Rodrigo Mora, profesor de la cátedra Derecho a la comunicación y Libertad de Expresión FCEI comparte su opinión en torno al estado de la transparencia en Chile

Hace muchos años, la transparencia de los actos de la administración pública se constituyó en una parte clave de una especie de consenso modernizador de los nuevos estados democráticos, después de la ola autoritaria, ansiosos por fortalecer los derechos individuales como la libertad de expresión.

Si eso se combinó con una serie de reformas a la administración del estado, en muchos países se generó una ola virtuosa que permitió mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente en materia de trámites. La información disponible hizo por ejemplo que las personas pudieran postular a cargos públicos de manera abierta, descargar datos propios e incluso de terceros en el registro civil o postular a licitaciones. Nada de eso era posible antes.

Han pasado más de 25 años desde que esa mirada modernizadora se inició. En 2009,  entró en vigencia la ley de acceso a la información publica, poniendo a disposición del público actos, documentos y sobre todo datos disponibles en las páginas web de transparencia activa de los órganos de la administración del estado tiene millones de datos; además, un muy eficiente consejo para la transparencia puede amparar el derecho de solicitar información de miles de organismos.

Pero otra pregunta es si esta información, sin duda muy importante, puede necesariamente colaborar en el fortalecimiento de la democracia representativa. Si la revelación de información relevante venía en un principio con una promesa de igualdad y confianza, ahora entre expertos hay  cautela y, en casos extremos, pesimismo a la hora de valorar la abundancia de datos disponibles para los ciudadanos.

Los profesores de la Universidad de Harvard, Archon Fung y Elena Fagotto, señalan que, cuando hay un exceso de información, a menudo se ignora, o bien no causa los efectos deseados al momento de darla a la luz. Para ser eficaces las políticas de transparencia deben ser relevantes para tomar decisiones importantes, como el voto informado o prevenir los conflictos de intereses; deben ser entendibles y deben ser abiertas para que puedan analizarse de manera agregada.

Surge entonces una tarea.

De toda la inmensidad de información a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, el etiquetado de alimentos o las cuentas de la luz, hay alguna ciertamente esencial para el periodismo: aquella relativa al fortalecimiento de la democracia, y específicamente el control social. La prensa libre es un pilar adicional a un esquema que considera a una  saludable sociedad civil y a mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Eso hace pensar profundamente el rol del periodista en la discusión democrática. Un periodismo que entienda que la mirada experta o especialista ya no está siendo considerada en demasía, creando verdades alternativas por doquier; y que, frente a la abundancia de información, debe asumir una curaduría que, al igual que en un museo, dé sentido a la discusión pública frente a la fragmentación del espacio público democrático propia de esta era.

Es solo una mirada sistémica en el ejercicio de la investigación periodística con datos la que aquí puede traer beneficios a lo público. Debe considerarse también el desafío obvio, que a veces puede ser desalentador: que siempre, en el camino, estaremos corrigiendo el rumbo para enfrentar nuevas crisis que, por la naturaleza de las sociedades, asomarán a la política.