El retiro del Proyecto Ley General de Pesca que asfixia al sector artesanal
Hace un mes, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura retiró el proyecto de Ley General de Pesca impulsado por el gobierno anterior y optó por modificar la actual Ley Longueira, cuestionada tras su resultado y los emblemáticos casos de corrupción que la gestaron. A un mes de la decisión, parlamentarios y dirigentes del sector de la pesca artesanal advierten, en conversación con Doble Espacio, sobre una evidente vulnerabilidad en la cobertura social, la diversificación productiva y el desarrollo de las caletas.
El pasado 26 de marzo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura informó al Consejo Nacional de Pesca el retiro del proyecto de Ley General de Pesca, ingresado en enero de 2024 durante la administración de Gabriel Boric (2022-2026). Como la iniciativa aún no había sido votada en la Sala de la Cámara de Diputados, el actual Ejecutivo hizo uso de su facultad constitucional para retirarla de la tramitación.
La propuesta del exmandatario buscaba reemplazar la cuestionada Ley Longueira mediante un nuevo marco jurídico enfocado en desarrollo sostenible, transparencia, seguridad alimentaria y equidad. Entre sus principales medidas se incluía la obligatoriedad de planes de manejo para todas las pesquerías, el aumento de la participación del sector artesanal, la dinamización del Registro Pesquero Artesanal (RPA) y el fortalecimiento de las sanciones contra la pesca ilegal.
Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast optó por avanzar en modificaciones a la legislación vigente —promulgada en 2013, bajo el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira—, argumentando la necesidad de evitar la incertidumbre jurídica. Esta ley ha sido cuestionada por su origen, marcado por casos de corrupción, cohecho y financiamiento ilegal de la política vinculados a empresas como Corpesca; además de establecer una distribución desigual de cuotas entre el sector industrial y el artesanal, junto con la entrega de Licencias Transables de Pesca (LTP-A) al sector industrial por 20 años, renovables.
Si bien la reciente Ley de Fraccionamiento —promulgada a fines de 2025— introdujo ajustes en la distribución de cuotas para 21 pesquerías, estos cambios no han revertido completamente las críticas estructurales. Entre ellos, destacan el caso de la merluza común (45% artesanal y 55% industrial), la jibia y la reineta (90% artesanal y 10% industrial), y la sardina española (55% artesanal y 45% industrial).
Desde la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Pesca, el diputado Alejandro Bernales (PL), representante del distrito 26 de la Región de Los Lagos, rechaza la forma en que se comunicó la medida. “Nosotros le hemos pedido al gobierno que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, que no se entere la comisión de este tipo de situaciones a través de los medios de comunicación o de algunos dirigentes.”, comenta el parlamentario a Doble Espacio.
Bernales advierte, además, sobre la diversidad de posturas al interior de la comisión. “Las últimas semanas hemos visto propuestas muy distintas respecto a lo que se debe hacer, cómo se debe avanzar y, si el Gobierno no va a estar dispuesto a conversar, a reunirse, a escuchar a los parlamentarios, a recoger sus inquietudes, creo que va a ser compleja la relación en la comisión”, explica el representante del Partido Liberal.
Pese a estas diferencias, Bernales manifiesta su disposición a avanzar en acuerdos que beneficien a la pesca artesanal. “También hay que decirlo, no hay mucha certeza de cuándo van a ser los plazos del ingreso de estos proyectos parcializados. Nosotros esperamos expectantes que sea lo antes posible y, cuando esto ocurra, que exista el tiempo para diálogos en cada una de las regiones y sus comunidades”, declara.
Un sector fragmentado y sin respaldo suficiente
Cristian Arancibia (47) lleva dos años y medio como presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa Biobío). Hijo de Hugo Arancibia, histórico dirigente durante el periodo de dictadura (1973-1990), le comenta a este medio que ha estado siempre vinculado a las dinámicas del mundo pesquero.
Tras una década de trabajo en la agrupación y luego de una elección que convocó a cerca de 90 organizaciones —desde Cobquecura hasta Isla Mocha—, Arancibia fue electo para liderar una de las federaciones más antiguas del país, cargo que ejercerá hasta noviembre de 2027.
Desde su experiencia, el presidente de Ferepa identifica un problema estructural en la representación de su campo. “El sector de la pesca artesanal está muy atomizado, con múltiples liderazgos sin respaldo jurídico claro, lo que dificulta la representación y permite a la autoridad aprovechar esa fragmentación bajo la lógica de dividir para gobernar”, dice.
Respecto al retiro del proyecto, Arancibia es crítico de la decisión de volver a trabajar sobre la normativa vigente. “No es sano trabajar sobre una ley cuestionada por corrupción; lo más lógico sería impulsar una nueva normativa, con una discusión amplia y participación activa de los actores del territorio”, enfatiza.
Asimismo, el dirigente advierte que la medida incrementa la incertidumbre en aspectos clave para la pesca artesanal, como “la cobertura social —urgente ante el envejecimiento de los pescadores—, la falta de apoyo a la diversificación productiva y la débil implementación de la Ley de Caleta, que sigue limitando las oportunidades para las nuevas generaciones”.
Riesgo de desaparición y falta de fiscalización
Para Cristian Arancibia, el escenario actual no solo refleja incertidumbre. “Hay un riesgo latente de aquí a 15 o 20 años más de que la pesca artesanal que conocemos vaya disminuyendo, incluso pueda desaparecer por la falta de incentivo a que las nuevas generaciones puedan encontrar en el mar una oportunidad”, subraya.
A esto se suma un déficit en fiscalización que, según el dirigente, agrava la crisis. “El Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad Marítima no están dando el ancho de la cobertura territorial ni técnica respecto de la fiscalización en materia pesquera. Aquello nos tiene una crisis profunda también”, advierte.
En términos más amplios, Arancibia sostiene que todo esto responde a una falta de presencia del Estado en los territorios costeros, tanto en inversión como en la toma de decisiones que afectan directamente a las comunidades.
A un mes del retiro del proyecto, y pese a las reuniones sostenidas por la Comisión de Pesca durante abril con distintos dirigentes del sector, la incertidumbre persiste. El futuro de la pesca artesanal, por ahora, sigue sin una hoja de ruta clara.
