Cambios al Plan Nacional de Búsqueda: Se abren tensiones con exautoridades y organizaciones civiles
En medio de la revisión del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y tras la noticia de posibles sitios de inhumación clandestina en Macul, el gobierno de José Antonio Kast concretó una serie de relevos en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB). En entrevista con Doble Espacio, exautoridades, periodistas y organizaciones civiles cuestionaron la decisión y advirtieron efectos en la continuidad del programa. Fue un cambio administrativo, dentro de una serie de otras medidas sobre memoria y DD.HH. con rumbo desconocido.
En medio del debate por la revisión del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, el gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast concretó el pasado 31 de marzo una serie de relevos en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), política pública destinada a esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura (1973-1990).
La decisión, que implicó la salida de parte importante de su equipo directivo, fue adoptada por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, y ha generado cuestionamientos tanto desde las exautoridades del programa como desde el mundo político.
A través de un comunicado, el Ejecutivo sostuvo que esta medida responde a que se tratan de cargos de exclusiva confianza, en el contexto del cambio de administración iniciado el 11 de marzo. Sin embargo, la exjefa del PNB, Paulina Zamorano, afirmó el mismo día de su remoción en un punto de prensa que la decisión “no tiene que ver con la confianza del cargo ni la capacidad de liderar un equipo”, sino que es política.
Según comentó a Doble Espacio la excoordinadora del área de Búsqueda y Trayectorias del PNB, Magdalena Garcés, su desvinculación fue seca y poco cordial. “A mis compañeras tampoco las trataron bien, creo que de forma incorrecta”, agregó.
Su excompañera encargada de la sección de Archivos e Investigación Documental, Tamara Lagos, detalló en Radio Universidad de Chile que desde la División de Administración y Finanzas le informaron que los motivos de su destitución obedecían a cambios en los lineamientos, prioridades y políticas. “Cambios que desconocemos, que quizá podríamos haber conversado (…) la verdad hemos tenido nula comunicación”, declaró.
Paulina Zamorano catalogó el hecho como una contradicción entre el discurso oficial y los hechos, ya que mientras se señala que el PNB continúa, se remueve a las responsables de áreas fundamentales. Asimismo, advirtió que la falta de un traspaso adecuado puede afectar el desarrollo de las diligencias en curso.
Desde el gobierno, que ya nombró a Constanza Garrido como nueva jefa, argumentaron que las funcionarias no presentaron su renuncia voluntaria el 10 de marzo, de cara al cambio de mando. También, reiteraron que el plan no se cerrará, sino que se hará una “modernización” con nuevos titulares que se darán a conocer en abril.
En el Senado, el Comité PS-PPD-PL destacó la especial importancia del PNB ante los nuevos antecedentes sobre posibles sitios de inhumación clandestina en Macul. “Afectar su funcionamiento pone en riesgo el cumplimiento de ese deber”, enfatizaron.
