Memoria en riesgo: Londres 38 y Villa Grimaldi enfrentan crisis por falta de recursos
A tan solo tres meses de iniciado el año, dos sitios de memoria manifestaron desconcierto respecto de su funcionamiento por retrasos en el traspaso de fondos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ambos mantienen la categoría de museos de sitio y están contemplados en la Ley de Presupuestos 2026, la última elaborada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Villa Grimaldi aún espera.
La Casa de Memoria Londres 38 —conocida como Cuartel Yucatán— y el Parque por la Paz Villa Grimaldi — antiguo Cuartel Terranova—, ambos excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura, debieron cuestionar su funcionamiento ante la falta de recursos para sostener sus actividades y cubrir los sueldos de sus trabajadores.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2026, a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se le asignan 416.332 mil pesos, mientras que a Londres 38 Casa de Memoria, 420.493 mil pesos. Estos recursos están destinados a la ejecución de proyectos de educación en derechos humanos, la puesta en valor y conservación de estructuras y registros históricos, así como la realización de talleres, recorridos in situ y publicaciones sobre patrimonio y memoria, entre otras actividades. Sin embargo, la asignación de estos montos no ha garantizado su ejecución oportuna.
Durante semanas, la incertidumbre marcó el funcionamiento de ambos espacios. En el caso de Londres 38, los fondos fueron finalmente transferidos recién el 8 de abril, evitando su cierre. Villa Grimaldi, en cambio, continúa sin recibir los recursos, lo que profundiza una situación crítica que pone en riesgo su continuidad operativa.
En este contexto, Erika Hennings, directora de Londres 38; Macarena Silva, coordinadora general del mismo espacio; y Álvaro Ahumada Villa, presidente del directorio del Parque por la Paz Villa Grimaldi, reflexionan sobre la importancia de estos sitios, el impacto de los problemas de financiamiento y la necesidad de políticas públicas que resguarden la memoria como un derecho.
¿En qué recae la importancia de preservar espacios de memoria, Erika?
– Los sitios de memoria son casas y espacios públicos que fueron utilizados para reprimir. Centros secretos de detención, secuestro, interrogatorio, tortura, desaparición y exterminio. Desde esas historias, estos espacios permiten trabajar las memorias en el presente, con las nuevas generaciones y también hacia el futuro.
Casa de Memoria Londres 38
Durante sus años de funcionamiento como Cuartel Yucatán (1973-1974), según registros oficiales, 98 personas fueron ejecutadas, desaparecidas o asesinadas a causa de torturas en manos de agentes de la DINA. Hoy, convertido en sitio de memoria, el edificio ubicado en Santiago Centro enfrenta una crisis que pone en duda su continuidad debido al retraso en la transferencia de recursos estatales.
Macarena Silva, coordinadora general de Londres 38, sostiene que el problema radica en la forma en que el Estado ha abordado —o más bien, postergado— sus obligaciones en materia de derechos humanos. Si bien estos compromisos existen a nivel internacional, en Chile se han asumido de manera fragmentada. “No hay una política suficiente para la memoria, la verdad y la justicia. Lo que existe son iniciativas que han surgido más bien por la presión y fuerza de las organizaciones sociales y no desde una estrategia del Estado”, afirma la coordinadora.
En ese contexto, Silva enfatiza que los sitios de memoria no están dirigidos únicamente a las víctimas directas. “Con estos espacios buscamos construir una sociedad libre de violaciones a los derechos humanos”, destaca. Así, la crisis de financiamiento adquiere una dimensión que trasciende lo operativo.
Actualmente, Londres 38 opera en un escenario de incertidumbre. No existen garantías claras de continuidad ni definiciones estatales que aseguren su estabilidad en el tiempo, lo que impacta directamente en su capacidad de proyección. La crisis, además, tuvo efectos concretos. Durante 2026, el espacio estuvo al borde del cierre debido al retraso de tres meses en la transferencia de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto, lo que evidencia la fragilidad de su modelo de financiamiento. “Estuvimos a punto de cerrar porque no era posible seguir sosteniendo el trabajo”, sostuvo la coordinadora.
Esto no es la única amenaza, se le suma el deterioro del inmueble y la falta de definiciones sobre su restauración. “Mantenemos aperturas parciales que solo permiten el acceso para poder mantener ciertas actividades porque el edificio no se encuentra en buen estado de conservación”. El proyecto de recuperación integral del edificio —que incluía mejoras estructurales, de seguridad y museografía— había avanzado durante la administración anterior, pero hoy permanece en incertidumbre. Los avances que han existido, además, provienen de los esfuerzos presupuestarios del equipo.
El 22 de mayo de 2025, Londres 38 anunció mediante un comunicado público el cierre de sus puertas con el fin de dar inicio a las obras de restauración, las cuales estarían a cargo del Ministerio de Obras Públicas y contarían con financiamiento del Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Dichos trabajos estaban proyectados para extenderse por un período de dos años.
Para Macarena Silva, el cambio entre una administración gubernamental y otra no debería afectar al patrimonio de la memoria: la ausencia de una política estatal robusta permite la permanencia más allá del gobierno de turno. En ese escenario, advierte, estos lugares quedan expuestos a decisiones coyunturales y a la falta de voluntad política. “Cuando los derechos humanos no son un tema relevante para la sociedad, el Estado puede fragilizar estos espacios y quitarles recursos”, dice.
Parque por la Paz Villa Grimaldi
En la comuna de Peñalolén, entre los años 1973 y 1978, operó el Cuartel Terranova, el principal centro de secuestro, tortura y exterminio de la DINA. Se estima que por este centro de reclusión pasaron cerca de 4.500 personas: 22 fueron ejecutadas y 214 permanecen hasta hoy como detenidas desaparecidas.
En el Parque por la Paz Villa Grimaldi la crisis se manifiesta de forma inmediata en la operación diaria. Álvaro Ahumada Villa, presidente del directorio, explica que el retraso en la transferencia de los recursos impacta directamente en el funcionamiento básico del sitio.
El financiamiento del parque está sujeto a los recursos que se asignan anualmente a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en el marco de la Ley de Presupuestos. Si bien estos fondos se otorgan cada año, su entrega se realiza en dos remesas semestrales. Para acceder a la segunda, es necesario haber utilizado la primera y rendir adecuadamente los gastos efectuados. Sin embargo, al cierre de este reportaje, estos recursos no han sido transferidos. A pesar de aquello, el espacio ha continuado con sus actividades “Hemos hecho todo lo posible para seguir funcionando a pesar de que aún no llegan los recursos”, declara Ahumada.
Villa Grimaldi, además de los recursos legalmente establecidos, recibe apoyo financiero de sus socios. No obstante, el presidente del directorio es claro en delimitar su alcance “Cualquier aporte es importante, pero nunca va a ser suficiente para sostener un sitio de memoria. El Estado tiene el deber de aportar a la preservación de la memoria de las personas que fueron desaparecidas en nuestro país por el ejercicio del mismo Estado”.
En ese sentido, Ahumada advierte que el problema no es solo administrativo, pues también compromete la función pedagógica del espacio. Villa Grimaldi recibe de manera constante a estudiantes en recorridos que buscan transmitir lo ocurrido. “Nuestro objetivo fundamental es educar en derechos humanos a las nuevas generaciones. Si no podemos cumplir ese rol, hay un deterioro de nuestra acción”, comenta.
A diferencia de un museo tradicional, subraya Ahumada, los sitios de memoria tienen una particularidad irreemplazable: son los lugares donde ocurrieron los hechos que buscan preservar en la memoria colectiva. “Es una diferencia fundamental”, enfatiza.
Por lo mismo, insiste en que el modelo actual de financiamiento de la infraestructura y el espacio es insuficiente, ya que depende de decisiones anuales y de la contingencia política. Frente a ello, plantea la necesidad de avanzar hacia una legislación que garantice mayor estabilidad “Esto debiera solucionarse a partir de una de una ley que exista sobre cómo deberían ser las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria y los monumentos nacionales” declara, donde recuerda el proyecto de ley anunciado el 11 de septiembre de 2025 por el expresidente Gabriel Boric, el cual busca establecer un financiamiento permanente para los sitios de memoria en Chile.
Ingresada el 16 de septiembre de ese mismo año, la iniciativa busca regular los mecanismos de financiamiento y propone modificar la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de estos espacios en el tiempo. Hasta este momento, se encuentra en primer trámite constitucional (Senado). “Estamos muy interesados en ese proceso, creemos que sería muy valioso para que en este país podamos cambiar las cosas”, finaliza.
