El 3 de marzo de este año, más de 130 familias se vieron perjudicadas por el posible cierre del establecimiento educacional, luego de que la administración informara, apenas dos días antes del inicio de clases, que el jardín donde asisten sus hijos podría cerrar sus puertas debido a un embargo judicial. El caso del embargo judicial data de 2016, luego de que tres exfuncionarios del Instituto de Educación Rural (IER) hicieran una denuncia por sueldos impagos e incumplimiento de contrato, pese a que el Estado traspasó más de $22 mil millones a la organización en los últimos 20 años.
“Tengo un hijo de tres años que asiste al Jardín Santa Ana en Talagante. También un bebe de seis meses que iba a ir a sala cuna menor”, cuenta Giovanna, madre de dos niños pequeños que asisten al establecimiento educacional y que podría cerrar sus puertas debido a las deudas que arrastra hace décadas la entidad que lo administra, el Instituto de Educación Rural (IER).
La deuda tiene origen en 2016, cuando tres exfuncionarios de otros establecimientos -dependientes del IER- denunciaron el no pago de sus remuneraciones. Fue en ese periodo en que interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, por una deuda de cerca de 148 millones.
Tras el pago de apenas la mitad de la deuda en 2017 -cerca de $70 millones-, el caso escaló hasta la Corte de Apelaciones de Santiago y concluyó a fines de febrero con una resolución compleja para las más de 100 familias que tenían hijos inscritos en el Jardín Santa: la infraestructura junto el terreno fueron embargadas.
Doble Espacio revisó la causa en el Poder Judicial, conversó con cuatro de los padres de los 136 niños y pudo determinar que fueron informados del eventual cierre y el embargo, cuando faltaban apenas dos días para que sus hijos ingresaran.
Este es el primero de dos reportajes que revelan la crisis financiera del IER, y cómo la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), a sabiendas de esta situación, continuó con el proceso de inscripción y financiamiento del IER. Por otro lado, la administración nunca informó a los padres de las deudas que arrastraba el instituto, pese a que el conflicto judicial comenzó en 2016. “Me enteré el día 3 de marzo, cuando nos citaron a una reunión general”, narra Giovanna.
Este medio, además, reconstruyó los problemas económicos del IER que presenta desde, al menos, 2012. Según estableció un reportaje de CIPER en 2014, el instituto contaba con 27 establecimientos, de los cuales solo cinco se mantienen activos actualmente. El resto fueron cerrados y muchos vendidos, debido a una deuda de 8.500 millones que tenían entonces.
Abogados de los exfuncionarios, a través del proceso judicial, solicitaron al tribunal que, para saldar la deuda, embargara los recursos que recibía el jardín a través de la Seremi de Educación y la JUNJI, pero solo lograron quitarles $96 millones. Pese a que se pagó una parte, los abogados pidieron la reliquidación del dinero y la deuda aumentó a 133 millones. Por esto, el juez ordenó el embargo completo del inmueble. Por su parte, 24 educadoras del recinto podrían quedar sin trabajo y hoy, cientos de padres buscan obtener cupos en otros jardines de la comuna. Cupos que, a estas alturas del año, son escasos debido al sistema de listas de espera.
Una crisis terminal
La crisis financiera del Instituto de Educación Rural (IER) es histórica. Se remonta a hace más de una década. De acuerdo a un artículo publicado en 2012 por La Tercera, en ese año la entidad administrativa tenía cerca de 27 liceos. Ya en 2014, según reveló CIPER, el número se redujo a 15 establecimientos que albergaban a cerca de 4 mil alumnos.
Hoy, esa realidad es aún más crítica, pues administran apenas cinco centros educativos: el Liceo Agropecuario y Forestal Lipingüe, en Los Ríos; el Liceo Agrícola Christa Mock, en Nogales; Liceo Técnico Profesional Huiscapi, en La Araucanía; el Liceo Agrícola Reina Paola de Bélgica, en Paine, y el jardín Santa Ana, en Talagante.
No obstante, y a pesar de las polémicas, el IER desapareció de la esfera pública: aparte de la escasa información existente sobre estos establecimientos educacionales, los cientos de recursos legales en su contra indican que no es posible ubicar a ningún representante de la organización para las notificaciones judiciales. La dirección del IER fluctúa entre avenida Holanda, en Providencia, y la Alameda. Ambas figuran prácticamente abandonadas, según el Poder Judicial.
Así queda en evidencia en otra demanda que interpuso el Fondo Nacional de Salud (FONASA) en contra del IER por el no pago de las cotizaciones de salud a 245 trabajadores desde julio de 2018. Hasta 2024, el instituto les adeudaba al fondo poco más de 8 millones de pesos. Pero. en una de las visitas a las instalaciones del IER, la receptora judicial, Ana Albornoz, certifico que ante el intento de notificar a Marcos Hrdalo, no pudo realizar la diligencia, porque nadie en el edificio se identificó con ese nombre.
De acuerdo al artículo de CIPER, ya en 2014 estaban al borde la quiebra, con una deuda de 8.500 millones. El dinero correspondía a préstamos bancarios, remuneraciones impagas a exfuncionarios y proveedores. El entonces presidente, Enrique Hrdalo Larraín, calificó la situación económica como “una crisis terminal”.
En ese periodo el IER presentó un sin fin de denuncias en su contra. Los acusaron de malversación de caudales públicos y del no pago de cotizaciones previsionales a sus trabajadores, una práctica legible hasta la actualidad: en la demanda de 2016 y en el no pago de las remuneraciones a las parvularias del Jardín San Ana.
La matriz de la crisis, de acuerdo a Hrdalo, tuvo su punto origen cuando el IER comenzó a manejar liceos públicos a través de Sistema de Administración Delegada (SAD), el cual le permitía recibir recursos del estado y así poder gestionar el establecimiento. “En definitiva, cualquier gasto adicional que había que hacerle a esos liceos SAD, al final los tuvo que hacer el IER”, aseguró el expresidente. Los gastos fueron costeados a través de créditos bancarios.
El constante endeudamiento y las irregularidades del IER derivaron en que la entidad dejará de recibir fondos del Estado. En 2012, la Seremi de Educación de Los Lagos emitió un informe en el que detalla la fiscalización hecha al Liceo Técnico Inmaculada Concepción de Ancud, que da cuenta que ya entonces el IER presentaba deudas de cotizaciones previsionales. La Seremi canceló de forma temporal la subvención.
Doble Espacio contactó a Enrique Hrdalo Larrain, a través de un llamado telefónico a su hijo, Enrique Hrdalo García, pero este aseguró que su padre ya no forma parte del IER. Sin embargo, en la documentación de la causa en el Poder Judicial -actualidad hasta 2025- su nombre figura todavía como representante de la institución.
EMBARGOS Y CIFRAS MILLONARIAS
El proceso judicial que terminó con el embargo del inmueble y el terreno donde está asentado el jardín Santa Ana, comenzó a mediados de 2016. Según la demanda ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, tres exfuncionarios del IER acusaban a la organización de no cumplir con las cláusulas establecidas en el término de contrato de mutuo acuerdo que les asignaba $19, $33 y $35 millones de pesos a cada uno. Se trata de Aldo Garay, Manuel Maldonado y Rubén Aranda.
Ante dicho incumplimiento, los demandantes solicitaron un pago adicional de $19, $29 y $34 millones. Para financiar esta indemnización -que se suma a los demás casos que acumula el IER en el Poder Judicial por temas laborales- los defensores solicitaron el embargo del financiamiento que mantenía a flote a la organización desde hace años: los recursos del Estado.
Según detalla el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades , el IER ha recibido, desde 2003, más de $22 mil millones. Al comienzo, los recursos provenían principalmente de dos subsecretarías: Agricultura y Educación. Pero esta última decidió cortar el financiamiento en 2017, debido al álgido momento judicial que enfrentaba.
Los fondos que entregó la repartición comenzaron con apenas $1 millón, y alcanzaron su máximo en 2011 con más de $3400 millones. En total, el IER recibió del Ministerio de Educación (Mineduc) más de $12 mil millones en 15 años.
De estos fondos, los demandantes solicitaron embargar $148 millones entregados entre 2012 y 2017 desde las seremi de Educación de la Región Metropolitana y de Valparaíso. Esta última repartición pagó los $74 millones que correspondían a montos congelados, mientras que desde la RM sólo pudieron embargar $18 millones, pero ambos montos no se giraron hasta junio de 2019. Los cheques -que sumaron $96 millones- fueron depositados a quien era el abogado de los extrabajadores, Danny López. Pese a que, tras el primer pago, aún les debían poco más de $50 millones, cuando López abandonó la causa y asumió el abogado Matías Saavedra, este último pidió la reliquidación del dinero adeudado.
Saavedra, a principios de 2015, solicitó que se embargaran cerca de $133 millones de los recursos de la JUNJI para pagar el dinero de la reliquidación. Ante esto, a través de una carta el abogado de la entidad, Lorenzo Ramírez, denegó la petición argumentando “que no es posible embargar los aportes mensuales que la JUNJI efectúa a Instituto de Educación Rural, para que cumpla con la misión de administrar el jardín infantil, ubicado en Camino Melipilla N° 4536, comuna de Talagante”, ya que de acuerdo al Art.22 de la ley 17.301, estos “bienes son inembargables”, se lee en la carta.
Con todo, el instituto se demoró casi diez años en pagar a los demandantes, y si bien pagó parte del dinero entre 2019 y 2022, las repactaciones -que suelen producirse por retrasos en los pagos-, no han sido canceladas. Lo que desencadenó el embargo del inmueble donde está el jardín.
Apoderados: “Estamos en la desesperación”
Por esta y otras situaciones es que el deterioro económico del IER se ha agudizado en los últimos años. Los apoderados describen que la notificación del contingente cierre del jardín llegó recién el 3 de marzo, dos días antes del comienzo de clases.
Así lo relata Claudia, apoderada con una hija que llevaba cuatro años asistiendo al jardín. Cuenta que quedó en “shock” cuando supo. “Mis cuatro hijos fueron al jardín, por eso me dio pena la noticia”, pero debido a la urgencia, decidió matricular a su pequeña en otro colegio. “Conseguí un cupo en la Corporación de Talagante”, asegura. A diferencia del resto de los padres, ella perdió las esperanzas de que “la fundación vuelva abrir el jardín, creo que eso no va a pasar”.
Macarena Rivera, apoderada de dos menores de dos y tres años, explica que “perdí una postulación a un colegio porque decidí quedarme acá, ya que en diciembre nosotros no teníamos esta información”. Agrega que, cuando les avisaron, apenas dos días antes del ingreso, “estábamos todos llorando en la desesperación”.
A diferencia de la directora del jardín, Rivera responsabiliza directamente a la JUNJI: “Yo postule a través de la página de Junji. Fue JUNJI quien me asignó este establecimiento, pero hoy no es JUNJI quien me dice que mis hijas están sin posibilidad o vulnerando sus derechos de obtener una educación y tener un lugar seguro donde estudiar”.
Fue en 2010 cuando la JUNJI firmó con el IER un convenio para la administración del Santa Ana. Dos años después comenzaron los aportes económicos: partieron con $132 millones en 2012, hasta llegar a más de $340 millones en 2024, con un total de $3 mil millones desembolsados en favor de la organización.
“Yo no he podido buscar trabajo porque no sé si el próximo mes yo voy a tener una red de apoyo donde dejar a mis hijas. Entonces, también siento que es una vulneración, es violencia contra la mujer y las posibilidades de salir al mercado laboral y sostener la familia”, complementa Rivera.
Doble Espacio concurrió a las inmediaciones del jardín para conversar con las parvularias y directivos del Santa Ana, pero no quisieron dar declaraciones. No obstante, la directora del establecimiento, Cindy Fernández, apareció poco después dando declaraciones sobre lo mismo en una radio local, donde negó los traspasos desde la JUNJI y señaló que la transferencia de fondos viene desde “nuestra institución”, un completamente quebrado y desfondado IER.
“Tenemos nuestras puertas abiertas hasta el treinta y uno de marzo, estamos funcionando de manera normal (…). No queremos que esto quede en el olvido (…). No se puede acceder a los a las remuneraciones de las funcionarias. Ninguno de los funcionarios de nuestro establecimiento tiene sus remuneraciones pagadas del mes de febrero y no sabemos qué es lo que va a ocurrir con marzo.
Al ser consultada sobre la reubicación de estudiantes en otros establecimientos (apenas doce de casi 150 a la fecha), Fernández señaló que “lamentablemente, al primero de marzo, JUNJI contaba con ciento sesenta y ocho cupos para distintos niños y niñas de la provincia. (…) Los niños que estaban en lista de espera, ingresaron y ocuparon esos cupos que podían ser para nuestros niños. Ahora, independiente de esto, nosotros tampoco queremos cerrar el jardín infantil, y nuestra institución tampoco quiere cerrar el jardín infantil”.
Por lo mismo, Fernández asegura que se han reunido con distintos representantes estatales, aunque aclara que “la vía de solución es que ojalá esta transferencia de fondos se pueda liberar y nosotros poder recibir lo que conlleva esto, y poder pagar los sueldos” de las 24 parvularias del establecimiento.
A las voces de apoderadas se suma Consuelo, con dos hijos en prekinder y medio menor. Describe que, debido a los fondos retenidos en febrero y marzo, han sido los mismos padres los que han debido costear el funcionamiento del jardín, con rifas y ventas de comida y alcohol: “El día uno partimos con súper buena energía y ahora ya que llevamos tres semanas, obviamente no todos los papás tienen la condición económica de poder ayudar tanto”.
Por lo mismo, la situación es insostenible, y la desesperación sólo aumenta. “Es de una vulneración sistemática que viene desde el año 2016, donde se van cerrando los establecimientos. ¿Quién se va haciendo responsable?”, cuestiona Macarena Riveros.
Una mesa de trabajo
Doble Espacio se contactó vía prensa con la JUNJI de la Región Metropolitana, para conocer cuáles serán las medidas que esperan implementar frente al cierre del jardín. A través de un comunicado, aseguraron que están realizando un “acompañamiento técnico”, para ello crearon “una mesa de trabajo con la Delegación Provincial Presidencial de Talagante, la Municipalidad, funcionarias del Jardín Infantil Santa Ana y apoderados”, que tiene como principal objetivo “asegurar que la continuidad educativa de los párvulos no se vea afectada”, aseguraron.
A su vez, informaron que “la dirección regional de la JUNJI ya gestionó los cupos necesarios para la reubicación de la totalidad de las niñas y niños de este jardín infantil, frente a la eventualidad de que se vea suspendido el funcionamiento del establecimiento en cuestión”, señalaron.
La dirección de la entidad dijo a este medio, que el proceso de reubicación, va a estar coordinado por el mismo equipo educativo del jardín y al mismo tiempo, “con otros establecimientos educativos con los cuales nuestra Institución posee convenio de transferencia de fondos en la comuna de Talagante”, explicaron.
En tanto, respecto a la transferencia de recursos -que JUNJI efectuaba de forma mensual-, y con la cual se pagaba a las funcionarias, confirmaron no pudo realizarse durante febrero de 2025, debido a la notificación del embargo dictada por parte del Juzgado de Cobranza de Santiago.
El comunicado concluye asegurando que JUNJI, estableció “un compromiso con la primera infancia”, por lo que “seguirá poniendo a disposición de la comunidad todas las herramientas que tiene a su alcance para asegurar la continuidad educativa de los niños y niñas de este Jardín Infantil”, todo esto mientras se solucione el proceso judicial.