Desde junio pasado, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) es asesorado por la abogada Paula Carrasco, defensora privada en múltiples casos de narcotráfico. Doble Espacio constató que Carrasco asumió la defensa de al menos siete causas de narcotráfico luego de comenzar su trabajo en el Congreso, lo que está prohibido por ley. En septiembre asumió la defensa de un presunto narco que le delegó la abogada Jeanette Cofré Soto, defensora de un sospechoso por el crimen del teniente Ronald Ojeda. Contactado por Doble Espacio, el diputado Fuenzalida aseguró que “no tenía idea” de las defensas de Carrasco y que la asesora pasó todos los filtros para el cargo. Este reportaje comprueba que estaba inhabilitada para asumirlo. 

Por Benjamín Bravo Yusta y Francisco Lucero Robles

El pasado 15 de septiembre de 2024, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), le envió una carta al presidente de la República, Gabriel Boric. En el documento, Fuenzalida solicitó al mandatario la destitución del juez Luis Muñoz, quien el 3 de septiembre dejó en libertad, tras el pago de una fianza, a 23 integrantes de una banda de narcotraficantes en la comuna de Ovalle.  

—El mensaje contra el crimen organizado debe ser claro y debe venir desde todas las instancias—publicó el diputado en sus redes sociales. 

La carta al Ejecutivo no fue la primera vez en la que el dos veces diputado por el Distrito Nº5 de Coquimbo (que contempla las comunas de Vicuña, La Serena, Ovalle y otras 12 localidades) se mostraba indignado ante el avance del narcotráfico. ¿El problema? El diputado UDI es asesorado por Paula Carol Carrasco Gómez, abogada defensora en múltiples causas vigentes por narcotráfico a lo largo del país. 

Según Transparencia de la Cámara Baja, Carrasco es parte del personal de apoyo del diputado como asesora legislativa, y es quien registra el mayor sueldo de los ocho integrantes del equipo. 

Consultado por Doble Espacio, el diputado Fuenzalida aseguró que Paula Carrasco llegó a su equipo como reemplazo de su asesora oficial, Ana María Sánchez González. Según el parlamentario, la asesoría de Carrasco habría iniciado el 1 de julio, sin embargo, según Transparencia de la Cámara la asesoría comenzó el 1 de junio de este año. Además, Fuenzalida aseguró que la asesoría de Carrasco habría terminado hoy, 1 de octubre, pero no presentó documentación oficial que asegure esto. 

Sobre los criterios de aceptación de Carrasco como asesora legislativa, el diputado UDI dijo: “La Cámara es el empleador. Entonces yo no hago el chequeo de antecedentes, lo hace la Cámara: se piden certificados de antecedentes, certificados de infracción a la Ley de Drogas y una declaración jurada, y la verdad es que pasó todos los filtros”.

Paula Carrasco es mencionada cinco veces en el listado de Contraloría sobre defensores de involucrados en casos por Ley de Drogas al que este medio accedió vía Transparencia. Sin embargo, la plataforma del Poder Judicial registra incluso más casos que los indicados en dicho listado: Doble Espacio constató que la abogada oriunda de Rancagua registra al menos diez defensas o patrocinios en casos de narcotráfico en distintos juzgados de Santiago. Y, desde que inició la asesoría al parlamentario UDI, Carrasco asumió al menos siete defensas a presuntos narcos, a pesar de que la ley se lo prohíbe.

El artículo 61 de la Ley 20.000 establece que los abogados “que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado” estarán inhabilitados de “patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados” en casos de porte o tráfico de drogas.

Doble Espacio intentó contactar a Paula Carrasco. Al cierre de este número, no hubo respuesta a ningún mensaje ni llamado. 

Los presuntos narcos que defiende desde que es asesora parlamentaria

El congresista presentó el pasado 3 de septiembre un proyecto de ley que exige acreditar el “origen lícito” de los dineros con que se pagan las fianzas y la contratación de abogados en causas sobre crimen organizado. 

Además, el diputado Fuenzalida forma parte de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Según indicó el diputado a este medio, Carrasco fue integrada como asesora para llevar el trabajo en esta comisión, la que aborda temas como descentralización, gobierno interior y probidad. Por ejemplo, el sitio web de la Cámara señala que el 22 de agosto la comisión revisó la ley Nº 18.575, que consagra el consumo de drogas “como conducta contraria al principio de probidad administrativa”.

En cuanto a Carrasco, si bien la ley prohíbe a abogados defensores en causas ligadas al narcotráfico ejercer cargos públicos, la asesora no sólo no renunció a las causas de las que ya era parte, sino también, desde su ingreso al parlamento, asumió al menos siete nuevos patrocinios a imputados por tráfico de drogas. 

Por ejemplo, el pasado 30 de julio Paula Carrasco asumió la defensa de Juana Otañez, quien fue detenida y dejada en prisión preventiva por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por tráfico ilícito de drogas. Un día después, ante el 5º Juzgado de Garantía de la capital, asumió la defensa de Yeferson Padron, ciudadano venezolano formalizado en mayo de 2023 por tráfico en pequeñas cantidades y prófugo de la justicia desde enero de este año.

El 19 de agosto de 2024 comenzó a patrocinar la defensa de Jhon Canga, ciudadano colombiano formalizado por tráfico de pequeñas cantidades de un tipo de droga no especificada. Unos días después, el 25 de agosto de este año, la asesora asumió la defensa de Edwin López, de pasaporte dominicano, formalizado por el delito de tráfico ilícito de drogas el pasado 15 de mayo. 

Uno de los últimos patrocinios que asumió, según los registros del Poder Judicial, data del 10 de septiembre, en defensa de Marco Deniz, chileno formalizado por tráfico ilícito de drogas, junto a otras seis personas, algunas de ellas imputadas también por posesión ilegal de armas de fuego. 

Vínculos con abogada de presunto integrante del Tren de Aragua

En al menos cinco casos, Carrasco Gómez asumió la defensa de imputados por narcotráfico de la misma manera: la abogada Jeannette Cofré Soto le delegó poder y representación en las causas. Según todos los documentos de delegación de poder de Cofré a Carrasco, ambas abogadas compartirían domicilio laboral. 

Jeannette Cofré Soto es una reconocida abogada penalista de la plaza. Con 58 años y 14 de experiencia en la defensa privada, Cofré Soto tiene su oficina a las afueras de tribunales y cárceles. El derecho, en su caso, es un tema de familia: su hermano menor, Claudio Cofré Soto, es el principal abogado de jerarcas y cabecillas del Tren de Aragua. 

Entre los casos emblemáticos que ha asumido Jeannette Cofré Soto se encuentra la defensa de Maickel Villegas, uno de los principales sospechosos del secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Tras escapar del país, Villegas fue detenido en Costa Rica y espera la extradición que las autoridades chilenas solicitaron al país centroamericano. 

Entre los casos que Cofré delegó a la asesora parlamentaria está el de Luis Miguel Castillo, ciudadano dominicano imputado por tráfico de drogas, cuya defensa fue asumida por Carrasco el 12 de septiembre pasado. Ese mismo día, la asesora del diputado UDI asistió al 3° Juzgado de Garantía de Santiago a la audiencia de procedimiento abreviado de Castillo, en la que se propuso una pena de 541 días efectivos. 

Otra causa en la que Cofré Soto delegó la defensa de un imputado relacionado al narcotráfico a Carrasco es la del imputado por posesión ilícita de armas de fuego, Johan Varela. El imputado fue detenido el 22 de marzo del presente año junto a otras cinco personas, todas imputadas por tráfico de drogas. 

Abogada de narcos desde el inicio

Según un documento del Poder Judicial, fue el 5 de julio de 2019 cuando la Corte Suprema invistió a Paula Carrasco Gómez como abogada. Con cinco años de experiencia en el rubro penal, la actual asesora del diputado Fuenzalida defendió a narcotraficantes desde el inicio de su carrera. 

El 25 de septiembre de 2020, por ejemplo, asumió en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago la defensa de Francisco Facuse Bobadilla, narcotraficante de La Cisterna culpable del tráfico de 9.32 kilos de pasta base de cocaína, 1.62 kilos de clorhidrato de cocaína y otras especies que, según la sentencia, provenían del norte de Chile. Facuse, según el fallo, tenía en su casa una pistola de fogueo marca Ecol modificada para ser utilizada como arma de fuego. 

El 20 de diciembre de 2021, el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago sentenció a Facuse a nueve años de cárcel por tráfico de drogas y posesión de arma de fuego prohibida. 

El 1 de marzo de 2022, por otro lado, Carrasco asumió la defensa del Romualdo Ramírez, ciudadano boliviano líder de una banda narco, y de Valentín Rojas, brazo operativo de la misma organización criminal, que, según Fiscalía, internaba droga por la frontera norte y la trasladaba al sur de Santiago. 

En marzo de 2021, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) interceptó 800 kilos de cocaína que fueron ingresados por esta organización criminal. La incautación dio origen a la investigación a la banda que finalmente fue condenada por el ingreso al país de 84 kilos de cocaína base y 24 de clorhidrato de cocaína. Los defendidos de Carrasco, Romualdo Ramírez y Valentín Rojas, fueron condenados el 11 de marzo de 2024 a 15 años de cárcel por tráfico de drogas.

En agosto de 2022 Carrasco asumió la defensa, en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, de Cristhoper Miranda Riquelme, imputado por comercio de drogas y posesión de armas como integrante de una banda de narcotráfico que operaba en las tomas del Cerro 18, en Lo Barnechea. La organización, según el Ministerio Público, mantenía “domicilios de acopio de droga y armas al interior de la Región Metropolitana, como también en las ciudades de Rancagua y Chillán”. La causa tiene más de 10 sentenciados por narcotráfico y tenencia ilegal de armas. 

Cristopher Miranda, el defendido por Paula Carrasco, fue condenado el 28 de julio de 2023 a tres años de cárcel: fue detenido en Rancagua con una escopeta hechiza, dos cartuchos calibre 12 sin percutir, 36,8 gramos de clorhidrato de cocaína, 21,3 gramos de cannabis sativa y 1,9 gramos de ketamina. 

El pasado 17 de septiembre, cuando el diputado Juan Manuel Fuenzalida reiteró al presidente Boric la solicitud de remoción del juez que liberó a 23 presuntos narcos en Ovalle, el parlamentario publicó un mensaje en sus redes sociales:

—No podemos darle tregua al crimen organizado. El mensaje debe ser contundente.