Juventud sin contrato: la normalización de la informalidad laboral en Chile
Más del 38% de los jóvenes trabaja sin contrato, enfrentando sueldos inestables, ausencia de protección social y empleadores que evitan formalizar para reducir costos. Testimonios y expertos revelan cómo esta práctica se ha vuelto parte estructural del mercado laboral chileno.
Por Sofía Briones y Amanda Gómez
La informalidad laboral entre los jóvenes en Chile no es un fenómeno marginal, es estructural. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa general de ocupación informal a nivel nacional alcanzó un 26,4% en el trimestre octubre-diciembre de 2024. Sin embargo, son aquellos quienes recién comienzan a insertarse en el mercado laboral los más sensibles a este fenómeno: de acuerdo con el mismo estudio, los jóvenes entre 15 y 24 años llegan al 38,4%, superado por el grupo etario de las personas mayores (56,4%).
Estos datos se complementan con la última Encuesta Nacional de Juventudes del 2022, que indica que el 39,6% de los jóvenes ocupados trabaja sin contrato pese a que el Código del Trabajo exige que cualquier persona que preste servicios de manera dependiente debe formalizarse mediante un acuerdo pactado. Para la abogada y defensora laboral, Daniela Muñoz, esto se trata de un fenómeno “preocupante”, pues estar en una situación de informalidad es “no existir ni para las entidades bancarias, ni para el Estado, ni las AFP”. Pues sin contrato, un joven queda fuera del sistema previsional, del seguro de cesantía, de la protección ante accidentes laborales y, además, sin respaldo para mostrar experiencia laboral más adelante.
Según Muñoz, este escenario no ocurre por algún vacío legal. El Código del Trabajo es claro: los artículos 7, 8 y 9 establecen que si una persona presta servicios bajo subordinación y dependencia, debe existir un contrato de trabajo. No elaborarlo implica incumplir la normativa laboral más básica y, aún así, muchos jóvenes trabajan meses e incluso años sin formalizarlo.
Este es el caso de un trabajador, cuyo nombre prefirió resguardar por temor a represalias de su jefatura. Lleva siete meses trabajando en una cafetería en Providencia y no tiene contrato. Tiene 22 años y estudia Música de manera independiente. Él afirma que no lo ha exigido porque le gusta la “libertad” que esto le brinda. “Sin el contrato todo mi sueldo llega a mí, no tiene que pasar por las AFP, ni la Isapre, ni los seguros. Con lo poco que trabajo no me favorecería porque ganaría 50 lucas”, afirma.
Sus jornadas varían dependiendo de cada semana, no tiene horas de trabajo fijas y afectan su salario cada mes. Él comenta que en octubre solo ganó 78 mil pesos debido a que trabajó pocos días en el mes y su remuneración por hora son 2.800 pesos. Esto lo obligó a cancelar sus clases de piano y de canto e intentar trabajar más para recuperarlos en noviembre.
Luego confiesa que se siente abusado, pues le resulta complejo decir que no a los mandados y sus empleadores “se aprovechan” de que “cuando uno necesita plata, en verdad la necesita”.
Su argumento coincide con muchos jóvenes que afirman que trabajar sin contrato les da flexibilidad, dinero inmediato y menos trámites. Otros, como revela el INJUV, simplemente necesitan dinero para costear sus estudios, transportarse o aportar en el hogar.
Cámaras de seguridad
Antonia Guerrero (19) es estudiante de Administración Pública en la Universidad de Santiago de Chile. Trabaja de promotora en supermercados y de equipo de control en eventos masivos. Su carrera actualmente tiene un costo de $5.433.000 ya que es considerada en el decil 10, el cual representa a la población con mayores ingresos socioeconómicos del país. Aún así, debe trabajar en sus tiempos libres para contribuir en el pago de su carrera, mientras postula al beneficio de la gratuidad que brinda el Estado a los estudiantes de la educación superior.
La agencia que la solicitaba para trabajar en eventos masivos no le ofrecía contrato y le pagaba a través de transferencias bancarias o dinero en efectivo al término de la jornada laboral. Ella define este anterior trabajo como “precario e informal”, porque no tenía contrato y además, en las casi 16 horas de trabajo diarias, su pago llegaba a un máximo de $35.000 y no tenía derecho a descansar fuera de su horario de colación (el cual duraba una hora y debía mantenerse dentro del recinto). La ausencia de beneficios se vuelve evidente cuando Antonia intenta describir qué ocurriría si se enfermaba o sufría un accidente: no tiene claridad si recibiría alguna remuneración o algún apoyo, ni tampoco existe un protocolo formal para esos casos. Antonia confiesa que no considera que el dinero sea suficiente en relación al trabajo que realizó: la estudiante debía experimentar largas jornadas de pie y sin espacios de descanso. Además reconoce que “había un dron que nos vigilaba durante el día para asegurar de que no tomáramos asiento durante el turno”.
Los drones en este caso funcionaban como cámaras de seguridad, las cuales Muñoz afirma que son legales para ser utilizadas con fines de seguridad, sin embargo, la abogada establece un límite claro: el empleador no puede usar cámaras para fiscalizar directamente al trabajador, ni para revisar su comportamiento minuto a minuto. Para Antonia y sus compañeros era una situación incómoda, que los mantenía en alerta constantemente a penas sentían cansancio.
El rubro de las cafeterías también ha jugado un papel relevante en la informalidad laboral, así lo plantea Hillary Torres (25) quien lleva más de 5 años trabajando de barista y asegura que “el mundo del café es precario, sobre todo si la cafetería está recién empezando”. Ella describe empleos donde los pagos se realizaban por jornada y sin una estructura clara de horas o remuneración. Comenta que la informalidad es frecuente en locales pequeños o recién iniciados, donde los empleadores aseguran que los ingresos del lugar no permiten garantizar contratos formales para su personal.
Sin embargo, Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol afirma que este argumento es una “falacia”, pues comenta que: “Nosotros, en la fundación, hemos hecho estudios donde de cada jornada de 8 horas, bastan 3 horas para financiar todos los salarios de la economía”. Luego, explica que el resto de las horas de trabajo son para recaudar las ganancias del empresario. “Es decir, si tú partiste trabajando a las 8 de la mañana, cuando el reloj marque las 11, en ese tiempo de trabajo tú ya pagaste todos los salarios. El resto tú estás trabajando solamente para que el empresario se haga más rico”, ejemplifica Durán.
Esta lógica que explica el economista, se evidencia directamente en trabajadores como Hillary, quien habla de un empleo, en el cual trabajaba sólo un día a la semana y, cuando solicitó más turnos, fueron asignados a otros trabajadores sin previo aviso. En una ocasión se le retiró un turno dominical argumentando que el local no abriría, pero posteriormente se enteró que ese día sí había funcionado con otros empleados.
Torres señala que nunca solicitó contrato, pues asumía que ese tipo de trabajos no ofrecían formalización y que la Inspección del Trabajo eventualmente podría fiscalizar. Durante esos periodos, experimentó condiciones de sueldo incierto donde le decían, “trabajas este día, ya, 15 mil pesos”, también de reparto irregular de turnos y largas horas de pie. Además relata casos de compañeros que sufrieron accidentes en su horario laboral y no recibían cobertura por parte del empleador.
En la última cafetería en donde trabajó, Hillary afirma que las propinas eran el único sueldo estable, pues cada trabajador debía anotarlas en un cuaderno para dividirlas. Por estos motivos decidió trabajar en dos cafeterías simultáneamente para poder cubrir sus gastos de arriendo y manutención personal. Actualmente trabaja en un local con contrato y proceso de selección formal, donde describe mayor claridad en la organización interna y en los métodos de pago y afirma que: “en los cinco años que llevo trabajando, es la primera vez que tengo un empleo serio”.
La experiencia de Hillary a su vez refleja la débil fiscalización del Estado frente a la informalidad. La jueza Andrea Soler, del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, señala que la Dirección del Trabajo no cuenta con capacidad para fiscalizar todas las empresas, además éstas sólo ocurren como reacción ante una denuncia previa de un empleado vulnerado, por lo que la informalidad puede mantenerse en sectores con alta rotación y escasa regulación interna. Asimismo, añade que los juicios por informalidad dependen principalmente de la capacidad probatoria del trabajador y no de su edad. Lo mismo opina Gonzalo Durán, quien agrega que los recursos que dispone el Estado para esta tarea no alcanzan para las más de un millón y medio de empresas que operan en Chile.
Baja sindicalización
Las razones del porqué los jóvenes son más propensos a caer en la informalidad laboral no sólo dependen del desconocimiento de sus derechos. Según Durán, el problema son los factores estructurales del modelo económico chileno: menciona que la baja sindicalización (sólo el 20% de los trabajadores del sector privado participa en sindicatos), limita la capacidad de defensa colectiva frente a incumplimientos contractuales. También señala que la estructura productiva chilena, basadas en servicios de bajo valor agregado y subcontratación, genera un mercado donde la formalización no siempre es prioritaria.
El economista agrega que el endeudamiento juvenil, facilitado por el acceso a créditos de consumo y financiamiento estudiantil, influye en que muchos jóvenes acepten trabajos informales como alternativa de ingreso rápido. Esto se articula con tasas de desempleo cercanas al 9% según el INE y con un aumento de subempleos involuntarios, donde los trabajadores que desean jornadas completas reciben solo turnos parciales o en horarios de alta demanda como es el caso de Hillary. Este escenario amplía el margen para la informalidad en sectores donde se requieren reemplazos o trabajos de corta duración como el ejemplo de Antonia.
Durán también señala que la informalidad funciona como un mecanismo de disciplinamiento del mercado laboral, donde la falta de empleos formales y de calidad genera presión para aceptar cualquier oferta. Según su análisis, muchos jóvenes entran a trabajos informales porque “se ha naturalizado que para trabajar hay que hacerlo en malas condiciones, ya sea formal o formal precario”.
Sin embargo, Andrea Soler indica que al juzgado no llegan muchas denuncias por informalidad laboral o incumplimiento de derechos, esto lo justifica con que los jóvenes “están menos informados del tema de sus derechos laborales y porque no perciben la importancia de las cotizaciones en esta etapa de la vida”. Es este desconocimiento el que se transforma en una barrera para exigir formalidad y evaluar los riesgos de aceptar trabajos sin protección.
Al igual que Gonzalo Durán, Soler también destaca la necesidad económica, que empuja a los jóvenes a aceptar ofertas informales por falta de alternativas inmediatas. La jueza señala que “hay mucha gente que acepta por necesidad y que este factor pesa especialmente en trabajadores jóvenes y migrantes que“ no conocen la ley chilena” y están en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Castigo salarial”
El empleador cumple un rol fundamental en la configuración y presencia de la informalidad laboral juvenil en Chile. Desde la perspectiva legal, los empleadores son responsables directos de formalizar una relación laboral, redactar y firmar el contrato correspondiente, pagar cotizaciones previsionales y respetar normativas de seguridad social. Según la abogada Daniela Muñoz, la informalidad se produce cuando el empleador no reconoce ese vínculo, pese a que el trabajador preste servicios bajo subordinación, cumple órdenes, cumple horarios y obtiene remuneración.
Desde tribunales, la jueza Andrea Soler confirma que uno de los motivos más frecuentes por los cuales los empleadores evitan formalizar la relación es reducir costos asociados a cotizaciones, seguros y obligaciones legales. Señala que los empleadores buscan “ahorrarse costos en el vínculo”, especialmente en empresas pequeñas y medianas, que “al no tener contrato de trabajo no hay pago de cotizaciones”. Esta práctica incluye el no pago de seguros de accidentes del trabajo y otras prestaciones, lo que constituye un incumplimiento directo de leyes vigentes.
De acuerdo con Soler, esta conducta se fundamenta en la percepción de que la informalidad “resulta más barata”, aunque advierte que en caso de denuncia puede derivar en multas altas y en sanciones como la nulidad del despido, que obliga al empleador a pagar remuneraciones hasta ponerse al día con cotizaciones adeudadas.
La informalidad laboral tiene efectos inmediatos que comienzan a operar desde el primer día en que un joven trabaja sin contrato. En el corto plazo, las fuentes coinciden en que estos trabajadores pierden automáticamente el acceso a derechos laborales y previsionales básicos, quedando fuera del sistema de cotizaciones, del seguro de cesantía y de la protección social. A esto se suma un impacto económico directo: los trabajadores informales suelen recibir salarios más bajos, en un fenómeno que el economista Gonzalo Durán denomina “castigo salarial”. Al mismo tiempo, la informalidad aumenta la inestabilidad laboral en un mercado donde predominan trabajos por día, jornadas parciales y empleos esporádicos, tendencias que han crecido entre los jóvenes, según la Encuesta Nacional de Juventudes 2022 “más de un tercio de los encuestados está en un empleo de 1 a 30 horas”. En este escenario, los jóvenes quedan además sin resguardo frente a despidos, pues tienen dificultades probatorias para acreditar relación laboral en tribunales puesto a que “de los pocos jóvenes que denuncian, se les dificulta encontrar un testigo que esté dispuesto a declarar en tribunales”, explica Soler.
A largo plazo, estas condiciones generan efectos acumulativos que impactan directamente la trayectoria laboral y económica de los jóvenes. Uno de los más significativos es la ausencia de ahorro previsional: quienes permanecen en la informalidad durante años “no van a tener jubilaciones, o si van a tener, van a tener una jubilación súper baja”, advierte Durán. Esto se combina con la imposibilidad de construir historial financiero, lo que dificulta acceder a créditos, vivienda o financiamiento, generando tasas de interés más altas y reduciendo las oportunidades de desarrollo material futuro.
Además, los trabajadores informales pierden beneficios como indemnización por años de servicio o seguro de cesantía, lo que elimina redes de protección fundamentales ante rupturas laborales. Con el tiempo, la informalidad se normaliza como parte de la vida laboral juvenil: Durán observa que muchos jóvenes “se acostumbraron” a estas condiciones, al punto que recibir un contrato se vuelve excepcional. Este fenómeno funciona también como un mecanismo de disciplinamiento del mercado laboral, generando un “ejército de reserva” que limita la capacidad de exigir mejoras salariales o condiciones más dignas.
