A lo largo de ocho jornadas, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, recibió cerca de 300 organizaciones que quisieron hacerse parte del proceso de audiencias públicas. En este contexto, Doble Espacio conversó con tres dirigentas de distintas agrupaciones de víctimas de la dictadura, que decidieron poner sus esperanzas en los constituyentes.

Es lunes 23 de agosto, y son cerca de las 11 y cuarto de la mañana. Al salón donde sesiona la subcomisión de verdad histórica de la Convención Constitucional, entra un grupo compuesto por tres hombres y dos mujeres, que vienen en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena.

El primero en hablar es Yuri Gahona, un hombre de mediana edad que vino con su notebook y pide disculpas por empezar de una manera que va contra el protocolo. 

A continuación, direcciona el micrófono a los parlantes de su computador, y tanto quienes están presentes en la sala, como los que siguen la transmisión en vivo, pueden escuchar los primeros versos de la cueca sola. 

De forma simultánea, Evelyn Gahona, hermana de Yuri, comienza a dar vueltas en el espacio que separa a los expositores del coordinador de la comisión, y luego se pone a bailar con un pañuelo morado en la mano. Evelyn viste de negro y en su pecho cuelga la foto de Alonso Gahona, su padre detenido desaparecido.

Ana Merino, presidenta de la agrupación de La Serena, explica que decidieron comenzar de esa forma para mostrarle a los constituyentes parte de su historia: “La cueca sola tiene un tremendo significado para nosotros, porque nos ha acompañado durante estos 48 años”.

Ana asegura que tanto ella como su madre Ana Molina, fueron parte del grupo fundador de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). El 14 de septiembre de 1974, su hermano de 20 años, Pedro Merino, fue secuestrado en Coronel por un grupo de militares y carabineros de civil, y desde entonces Ana, su madre y sus otros siete hermanos, comenzaron a recorrer centros de detención preguntando por su familiar desaparecido.

En esos lugares coincidieron con otros familiares, madres, esposas, hermanas, e hijas de detenidos, que al poco tiempo comenzaron a organizar manifestaciones de distinto tipo. Motivadas por el amor a sus familiares, estas mujeres participaron de marchas, huelgas de hambre y encadenamientos. Sin embargo, de acuerdo a Ana, la respuesta siempre fue llevarlas a la cárcel: “No bastó solamente con detener al puro detenido desaparecido, sino a toda la familia completa”.

En los largos 47 años desde que Pedro, un joven sastre que era miembro de las Juventudes Comunistas, desapareció, la familia Merino Molina no sólo ha sufrido en carne propia la tortura y el encarcelameinto, sino también la impotencia ante la falta de respuestas.

Tal como en el caso de otros 995 detenidos desaparecidos, el Estado chileno aún no determina el destino final de Pedro. No se sabe si su cuerpo fue lanzado al mar o quemado en Colonia Dignidad, y Ana considera que los principales responsables son quienes asumieron el poder después de la dictadura.

“Como familiares, hemos hecho todo lo posible por encontrarlos. Es la justicia la que tiene que hacer su trabajo. Que no lo ha hecho como corresponde. Son las autoridades. Después del 90 todo esto se calmó, ¿por qué?, porque las personas que nos prometieron que se iba a avanzar, que se iba a esclarecer, no lo hicieron. Fue muy cómodo quedarse en el poder y no hacer nada”, dice Ana.

Pese a todas las decepciones y al dolor por el que han pasado en estos casi 50 años de búsqueda, los miembros de la AFDD: Yuri y Evelyn Gahona, Mirta González, Ana Merino y su esposo Juan Enrique Lucero, viajaron desde La Serena a Santiago para presentarse en la Convención, porque creen que los constituyentes son capaces de crear un nuevo Chile. Uno donde el Estado se haga cargo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y los familiares de las víctimas no sigan sufriendo.

Ana, en particular, tiene muy presente todas las acciones que ha llevado a cabo la agrupación: desde las querellas que han interpuesto, hasta la iniciativa de un Museo de la Memoria que están armando en La Serena. Es por ello que sabe que cuando se tiene la voluntad, es posible avanzar.

“Si nosotras estamos dejando algo para mantener viva la memoria, ¿cómo el Estado no va a hacer nada?, ¿cómo los constituyentes no van a hacer nada?. Por eso tenemos la fe y la confianza de que se pueden hacer  cosas cuando hay voluntad”.

La carta que se apoderó del debate

Pocos días después de que comenzara a funcionar la Comisión de Derechos Humanos de la Convención, los 19 constituyentes que forman parte de esa instancia recibieron una carta de parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

En la misiva, que también fue firmada por otras organizaciones de derechos humanos, la AFEP cuestionó la presencia del ex edecán de Pinochet y ex comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia, en una comisión, que se supone, debe sentar las bases para que en Chile no se vuelvan a violar los derechos humanos de forma sistemática.

Alicia Lira, quien ha presidido la AFEP por más de 10 años, señala que le sorprendió la repercusión que tuvo la carta y que está conforme con la respuesta que recibieron de los constituyentes.

Sin embargo, le duele la actitud de algunas personas que han defendido a Arancibia. Para ella, instar a que el ex comandante de la Armada se quede en la comisión, es un acto que relativiza lo ocurrido en la dictadura, y que no tiene en cuenta a las personas que siguen sufriendo: “No se ponen en los zapatos de esos familiares que aún buscan a sus seres queridos y que el Estado no les ha entregado ninguna herramienta”.

Lo que le resulta aún más molesto son las declaraciones de constituyentes, que ella consideraba honorables, y que han señalado que no son quienes para juzgar a Arancibia. Alicia, en cambio, considera que los familiares si están en condiciones de cuestionar su presencia en la comisión.

“Nosotros, los familiares de las víctimas, tenemos el derecho moral y ético, porque a nosotros nos mataron a nuestros familiares. Aparte, nosotros no solamente somos familiares dolientes. Nosotros luchamos contra la dictadura y resistimos a la impunidad que quisieron poner los gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, nosotros sí tenemos el peso moral, y hablamos a través de eso”, afirma la dirigenta.

Precisamente, durante su presentación en las audiencias públicas, Alicia hizo mención a los largos años de lucha de la AFEP bajo la dictadura, y también de gobiernos democráticos que nunca escucharon sus demandas. 

En su discurso, Alicia habló de iniciativas como la Comisión Rettig, que de acuerdo a ella, incluyó a militares y agentes de la Dina en la nómina de víctimas. La Comisión Valech, que reunió muchos testimonios que hasta el día de hoy no se han puesto a disposición de la justicia, y la Mesa de Diálogo, una instancia en que los militares se comprometieron a entregar información sobre los detenidos desaparecidos, pero que finalmente no trajo buenos resultados. Incluso se dieron antecedentes falsos: “Los restos que supuestamente estaban en el mar aparecieron en Cuesta Barriga y en otros lugares”.

De acuerdo a la dirigente de la AFEP, siempre se trató más de la parafernalia, y de mejorar la opinión que otros países pudieran tener de la situación en Chile: “En los gobiernos nunca piensan para la gente que vive en el país. Viven para lo que piensa la opinión internacional”.

La Convención Constituyente, sin embargo, es un espacio de poder diferente, según Alicia, quien lo valora por la diversidad de sus integrantes. Además, tiene confianza en que se escribirá una Constitución mejor que la de Pinochet, y espera que no sólo se consideren las propuestas de la AFEP (como el fin de la doctrina de seguridad nacional o la reforma a las policías y al poder judicial),  sino que también se responda a demandas más transversales.

“Nosotros queremos una sociedad sobre la base del ‘Nunca más’. Y eso también tiene que ver con la igualdad. Que todos seamos valorados, y se respete el derecho que tenemos a la educación de calidad, a la vivienda digna y a la salud gratuita”.

Un testimonio permanente 

En diciembre de 2020, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos, un conglomerado que reúne a distintas organizaciones de sobrevivientes, proclamó a Haydee Oberreuter, como su candidata en las elecciones de constituyentes.

Lamentablemente, Haydee, que competía en un distrito de la región Valparaíso, no logró los votos necesarios para estar en la Convención, pero de todas formas el pasado miércoles 25 de agosto, la representante de los ex presos, se hizo parte del proceso constitucional.

Para Haydee, el 18 de octubre fue un evento esperanzador y la Convención una gran oportunidad. Aun cuando no está segura de que con esta nueva Constitución se haga efectivo el “Nunca más”, considera que es un importante paso para que se desmorone el modelo de sociedad que los militares impusieron durante la dictadura.

“Tener la posibilidad de contribuir a desarticular ese anclaje feroz, es para nosotros algo que, mucho más allá de que consigamos llevar adelante nuestras demandas, es profundamente reparador”, sostiene Haydee.

Sin embargo, el Comando Unitario tiene sus demandas bien claras, y estas fueron parte de lo que expuso Haydee en la Comisión de Derechos Humanos. Quizás el punto más importante, es la creación de una Comisión que esté permanentemente calificando a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Durante los gobiernos de la Concertación se realizaron tres comisiones de verdad: dos dedicadas a desaparición forzada y ejecutados políticos, y una última, la Comisión Valech, que recibió testimonios de prisión política y tortura.

Luego, en el primer gobierno de Piñera, se llevó a cabo la Comisión Valech II, una instancia que sirvió para reevaluar los casos que no fueron calificados en las otras comisiones de verdad, y que tal como sus predecesoras, solo recibió testimonios durante un tiempo acotado.

Este último punto, es uno de los aspectos que le resultan más conflictivos a Haydee, y es parte de las muchas razones por las que ella y el Comando Unitario están proponiendo la comisión calificadora permanente.

“Si a ti alguien te saca una uña, a la fuerza, te garantizo que tú no vas a estar disponible a contarlo cuándo el Estado determine que tú tienes que decirlo. Tu vas a estar en condiciones de decirlo, que alguien te violó, que alguien te arrancó las uñas, que alguien te hizo tajos en tu cuerpo, cuando tú puedas. No cuando se le antoje al Estado”, advierte la dirigenta.

Para Haydee, instalar este tipo de iniciativas es mucho más importante que seguir enfrentándose a Jorge Arancibia. Pese a que se hizo parte de las cartas que las organizaciones de víctimas mandaron a la Convención, y de que ella misma fue torturada por agentes de la Armada, prefiere no seguir insistiendo con ese tema en particular:  “Yo ya tengo suficientes peleas abiertas”.

Dentro de esas peleas está una causa judicial en contra de la  Armada, un proyecto de ley para levantar el secreto de 50 años de la Comisión Valech, y una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una multitud de proyectos que a veces se tornan pesados para organizaciones constituidas, sobre todo, por adultos mayores.

La misma Haydee se encuentra actualmente en un tratamiento contra el cáncer que la tiene con las defensas bajas, y que no le permitió asistir presencialmente a la Convención. Sin embargo, este tipo de problemas no ha impedido que ella y al resto de sus compañeros y compañeras, sigan luchando por lo que creen justo. 

“Aunque a ratos estemos cansados, como que recuperamos las energías y salimos de nuevo, arrastrando las patas, o como sea, pero salimos de nuevo para adelante”.

María Fernanda Araneda

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile