El pasado 11 de septiembre, la Tercera Sala de la Corte Suprema sentenció al empresario agrícola Gonzalo Heise Reyes a restablecer gran parte de las colmenas de abejas de su vecino apicultor, Andrés Rojas, que murieron por el mal uso de plaguicidas en la Región de Los Ríos. Esta resolución vuelve a poner en la palestra pública el daño que el uso indiscriminado de insecticidas, plaguicidas y otros productos de fumigación tienen en el mundo apícola. “Es un fallo muy valiente”, reflexiona Rojas sobre el primer veredicto de este tipo en Chile y Latinoamérica.

En el sector de Pelchuquín, comuna de San José de Mariquina, Región de Los Ríos, Andrés Rojas junto a su esposa Nilda San Vásquez, llevaban una vida sin mayores sobresaltos. Desde 2009, el matrimonio había desarrollado una microempresa apícola, con el objeto de cosechar miel y otros subproductos de las abejas Apis melífera, así como prestar servicios de polinización en cultivos de frutales menores de la zona, según indican en la demanda ingresada en 2019 al Tercer Tribunal Ambiental. 

En octubre de 2015, su vecino, Gonzalo Heise Reyes –que mantenía un cultivo de canola–, le avisó a Andrés que realizaría una fumigación en su producción agrícola el día 9 de octubre. Esto, con el fin de que Rojas pudiera tapar sus colmenas productoras y que así no se vieran afectadas las abejas. Sin embargo, el procedimiento no se desarrolló en la fecha conversada sino que un día después, cuando  el apicultor ya había destapado las colmenas para que las abejas pudieran continuar con su habitual proceso polinizador. 

Según la demanda interpuesta, mientras se realizaba la fumigación, el matrimonio intentó persuadir a Heise para que suspendiera la aplicación. No obstante, según el mismo documento, este no accedió a la petición manifestando que no se haría responsable de lo que sucediera. Esta mala maniobra generó la muerte de aproximadamente 15 millones de abejas, agrupadas en 187 colmenas –de 80 mil abejas cada una– pertenecientes al matrimonio Rojas–San Vásquez.

A raíz de esto, y a pesar de su dificultad por encontrar un abogado que llevara el caso –que finalmente asumió el abogado Vladimir Riesco Bahamondes–, Rojas ingresó una demanda en el Tercer Tribunal Ambiental. Este último trasladó la causa a la Corte Suprema para su resolución. Así, el pasado 11 de septiembre, el máximo tribunal falló a favor del matrimonio Rojas–San Vásquez y sentenció a Gonzalo Heise Reyes a reponer, en el plazo de un año, 30 mil abejas por cada colmena, de un total de 187 afectadas. 

—Tenemos entendido que este es el primer fallo de este tipo en Chile y en Latinoamérica. Va a servir para los futuros casos, antes todo era crear impunidad—, dice Mario Flores, presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile (Monachi). 

Por su parte, Rojas comenta que las dificultades económicas que surgieron a raíz del suceso lo obligaron a no bajar los brazos hasta encontrar ayuda judicial.

—La mirada de mi pequeña hija fue lo que me impulsó a seguir—, reflexiona Rojas en conversación con Doble Espacio. 

La situación de las abejas

El producto aplicado en este proceso de fumigación, según la sentencia de la Corte Suprema, fue una solución preparada por el demandado, con el plaguicida Prosaro 250 EC y el fertilizante Solubor. El presidente de Monachi afirma que estos productos son “populares” en el mundo agrícola. De acuerdo con información del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), en Chile el plaguicida Prosaro 250 EC tuvo una venta de 36.911 litros durante el 2023.

De acuerdo con el fallo, la legislación de la época obligaba al responsable de este tipo de plaguicidas a avisar con, a lo menos, 24 horas de antelación a la comunidad de la fecha, hora y medidas de seguridad ante el proceso de fumigación. Situación que en el caso del matrimonio Rojas–San Vásquez no fue así, pues la fumigación no se realizó en las fechas informadas. 

—La persona (Gonzalo Heise) no procedió correctamente y significó la pérdida de la totalidad de las colmenas—, afirma Mario Flores de Monachi.

Si bien el plaguicida afectó solamente a los primeros niveles de los cultivos, en estos vivían las abejas “obreras pecoreadoras”. Según información presentada en la sentencia de la Corte Suprema, estas son las que salen de la colmena a recolectar polen, néctar, agua y propóleos, por lo que su afectación tuvo como consecuencia directa la muerte de la totalidad de las abejas,  ya que se quedaron sin alimento. 

La polinización no solo afecta la vida de las abejas, sino que a todos los ecosistemas en que estos insectos actúan como polinizadores. 

—Este proceso es clave porque la agricultura y las abejas constituyen la base polinizadora y la soberanía alimentaria en Chile. Sin abejas no hay producción agrícola, frutícola, semillera. La extinción o disminución de estas conlleva serios riesgos para la producción alimentaria en Chile y en el mundo—, dice Mario Flores.

En esa línea, el presidente de los apicultores advierte que existen casos de intoxicación apícola y humana a raíz del mal uso de plaguicidas a lo largo y ancho de todo Chile, y que es un tema que debería preocupar a la ciudadanía. 

Uno de estos casos es el de Rosa Orellana, apicultora de la Región del Maule que llevó a la justicia  la muerte completa de 180 colmenas que ella mantenía en su propiedad, una pérdida que estimó  en 100 millones de pesos. Además, la mujer acusa que el uso de plaguicidas ha afectado también a su hijo. En este caso, aún están a la espera del fallo judicial. 

—No respetan nada la abeja, llegan y fumigan en altas dosis—, critica Orellana

La institucionalidad fiscalizadora

De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, en el envase del producto utilizado como plaguicida en el campo de Gonzalo Heise se establecía una advertencia frente al uso de este químico en contextos donde hubieran abejas presentes. 

—A pesar que el producto es prácticamente no tóxico para las abejas, como medida de precaución, se sugiere retirar las colmenas del área de aplicación o bien tapar la entrada de las piqueras, de manera de evitar el contacto directo del producto con las abejas—, reza la sentencia respecto al rotulado de Prosaro 250 EC.

Doble Espacio consultó con el SAG sobre la regulación del uso de plaguicidas y las instrucciones que estos presentan a sus usuarios. 

—Es fundamental tener en cuenta que los plaguicidas de uso agrícola que el SAG autoriza contienen medidas de seguridad obligatorias que están señaladas en las respectivas etiquetas—, recalcaron desde la institución fiscalizadora en una respuesta institucional solicitada por Doble Espacio. Dichas etiquetas, según indicó el servicio,  también son aprobadas por el SAG considerando medidas de seguridad a través de instrucciones de manejo y uso, precauciones y advertencias para proteger y evitar daño a personas, animales y medio ambiente.

La institución agrícola-ganadera también fue parte de la investigación que derivó en el histórico fallo, ya que sus funcionarios acudieron al domicilio del matrimonio Rojas-San Vásquez el 14 de octubre de 2015, es decir, 4 días después del hecho denunciado. En ese entonces, la institución detectó una mortalidad del 25% de las abejas del campo apícola. 

Tras esto, el 10 de noviembre del mismo año, el SAG realizó la Ficha de Inspección Clínica de un Apiario, donde se constató la pérdida de un 50% de las abejas. Finalmente, la Cooperativa Campesina Apicoop realizó un informe el 22 de junio de 2016 estableciendo la muerte de la totalidad de abejas de todas las colmenas. 

Ante la fiscalización del SAG, Gonzalo Heise Reyes fue multado con cinco UTM, que en la fecha equivalían a $227.485. A pesar de la resolución, el apicultor Andrés Rojas asegura que como familia tuvieron que hacer más presión de lo normal a la institución para lograr un informe que, según Rojas, “fue totalmente precario”. 

Por su parte, Rosa Orellana, apicultora del Maule que actualmente mantiene abierta una causa judicial por la muerte de sus abejas a raíz del excesivo uso de plaguicidas, cuenta que el comportamiento del organismo fiscalizador ha sido “un 7.0”.

—Desde el SAG vinieron inmediatamente a ver si era causa de enfermedades o por plaguicidas. Cuando fiscalizaron encontraron una inmensa irregularidad de estas personas (quienes acusa son los responsables de la muerte de sus abejas), no tenían el libro de registro, no sabían la dosis, no tenían los carnets, no tenían la ropa para implementaciones de líquido, nada. 

En ese sentido, desde el Servicio Agrícola Ganadero aseguran que la promulgación de la Ley 21.489, conocida como Ley Apícola, desde 2022 le entrega atribuciones a la institución para establecer una clasificación ecotoxicológica de los plaguicidas de uso agrícola relacionados con las abejas (requerimientos de información y normas de etiquetado) y establece criterios para determinar la zona de influencia, forma y oportunidad de avisaje de la aplicación de plaguicidas que puedan tener efectos sobre las abejas.

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