Tras identificar en un reportaje anterior el tránsito de diversos funcionarios gubernamentales y militantes de Renovación Nacional hacia la casa de estudios, este medio rastreó los contratos entre el Estado y UA durante las dos administraciones de Sebastián Piñera. En esos periodos, la Universidad Autónoma prestó servicios por más de 1700 millones de pesos. Entre los contratos existen más de 70 órdenes de compra provenientes de municipalidades dirigidas por Chile Vamos.
Más de $446,7 millones se adjudicó la Universidad Autónoma de Chile (UA) por servicios prestados a municipalidades de Chile Vamos y su coalición predecesora, la Alianza por Chile, durante los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera. Pese a que Mercado Público también registra contratos con otros municipios durante dicho periodo, los aportes de aquellos controlados por el conglomerado de derecha representan el 76% de los más de $580 millones transferidos a la casa de estudios durante las dos gestiones de Piñera.
En la primera parte de esta investigación sobre la Universidad Autónoma, Doble Espacio mostró la larga lista de autoridades de Renovación Nacional (RN) y de los gobiernos de Piñera que pasaron rápidamente del servicio público a la casa de estudios. Ahora, este medio identificó todos los pagos a la casa de estudios registrados en Mercado Público durante las dos administraciones de Piñera, que revelan que tres de cada cuatro municipios que contrataban servicios de la Autónoma respondían a los intereses de la coalición gobernante por montos que superan los $446 millones en los ocho años de gobierno del entonces Presidente. Por otra parte, según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, desde 2016 hasta 2022 la UA recibió más de $250 mil millones en aportes de ministerios y servicios cuyos funcionarios, una vez concluidos los gobiernos de Chile Vamos, rápidamente pasaron a la junta directiva de la casa de estudios.
Las municipalidades de Renovación Nacional
Durante las dos administraciones de Sebastián Piñera se firmaron 277 órdenes de compra en Mercado Público por más de $1.700 millones entre instituciones del Estado y la Universidad Autónoma de Chile. De ellas, 98 fueron efectuadas por municipalidades: fueron $585 millones, de los cuales el 76% fue pagado por municipios controlados por Chile Vamos y su antecesora, la Alianza por Chile, principalmente por servicios de capacitación y talleres para funcionarios de dichas municipalidades o servicios dependientes de las mismas.
Entre marzo de 2010 y de 2014 se ejecutaron 171 órdenes de compra con la UA, de las cuales 50 corresponden a contratos con municipalidades. De estos últimos, 12 respondían a Renovación Nacional y 38 al resto de la Alianza. Los municipios liderados por este conglomerado pagaron más de $260 millones a la universidad, lo que equivale al 86% de los ingresos que obtuvo la casa de estudios por los 50 contratos realizados durante ese período.
Sin embargo el protagonismo no es de RN, el partido más influyente en la casa de estudios, sino de la Municipalidad de Talca: en cuatro años, le adjudicó a la UA 19 contratos, equivalentes a más de $170 millones. Entre 2008 y 2016, el municipio estuvo encabezado por el empresario independiente pro-Alianza Juan Castro Prieto, que asumió en 2018 como senador por el Maule. En agosto de 2016 el exalcalde fue formalizado por cohecho, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, y en 2018 el Juzgado de Garantía de Talca aprobó la suspensión condicional de la causa por dos años, tras un acuerdo entre Castro y el fiscal Mauricio Richards.
A su vez, en los cuatro años transcurridos entre marzo de 2018 y marzo de 2022, de las 106 órdenes de compra registradas en Mercado Público, 49 de ellas corresponden a municipalidades, de las cuales 22 responden a alcaldes de Renovación Nacional, desde donde provinieron más de $120 millones. La cifra aumenta a 34 municipios si se considera a los independientes ligados a la coalición y militantes de otros partidos de Chile Vamos, lo que eleva a casi $186 millones las transacciones entre dichas reparticiones y la UA. De estos contratos, 19 se reparten entre dos municipios: Talca y Temuco, encabezados en ese período por los RN Juan Carlos Díaz y Miguel Becker (actual diputado), respectivamente.
Mario Hamuy y Conicyt
La Universidad Autónoma del Sur nació en Temuco, en 1988, y en 2003 se expandió hacia Santiago y Talca, siendo la sede de esta última ciudad el foco de los aportes del Estado. Según detalla el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, la UA comenzó a recibir ingresos de ministerios y servicios públicos recién en 2006, algunos años después de sus competidoras en la Región del Maule: la Universidad de Talca, que comenzó en 2003, y la Universidad Católica del Maule, en 2004.
Hasta 2013, los principales aportantes de la UA eran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), tras un acuerdo firmado en 2006 que abrió un jardín infantil para estudiantes de la Autónoma en Temuco y dio paso al pago de subvenciones, y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), bajo la figura de “entorno para la innovación”. Pero según detalla el registro, en 2014 apareció un nuevo actor: la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), que ese año aportó cerca de $85 millones.
Sin embargo, en 2016 la situación cambió: Conicyt, que en octubre del mismo año comenzó a ser presidida por Mario Hamuy Wackenhut, actual miembro de la junta directiva de la Universidad Autónoma, transfirió más de $370 millones a la casa de estudios (bajo la figura de “fondos concursables”), llegando a representar el 45% del total y desplazando a la Junji como principal pagadora. Gracias a los aportes de Conicyt, en 2018 la UA alcanzó por primera vez más de mil millones de pesos de aporte estatal desde diversos organismos, de los cuales casi 600 millones correspondieron a aportes de Conicyt. Hamuy dejó la comisión a fines de ese mismo año, comenzó a dictar charlas en la Universidad Autónoma al año siguiente, y arribó a la junta directiva de la UA en 2023.
Luego del incremento de recursos fiscales propiciado por Conicyt, en 2019 la casa de estudios daría un nuevo salto: ese año recibió más de $34 mil millones en aportes provenientes de la Subsecretaría de Educación Superior, liderada entonces por Juan Eduardo Vargas, ingreso que aumentó a $75 mil millones en 2020, principalmente bajo los conceptos de gratuidad y becas. En tanto, en 2021 recibieron $65 mil millones, superando ampliamente a universidades privadas con matrículas superiores a la Autónoma.
Jorge Atton y el GORE Araucanía
Similar es el caso del ingeniero electrónico Jorge Atton Palma, que se desempeñó como subsecretario de Telecomunicaciones e intendente de La Araucanía en los gobiernos de Sebastián Piñera y arribó a la junta directiva de la UA en julio de 2023.
El 21 de noviembre del 2018, Atton dejó su cargo de experto en ciberseguridad en el Ministerio del Interior para asumir la dirección del gobierno regional de La Araucanía, ante la salida de Luis Mayol por el estallido del caso Catrillanca. Atton se desempeñó en el GORE hasta el 17 de diciembre de 2019.
Sin embargo, dos semanas antes de dejar su puesto Atton firmó un trato directo entre el gobierno regional y la Universidad Autónoma por más de $51 millones, bajo la ambigua figura de “servicio de consultoría” enfocado en el “fortalecimiento de competencias y capacidades en las municipalidades de La Araucanía”. Ninguna cláusula especificaba el servicio requerido, según acredita un documento del 2 de diciembre de 2019 que “aprueba términos de referencia y autoriza trato directo” con la casa de estudios.
El contrato señala la participación de “un equipo multidisciplinario de profesionales que permita el levantamiento y seguimiento de proyectos” y promete 300 horas de trabajo mensuales entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, fechas de firma y término del convenio.
Luis Castillo: de subsecretario a decano
También tiene participación en estos tratos el exsubsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo Fuenzalida, que se desempeñó en el cargo durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Su firma quedó registrada en el trato directo que se cerró en diciembre de 2018 entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Universidad Autónoma, por casi $ 33 millones, para la especialización de dos médicos en la Región del Maule.
Pese a que lleva la firma del entonces subsecretario, el contrato detalla que se firma en representación del Servicio de Salud del Maule, en una modalidad idéntica al programa Becas Maule, abordado en el reportaje anterior.
En ese momento, solo la Universidad Católica del Maule especializaba médicos en dicho programa, situación que cambió en diciembre de 2019, cuando el doctor Luis Jaime Gaete, director del Servicio de Salud del Maule, firmó el trato que incluyó a la UA en el programa de becas. Gaete es actualmente el vicedecano de la sede en Talca de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Autónoma.
Al momento de la firma del convenio entre la UA y la Subsecretaría de Redes Asistenciales en 2018, Jaime Gaete se desempeñaba como subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud del Maule. En tanto, Luis Castillo abandonó el cargo de subsecretario en julio de 2019 y en octubre de 2021 asumió la dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma.
Estudiante de tercer año de periodismo de la Universidad de Chile. Coordinador de la sección de Ciudadanía y Derechos Humanos
