Después de más de cuatro décadas de luchas legales y promesas incumplidas, los docentes chilenos finalmente vislumbran una solución a la deuda histórica que el Estado ha mantenido con ellos desde la dictadura de Pinochet. El 23 de octubre de 2024, el Ministerio de Educación presentó una propuesta de reparación que contempla pagos parciales y heredables para más de 57 mil profesores afectados. Sin embargo, la resolución ha generado tanto esperanza como críticas, reflejando la complejidad de una deuda que sigue siendo símbolo de la lucha por la justicia salarial en el país. Esta es la segunda entrega de la serie de reportajes “Desconocimiento y saldo en contra: Una radiografía a la deuda histórica de los profesores en Chile”

 

Reportaje de la serie
“Desconocimiento y saldo en contra: Una radiografía a la deuda histórica de los profesores en Chile”

La transición a la democracia en Chile en 1990 marcó un punto de partida para los profesionales de la educación, quienes finalmente pudieron iniciar acciones legales para reclamar el pago de la asignación especial establecida por el Decreto Ley No. 3.551 de 1980. Estos profesores, con el apoyo del abogado Humberto Franzani, presentaron demandas contra sus respectivas municipalidades. Los tribunales fallaron a favor de la mayoría de los demandantes, ordenando el reconocimiento y el pago del reajuste de empleados públicos.

Sin embargo, a pesar de las sentencias favorables, los pagos no se efectuaron durante más de 25 años. Los municipios argumentaban que carecían de los ingresos y de la responsabilidad fiscal necesarios para cumplir con estas obligaciones creando un punto muerto. Los profesores tenían derecho al pago, pero nadie que les diera una respuesta.

El juicio, que comenzó en 1992 y cuyo fallo nunca se ejecutó, fue retomado por un equipo de abogados encabezados por Ciro Colombara y Giampiero Fava, con la intención de devolver la esperanza a los docentes. La primera fase del proceso consistió en reactivar y desarchivar el caso.

Durante este período, el abogado Humberto Franzani continuó el juicio contra las municipalidades, pero la reforma del artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley No. 18.695) por medio del Decreto 662 complicó aún más el proceso al establecer que ciertos bienes municipales eran inembargables, lo que dificultaba la ejecución de las sentencias.

Este cambio en el decreto impidió que el abogado Giampiero Fava y su equipo recibieran mejores noticias al asumir el cumplimiento de las demandas ganadas por un grupo de profesores y profesoras de distintas comunas.

—Nos enfocamos en 846 profesores de las municipalidades de Vallenar y Chañaral, en el norte, y de Cauquén, Parral, Chanco, y Pelluhue, en la séptima región. Esos municipios eran pobres y no tenían los recursos para cubrir esas deudas. Era como pagar diez años de remuneraciones de una sola vez, lo cual estaba fuera de sus posibilidades—, dijo Fava. —A pesar de algunos intentos de abonar las sumas adeudadas, como en Chañaral y Vallenar, el tema resultó ser extremadamente complejo—, agregó.

—En algún momento, se intentó coordinar para que los municipios demandaran al fisco. Le dijeron al fisco: “¿Sabe qué? Mire, estoy siendo demandado por doscientos profesores por una decisión del Estado, y no me han transferido los recursos para poder pagarles”. Sin embargo, estos juicios también se perdieron porque la corte determinó que la municipalidad formaba parte de un régimen distinto dentro de la Administración del Estado y, por lo tanto, no podía asumir esa responsabilidad —comenta  Giampiero Fava.

Una nueva oportunidad

Ante la falta de soluciones, 846 profesores de diversas comunas demandaron al Estado en 2005, apoyados por dos estudios jurídicos. La demanda se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en un símbolo para quienes aún luchaban por sus derechos. Dos docentes representaron a los demandantes ante la CIDH y la causa fue admitida. Este avance trajo consigo nuevos desafíos, como la necesidad de contar con profesionales que validaran las estimaciones de montos adeudados. Para ello, se contrataron los servicios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

El abogado Giampiero Fava destaca el incumplimiento de tres garantías cruciales por las que decidieron iniciar acciones legales en contra del Estado. La garantía más importante que se le negó a los profesores fue la protección judicial.

—Es impresentable que un Estado no le reconozca los derechos a los ciudadanos para hacer cumplir los fallos. Tú tienes una sentencia en tu mano, pero ni el mismo Estado que es parte de los tribunales de justicia donde se dictó la sentencia las puede cumplir.

Las otras garantías por las que alegó la parte demandante se relacionan con la falta de un plazo razonable para cumplir las sentencias y la vulneración a la propiedad privada—, comentó Fava.

—Cuando tú tienes una sentencia en tu mano, eso es parte de tus activos, es parte de tus saberes. Una sentencia judicial es un título ejecutivo. Tiene el mismo rango que tú tuvieras una escritura pública o un pagaré —explica Fava—. Es importante entender el peso de esta sentencia en relación con la economía de los afectados, por este motivo se le dice al Estado que debe pagarle a los profesores e incluso a sus herederos. Este monto pendiente es parte del haber sucesorio que dejaron los y las docentes que ya fallecieron o que, lamentablemente, pueden fallecer antes de recibir sus respectivos pagos—, agregó.

Un ejemplo del costo personal que ha significado la deuda histórica desde sus inicios es el de la profesora Funglan Chap, quien comenzó su labor docente en 1973 y recuerda cómo, en 1981, muchos profesores esperaban el aumento salarial prometido.

—La situación era tal que, como el dinero iba a repartirse entre todos los empleados públicos, nos dejaron fuera, nos apartaron, nos ignoraron y nos dejaron sin nada. Pasamos unos 15 o 16 años con sueldos miserables. Todo lo comprábamos a plazos: una televisión a plazos, una estufa a plazos, incluso una camisa nueva. Si nos comprábamos un par de zapatos, no podíamos comprar una cartera. Teníamos que esperar al mes siguiente, endeudarnos más, para poder pagar—comenta Funglan Chap. 

Menciona que estos escasos sueldos llevaron a muchos de sus colegas a tener más de un trabajo o tomar turnos extras para poder llegar a fin de mes, por lo que no podían dedicar mucho tiempo a su vida familiar y personal.

 —La deuda me dejó eternamente sin plata. El sueldo de la AFP se achicó, nunca creció. Y al final mis aportes a la AFP fueron de treinta o cuarenta millones en total. Por eso yo les digo ahora a mis hijas que si me pagan lo que sea de la deuda histórica yo se los dejo. Todo eso se los debo a ellas—finaliza Chap.

Además, durante este segundo proceso legal, muchos de los docentes eran adultos mayores que ya no contaban con un buen estado de salud y debían ir a firmar mandatos para que los abogados los representaran ante la Corte. 

—Algunos colegas llegaban en silla de ruedas, y en ciertos casos, la notaría tenía que ir a sus domicilios porque estaban postrados. Fue una situación realmente difícil para nosotros; nos hubiese gustado que el periodismo de la época hubiera documentado los hechos, y que la clase política presenciara el grave deterioro en la salud de muchos profesores —relata Nelson Véliz, uno de los docentes que formó parte de la demanda contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2021, la CIDH falló a favor de los 846 profesores, estableciendo que el pago de los montos reconocidos por la sentencia deberían realizarse en tres cuotas anuales a las personas indicadas, comenzando un año después de la notificación de esta. Los montos se actualizarían tomando en cuenta el IPC y la tasa de interés máxima desde el 31 de julio de 2020 hasta la fecha efectiva del pago, según lo estipulado en el artículo 63 del Código de Trabajo. Una vez que el Estado determinara los montos individuales, tendría que informar rápidamente a los beneficiarios y sus representantes. 

A pesar de tener el fallo a favor, muchos profesores tenían miedo de que nuevamente no se diera cumplimento a la sentencia o no en su totalidad, esa gran ansiedad fue apaciguada cuando el Estado decidió realizar el pago en una sola cuota.

¿Qué pasó con los profesores que no formaron parte de la demanda? 

Después de intentar resolver el tema de la deuda por la vía judicial sin mucho éxito, a partir de 2002, los docentes llevaron su caso al Parlamento Nacional y presentaron reclamaciones ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Poder Ejecutivo, respaldado por la Contraloría General de la República, argumentó que no existía deuda alguna, ya que la asignación en cuestión estaba destinada a funcionarios públicos, y los profesores, al depender de las municipalidades, no podían considerarse empleados del Estado. Sin embargo, el Congreso a través de una Comisión Especial reconoció la existencia de esta deuda.

La Comisión de la Cámara de Diputados determinó que el número total de afectados por la deuda histórica del magisterio asciende a 84.002 personas, y el monto de la misma a 9.133 millones de dólares hasta 2021.

A pesar de contar con ese reconocimiento, a lo largo de los años los docentes que siguen exigiendo un pago justo por la deuda histórica han sido objeto de críticas por parte de figuras políticas y de la comunidad. Además, han enfrentado múltiples decepciones de distintos mandatarios. La Diputada Mónica Arce, miembro de la Comisión de Educación se refirió a este asunto.

—La deuda histórica lamentablemente es el reflejo fiel del desprecio que, desde la dictadura, ha existido en nuestro país hacia los trabajadores de la educación. Ningún gobierno, desde el retorno a la democracia, ha abordado seriamente esta problemática; por el contrario, han utilizado el sufrimiento financiero de la mayoría de los adultos mayores para obtener créditos electorales —explica Arce.

Las últimas actualizaciones sobre avances legislativos 

Dentro de las promesas de campaña del actual presidente Gabriel Boric, se encontraba darle solución a la deuda histórica que el Estado de Chile ha guardado con los profesores por más de cuarenta años. Para demostrar su compromiso se reunió con representantes por medio de una videoconferencia en Zoom. Esta promesa y otras de su programa de gobierno le concedieron el voto de un grupo considerable de docentes, quienes tenían fe en que una nueva cara podría darles al fin una solución tangible.

Durante el primer año de su mandato se mostró comprometido con el avance de una reparación. En este contexto, el Ministerio de Educación lanzó la plataforma registrodocentestraspasados.cl, que permite a los profesores verificar, utilizando su RUT y clave única, si forman parte del listado de cerca de 76 mil afectados. Este listado fue elaborado entre 2016 y 2017, pero no incluye a todos los docentes, ya que algunos decretos de traspaso estaban en condiciones ilegibles. Sin embargo, aquellos que no estaban registrados pudieron solicitar su inclusión a través de esta plataforma.

En su cuenta pública del mismo año, el presidente Boric también aseguró que presentaría un proyecto de ley para una indemnización monetaria de la deuda histórica ​​antes de finalizar el año, lo que finalmente no se concretó.

Al año siguiente, durante su cuenta pública 2023, el jefe de Estado explicó que no contaban con los recursos necesarios para efectuar el pago, pero que tenían planeado solucionar este problema con la aprobación de la reforma tributaria. No obstante, la reforma no fue aprobada, ya que fracasó en el Congreso en marzo de 2023, lo que dejó al Gobierno sin una parte significativa del financiamiento que esperaba utilizar.

Este cambio generó malestar en el Colegio de Profesores, cuyo entonces presidente, Carlos Díaz, expresó que el mandatario debía buscar otras fuentes de financiamiento, destacando que los profesores afectados no podían esperar más. Además, recordó que la promesa original del mandatario fue enviar el proyecto en diciembre de 2022, lo que no ocurrió. Sin embargo, en un acto inédito, el Presidente se reunió en La Moneda el 15 de marzo de 2023 con representantes del gremio para discutir el tema, aunque sin concretar un plan o fecha para el proyecto, lo cual fue un rayo de esperanza y pulió algunas asperezas.

Esta promesa, que fue incumplida en dos ocasiones, finalmente dio indicios de avanzar en octubre de 2024, ya que se le puso fecha a un proyecto de ley que ha sido aplazado en los últimos meses. El Colegio de Profesores de Chile informó que la mesa nacional se reunió con el ministro y la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arriata, para discutir avances en la reparación de la deuda histórica docente. En ese encuentro se puso como fecha oficial el 14 de octubre de 2024 para la presentación de un proyecto de ley que detallaría los montos, plazos y características de la reparación prometida por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Una vez presentada la propuesta, se realizaría una consulta nacional entre los profesores afectados, cuyos resultados definirían la postura oficial del gremio frente a la iniciativa gubernamental. La consulta se organizaría días después del 14 de octubre, y, en caso de ser aprobada por los docentes, el Ministro de Educación aseguró que el proyecto de ley sería ingresado al Congreso con el objetivo de que sea tramitado dentro del año legislativo 2024, cuyo término está previsto para enero próximo.

—Durante todo este período, ha existido un diálogo permanente de las autoridades ministeriales con los representantes gremiales de los docentes, a fin de entregar información respecto del estado de situación de esta iniciativa, y para recibir comentarios provenientes desde el Colegio de Profesores sobre la materia—, destaca la subsecretaria Arriata. 

Si bien esto ha mantenido la fe de muchos docentes en la promesa del presidente Boric, la deuda histórica continúa siendo un tema emblemático en la lucha por los derechos de los trabajadores en Chile, con muchas batallas libradas a las que esperan poner fin este año.

Llegó el día esperado y, nuevamente, la promesa no se cumplió. No hubo ninguna noticia por parte del Gobierno, lo que generó molestias en el gremio y en todos los docentes que estaban atentos a una resolución. Durante la tarde del día siguiente, fue lanzada la propuesta, aún incompleta en términos de plazos, pero con un monto definido: entre cuatro millones y medio y cinco millones de pesos sería el pago que se entregaría a cada uno de los profesores y profesoras inscritos en la nómina. Además, este se realizaría a la totalidad de los docentes, un detalle muy importante, ya que en las primeras conversaciones se había hablado de pagar solo a un 25% del total de afectados o a los casos más urgentes, lo que no fue bien recibido.

Según Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, sería un pago único para cada docente, pero no se les entregaría a todos al mismo tiempo. Se les indicó que serían divididos en grupos, y a cada uno le correspondería el pago en un año distinto, es decir, un grupo por año hasta completar los pagos. No obstante, esto aún no estaba completamente definido. También aclaró que la propuesta completa, con todos los detalles de plazos y grupos prioritarios, se les informaría el lunes 21 de octubre, en una reunión con la Dirección de Presupuesto (Dipres). Asimismo, el líder gremial dejó citados a los profesores a una consulta, que se realizaría el 28 y 29 de octubre con el objetivo de aprobar o rechazar la propuesta.

El 23 de octubre el Ministerio de Educación presentó oficialmente la propuesta de reparación de la deuda histórica, a pesar de que inicialmente se había anunciado para el 21 de dicho mes. El documento establece un pago de cuatro millones y medio para cada afectado vivo, con prioridad para los de mayor edad. Los pagos se realizarán en dos cuotas anuales, en octubre y enero de cada año, y serán distribuidos en seis años desde octubre de 2025 hasta enero de 2031.

Además, el proyecto incluye la heredabilidad del beneficio, permitiendo que las familias de los docentes que fallezcan durante el proceso puedan recibir el pago. La reparación está destinada a 57.560 profesores registrados en las bases de datos del ministerio, con un costo total de 259 mil millones para el Estado. Esta medida se considera un hito histórico, ya que es la primera vez que un gobierno ofrece una solución concreta para compensar económica y simbólicamente a los profesores por este perjuicio salarial de más de 43 años, avanzando en uno de los compromisos prioritarios del Presidente Gabriel Boric.

El proceso de votación para la consulta se llevó a cabo de manera continua en los días previamente acordados. Esta se realizó de forma electrónica a través de un servicio de votación electrónica que garantizó un acceso ágil y seguro para los más de 27 mil personas habilitadas para participar. Asimismo, se instalaron computadores y personal capacitado en cada sede comunal y local asignada, así como en las regionales y nacionales para asistir a aquellos que no estaban familiarizados con el sistema o no contaban con medios tecnológicos para acceder a la votación. La Mesa de Ayuda estuvo disponible por teléfono y correo electrónico para resolver cualquier duda que pudiera surgir durante el proceso.

La convocatoria fue impulsada por el Directorio Nacional del Colegio de Profesores, que enfatizó la importancia de que todos los perjudicados expresaran su opinión sobre la propuesta de reparación. El proceso contó con un alto porcentaje de participación, donde el 82,04% de los votantes, equivalente a 22.323 docentes, respaldaron la iniciativa, mientras que un 17,76% (4.832 votos) se manifestó en contra. 

No obstante, los resultados han sido objeto de críticas por parte de algunos sectores del profesorado que exigían un pago completo en lugar del monto propuesto. Esta votación no solo refleja el compromiso del gremio docente con su causa, sino que también establece un precedente y una posible conclusión a una de las luchas más grandes por el reconocimiento y la justicia en el ámbito educativo en Chile.

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