La tragedia ocurrida en la previa del partido de Colo Colo por la Conmebol Libertadores, no solo expuso el colapso del plan Estadio Seguro y la negligencia de Carabineros, sino también dejó en evidencia la falta de control de la sociedad anónima sobre sus hinchas fuera del recinto, profundizando la crisis de abandono e inseguridad que desde hace años afecta a los vecinos de Macul.
El creciente malestar de quienes habitan en las inmediaciones del Estadio Monumental alcanzó un punto crítico. Más de 150 residentes decidieron interponer recursos de protección en contra Blanco y Negro -en el centenario del club deportivo-, luego de que dos hinchas colocolinos, de 12 y 18 años, murieran por la acción de un carro policial, cuando se produjo un intento de “avalancha” para ingresar al recinto deportivo.
Esta acción judicial en contra de la sociedad anónima que administra Colo Colo desde 2005, busca incidir en años de desorden y abandono que se recrudecen cada vez que hay partidos o eventos masivos.
“Los vecinos viven con el temor constante de no saber qué va a pasar. Hay basura, fuegos artificiales, comercio ilegal y las micros dejan de pasar. En la comuna nos sentimos abandonados”, denuncia Gabriel Iturra, vocero y fundador de Macul en Movimiento, organización que ha liderado la articulación vecinal y los esfuerzos legales para enfrentar esta crisis.
Aunque la situación lleva años, los propios vecinos advierten que se ha agravado tras la pandemia. Francisco Villa, dirigente de la unidad vecinal Santa Elena ubicada en Vicuña Mackenna con Departamental recuerda que “antes existía una coordinación más estricta a través del programa Estadio Seguro. Después de la pandemia, los hinchas llegaron con actitudes más agresivas, Blanco y Negro dejó de hacerse cargo y todo se desbordó”.
En el reciente cabildo de Macul, habitantes de diversas unidades vecinales redactaron una declaración pública acusando directamente a Blanco y Negro de vulnerar derechos esenciales, como la integridad física y psíquica, la seguridad personal, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y la propiedad privada.
La carta denuncia que la vida de los vecinos se paraliza con cada evento masivo en el Monumental, generando un estado de terror e inseguridad que puede prolongarse por horas e incluso días. También advierten sobre la proliferación de focos de violencia, narcotráfico, amenazas de muerte y extorsiones.
La desconexión entre las autoridades y la realidad de los barrios también fue blanco de críticas. Los vecinos reclaman una ausencia total de coordinación. Acusan que el municipio se mantiene distante frente a la problemática, mientras que con Carabineros es prácticamente imposible establecer un diálogo efectivo.
En ese sentido, el propio alcalde de Macul, Eduardo Espinoza -cuestionado por un presunto audio pidiendo apoyo a la Garra Blanca-, apuntó contra Blanco y Negro por no responsabilizarse de lo que ocurre fuera del estadio. En conversación con 24 Horas, fue enfático: “No seremos benevolentes con los organizadores de eventos”, advirtiendo que el municipio tomará una postura más firme frente a futuros incidentes.
A través de Macul en Movimiento, los vecinos han elaborado más de 150 recursos de protección, buscando que la justicia obligue tanto a la concesionaria como a las autoridades a implementar medidas concretas. “Los vecinos no han sido escuchados. Creemos que mediante la justicia podemos reparar algo del daño que sufrimos”, afirma Iturra.
Entre las soluciones planteadas están la instalación de baños químicos para el público, un aumento en la fiscalización del comercio ambulante, sanciones efectivas contra los desmanes en la vía pública, y la obligación de que Blanco y Negro financie seguridad privada en el perímetro del estadio.
La declaración pública también acusa una falla sistemática de todos los niveles del Estado; gobierno central, municipio y fuerzas del orden en su deber de garantizar la seguridad de la comunidad. Además, remarcan la preocupante falta de diálogo de Blanco y Negro con las organizaciones territoriales, ignorando múltiples advertencias y llamados a actuar de forma integral.
“No queremos más promesas vacías ni reuniones simbólicas. Exigimos acciones concretas que pongan en el centro el bienestar de quienes vivimos aquí”, enfatizan en la carta, firmada “con dolor, pero también con la firme convicción de que es posible y urgente recuperar nuestro derecho a vivir en paz”, sentenciaron los vecinos.
Para Gabriel Iturra, la batalla apenas comienza: “Seguiremos organizados, seguiremos luchando. No permitiremos que nuestra calidad de vida siga siendo pisoteada”, sostiene. Francisco Villa coincide, ya que esperan -él y sus vecinos- recuperar la tranquilidad, la convivencia y la dignidad del barrio. Van a pelear por ello hasta el final