La primera entrega de esta serie reportaje explora los antecedentes de la deuda histórica de los docentes en Chile, desde la tradición normalista hasta los cambios en el sistema educativo durante la dictadura. Se analiza cómo este proceso afectó a los derechos laborales de los profesores y cómo originó una lucha que continua hasta hoy.
Reportaje de la serie
“Desconocimiento y saldo en contra: Una radiografía a la deuda histórica de los profesores en Chile”
Escuelas Normales: La cuna de la educación chilena y su legado en la lucha docente
La importancia de reconocer la labor docente se remonta a la creación de las Escuelas Normales en nuestro país, ya que muchos de los profesionales de la educación que continúan luchando por el pago de la deuda histórica se formaron en estas instituciones, las que promovían una educación integral al servicio de la comunidad.
En sus primeros años, la educación primaria chilena se basó principalmente en el modelo de las Escuelas Normales. Fundadas en 1842, estas siguieron la fórmula desarrollada en Francia por el sacerdote Jean-Baptiste de La Salle y plasmado en la Escuela Normal Superior gala de 1794. Estas se desarrollaron en Chile hasta 1970 con el propósito de formar docentes para los primeros años de enseñanza.
Miguel Gimeno, profesor e investigador de la Universidad de Santiago y encargado del proyecto José Abelardo Núñez (JAN) que buscó acercar a los estudiantes universitarios a la historia normalista, menciona que previo a la creación de este tipo de establecimientos educacionales, el oficio de enseñar estaba relegado a quienes habían sido castigados por la sociedad.
—Antes de la creación de la Escuela Normal, quienes eran profesores eran personas castigadas. Si cometías un delito, te mandaban a hacer clases. Como no daba abasto la cantidad de docentes, se hizo un esfuerzo por profesionalizar la enseñanza y se lanzó una convocatoria. A esa primera convocatoria llegaron muy pocos interesados en ser docentes, y es curioso que aunque no todos terminaron, quienes se presentaron apenas sabían leer y solo sabían un poco más que los niños a los que debían enseñar. Ese era el perfil inicial de los primeros maestros—, dijo Gimeno.
Fue durante la presidencia de Manuel Bulnes que, por el decreto del 18 de enero de 1842, se creó la primera Escuela Normal de Preceptores, que abrió sus puertas en Santiago el 14 de junio del mismo año bajo la dirección de Domingo Faustino Sarmiento. Doce años después, se creó la primera Escuela Normal de Preceptoras encabezada por las Monjas Francesas del Sagrado Corazón, un hito fundamental que contribuyó a la incorporación de la mujer al mundo profesional.
La Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez (JAN) fue la primera institución normalista en Chile y Latinoamérica. Fundada en 1842, funcionó en el actual Sector 8 de la Universidad de Santiago desde 1892 hasta 1974, año en el cual fue cerrada mediante decreto militar y traspasada a la Universidad Técnica del Estado.
Las Escuelas Normales tuvieron un papel crucial en la historia del sistema educacional, convirtiéndose en el centro gravitacional de la educación primaria al formar a maestros y maestras de las escuelas fiscales del país.
—Es importante destacar que el aporte del normalismo en su tiempo y contexto fue notable. No solo brindó a la gente del pueblo la oportunidad de ejercer una profesión, sino que también fue fundamental para expandir y masificar la educación a nivel nacional. Con la Ley de Instrucción Primaria, a principios del siglo XX, la educación primaria se volvió obligatoria. Sin la cantidad de profesores normalistas que se habían formado, esa ley hubiera quedado en blanco, porque no habrían tenido suficientes docentes para implementarla—explica Gimeno, quien a partir de su tesis de pregrado, investigó este tema y su vinculación con su carrera de Pedagogía en Educación General Básica.
—A nivel nacional, fueron claves para formar a las generaciones. En ese tiempo, la única formación para la enseñanza primaria la recibían los normalistas; todos los profesores de básica de esa época provenían de las Escuelas Normales —comenta el académico.
En 1920, existían dos tipos de Escuelas Normales: las urbanas y las rurales. Ambas recibían a sus estudiantes a los catorce años de edad y su formación académica tenía una duración de seis años: cuatro de cultura general y dos de ciclo profesional en formato de internado. Para 1953 había 17 Escuelas Normales: siete urbanas, siete rurales y tres particulares.
Una de las principales características de estas instituciones era el profundo compromiso de sus profesionales con la labor educativa, personificando la imagen de un docente que acompañaba y se sacrificaba por sus alumnos. Esto se reflejaba en la cantidad de horas que trabajaban y el poco salario que recibían a diferencia de otros colegas.
—El sello de los normalistas es que se sienten muy comprometidos con lo que fue su Escuela. Básicamente, se les inculcaba lo que tiene que ver con el “alma mater”, es decir, sentirse parte de una institución —explica Miguel Gimeno—. Otro factor importante que genera este sello es que a diferencia de nosotros que ingresamos a la universidad a los 18 o 19 años, ellos ingresaban a las Escuelas Normales después de la primaria, a los 14, 15 o 16 años. Finalmente, a los 18 ya eran profesores. Por lo tanto, en esos años tan claves de la adolescencia, ellos estaban formándose para ser docentes. Esto les generaba un sello muy distintivo en su labor —, agrega.
No obstante, la deficiencia más destacable de las Escuelas Normales fueron sus serios problemas estructurales que a lo largo del siglo XX se volvieron cada vez más evidentes. Durante esos años, se plantearon una serie de proyectos que promovían su transformación, e incluso algunos que sugerían su cierre, ya que se responsabilizaba al normalismo de aumentar la brecha entre las instituciones que formaban a maestros de educación primaria y a profesores de educación secundaria.
Con el intervencionismo de Estados Unidos y la profunda crisis que estaba experimentando la educación a principios de 1960, se intentó poner en marcha el «Planteamiento Integral de la Educación Chilena», una estrategia que se encontraba dentro del programa de ayuda económica y social para América Latina dirigido por el presidente estadounidense John F. Kennedy denominado “Alianza para el Progreso”.
Este proceso significó para las Escuelas Normales la aplicación de nuevos planes de estudios que permitieron a los egresados de Humanidades obtener el título de maestro, cursando solo tres años de estudios en estas instituciones. Asimismo, la Reforma Educacional de Eduardo Frei Montalva en 1965 se enfocó en modernizarlas y transformarlas en instituciones postsecundarias. Esto incluyó la implementación de un curso especial de Formación de Profesores Primarios por parte de la Universidad de Chile y otras instituciones de educación superior, lo que contribuyó a su deterioro.
Con el tiempo, los “normalistas” llegaron a ser conocidos como Profesores de Estado en Educación General Básica.
El cierre definitivo de las Escuelas Normales ocurrió tras el golpe de Estado cívico-militar, cuando sus actividades fueron suspendidas debido a que la Junta Militar las consideraba como “bastiones marxistas”. El 10 de diciembre de 1973, se declaró en reorganización la enseñanza normal y se le encomendó a una comisión de especialistas la elaboración de un informe en un plazo de 90 días. Este recomendó que la formación de profesores de educación básica quedara bajo la exclusiva responsabilidad de las universidades.
Finalmente, en marzo de 1974, se promulgó el Decreto Ley No. 353, que ordenó el cierre definitivo de las Escuelas Normales, poniendo fin a una era de más de un siglo en la formación del profesorado chileno.
El edificio principal de la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez fue demolido entre 1985 y 1986. Persisten el ala oriente (salas de Arquitectura, Filosofía y Educación) y poniente (Departamentos de Educación y Filosofía), la ex Escuela República de Venezuela y el Gimnasio y Comedor de la JAN (Escuela de Arquitectura). Hoy el sector es conocido popularmente como “Jotabeche”
Donde todo comenzó
El fin de las Escuelas Normales marcó un antes y después en la educación. Sin embargo, durante la década de 1980, se produjo una profunda intervención de la educación pública que resultó en una desconcentración basada en los principios del neoliberalismo. Estas reformas, tanto en términos económicos y sociales, implementaron una nueva forma de enfrentar el desarrollo de la sociedad chilena y sus políticas económicas.
Entre 1860 a 1920, se construyó y consolidó el “Estado docente”. Este modelo estableció la obligación del Estado de convertirse en el sostenedor de la educación, en respuesta a las demandas de nuevos grupos sociales que evidenciaron las carencias de la normativa existente.
Durante gran parte del siglo XX, se incursionó en diversas estrategias para impulsar la educación. Como uno de sus últimos defensores, el gobierno de Salvador Allende buscó implementar, en 1971, una nueva reforma conocida como la Escuela Nacional Unificada (ENU), cuyo objetivo era lograr la igualdad de oportunidades para la incorporación y permanencia en el sistema educacional de todos los niños y jóvenes.
En ese contexto, la ENU formaba parte de un proyecto educativo revolucionario, diseñado para expandir el acceso a la educación a todas las clases sociales, establecer nuevas estructuras y un sistema que involucrara a maestros, trabajadores, padres, apoderados, estudiantes y a la comunidad organizada. Esto, para que formaran parte de la co-dirección, co-administración y planificación científica del desarrollo educativo. No obstante, tras el golpe de Estado, esta iniciativa no pudo concretarse y los últimos esfuerzos por mantener con vida el Estado docente se desvanecieron.
En su lugar se adoptó un rol subsidiario del Estado, transfiriendo responsabilidades a los gobiernos locales. Como resultado, la administración de las escuelas públicas pasó a manos de los municipios del país, se implementó un sistema de financiamiento basado en una subvención por cada estudiante y se creó la figura del “sostenedor educacional”, encargado ante el Estado de la administración del centro educativo.
En cuanto a la política de traspaso a las municipalidades y su aplicación, se estipuló que se procedería de forma gradual, previa una fase de experimentación y la correspondiente evaluación de los primeros resultados. Sin embargo, el traspaso no se realizó de forma continua; durante 1981 se avanzó rápidamente, pero, a comienzos de 1982, se anunció que el proceso se detendría debido a razones presupuestarias que dejaron al Estado sin recursos para seguir con el traslado. Este fue reanudado y completado a inicios de 1983.
La municipalización resultó en la transferencia de los edificios, equipos y personal de los establecimientos preescolares, básicos y medios desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. Como consecuencia, los docentes pasaron a estar sujetos al Código del Trabajo, lo que significó que su régimen previsional, así como los sistemas de reajustes y salarios, se regirían por las normativas del sector privado.
Patricia Garzo, profesora normalista, exonerada, presa política y líder de la Agrupación de Profesores y Profesoras Afectados por la Deuda Histórica, relata cómo se llevó a cabo esta modificación y las consecuencias negativas que trajo a su vida, al perder su condición como empleada fiscal y ver cómo el aumento salarial que le habían prometido se destinó a otros fines.
—En 1981, éramos empleados fiscales porque existía el “Estado docente”. El Estado era el responsable de la educación de todos los chilenos; era gratuita, obligatoria y laica. Como pertenecíamos al Estado, éramos empleados fiscales, y en ese año el sueldo era muy bajo. Entonces, el gobierno dijo: “Vamos a aumentar el sueldo base de los empleados fiscales en un 90%”, y lo aumentaron. Pero a nosotros nos pagaron ese aumento solo por dos meses y luego nos traspasaron a las municipalidades. La plata llegaba, pero los alcaldes no nos la entregaban; la destinaban a otros gastos, porque ya no éramos empleados fiscales, sino municipales. De ahí viene esa deuda: nos deben 90 millones de pesos a cada uno—, comenta Garzo.
Patricia Garzo, profesora normalista y líder de la Agrupación de Profesores y Profesoras Afectados por la Deuda Histórica
La deuda histórica tiene su origen en este traspaso que llevó al incumplimiento del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, que establecía una asignación especial no imponible para el personal educativo dependiente del entonces Ministerio de Educación Pública. Esto provocó que aquellos profesores que fueron transferidos de la administración central del Estado a las municipalidades no recibieran esta asignación.
El abogado Giampiero Fava, quien representó a los profesores y herederos que demandaron al Estado y llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este perjuicio salarial que persiste desde hace cuatro décadas, explica por qué debe considerarse como una deuda.
—En 1981, se dictó el Decreto Ley 3.551, cuyo objetivo era reajustar las remuneraciones del sector público, que no habían sido modificadas durante toda la dictadura con las crisis del petróleo y otras dificultades de la década del 70. Este decreto significó aumentos de hasta el 95% en su sueldo base. Sin embargo, el mismo año en que se dicta este decreto y se otorga la asignación, los profesores fueron municipalizados, dejando de depender del Ministerio de Educación y derivándolos a los municipios de manera obligatoria. Por lo tanto, les dejaron de pagar los ingresos correspondientes al reajuste. Es una situación realmente injusta, porque, aunque eran funcionarios públicos cuando se dictó el decreto, a los pocos meses perdieron nuevamente su poder adquisitivo. Por eso, se le llama deuda histórica — explica Fava.
La valoración de la labor docente no es únicamente una cuestión de justicia; es, además, un recordatorio de la importancia de la educación y de quienes, desde sus inicios, han dedicado su vida a enseñar. Al reflexionar sobre la deuda histórica, se debe entender que no se trata únicamente de un ajuste salarial pendiente, sino de una reivindicación del rol fundamental que los profesores han jugado en la construcción del país.
Así, la primera parte de este reportaje, no solo recapitula el pasado, sino que también plantea una interrogante crucial: ¿Cómo honramos el legado de aquellos que dieron todo por la educación?