Hace más de 20 años que Pedro posee una orden de expulsión vigente en su contra. Ninguna institución estatal la ha hecho efectiva; sin embargo, y a pesar de haber presentado dos recursos de amparo ante la justicia chilena, tampoco ha podido regularizar su situación migratoria. En el limbo judicial en que se ha mantenido los últimos 13 años, él intenta sacar a su familia adelante, aunque eso signifique arriesgarse a que en cualquier momento puedan expulsarlo del país.
En realidad podría ser cualquiera: trabaja de lunes a viernes junto a su esposa, tiene una casa que terminará de pagar en otros doce años más -va en la cuota 146-, en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) está registrado en el grupo B y si piden hoy su registro de antecedentes aparecerá sin ninguna anotación. Su familia está compuesta por sus hijas, un sobrino y su pareja, con quien dentro de un mes cumplirá cinco años de matrimonio, aunque llevan más de 20 años juntos. Todos ellos, a excepción de él, son chilenos de nacimiento.
No obstante, Pedro -su nombre y el de su familia fueron modificados a petición suya- no es cualquiera de las 19 millones de personas que viven hoy en Chile, ni de los siete millones que caminan por la Región Metropolitana todos los días, ni de los aproximadamente dos millones de migrantes que, como él, están en este país: es parte de otro grupo.
Pedro pertenece a los más de 300 mil migrantes que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), se encuentran irregulares en el país. Pero no porque ese día del año 2000 en que ingresó a Chile lo haya hecho por algún paso irregular. Pedro está en esa situación por la orden de expulsión que hace 21 años la Intendencia Regional Metropolitana puso en su contra.
Y por eso este sábado 24 de mayo está frente a mí. Por eso viajó una hora y media desde su hogar hasta esta explanada de pilares blancos, mesas color café y sillas plegables dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP).
Pedro, con su tez morena y vestido con un gorro azul y una parca, está aquí porque piensa que le podría servir contarme todo esto; aunque tal vez no lo haga. Quizá tenga que seguir con el insomnio que carga desde hace más de diez años, el cual se ha traducido en esas ojeras grandes que se posan debajo de sus ojos. Quizá deba seguir con esa orden que, me dirá, pesa cada día más en sus hombros.
Al final, tal vez solo por esperanza, y tras saludarme cordialmente, empieza a relatar su historia.
La orden de expulsión
—Entonces, ¿nos juntamos a almorzar?
Ese primer jueves de agosto del 2004, Ramón Mejías debió sonar convincente. De otra manera, Pedro habría notado al menos un nerviosismo o un indicio que lo llevara a sospechar que algo no andaba bien, porque, efectivamente, había algo que no iba bien. Pero él no notó nada.
—Sí, vamos— le respondió a Mejías, sin saber que él no tenía la intención de llamarlo ese día.
Horas antes de la llamada, investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) tomaron detenido a Carlos Torres y a Ramón Mejías por un dato que, según consta en el expediente judicial del caso, habían obtenido un mes antes: Torres -amigo de Mejías- se preparaba para hacer una transacción importante de droga.
Al momento de su detención ninguno de los dos traía estupefacientes consigo; sin embargo, al revisar el departamento que Mejías había arrendado un tiempo antes en la calle Almirante Barroso -misma en donde lo detuvieron- los investigadores los encontraron: cuatro kilos de cocaína en polvo agrupados en bolsas con la marca “DIM” debajo del colchón de la cama. La pregunta, entonces, era obvia: ¿quién les entregó esto?
Según consta en su declaración posterior a la PDI, Mejías recordaba a alguien llamado Óscar, aunque no estaba seguro de si ese era su nombre real. De lo que sí tenía certeza era de que habían hecho el negocio con él, también sabía que tenía una condena anterior por tráfico de drogas y que debían juntarse para entregarle el dinero del traspaso: por eso tenía su número de celular. Con los detectives a su lado, Ramón procedió a llamarlo e invitarlo a almorzar.
Aunque Óscar no era su nombre, lo de la primera condena de Pedro es cierto: cumplió dos años de prisión en la cárcel de Melipilla por tráfico de drogas entre mayo del año 2000 y abril del 2002. En esa ocasión, él reconoce que ejerció como “canal” entre dos personas que querían hacer el negocio. Sin embargo, en lo que respecta a la acusación de Mejías, menciona que lo “involucraron”:
—La persona, por librarse, dijo que yo se lo di, pero a mí nunca me encontraron nada —menciona Pedro—. Yo lo conocía, pero nunca di nada ni supe del caso. Lo peor es que tuve que echarme la culpa al final, porque habían detenido a mi novia que estaba embarazada.
Es verdad que, dentro de las más de 700 fojas que constan en el expediente judicial, en ninguna parte se dice que, al momento de su detención, se le haya encontrado droga a Pedro. También es cierto que su novia -actual esposa-, Carolina, fue citada a declarar por la PDI mientras estaba embarazada de la primera hija de ambos.
Pero la certeza que más pesó en su caso fue que el 7 de agosto del 2004, dos días después de su detención, se declaró culpable de tráfico de drogas frente al Segundo Juzgado de Letras de Melipilla.
Lo que siguió a eso fue el proceso más largo de su vida. Pero no por los tres abogados que pasaron por su defensa, ni por los casi dos años que tardaron en condenarlo por tráfico, ni siquiera por los ocho años que tuvo que cumplir en la cárcel, sino por esa orden de expulsión que el 3 de noviembre del 2004 la Intendencia Regional Metropolitana puso en su contra.
El documento que decreta la expulsión de Pedro contiene todos sus antecedentes, los artículos de la legislación que permiten a la Intendencia expulsarlo y, al final, una firma: la de Marcelo Trivelli, quien presidió al organismo estatal desde el 2001 hasta el 2005.
21 años después de decretar la orden, Trivelli me menciona por teléfono que no recuerda el caso, pero sí recuerda que la Intendencia tenía un equipo de abogados con el fin de perseguir delitos como el que cometió Pedro. También me comenta que, en general, las órdenes de expulsión contra migrantes las dictaban ellos.
Después de explicarle el caso en base a todo el expediente judicial y a la conversación con Pedro, le pregunto si, conociendo ahora todo el contexto y el presente del migrante, mantendría la orden de expulsión que tiene vigente hasta la actualidad.
—Si hay una orden de expulsión, yo soy de quienes creen que las leyes hay que cumplirlas, independiente del contexto de la persona—menciona el exintendente.
Una nueva vida
Esa tarde del 4 de marzo del 2012, Pedro dio su nombre, su RUT y salió del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur sin ningún problema. Inicialmente debía cumplir 10 años de presidio efectivo allí, pero salió dos años antes por su buena conducta en el penal.
Una vez fuera se encontró nuevamente con Carolina, la cual lo visitó sagradamente esos ocho años que estuvo en prisión. Ambos sabían que todo había cambiado: ahora Pedro tenía una orden de expulsión que en cualquier momento se podía hacer efectiva, pero también tenía algo más importante que eso esperándolo en la casa de su novia: sus hijas.
—Yo cambié por mi familia: por el amor a mi mujer, a mis hijas. Hubiera sido un cobarde si me hubiese devuelto a mi país. Salirse es fácil, pero yo elegí luchar por ellas—dice Pedro.
Durante la reclusión de su pareja, Carolina hizo de todo para cuidar a las tres hijas de ambos: trabajaba todo el día, cuidaba toda la noche y hacía malabares para mantener a flote el gasto de tres niñas que no superaban los siete años -las dos últimas fueron gemelas que nacieron cuando Pedro aún estaba en la cárcel-.
En medio de todas esas dificultades, Carolina dice que el retorno de Pedro a su hogar fue “de mucha ayuda”:
—Como no podía trabajar en ese tiempo, Pedro se quedaba cuidando a las niñas, se preocupaba de cocinar y ordenar la casa mientras yo salía a mi empleo— comenta Carolina.
Y así fue pasando el tiempo. Eventualmente, cuando sus hijas crecieron, Pedro y Carolina empezaron a trabajar juntos en pequeños emprendimientos: fueron rentistas de cabañas, arrendatarios de juegos inflables y de mobiliario para fiestas infantiles, hasta que llegaron a su trabajo actual.
Durante ese tiempo Pedro se inscribió en Fonasa, en el registro social de hogares y usó el RUT, que memorizó durante sus juicios, incontables veces. Pasaron ocho años desde que salió de la cárcel, más de diez desde que la Intendencia decretó su expulsión, y el único desconocido que tocó a su puerta durante ese tiempo fue un ejecutivo del Banco del Desarrollo: debían cinco millones de pesos por el dividendo de su casa que Pedro logró repactar para que no subastaran el hogar de su familia.
Pero el miedo de la expulsión siguió allí: cada vez que alguien tocaba la puerta, en cada control policial, en cada trámite que hizo. Fue por aquello que en esos ocho años Pedro no se atrevió a regularizar su situación: temía que lo separaran de su familia, temía despertar un día y no ver nunca más a las personas que tanto ama, a las que en ese tiempo tanto cuidó.
Llegó el 2020 y lo pensó una vez más. Su hija mayor iba a entrar a la universidad, sus otras dos hijas seguirían el mismo camino. Su situación irregular afectaba a una economía familiar tambaleante que presentaba nuevos gastos. Por todo eso se convenció: contrató a un abogado y el 4 de diciembre del 2020 puso un recurso de amparo para la revocación de su orden de expulsión.
La jurisprudencia y los fallos
El recurso fue recibido por la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago e interpuesto contra la Intendencia de la Región Metropolitana -en ese entonces presidida por Felipe Guevara-.
Según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones, la Intendencia fue representada por tres abogados, los cuales solicitaron el rechazo del recurso de amparo. Su principal argumento fue que Pedro no intentó regularizar su situación ante ellos ni presentó ninguna solicitud para aquello en la institución estatal. Asimismo, argumentaron que los delitos por los que fue condenado “lesionan bienes jurídicos fuertemente custodiados por el Estado, como son la seguridad y salud pública”.
Por su parte, la defensa de Pedro esgrimió su falta de antecedentes al llegar a Chile y su educación universitaria casi completa -estudió economía en su país natal, pero le faltó un año para graduarse-. También argumentó su actual situación familiar, considerando, sobre todo, a sus tres hijas chilenas y a Carolina, con quien contrajo matrimonio ese mismo año, así como “su incorporación a la sociedad desde el punto de vista migratorio y laboral”.
En el Decreto Ley N°1094 -que reguló la migración en Chile hasta el año 2021- no existía ningún artículo concreto que abordara la situación de personas como Pedro. En la actual ley de migraciones -la 21.325 que rige desde el 2021- tampoco.
A pesar de aquello, sí existe una jurisprudencia en torno a casos de migrantes con órdenes de expulsión vigentes hace más de 10 años, así como de aquellos en situación irregular, pero con familia en el país.
Consultada sobre esta jurisprudencia, la experta en derecho internacional migratorio Rita Lages menciona que, en los casos donde los hijos del migrante nacieron en el país, “existe una protección más fuerte, porque la expulsión de los padres implicaría la expulsión indirecta de un nacional, por lo que es más difícil que se pueda realizar”.
Por su parte, el abogado y magíster en Derecho Regulatorio Diego Molina dice que, tanto para el antiguo Decreto Ley como para la actual ley de migraciones, “el principio del interés superior del niño es trascendental, porque pone atención a la situación de, si se quiere, dependencia del menor, por lo que es un elemento a considerar necesariamente al momento de la expulsión de un migrante”.
Atendiendo a esta jurisprudencia y a la situación actual de Pedro, la Corte de Apelaciones acogió el 17 de diciembre del 2020 su recurso de amparo, dejando sin efecto la orden de expulsión.
Pedro, tras todos esos años con la orden, sintió que por fin dejó atrás el peso que cargaba en sus hombros.
Pero la Intendencia apeló al fallo y, trece días después, la Corte Suprema decretó, por tres votos a favor y dos en contra, que “no aparece que exista, hasta el momento, un acto concreto (…) que haga procedente la acción de amparo, se revoca la sentencia apelada (…) y en su lugar se rechaza el amparo”.
Las razones concretas de porqué la Intendencia apeló no aparecen descritas en el fallo. Para consultar aquello, este medio intentó contactar a Felipe Guevara en repetidas ocasiones; sin embargo, solo se logró comunicar con su secretaría, quien fijó una reunión con él que fue cancelada en la mañana de ese mismo día.
A pesar de aquello, ella mencionó por mensaje que le comentó de la situación de Pedro a Guevara:
—No recuerdo el caso— le habría dicho el hoy concejal de San Miguel.
El presente
Ya pasó una hora y media desde que empezamos a hablar. Pedro ahora se explaya sobre su situación actual: habla de sus hijas, su esposa y de su sobrino de dos años, quien llegó a su hogar el año pasado y, tras un fallo judicial, ahora es parte de su familia.
Tras el rechazo de su amparo, Pedro se acogió a lo escrito por la Corte Suprema en el fallo que favoreció a la Intendencia. Allí se menciona -casi al final- que “lo anterior es sin perjuicio de que se continúe con el trámite de regularización migratoria”.
Pedro ya no recuerda el número de veces que fue a la Delegación Presidencial -la cual reemplazó a las Intendencias en sus funciones a partir del 2021- ni al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para consultar sobre su caso y pedir actualizaciones. De lo que está seguro es que ninguna de sus visitas o solicitudes fueron fructíferas.
Una de las últimas actualizaciones que tuvo fue el 12 de octubre del 2023, cuando el Sermig, vía transparencia, confirmó que “su solicitud de reconsideración aún se encuentra en trámite”.
Ante la falta de más información, Pedro consiguió defensa jurídica de un abogado de la Clínica Jurídica de Migrantes de la UDP, el cual lo representa hasta hoy.
Junto a la Clínica enviaron un nuevo recurso de amparo considerando al nuevo integrante de su familia -su sobrino-, su repetida insistencia para regularizar su situación y su solicitud de omisión de antecedentes penales, la cual fue aceptada por el Registro Civil al no haber cometido ningún otro delito hasta la fecha.
Sin embargo, el nuevo recurso fue rechazado: el Sermig apeló a la “cosa juzgada”, es decir, que el caso de Pedro ya fue resuelto por un tribunal. Tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema -esta última de nuevo por tres votos a favor y dos en contra- le dieron la razón al organismo estatal.
Para conocer el estado actual del caso, Doble Espacio contactó al Sermig para organizar una entrevista con alguno de sus representantes. Sin embargo, “por temas de agenda” rechazaron esta solicitud.
Ahora, Pedro podría ser expulsado en cualquier momento.
—Si a mí me expulsan se nos derrumba todo —comenta Pedro—. ¿Cómo pagamos las deudas? ¿Cómo pagamos la universidad de mis hijas? Yo solo pido la regularización para poder trabajar y mejorar nuestra economía familiar.
Consultada sobre las demoras en la ejecución de las órdenes de expulsión contra migrantes, la experta Rita Lages menciona que “una persona con orden de expulsión ya no puede trabajar ni hacer nada. Lo ideal es que el proceso sea lo más rápido posible, pero sabemos que la realidad es que puede tardar años”.
A través de la Ley de Transparencia, el Sermig fue consultado por este medio por “el número total de personas extranjeras que, a la fecha de esta solicitud, poseen una orden de expulsión vigente”. El Servicio contestó que “no es competente para la entrega de la información solicitada”, pues la PDI es la institución encargada de “la ejecución de las medidas de expulsión encargadas por esta autoridad”.
Esta última institución fue consultada por la misma petición a través de la Ley de Transparencia. Allí, detallaron que “le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones la materialización de dichas expulsiones”.
El único dato concreto sobre esta materia lo entregó el año pasado la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien mencionó que existían 28 mil personas con una orden de expulsión vigente en el país. De ellas, según datos de la PDI obtenidos vía transparencia, 1.541 fueron expulsadas desde el 2024 hasta mayo de este año.
Tu mundo
El niño que corre de lado a lado y grita de vez en cuando es el sobrino de Pedro. Ya pasó una semana desde la última vez que nos vimos en la UDP. Esta vez decidimos reunirnos de forma virtual.
—Te lo voy a mostrar. Es como un hijo para nosotros— dice Pedro, quien, infructuosamente, intenta girar la cámara para mostrar al pequeño.
Él sigue paseándose mientras converso con Carolina sobre su esposo, su proceso como madre soltera y la actualidad de ellos como familia.
Cuando terminamos la entrevista, Pedro comenta que también puedo hablar con una de sus hijas. Ella está a punto de salir de cuarto medio y quiere entrar a la universidad a estudiar pedagogía.
Aunque no lo sabía en ese momento, la conversación entre nosotros no durará más de cinco minutos.
—¿Cuáles son los recuerdos que tienes de tu padre?
—De mi papá siempre he tenido buenos recuerdos. Cuando nos contó su problema estábamos en el segundo piso. Él estaba llorando. Pero nosotras ya sabíamos de eso porque él siempre tiene muchos papeles en su pieza y, cuando salía, con mi hermana mayor íbamos a revisarlos.
—¿Cómo fue el proceso cuando te enteraste de la situación de tu papá?
—Quedé en shock…
La entrevista con ella terminó allí. Pedro tomó la palabra.
—Esto no es vida para nosotros—dice—. Estamos todos mal. Mis hijas son mi vida: yo no tengo nada más. Mi mundo está en Chile, no tengo nada afuera.
Días después me enteré de que la última pregunta que hice no fue necesaria: todas las hijas de Pedro escribieron cartas sobre lo que él representaba para ellas y cómo les había afectado este proceso. Planeaban enviarlas para el segundo recurso de amparo que presentó su padre, pero, al ser rechazado por la “cosa juzgada”, no se logró el envío.
La hija de Pedro que yo entrevisté escribió lo siguiente:
Fragmento de la carta escrita durante el 2024.
“Me dirijo a ustedes con el mayor respeto posible para expresar cómo nos sentiríamos si expulsaran a mi papá.
Nos sentiríamos muy tristes porque no podríamos verlo. Siempre nos acompaña a entrenar y a jugar los partidos. Se preocupa por nosotras académicamente desde que somos pequeñas siendo nuestro apoderado (…). Todos los días acompaña a mi mamá a trabajar, siendo un pilar fundamental en la familia (…). Me da pena pensar que quizá no podré ver a mi papá por un largo periodo de tiempo, porque es una de las personas más importantes que tengo. Mi familia se resume en él, mis hermanos y mis sobrinos. Lo extrañaría muchísimo. Desde que soy pequeña siempre ha estado con nosotras, y pensar que si no gana el juicio no lo podré ver ni podrá seguir en Chile, me duele en el alma”.
A pesar de las nuevas estrategias que tomará su defensa, a la fecha de publicación de este reportaje Pedro continúa con su orden de expulsión vigente.