María Angélica Poblete, Nelson Véliz, Otilia Rojas y Julia Burgos son cuatro docentes jubilados que han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y la lucha por la deuda histórica que afecta a los profesores en Chile. A través de sus testimonios, comparten sus experiencias de injusticia económica y social tras la municipalización de la educación en los años 80, una medida que les ha dejado secuelas graves en sus pensiones y dignidad. A pesar de las dificultades, siguen luchando por el reconocimiento y la reparación de sus derechos laborales y humanos. Este es el cuarto y último capítulo de la serie de reportajes “Desconocimiento y saldo en contra: Una radiografía a la deuda histórica de los profesores en Chile”.

Reportaje de la serie
“Desconocimiento y saldo en contra: Una radiografía a la deuda histórica de los profesores en Chile”

María Angélica Poblete

María Angélica Poblete es una profesora normalista jubilada. Su historia refleja tanto el amor por su profesión como el desencanto hacia un sistema que ha dejado a los profesores en una posición vulnerable, especialmente en relación con la deuda histórica. 

Poblete inició su carrera como profesora de Educación General Básica y más tarde se especializó en Orientación Educacional y Familiar. Con el tiempo, llegó a ser directora de un colegio, una experiencia que la marcó profundamente y que también le permitió participar en programas internacionales, como una beca en Inglaterra, donde se dio cuenta cuán lejos estaba Chile en comparación con dicho país.

—Tuve una beca en Inglaterra, cuando fui directora, para conocer su realidad educativa. Y, aunque fue una experiencia enriquecedora, constaté que estamos a años luz de los países más avanzados en educación. Es maravilloso trabajar en esos contextos, pero también es gratificante ayudar a sacar de la pobreza y contribuir a la movilidad social de tantos niños que nos toca educar—, reflexiona Poblete sobre su experiencia.

—Creo sinceramente que la educación en Chile limita las posibilidades de muchos niños que quieren cambiar su destino. Lo que sucede es que la educación se ha convertido en un negocio, al igual que otros servicios públicos como la salud. Nosotros somos canje, somos clientes, ya no somos ni pacientes ni estudiantes. En el caso de los estudiantes, son sencillamente clientes—, agrega la profesora. 

Por otro lado, la deuda histórica ha sido una fuente constante de frustración y desilusión para María Angélica y sus colegas. A pesar de contar con el apoyo económico de sus hijos, si lo necesitara, ha visto cómo a algunos de sus compañeros les resulta imposible pagar insumos básicos, y han tenido que recurrir a opciones extremas para poder subsistir.

—Gracias a Dios, tengo tres hijos que, en el momento en que a mí me faltara algo, sé que están ellos ahí. Son profesionales. Pero tengo colegas que han ido a almorzar a iglesias porque su pensión es paupérrima. La mía no lo es tanto. Tampoco es lo que esperaba, ya que terminé ganando solo un tercio de lo que ganaba antes. Lo considero una estafa del Estado tan grande, que nos traicionó al dejar nuestra situación en manos de una empresa y así fue como quedamos —señala con amargura. 

Además de su activismo relacionado con la deuda histórica, ha fundado el Observatorio de Maipú por los Derechos de las Personas Mayores. Desde entonces, ha trabajado arduamente en el marco de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para ella ha sido una experiencia transformadora en el sentido más profundo de la palabra. Gracias a esto, ha llegado a comprender cómo sus derechos fueron vulnerados, especialmente en relación con este perjuicio salarial, el cual atenta directamente con la dignidad humana, uno de los principios fundamentales de la Convención.

Uno de sus proyectos más recientes es la realización de una película documental sobre la deuda histórica. La deuda es dirigida por Juan Carlos Mege y está protagonizada por la fallecida actriz Grimanesa Jiménez, quien da vida a Alicia, una mujer enferma y postrada, cuyo estado emocional se deteriora continuamente debido a la difícil situación que enfrenta. La trama se sitúa en el contexto del estallido social de octubre de 2019, un momento que despierta en la protagonista un renovado sentimiento de lucha y la esperanza de seguir adelante. La cinta tiene como propósito visibilizar el drama que viven los profesionales de la educación y crear conciencia entre las nuevas generaciones.

—Me llamó una colega y me dijo: “Angélica, ¿qué te parece si nos embarcamos en una película?”, “¿Una película?”, le pregunté. Me explicó que habían contactado a un director de cine que les propuso hacer una película sobre la deuda histórica. Al principio dudé, pero finalmente decidí involucrarme. Comenzamos a conversar con el director, quien nos hizo una invitación muy buena. Esta no es una película para hacer negocios; es un proyecto que servirá como un documento—, explica. —Aunque se va a exhibir en cines, nuestra intención es también llevarla a las universidades y a los colegios de enseñanza media, para que los estudiantes conozcan el drama de sus profesores y puedan desarrollar un juicio crítico sobre la realidad. Porque, sinceramente, hoy en día tampoco se fomenta el pensamiento crítico en los alumnos—, agrega.

El consuelo más importante que comparte María Angélica es que su vida y carrera han sido envueltas por vivencias maravillosas al servicio de la docencia. A estas alturas, ella señala que la cuestión del dinero no tiene tanta importancia. Solamente conserva recuerdos preciosos de numerosos alumnos a quienes ayudó a prosperar, a pesar de las limitaciones económicas y la básica escolaridad de sus padres, a los cuales les brindó apoyo enseñándoles a leer y escribir.

—Hacemos una labor tan linda, y si yo volviera a nacer, volvería a ser profesora, porque me encanta… Es tan hermoso ver cómo los niños se entusiasman cuando uno les enseña, cómo nos dicen que quieren ser algo más grande. He vivido experiencias tan notables que creo que esa es mi verdadera recompensa. Uno llega a pensar: «Ya, la plata», ¿qué le vamos a hacer? Ya la perdimos. Pero tengo recuerdos tan hermosos de tantos niños que ayudé a salir adelante, niños con dificultades económicas, hijos de padres analfabetos, por lo que, entre otras cosas, también me dediqué a alfabetizar. Eso es lo que realmente importa.

Esos logros y momentos especiales han llenado su vida de significado y satisfacción, superando con creces cualquier obstáculo material que ha traído esta disyuntiva. Su relato es una mezcla de esperanza y desilusión, pero sobre todo de una profunda dedicación hacia el bienestar de las generaciones futuras, las cuales mantienen viva la llama de un cambio real.

Nelson Véliz 

Nelson Véliz, un profesor jubilado y demandante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relata su lucha personal por el reconocimiento de la deuda histórica que afecta a miles de docentes en Chile. Véliz, quien comenzó su carrera en 1973 haciendo un reemplazo en un establecimiento rural en Cauquenes, se estableció en la Escuela Loanco, en la comuna de Chanco, donde se jubiló tras tres décadas de servicio.

—Terminado ese reemplazo, volví al departamento provincial del Ministerio de Educación, donde me ofrecieron elegir una escuela para trabajar. Elegí la Escuela Loanco y me quedé ahí hasta jubilarme —, comenta, donde recuerda con cariño esos años. En aquella época, era común que esta cartera pidiera a los maestros trabajar en el sector rural —Nos pedían un mínimo de tres años y un máximo de cinco en áreas rurales, antes de poder pedir un traslado a la ciudad. Al final me quedé porque me encantó el lugar—, agrega. 

La problemática de la deuda histórica, según Nelson Véliz, se remonta a 1981, cuando durante el régimen militar los profesores fueron transferidos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. Este cambio administrativo provocó una pérdida significativa en sus derechos laborales y remuneraciones.

—Nosotros pertenecíamos al Ministerio de Educación. En 1981, nos traspasaron a las municipalidades y, entre ese año y 1991, se generó la famosa deuda histórica producto de un decreto ley, que era el 3.551 en su artículo 40, que establecía un beneficio especial para todos aquellos funcionarios que habían sido transferidos. Sin embargo, ese beneficio nunca llegó al bolsillo de los profesores y profesoras—, comenta Véliz.

En 1992, junto a otros docentes pertenecientes a las comunas de Chanco, Cauquenes y Pelluhue, Nelson se embarcó en un proceso judicial de la mano del abogado Humberto Franzani, donde iniciaron acciones legales en contra de lasrespectivas municipalidades. Los tribunales acogieron los distintos casos y les entregaron fallos positivos, ordenando el reconocimiento y pago del reajuste de empleados públicos. A pesar de los resultados, la sentencia nunca se cumplió. 

Tras años de desilusiones haciael sistema judicial chileno, Nelson Véliz y su grupo recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la ayuda de un nuevo equipo liderado por Giampiero Fava y Ciro Colombara. El esfuerzo dio frutos en 2013, cuando la entidad declaró admisible la causa. Este reconocimiento internacional fue un hito para él y sus colegas.

—El juicio comenzó en el año 1992 y ganamos en todas sus instancias. No obstante, nunca se cumplió la sentencia y nos quedamos ahí. Nuestro abogado nos abandonó, pero en ese tiempo, surgió un nuevo grupo de abogados, entre ellos el equipo de don Giampiero Fava junto con Ciro Colombara. Empezamos a conversar con ellos y nos dijeron que era posible reactivar la causa—, explica Véliz. —Pero, ¿qué pasó? Mientras se llevaba el juicio contra las municipalidades, se promulgó una ley que establecía que no se podían demandar ni embargar los bienes de las estas, ya que eran de uso público. De tal manera, nos quedamos en cero. Nos señalaron que debíamos demandar al Estado de Chile—, agrega. 

La culminación de este proceso se dio en 2021, cuando el organismo falló a favor de ellos, declarando que el Estado debía pagar la totalidad de la deuda. Nelson recuerda el día que recibió la primicia como un momento profundamente emotivo.

—El 21 de diciembre de 2021 habíamos ido como familia a almorzar. Tengo dos hijos: mi hija, que es profesora, mi hijo que es preparador físico y mi nieta. Estábamos allí almorzando y había dejado el teléfono sobre la mesa cuando mi hija me dijo: “Papá, es don Giampiero”. Tomé el teléfono y me comentó que tenía noticias. Había llegado el fallo de la Corte, que me quedara tranquilo porque fue favorable para nosotros. Habíamos ganado. Se me puso un nudo en el estómago y no pude seguir comiendo —relata Veliz conmovido. 

En un comienzo, la Corte estableció que el pago se realizaría en tres cuotas. Gracias a la persistencia de sus abogados lograron que se realizara en un solo pago antes de la Navidad de 2022.

—El fallo establecía que el Estado debía pagar en tres cuotas: la primera en diciembre de 2022, la segunda en diciembre de 2023 y la tercera en diciembre de 2024. Así que nuevamente teníamos que seguir esperando. Los abogados nos dijeron que estuviéramos tranquilos y que estaban negociando, hicieron todas las gestiones necesarias y lograron que se nos pagara en una sola cuota. ¡Nos pagaron todo en una sola! Qué mejor regalo nos dieron. Fue, realmente, una bendición—, comenta Veliz. 

Pese a este significativo triunfo legal, Véliz reflexiona con cierta tristeza acerca de la falta de reconocimiento hacia la labor docente en Chile.

—La municipalización de la educación fue lo peor que pudo haber ocurrido. El profesor perdió el valor y el respeto que tenía antes —lamenta. 

Para Nelson Véliz, más que una victoria legal, el resultado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un símbolo de justicia para una generación de educadores que dieron su vida a la enseñanza sin recibir a cambio el reconocimiento merecido. Y, aunque se marcó un hito, sabe que la batalla por la dignidad y el respeto hacia su profesión sigue viva. La deuda histórica no es solo económica, sino también un perjuicio moral con un gremio que ha sido históricamente desvalorizado.

Otilia Rojas

Otilia Rojas es una voz incansable en la lucha por la deuda histórica. Con más de cuatro décadas de experiencia en el mundo laboral educativo, la docente normalista ha dedicado su vida no solo a la enseñanza, sino también a exigir justicia para quienes, como ella, han sufrido las consecuencias del traspaso forzoso de los educadores al sistema municipal en 1980.

—El traspaso fue brusco, sin consulta, obligatorio y sin apelaciones; no se podía decir nada, solo había que aceptarlo porque no había otra opción. A nadie se le ofreció la posibilidad de quedarse en el otro sistema. Creo que a todos nos afectó porque, antes de que nos traspasaran, ya estábamos con un déficit tremendo en nuestros sueldos. Desde 1974, se nos habían quitado los trienios, que nos daban un aumento cada tres años, y también un 25% sobre el sueldo base. Todo eso se nos quitó y nuestros sueldos bajaron considerablemente—, recuerda, explicando que esta situación los dejó en una posición económica muy vulnerable.

A pesar de esto, ella continuó enseñando con dedicación ocultando sus dificultades y manteniendo una imagen de estabilidad frente a sus estudiantes.

—Los aumentos fueron mínimos y, desde entonces, los profesores continuamos ganando sueldos muy bajos. Como docentes, debíamos mantener un estatus frente a nuestros alumnos, proyectar una imagen de prestancia y no dejar ver nuestra precariedad. Prácticamente vivíamos en una pobreza disfrazada. 

La vocación fue su inspiración y su incentivo. Sin embargo, al momento de jubilar fue cuando llegó para ella el gran golpe de realidad, enfrentándose directamente con una cotización insuficiente.

—La reacción más grande llega cuando te jubilas porque mientras trabajabas se notaba, pero no era tan evidente. Al jubilarte te enfrentas a una pensión miserable. Ahí es cuando sientes el gran golpe en tu vida, justo cuando más lo necesitas. Te quedas con las manos vacías en lo monetario, aunque el alma está llena de otras cosas. Es esto lo que te perjudica cuando eres mayor, más anciana, más adulta, cuando la salud no es buena y los años te pesan—, expresa con dolor y crudeza, revelando la verdadera magnitud de esta injusticia salarial. 

El activismo es para Otilia Rojas una forma de protesta por todos aquellos profesores que están enfermos y postrados, ya que permite motivarlos para que se organicen, tengan acceso a la información y no se sientan solos. Como vicepresidenta nacional del Departamento de Profesores Jubilados (Deproj) y líder de los Profesores Jubilados de Talcahuano, ha trabajado incansablemente para organizar y movilizar a sus colegas jubilados de todo el país.

La comunidad cuenta con grupos de Facebook y WhatsApp con miembros del norte, centro y sur del país. Esta coordinación les ha permitido encontrar apoyo emocional y fortalecer la unión de un gremio que ha sido marcado por decisiones que se remontan a la dictadura militar.

—He conocido muchas historias de gente que vive muy mal su jubilación, gente que está sola, enferma y que a veces ha tenido que dormir hasta en el Hogar de Cristo —relata visiblemente afectada. Estas experiencias de vida han sido uno de sus motores fundamentales.

La labor de Otilia no se detiene ahí. En 2023, su compromiso la llevó a asumir un nuevo rol como vicepresidenta del Directorio Regional de la Región del Biobío del Colegio de Profesores, ampliando su influencia y visibilidad en la lucha por los derechos de los profesionales de la educación.

—El año pasado me invitaron a participar en el Colegio de Profesores. La verdad es que no era algo que tenía en mis planes, pero ellos valoraron el trabajo que uno hace en las redes y con los profesores jubilados—, cuenta Rojas, donde agrega que esa decisión  se ha convertido en un paso que le ha permitido enfrentar desde dentro las problemáticas del sistema actual. 

Este nuevo cargo le ha presentado retos inesperados, como la necesidad de mantenerse actualizada en un entorno educativo que ha cambiado drásticamente desde que se jubiló en 2017.

—Me he tenido que enfrentar a una realidad educacional totalmente distinta a la que tenía cuando me jubilé —confiesa. No obstante, su perseverancia y disposición para aprender le ha permitido seguir luchando con la misma fuerza que la caracteriza. 

Pese a las numerosas promesas incumplidas por parte de sucesivos gobiernos, Otilia Rojas no pierde la esperanza. El compromiso reciente del Presidente de la República Gabriel Boric de darle una solución a la deuda histórica le ha brindado una cautelosa esperanza.

—Nos dijo que, para él, era una injusticia y que la quería pagar, pero estamos con las mesas, las promesas y los plazos agotados —explica, donde deja en claro que la desconfianza sigue presente. Para ella, esta causa va más allá de una cuestión financiera; es un conflicto por el respeto y el reconocimiento por una vida de servicio y dedicación a la educación. 

Otilia Rojas no solo lidera una batalla por la justicia económica, también representa la dignidad y el espíritu inquebrantable de todos los profesores que dieron su vida al servicio. Su historia es un ejemplo de resistencia, una demostración de que, mientras exista voluntad, la batalla por los derechos no se puede dar por perdida.

 Julia Burgos

Julia Burgos es una profesora jubilada que dedicó 41 años de su vida a la educación. Se ha convertido en una voz firme en la lucha por la deuda histórica de los profesores. Burgos quien se retiró del ejercicio docente en el año 2017 tras enseñar en el Liceo N°1 Javiera Carrera, ubicado en (…),  ha sido testigo de cómo el traspaso de los profesionales de la educación a la administración municipal, ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que marcó el inicio de una disputa salarial que aún permanece sin resolver. 

Julia relata con claridad cómo se dieron los primeros pasos hacia este perjuicio salarial.

—A fines de 1979, el gobierno de Pinochet anunció que, tras muchos años sin reajuste para los empleados públicos, se implementaría un aumento salarial. Se decidió que este reajuste no se pagaría de una sola vez, sino que se dividiría en cuatro cuotas: dos en un año y dos en el siguiente. Llegamos a 1980, cuando se suponía que debían comenzar a pagarse las cuotas. Pero en 1981, se implementó la municipalización, lo que afectó el acuerdo de reajuste establecido por el gobierno de Pinochet en el Decreto Ley 3.551—, recuerda.

En la comuna de Santiago, en particular, la transferencia a la administración municipal ocurrió entre 1986 y 1987, siendo una de las últimas en completarse. Aunque me alcanzaron a dar parte del reajuste, la última cuota nunca se pagó. A pesar de los años de lucha y desilusiones, Julia Burgos no ha perdido la esperanza de que la situación cambie. Con el actual gobierno, ve una pequeña luz al final del túnel.

—Lo que sí hay que reconocer es que este Gobierno propuso empezar con el 25% de los profesores más necesitados, por decirlo de alguna manera. Esto incluiría a los docentes que tienen entre ochenta y noventa años, y también a los que superan los noventa. Además, podría considerarse a aquellos colegas que enfrentan enfermedades catastróficas, como el cáncer, que ya están en una situación crítica o que tienen una expectativa de vida de tres a cuatro años—, explica con una mezcla de esperanza y cautela. Según ella, ninguno de los gobiernos anteriores ofreció algo similar. 

Por otra parte, hay momentos en que esta sensación se desmorona, lo que irrumpe su agotadora realidad. Burgos confiesa que recibe una insignificante pensión de vejez que apenas le alcanza para pagar los fármacos que necesita para sus patologías. Su enfoque está en seguir al pie de la letra sus controles médicos y tomando los medicamentos necesarios. No obstante, no puede ignorar el hecho de que existen colegas que, en situaciones similares, se han visto obligados a recurrir a sus hijos o cónyuges. Ella no cuenta con esa clase de vínculos.

—Hay otras personas que han tenido que socorrer a sus hijos, a sus maridos. En mi caso, no tengo, así que me he tenido que preocupar solo de mí misma. Por decisión personal, no quise tenerlos, y eso me ha permitido mantenerme. No estoy tan perjudicada en comparación con otros colegas, especialmente los profesores de básica, porque yo soy de enseñanza media, de inglés. Nosotros teníamos un poco más de sueldo. Pero tengo amigas y colegas que reciben una pensión de doscientos mil pesos y con eso deben pagar todas sus cuentas. Todo eso—, comenta Burgos. 

Burgos también revela su compromiso con la causa. Pese a los obstáculos, sigue activa en el Colegio de Profesores, liderando el Departamento de Profesores Jubilados Comunal Santiago (Deproj).

—Cada demanda tiene su propia lucha. Y mientras tenga vida y salud, como decimos los viejitos, seguiré participando en el Colegio de Profesores. Actualmente, trabajo en esta trinchera, que son los profesores jubilados y seguiré trabajando por ellos, porque creo que es una causa justa. Poco a poco van surgiendo más necesidades y llegará un momento en que la población adulta mayor se acercará tanto al sector activo, que eventualmente será un 50 y 50. Pero le tocará a otros continuar, porque así son las grandes luchas. Así que sigo activa, sigo participando en el gremio y me gusta ser parte de él—, afirma. 

Al imaginar un futuro donde la deuda histórica sea finalmente saldada, Julia Burgos no oculta su emoción. La posibilidad de justicia para ella y sus colegas, después de tantos años de espera le genera una tremenda satisfacción y alegría. Aunque reconoce que algunos de sus compañeros han perdido la fe y se sienten desilusionados, ella se mantiene firme en su optimismo. Para la docente el verdadero desafío es seguir creyendo en que la reparación llegará, y por eso continúa luchando con la misma determinación que la ha guiado durante toda su vida.

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