En conversación con Doble Espacio, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja señala que el Gobierno debió remover al general (R) Ricardo Yáñez de su cargo y sostiene que es necesario reivindicar el Estallido Social “respecto del malestar ciudadano, no desde el punto de vista los actos de violencia”. Además, hace énfasis en la necesidad de un cambio profundo en la institución policial para garantizar la no repetición.

Al igual que muchos chilenos y chilenas en octubre de 2019, la diputada Lorena Fries salió a las calles a protestar en el Estallido Social. La primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en ese entonces a la cabeza de Corporación Humanas, observó en terreno los excesos de la violencia policial que gatillaron más de tres mil querellas presentadas por el INDH en contra de funcionarios estatales por los hechos ocurridos entre octubre y marzo de 2020.

Es por tales omisiones, bajo el delito de apremios ilegítimos, que el pasado 1 de octubre se formalizó al exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez, por responsabilidad de mando. Desde la presidencia de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, la representante del distrito 10 conversa con Doble Espacio sobre el rol del Gobierno en el proceso judicial contra el exgeneral y las vulneraciones a los DDHH en el contexto del Estallido.

• El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la formalización del general (R) Ricardo Yañez, quien renunció días antes a su cargo. ¿Debió ser removido antes por el Gobierno?

Sí, creo que es un umbral bajo el mantener a las autoridades hasta el momento de la formalización, y con eso no estoy haciendo un juicio de culpabilidad, sino diciendo que a las autoridades se les pide más que a un ciudadano común. 

• El argumento principal para extender su formalización era permitir que terminara su periodo como general director. ¿Cree usted que detrás de las maniobras presentadas por la defensa existe un ánimo de evadir la justicia?

Creo que el general director, a través de su defensa, lo ha dilatado al máximo. Tiene que ver con salir del cargo porque se le terminó su período “por arriba”. La verdad es que no me parece que esa sea la forma de enfrentarlo. Las autoridades tienen que asumir estas situaciones y no promover su dilación en el tiempo, eso no le hace bien a un Estado democrático.

• Se dice que no fue del todo colaborativo con la justicia. ¿Cree que hay una suerte de beneplácito de parte del Gobierno a su favor?

El Gobierno ha tenido que lidiar con las consecuencias del Estallido Social y la crisis de seguridad. Efectivamente necesitaba a un cuerpo unido y al parecer esas garantías las podía dar el general Yáñez. Mi crítica a eso es que las personas no son imprescindibles, y si no hubiera sido él tendría que haber sido otro general.

• ¿Considera que existe algún tipo de protección institucional por parte de Carabineros? 

Eso es algo que está enquistado en Carabineros; al ser una fuerza militarizada, el problema es justamente esta suerte de corporativismo que no solo se vio ahora, sino que cuando yo fui directora del INDH y recién empezaban a revelarse este tipo de cosas, porque asumimos la función de fiscalización de Carabineros. Lo que veíamos, por ejemplo, era la baja tasa de sumarios y sanciones que hay frente a infracciones a los Derechos Humanos. Creo que la reforma a Carabineros sigue siendo un tema fundamental si queremos que esto no vuelva a suceder.  Acá se requiere una formación profunda en Derechos Humanos, además de la rendición de cuentas y también una mayor permeabilidad del mundo civil en Carabineros.

¿No le parece que las condenas existentes contra Carabineros por delitos el Estallido Social marcan algún indicio de culpabilidad en contra de Yáñez?

Yo creo que no es tan así, porque hasta ahora los casos que han salido podrían perfectamente justificarse, que es algo que constantemente hace la derecha y lo hizo durante el gobierno de Piñera, al hablar de casos aislados o excepciones. En ese sentido lo que me parece una señal potente es la querella por responsabilidad de los altos mandos por omisión en relación a los apremios ilegítimos que se cometieron, esa es una señal para todo el país.

La “revuelta”

• El Gobierno tuvo que bajar el tono respecto de una refundación o una reforma profunda a Carabineros. ¿Usted cree que ha abordado de manera adecuada el tema Derechos Humanos respecto del Estallido Social?

Creo que el Gobierno no tenía mucho margen desde el punto de vista legal. Lo que hizo fue retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado e indultar, que eran los caminos posibles. Esto empezó funado desde el gobierno anterior, en términos de que no prosperó una ley de amnistía, de la cual yo era partidaria. Al no lograrse eso, el Gobierno entrante se vio limitado en sus posibilidades. Estamos al debe todavía con las víctimas del Estallido Social. 

• ¿Entonces el Ejecutivo debió hacer más, o puede hacerlo todavía?

No tiene mucho que hacer desde el punto de vista efectivo. Lo que le queda es impedir que el Estallido Social se instale en la opinión pública como un estallido delincuencial, que es como ha querido ponerlo la derecha, siendo que es quizás la expresión más potente de malestar que ha tenido la ciudadanía desde la vuelta a la democracia, y eso sigue latente. Quizás avanzar en los temas pendientes como pensiones, salud y educación es una garantía de no repetición.

• El Gobierno ha sido precavido con hablar sobre el Estallido Social… 

Yo creo que hay que reivindicarlo, y esperaría que las autoridades también lo hicieran respecto del malestar ciudadano, que tiene causas muy profundas, no desde el punto de vista de los actos de violencia que ocurrieron. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó que aquí hay problemas estructurales en materia de derechos sociales. Por lo tanto, una reflexión de parte del Gobierno y una postura respecto de esto sería positivo, sobre todo para todos quienes participamos de buena fe en lo que fue el Estallido Social.

• ¿Cree usted que están las condiciones para que exista justicia respecto de las vulneraciones a los DD.HH en el Estallido Social?

Creo que este país sufre de impunidad estructural. Me parece que es importante que hoy día, en un momento crítico de la justicia, y que uno de los aspectos que se está viendo a propósito de la acusación constitucional de Ángela Vivanco, es la entrega de información sobre juicios de Derechos Humanos durante la revuelta. Es un momento sensible y espero por lo mismo que haya mucho cuidado de parte de la judicatura y que efectivamente cumpla con su función. Todavía estamos en un Estado democrático, las instituciones funcionan, pese a los casos de corrupción, que se están viendo. Después de cada crisis de este tipo surge la posibilidad de hacer las cosas bien.