Comunidad Judía multiplica solicitudes de lobby pidiendo evitar el “antisemitismo”
Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en contra de Israel y en medio de la ofensiva permanente en la Franja de Gaza, las reuniones de la Comunidad Judía en Chile pasaron de presentaciones protocolares a la manifestación de preocupaciones diversas por el “aumento del antisemitismo” en Chile, que han denunciado ante diversas autoridades del Ejecutivo. En el último tiempo destacan gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso, ante el INDH, solicitaron considerar a los judíos como “un grupo a proteger” frente a la discriminación. Pese a que la Ley de Lobby especifica que estas audiencias deben “representar cualquier interés particular para influir en las decisiones” que las autoridades adopten, lo cierto es que en la mayoría de audiencias no se transparentan las peticiones concretas de la comunidad.
Más de 100 reuniones con autoridades políticas sobre la situación nacional y Medio Oriente ha sostenido desde 2016 la Comunidad Judía de Chile, según los registros de Ley de Lobby. Como representantes de todas las organizaciones judías del país, la organización —que data desde 1906, con la creación de la Sociedad La Unión Israelita en Chile— acumula cerca de 60 audiencias con autoridades del poder Ejecutivo, donde han concentrado sus esfuerzos por influir en políticas antidiscriminación. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, dichas reuniones pasaron de presentaciones protocolares a peticiones para abogar por la seguridad de miembros de la comunidad, frente el “auge del antisemitismo” que sus representantes han expuesto ante altas autoridades del Gobierno, principalmente radicadas en la Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres, a cargo de la agenda legislativa del Ejecutivo), el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Los comienzos del lobby
En marzo de 2014 se promulgó la ley 20.730, que busca “regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares” frente a los órganos del Estado, y que define “lobby” como toda actividad que tenga “por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar” los funcionarios de los poderes del Estado.
En esa línea, se entiende que una reunión por Ley de Lobby tiene por objetivo influir en las decisiones a tomar por la autoridad en cuestión, pese a que en muchas ocasiones la descripción de las audiencias no estipula una petición o medida en específico.
Así, la primera audiencia de este tipo que registra la Comunidad Judía (desde marzo de 2014, cuando entró en vigencia esta ley) es de marzo de 2016, con el entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), donde se discutió “continuar con la estrategia de diálogo para los actores que tienen relevancia tanto para la Comunidad Judía de Chile como para el Gobierno”, sin más detalles.
Hubo cinco audiencias más en ese año. Las dos primeras fueron reuniones protocolares con el senador Ricardo Lagos Weber (PPD, por entonces presidente de la Cámara Alta) y la ministra de la Mujer, Claudia Pascual (PC). En septiembre se reunieron nuevamente con Aleuy, con el ministro Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries (en diciembre), con motivo de la “tramitación de proyecto que condena la Incitación al odio”, un proyecto de ley que ingresó en 2010, por entonces entrampado en el Senado, y que en marzo de 2024 fue archivado .
En 2017 la actividad disminuyó: además de una reunión con el ministro Eyzaguirre (sobre el mismo proyecto legislativo que trataron en 2016) se registra una audiencia con el senador Jorge Pizarro (DC) y la diputada Camila Vallejo (PC).
Relaciones con Piñera
En 2018, la Comunidad Judía buscó establecer relaciones con la recién asumida administración del expresidente Sebastián Piñera. Y aunque los registros de lobby no abarcan su primer gobierno (la ley data de marzo de 2014), lo cierto es que la relación de la comunidad fue fluida con Piñera durante sus dos mandatos: además de asistir con frecuencias a las ceremonias judías, como el Tefilá (oración por Chile) o el Janucá en La Moneda, el mandatario fue además el primer presidente chileno en visitar Israel, en 2012. En esa línea, su administración sostuvo 15 reuniones con representantes de la Comunidad Judía entre 2018 y 2020.
Las primeras tres reuniones fueron con el ministro Gonzalo Blumel (Segpres), la ministra Cecilia Pérez (vocera) y el subsecretario Rodrigo Ubilla (Interior) entre marzo y abril, para presentar a su directiva, abordar el “impulso a Ley Contra Incitación a la Violencia” y la “celebración de festividades (judías) en reparticiones públicas”, como el Janucá en La Moneda, que se celebra desde 2008 en el palacio de Gobierno.
Ese mismo año se reunieron con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, por la “tramitación de ley contra incitación del odio”, además del ministro Andrés Chadwick (Interior), por “temas relacionados con la comunidad judía”, sin ninguna propuesta concreta.
Entre agosto y octubre, además, hay una reunión con el subsecretario Ubilla por “seguridad de altas fiestas judías”; el jefe de gabinete de Bienes Nacionales, por el “uso gratuito de un inmueble fiscal (…) para el desarrollo de un museo del holocausto judío”; y con Máximo Pávez, por entonces funcionario Segpres (y posterior subsecretario de la cartera), sobre la celebración de Janucá ese año.
Sin embargo, seguramente la reunión más relevante la sostuvieron con el canciller Roberto Amperto, el 3 de mayo, en que “se abordó y aceptó no importar el conflicto Palestino – israelí a Chile” y solicitaron “proseguir y estrechar los lazos bilaterales entre Chile e Israel” al ministro.
En 2019 impulso se apagó y hubo apenas dos reuniones con el Gobierno: con el ministro Segpres, Gonzalo Blumel, que consistió en la “presentación protocolar del nuevo Presidente y Directorio comunidad judía de Chile” y la “ley incitación a la violencia”; y con Andrés Chadwick (Interior), para presentar a su nueva directiva y tratar, nuevamente, “temas contingentes a la comunidad judía”.
En 2020, en tanto, se reunieron con la subsecretaria Lorena Recabarren (Derechos Humanos), y dos ministros Segpres: Felipe Ward, en abril, sobre “actividades de la comunidad judía en Chile”; y Cristián Mönckeberg, en octubre, donde presentaron a su directiva y trataron jun “impulso a Ley Contra Incitación a la Violencia” y la celebración de festividades en reparticiones públicas.
En 2021, el último año de gobierno, solo registran una audiencia, pero con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, en noviembre, que consistió en un saludo protocolar y para “compartir temas vinculados a la libertad de culto, inclusión, y no discriminación”.
Las turbulencias con la administración Boric
Con la llegada al gobierno del Presidente Gabriel Boric, los vínculos de la Comunidad Judía con el Ejecutivo se vieron seriamente afectados. A diferencia de su antecesor, Boric delegó la presencia en ceremonias judías a sus ministros, y ha sido uno de los principales promotores de un alto al fuego en el genocidio que perpetra Israel contra la población en Gaza. El mayor impasse que protagonizó el nuevo mandatario fue meses después de asumir, en septiembre de 2022, cuando se rehusó a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile.
Con todo, los primeros acercamientos fueron meramente protocolares: la primera reunión con la administración Boric fue el 7 de abril con el ministro Segpres, Giorgio Jackson, para presentarse ante la nueva autoridad. Le siguieron audiencias con la ministra del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación, todas con el mismo propósito. También se reunieron con los presidentes de la Cámara y el Senado, en abril y mayo.
En junio se reunieron con la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, para presentarse ante la autoridad y “presentación de temáticas de definiciones en términos de antisemitismo”; y con el subsecretario Manuel Monsalve (Interior), por “temas de la comunidad judía”.
En 2023 vieron al nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, y presentaron “temáticas de definiciones en términos de antisemitismo”; y a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), el 26 de julio (saludo protocolar).
En materia protocolar y con el Ejecutivo, una de las más recientes audiencias, el 3 de abril de este año, se registra con la ministra Segpres Macarena Lobos y el subsecretario Nicolás Facuse. “Necesitamos solicitar la reunión debido a que el 9 de marzo asumió el nuevo directorio de la Comunidad Judía de Chile para el periodo 2025-2026, y es en ese marco que requerimos la reunión para presentar a los nuevos representantes de la comunidad y los proyectos institucionales”, explica la solicitud. En total se acumulan 16 audiencias a la fecha, a menos de 6 meses del término del gobierno.
El despliegue post 7 de octubre
Sin embargo, fue en la actual administración que la Comunidad Judía tuvo que enfrentar la mayor crisis del último tiempo en las relaciones Israel – Palestina. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las reuniones presentaron mayor urgencia y cambiaron de tono, en un cuidado despliegue para acusar un “auge del antisemitismo” y solicitar protección para los miembros de la comunidad en Chile, sustentados principalmente en ataques a sinagogas en Santiago y Concepción y un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que denuncia el aumento de este tipo de discriminación.
La primera de estas audiencias fue en noviembre de 2023 con el ministro Álvaro Elizalde (Segpres), en que acusan la “preocupación de la Comunidad Judía de Chile por la seguridad de sus comunidades ante la presencia de agresiones y crecientes manifestaciones de antisemitismo en instituciones comunitarias frente a la guerra desatada en Medio Oriente”, pero sin ninguna propuesta en específico.
La primera de 2024, en tanto, fue en marzo con la ministra Carolina Tohá (Interior), y consistió en solicitar “apoyo en materia de seguridad ante eventos ocurridos en los últimos meses en contra de la comunidad judía en Chile”.
En 2024, además, se reunieron con el subsecretario Luis Cordero (Interior) para “abordar preocupaciones en temáticas de seguridad de la Comunidad Judía de Chile” y el ministro Álvaro Elizalde (Segpres), donde le pidieron “abordar y trabajar en la lucha” contra el aumento de casos de antisemitismo. Como tantas otras, ninguna de estas reuniones trató una propuesta concreta o la defensa de cualquier “interés particular” frente a las autoridades, tal como estipula la ley que da origen a estas audiencias.
Con quien sí trataron más específicamente sus problemáticas fue con la subsecretaria Daniela Quintanilla (Derechos Humanos), en octubre de 2024: solicitaron apoyar la resolución 248 de la Cámara de Diputados, un proyecto de acuerdo de enero de 2023 que argumenta que “personas pertenecientes a la Comunidad Judía han visto lesionado su derecho a vivir una vida libre de discriminación” y solicita al Presidente de la República tres cosas: “la creación y designación de un enviado especial para combatir y monitorear el Antisemitismo”; apoyar medidas de “sensibilización, concientización y educación como parte de la lucha contra cualquier manifestación de discriminación (…) como lo es el antisemitismo”; y la dictación de protocolos de denuncia “y comportamiento de todos los funcionarios públicos, a fin de resguardar el principio de no discriminación y la ausencia de actos, opiniones y conductas antisemitas en los órganos de la administración pública”
Además, hablaron con la subsecretaria de Derechos Humanos sobre otro trámite legislativo: el boletín N° 15.759-17, de marzo de 2023, presentado por los senadores Gloria Aravena (Ind-RN), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), José Miguel Insulza (PS) y Jaime Quintana (PPD) “que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de sancionar expresamente el antisemitismo”.
Por fuera del Ejecutivo, es reveladora una reunión de julio de 2024 con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) donde la Comunidad Judía revela que hay “preocupación por actos antisemitas en Chile” y que “se sienten invisibilizados por su religión”; además, solicitan al INDH agregar un capítulo sobre antisemitismo en su informe anual y ser considerados como “un grupo a proteger”.
Lobby con la Cancillería
En todo caso, pese al cambio de signo y los desacuerdos con el Gobierno, la Comunidad Judía ha cuidado especialmente su relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), incluso con audiencias que no aparecen registradas en la plataforma de Ley de Lobby.
La primera reunión en la actual administración fue con la canciller Antonia Urrejola en mayo de 2022, y consistió en un saludo protocolar. En marzo de 2023 asumió como ministro Alberto Van Klaveren, un diplomático de ascendencia judía que, desde entonces, cada septiembre participa en el Tefilá que celebra la comunidad.
En todo caso, su primera reunión data 6 de junio de 2023. En ella, la Comunidad Judía presentó su nuevo directorio y proyecto institucional, y manifestó “su preocupación por los brotes de antisemitismo en el mundo”, nuevamente sin peticiones concretas para los “intereses particulares” de la comunidad.
La siguiente reunión fue en noviembre de 2023 y está registrada en el sitio web del Minrel. En ella, el canciller “abordó diversas materias relacionadas con la crisis derivada del conflicto en Medio Oriente” y “reiteró el compromiso del Gobierno por seguir atendiendo a las comunidades residentes en el área”.
“En el encuentro se expresó la preocupación por el incremento de muestras de antisemitismo en el mundo y la necesidad de prevenir su extensión a Chile. Los representantes de la Comunidad Judía agradecieron el espacio de diálogo que encuentran en la Cancillería”, concluye la publicación, que no aparece registrada en la plataforma de lobby, pese a que su naturaleza y las temáticas tratadas son idénticas a las audiencias que sí se registran bajo aquella legislación.
Similar situación se vivió en marzo de 2025, cuando la subsecretaria Gloria de la Fuente se reunió con la Comunidad Judía y la vicepresidenta de asuntos internacionales de la Liga Antidifamación, organización que “tiene tiene como objetivo trabajar en contra del antisemitismo a nivel global”.
“En el encuentro, la subsecretaria destacó que Chile tiene entre sus principios de política exterior la defensa de los derechos humanos y seguirá promoviendo el derecho a la libertad religiosa o de creencias, así como las iniciativas para erradicar la violencia, entendiendo que el combate a la discriminación es un desafío permanente de los Estados”, dice la publicación, que tampoco fue registrada por Ley de Lobby.
La última reunión fue el 23 de junio de 2025 con el canciller Van Klaveren, respecto de la escalada de violencia entre Israel e Irán y la situación de los chilenos en Medio Oriente.
Doble Espacio consultó a la Cancillería sobre la ausencia de estas reuniones en la plataforma de lobby. Al respecto, el ministerio señaló que “el criterio para definir si una audiencia debe ser registrada en la Plataforma Ley de Lobby está determinado por la propia Ley N° 20.730. Esta sostiene que ello debe ocurrir precisamente cuando existe lobby: es decir, si la iniciativa de la reunión surge de un particular con el fin de incidir en la toma de decisiones de la autoridad respecto de un acto administrativo o política, o la no adopción de esta. Incide quién tomó la iniciativa además de otros aspectos fácticos”.
Todo esto pese a que la mayoría de reuniones que se registran en la plataforma no tienen una solicitud o propuesta definida para la autoridad. Consultados sobre las medidas concretas que la Comunidad Judía podría haber propuesto al canciller en las reuniones que sí se registran por lobby, la repartición explicó vagamente que “las materias tratadas en las reuniones que aparecen en la Plataforma Ley de Lobby fueron debidamente registradas de acuerdo con lo solicitado por el Reglamento de Lobby”, pese a que los registros de aquella plataforma —salvo un par de reuniones con la subsecretaría de Derechos Humanos y el INDH— no especifican los intereses representados por la Comunidad Judía, en línea con lo que la propia legislación señala como adecuado en estos casos; es decir, en ningún caso el Ministerio de Relaciones Exteriores —y casi ninguna de las autoridades o ministerios involucrados— transparenta la real petición detrás de las audiencias.
