Un fraude que alcanza los $27 mil millones pone a San Fernando entre los municipios más golpeados por la corrupción en Chile, con más de 40 personas procesadas por la justicia, entre ellos los exalcaldes Juan Paulo Molina (DC) y Luis Berwart (IND). Durante 20 años se gestaron redes de corrupción que afectaron principalmente a la salud y educación. ¿El resultado? Encarecimiento y falta de stock en medicamentos, junto a una serie de perjuicios económicos para los docentes de la comuna, quienes han visto sus sueldos recortados, además de acumular imposiciones impagas por años, entre otros problemas. El dinero defraudado habría ido a pagar gastos personales y de propaganda política de los involucrados. 

Reportaje de la serie “Pueblo chico, infierno grande: el impacto social de la corrupción municipal”.

San Fernando, en el corazón del Valle de Colchagua, Región de O’Higgins, ha estado marcada históricamente por su gran producción agrícola, vitivinícola y por representar al campo chileno. Sin embargo, en los últimos veinte años ha acumulado razones para alcanzar un negativo reconocimiento. Esto pues, la comuna ha estado marcada por diferentes casos de corrupción; concejales condenados por coimas, dos exalcaldes que pasaron por prisión y una comunidad que ha visto afectada su calidad de vida. 

—A principio del siglo la población de otras comunas venía para acá, al consultorio, al hospital, al centro de San Fernando, pero quedamos atrás. Las comunas alrededor de nosotros empezaron a desarrollarse y a tener mejores servicios, los privados invertían más en esas ciudades, porque como comuna no dábamos confianza—, cuenta Robert Arias (PS), concejal de San Fernando desde 2016. 

Si bien existen diversas aristas a través de las que la corrupción se apoderó de San Fernando, la más visible y que más tuvo impacto en vecinos y vecinas fue el caso de la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf), en donde se defraudaron más de 27 mil millones de pesos. Según estableció la investigación judicial, dicha corporación fue utilizada de diversas formas para extraer dinero fiscal: boletas ideológicamente falsas que se usaron para pagar  servicios que nunca fueron prestados,  además de  la contratación de personas que no cumplían ninguna función y el pago de coimas a concejales y dirigentes sindicales, entre otras. Según la investigación de la fiscalía, gran parte de la cifra defraudada fue utilizada para gastos personales o de propaganda política, dineros que originalmente estaban destinados a pagar los servicios que entrega la corporación a la comunidad.

En 2023, el exsecretario general de la Cormusaf, Leonardo Gajardo Valenzuela, fue condenado a casi 5 años de libertad vigilada completa, se le inhabilitó de poder ejercer cargos públicos por 7 años y a pagar una multa de aproximadamente $115 millones, por el delito de fraude al fisco.

El actual alcalde, Pablo Silva (IND), que va a la reelección en los próximos comicios, afirma que si bien han realizado gestiones para sanar el déficit fiscal, esta tarea tardará un par de años. 

—En los próximos años deberemos enfrentar el déficit de más de 20 mil millones de pesos ocurrido en la Corporación Municipal y que hará que nos descuenten alrededor de 7 mil millones de pesos del Fondo Común Municipal. Con esos 20 mil millones de pesos habríamos pagado tres alcantarillados para zonas rurales de San Fernando, dos Cesfam nuevos o realizado el recambio de todas las veredas del radio urbano—, señala el alcalde Silva a Doble Espacio. 

Los servicios primarios de salud y la educación municipal fueron los más afectados, ya que son administrados por la Cormusaf. Por el lado de la salud, el municipio mantiene hace años una deuda con la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), lo que ha provocado que los vecinos y vecinas hayan perdido el beneficio de obtener medicamentos a un precio menor al del mercado. En educación los principales afectados han sido los profesores, debido al no pago de imposiciones ni bonos. 

Falta de medicamentos

La población de San Fernando estaba acostumbrada a asistir a los diferentes centros de salud municipales a adquirir sus medicamentos al precio rebajado que se genera del convenio entre el municipio y la Cenabast. Sin embargo, actualmente este beneficio se ha visto alterado por el no pago de la municipalidad a la institución abastecedora. 

—La ciudad dejó de pagar a Cenabast, por lo que dejamos de recibir el beneficio de lo barato que es el medicamento mismo—, afirma el concejal PS Robert Arias. 

En 2016, la Cenabast demandó a once municipalidades o corporaciones municipales por déficits que se extendían por más de una década. Entre ellas, se encuentra la Corporación Municipal de San Fernando, que mantiene una morosidad con la institución desde 2008. 

En esa misma línea, según información de la propia Cenabast, hasta el año 2019, la Corporación Municipal de San Fernando sumaba en total una deuda superior a los $320 millones. Esta cifra representa el 96,5% de la deuda total de la Región de O’Higgins en el mismo periodo. 

De acuerdo a información entregada por la gestión actual, la deuda alcanzaría hoy la suma de unos $350 millones. Sin embargo, según el alcalde Silva, de ese total el municipio solo  ha podido verificar alrededor de $240 millones, ya que existe un convenio de pago que firmó la administración anterior y que incumplió en sus cuotas de pago. En cuanto a la diferencia, Silva afirma que se está en conversaciones con Cenabast para regularizar la situación. 

Por su parte, Lilian Cofré, presidenta del Consejo de Desarrollo Local del Cesfam Oriente de San Fernando -entidad que reúne a equipos de salud, usuarios y a la comunidad, que según el Ministerio de Salud, busca aportar al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población- relata a Doble Espacio que consultó a la corporación sobre la situación de la municipalidad con Cenabast.  

—La explicación que dan desde la municipalidad es que Cenabast tiene un enredo y no saben realmente de cuánto es la deuda, por lo que no se podría pagar. Acá tienen un desorden que dejó la administración anterior. Nosotros en realidad nunca hemos logrado saber cuál es la verdad—, dice Cofré. 

Los problemas ya mencionados generaron un quiebre de stock en la atención de salud primaria administrada por la Cormusaf. Lilian Cofré denuncia que en abril de este año falló la cantidad de medicamentos presupuestada el año anterior para dicho mes. 

La deuda de la Cormusaf con Cenabast ha obligado a la institución municipal a comprar medicamentos a proveedores privados, como farmacias o laboratorios, a un precio mayor al que ofrece Cenabast. —Un medicamento que en Cenabast nos costaba $300, el proveedor privado al que tuvimos que recurrir nos cobraba $800—, señala el concejal Arias. —Cenabast ya no nos está vendiendo por la deuda que mantenemos—, agrega. 

La deuda que aqueja a la Cormusaf mantiene en vilo a vecinos y vecinas de San Fernando, quienes se han visto obligados a comprar medicamentos a un precio mayor del que acostumbraban y enfrentar el temor de que se agote el stock en los servicios de atención primaria de salud. Ante esto, el actual alcalde reflexiona sobre la importancia de mantener un convenio entre el municipio y Cenabast.

—La deuda nos afecta muchísimo, ya que Cenabast es el proveedor más grande de medicamentos que hay en Chile, por ende, es quien da los mejores precios y tiene más stock—, explica el alcalde Silva. 

Recortes en educación

Otro de los sectores que a día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de la corrupción municipal es el de educación. Según la investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, en 2016 más de $600 millones fueron transferidos desde el Ministerio de Educación (Mineduc) a la Cormusaf para pagar sueldos y bonificaciones por retiro voluntario. Sin embargo, estos fondos no fueron utilizados para pagar lo que correspondía.

Dichos montos, según acusa la Fiscalía, fueron utilizados en parte para cubrir gastos personales de los involucrados en la red de corrupción. Según Pedro Salinas, dirigente regional del Colegio de Profesores en la Región de O’Higgins, a la fecha, los pagos no han llegado a los bolsillos de los funcionarios de la educación afectados, los que superarían las 320 personas.

—Hay colegas que postularon y salieron nominados a un bono de incentivo al retiro, pero este nunca llegó. Hay una serie de irregularidades que no se aclaran, pues el problema apunta en mayor parte a la corrupción de San Fernando, pero otros dicen que desde el Mineduc se tiraron la pelota—, afirma Pedro Salinas a Doble Espacio.

Asimismo, el dirigente gremial asegura que esto ha provocado recortes de sueldo a funcionarios de la educación, como también el no pago de cotizaciones y deudas con las cajas de compensación.

—Hay profesores a quienes les deben hasta nueve millones de pesos de previsión y nadie se hace responsable. Lo que hacía en el fondo la Cormusaf era descontar el dinero del sueldo, pero no lo depositaban en las AFP correspondientes o en las cajas de compensación—, comenta Salinas. —Lo más grave es que había colegas que tenían seguros oncológicos, de vida, entre otros, y tuvieron serios problemas. Además, poco a poco les fueron reduciendo sus sueldos, en donde a algunos funcionarios les llegaron a descontar el 50%—, agrega.

Al hablar de soluciones, el dirigente Pedro Salinas manifiesta que, pese a los años, las respuestas han profundizado la incertidumbre en la comunidad educativa. Los más de 300 docentes involucrados han sufrido los estragos de acarrear deudas que no les corresponden a ellos, además del miedo a jubilarse con pensiones precarias. Salinas asegura que ni desde la Municipalidad de San Fernando, ni del Mineduc, les han dado alguna respuesta.

—La responsabilidad de esto es de los alcaldes y del Estado, en este caso el Mineduc, porque prometen cosas y proyectos que no llegan. El año pasado el alcalde Pablo Silva nos dijo textualmente: “Yo asumí este cargo con una mochila enorme, la que voy a tener que llevar a como dé lugar, y eso implica que yo voy a pagar las deudas”—, recuerda Salinas. —Y no ha pagado un peso, ni un solo peso—, concluye.

Los hechos que se investigan

Según los documentos de la causa, entre los que figuran las querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del municipio, la corrupción se desarrolló por más de veinte años, atravesando dos gestiones de dos periodos cada una: la comandada por Juan Paulo Molina Contreras (DC), entre 2004 y 2012; y la de Luis Berwart (IND), entre 2012 y 2021.

Conforme a la investigación realizada por el Ministerio Público, el modus operandi de los acusados consistía en la creación de sociedades fantasmas con las que emitían boletas por servicios que nunca fueron realizados. Esto se hacía principalmente a través de la Cormusaf, que estaba a cargo de la educación y la salud municipal, donde se recibían los fondos que el Minsal y el Mineduc destinaban para cubrir las necesidades de las personas de la comuna. Pero en lugar de pagar esos servicios, el dinero fue extraído a través de las empresas fantasmas de los acusados.

A esto se suma el desvío de fondos desde el municipio a la Cormusaf,  con la aprobación de parte del concejo municipal para que los dineros fueran transferidos, entre los que figuran los exconcejales Alejandro Riquelme (UDI), Enrique Díaz (PPD) y Pablo Orellana (IND), montos que finalmente llegaban a los bolsillos de los involucrados en la red de corrupción. Según consta en la investigación, los montos defraudados sobrepasan los 27 mil millones de pesos, fondos que fueron destinados, principalmente, a gastos personales y de propaganda política. 

Son más de cuarenta los imputados que se encuentran bajo investigación por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, adulteración de instrumento público y privado, lavado de activos, emisión de boletas y facturas falsas. Entre los principales responsables se encuentran los dos últimos ex alcaldes de San Fernando, ex concejales, funcionarios de la Cormusaf, familiares, amigos con o sin afinidad política y vecinos de la comuna. Asimismo, según consta en la investigación de la causa, existe la presencia de trabajadores “fantasma”, vale decir, de personas contratadas por la Corporación Municipal, pero que no realizaron trabajo ni función alguna. Entre estos figuran labores de choferes y docentes.

Cabe destacar que el exconcejal PPD que figura entre los involucrados, Enrique Díaz Quiroz, es padre de la actual candidata al sillón municipal, María José Díaz Becerra (PPD), quien en agosto de 2024 fue sobreseída en la causa que se llevaba en su contra por un supuesto sabotaje informático, en la época en la que fue directora regional del Instituto de Seguridad Laboral.

Al día de hoy, son pocos quienes han sido condenados por los hechos. Los exconcejales Alejandro Riquelme (UDI) y Enrique Díaz (PPD) quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos de elección popular, además de pagar millonarias multas por los fraudes cometidos. 

En cuanto a los exalcaldes, Juan Paulo Molina fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo que cumple en libertad vigilada, y una multa de casi 19 millones de pesos, mientras que Luis Berwart se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total luego de haber estado más de dos años en prisión preventiva, arriesgando hasta 35 años de cárcel.

También te podría interesar:
Millonario desfalco en Algarrobo provoca recortes en beneficios sociales