De entre todos los esfuerzos legales y administrativos que buscaron enmendar esta deuda, uno destaca por su perseverancia y relevancia: el juicio liderado por Giampiero Fava y Ciro Colombara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este proceso no solo puso en tela de juicio la capacidad del Estado chileno para cumplir sus obligaciones, sino que también desnudó las profundas carencias de un sistema legal que, en muchos casos, dejó a los docentes en el olvido.

Para un grupo de 846 profesores que contaban con sentencias a su favor respecto a su derecho de recibir el pago de la asignación especial establecida por el Decreto Ley No. 3.551, cuando vieron agotadas todas las instancias judiciales dentro del país, los tribunales internacionales se convirtieron en la última esperanza. Sus vidas habían estado marcadas por una espera interminable, con promesas que nunca llegaron a concretarse. Lo que comenzó como una lucha local, en tribunales nacionales, con trabas burocráticas y decepciones con distintos gobiernos, eventualmente escaló hasta los más altos organismos internacionales de justicia, simbolizando la tenacidad de los docentes por lo que consideraban un derecho inalienable.

Un camino de piedras

La travesía judicial de estos profesores estuvo marcada por contratiempos e incertidumbres. Las reformas legales, específicamente la modificación del artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley No. 18.695), a través del Decreto 662, jugaron un papel crucial en dificultar el cumplimiento de las sentencias dictadas por el sistema judicial chileno. Este decreto protegía los bienes municipales de embargos lo que en la práctica impedía que los profesores pudieran cobrar lo que legalmente les correspondía. 

—Había sentencias ejecutoriadas, sentencias firmes, que no habían sido cumplidas por estos municipios. Por lo tanto, era bastante evidente que había que darle cumplimiento al tema, no era una discusión —recuerda Giampiero Fava al relatar los obstáculos enfrentados.

La falta de mecanismos eficaces para hacer cumplir las sentencias dejó a los docentes en un limbo legal. A pesar de tener fallos favorables, no había forma de ejecutarlos. Esta situación llevó a que, en 2005, un grupo de profesores decidiera demandar al Estado de Chile ante la CIDH, argumentando que al no proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento de las sentencias, el Estado estaba violando sus derechos fundamentales. Se identificaron tres derechos claves vulnerados: la protección judicial, el derecho a un plazo razonable para el cumplimiento de las sentencias y el respeto a la propiedad privada.

Un nuevo camino sin final

El proceso ante la CIDH fue largo y complejo. Aunque en 2005 la Corte Interamericana admitió el caso, este avance no estuvo exento de nuevos desafíos. Una de las dificultades principales fue la validación de los montos adeudados. Para evitar cualquier margen de duda, los abogados decidieron contratar a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile para que realizara los cálculos correspondientes. Esta medida buscaba asegurar que el Estado no pudiera cuestionar las cifras presentadas durante el juicio.

Por otro lado, la magnitud del caso también representaba un reto significativo, especialmente a la hora de la coordinación. La cantidad de docentes involucrados era considerable, muchos de ellos provenían de zonas rurales, lejanas a la capital, donde quedaba la oficina de sus representantes, y no todos eran cercanos a los medios de comunicación de la época debido a su edad, sin contar la llegada de enfermedades y el cansancio de los años; estos factores hicieron que la recopilación de antecedentes fuera de una tarea monumental.

—La masividad fue un desafío para nosotros —relata Giampiero Fava—. El poder coordinar, recopilar antecedentes y acompañarlos ante el sistema era complejo. La colaboración con los colegios locales y regionales de profesores fue crucial para mantener una comunicación constante y organizada.

Nelson Véliz, uno de los profesores involucrados en el caso, rememoró los momentos de mayor incertidumbre a lo largo del juicio.

—Cuando ya asumimos el trabajo y el compromiso con los abogados de reunir todos los antecedentes, las fichas de cada uno de los profesores que estaban en el juicio, con carpetas, archivos, un material enorme de recopilación de antecedentes para que pueda evaluar el caso. El primer paso luego de eso era ir a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —resalta. Este proceso, aunque extenuante, era la única esperanza que les quedaba para obtener justicia.

Durante una entrevista, Nelson Véliz explicó el desarrollo de la causa en el tiempo que estuvo en la Comisión de la Corte Interamericana hasta que oficialmente subió a la Corte y se dio el veredicto final.

La audiencia decisiva

En 2021, la CIDH finalmente falló a favor de los 846 profesores, determinando que el Estado debía pagarles el monto adeudado en tres cuotas anuales, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con la tasa de interés máxima desde el 31 de julio de 2020 hasta la fecha efectiva del pago. Sin embargo, muchos profesores recibieron esta sentencia con escepticismo. Tras décadas de promesas incumplidas, temían que una vez más el Estado evadiera su responsabilidad.

El profesor Nelson Véliz recuerda cómo la Corte quedó consternada por el tiempo que había transcurrido sin una respuesta satisfactoria.

 —Lo que impactó a la Corte fue la cantidad de años que habían transcurrido sin una respuesta. Pudimos ver y escuchar el relato que hicieron los abogados de defensa del Estado, y para nosotros fue pésimo. Ellos pensaban que no teníamos argumentos. 

A pesar de las dudas iniciales, el Estado sorprendió al realizar el pago completo en una sola cuota, un gesto que fue recibido con alivio por los profesores. La mayoría de los beneficiarios eran normalistas y rurales, muchos ya en edad avanzada, para quienes este pago representa mucho más que una compensación económica. Era un reconocimiento tardío de su lucha por la justicia.

 —Es un acto reparatorio. Es un acto de dignidad importante, muy sustantivo, la mayoría eran profesores normalistas, rurales, por lo tanto, vulnerables socialmente, y también por su edad, sintieron que le habían ganado una demanda al Estado por un tema que ellos consideraban muy legítimo —señala el abogado Giampiero Fava.

Un proceso sin precedentes

Este juicio ante la CIDH no solo marcó un precedente en términos de justicia internacional, sino que también mostró las graves deficiencias del sistema judicial chileno.

Según Giampiero Fava, de las tres vulnerabilidades que se determinaron como probadas, la falta de protección judicial es la más importante, ya que el Estado de Chile no daba la debida garantía de seguridad a sus ciudadanos.

El proceso ante la CIDH recordó la importancia de las instancias internacionales para hacer frente a las deficiencias internas de un país. La batalla por la deuda histórica de los profesores en Chile continúa siendo un ejemplo de cómo, a pesar de la demora y las trabas, la justicia internacional puede abrir caminos que parecían cerrados. Para los profesores que lucharon durante décadas, el fallo representó una victoria que, aunque tardía, reafirmó su derecho a la dignidad y la justicia.

Una batalla ganada, pero no la guerra

A pesar de la victoria en la CIDH, no todos los profesores afectados por la deuda histórica pudieron beneficiarse de esta resolución. Aquellos que no formaron parte de la demanda aún siguen luchando por una reparación. Estos docentes han intentado sin éxito resolver el problema a través de vías judiciales nacionales y han presentado reclamaciones ante organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, no han tenido éxito frente a la postura del Poder Judicial de que no existe tal deuda.

Actualmente, bajo el Gobierno de Gabriel Boric, parece haber una nueva oportunidad para estos más de sesenta mil profesores. El presidente ha prometido buscar una solución mediante un proyecto de ley que establezca un pago parcial a los docentes que no formaron parte del juicio de la CIDH. Aunque este proyecto avanza lentamente, representa una esperanza para los miles de maestros que aún esperan justicia.

En definitiva, la batalla judicial liderada por Giampiero Fava y Ciro Colombara ante la CIDH no solo logró una reparación económica para cientos de profesores, también sirvió como un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer para quienes siguen esperando justicia.

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