero mal usado”.
