En 1932, el arqueólogo peruano Julio C. Tello realizó la primera investigación sobre las Líneas de Nazca, enigmáticos geoglifos que habían permanecido ocultos durante siglos. Tello quedó asombrado al encontrar estas gigantescas figuras trazadas en la arena que revelaban una compleja red de símbolos y formas creadas por antiguas civilizaciones. Este descubrimiento no solo capturó la atención del mundo académico, sino que también resaltó la importancia de proteger los tesoros culturales que aún enfrentan riesgos debido a la actividad humana moderna.
Los geoglifos, trazados en áreas pedregosas de los cerros, son un valioso testimonio de la riqueza arqueológica en la región. Estos antiguos símbolos, declarados monumentos arqueológicos, revelan el ingenio y la conexión espiritual de las culturas que los crearon, dejando una huella indeleble en el paisaje. A lo largo de los siglos, han desafiado también el paso del tiempo, manteniendo su enigmático significado y atrayendo la atención de arqueólogos y viajeros de todo el mundo.
Geoglifos de Chile
Chile alberga una gran cantidad de geoglifos, la mayoría ubicados en el norte del país; entre los más destacados están los geoglifos de Pintados, con más de 450 figuras distribuidas en 60 paneles en la Pampa del Tamarugal; los geoglifos de Alto Barranco, con más de 1.000 años de antigüedad; y los geoglifos de Chiza, en la confluencia Chiza-Suca, ambos monumentos arqueológicos protegidos. Otra obra emblemática es el Gigante de Tarapacá, un ícono de la arqueología chilena.
Estos geoglifos, construidos por pueblos prehispánicos, representan figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. Se cree que su función principal era servir como guías en las rutas, ayudando a las caravanas que cruzaban diversas zonas ecológicas, conectando la pampa con valles, quebradas, cordilleras y la costa. Además, se especula que también pudieron haber sido utilizados para señalar flujos de agua, acompañar rituales locales o marcar territorios.
El análisis estilístico de las figuras ha revelado vínculos culturales con Tiwanaku, una civilización cuya influencia se extendió por el área andina entre los años 500 y 1450.
La estupidez humana
La Fundación Desierto de Atacama difundió imágenes que muestran el gran deterioro y destrucción de estos monumentos arqueológicos causado por motoristas y vehículos 4X4, en Alto Barranco.
Los archivos muestran la destrucción de los milenarios geoglifos donde se ven las huellas que los vehículos motorizados dejaron sobre estos.
“Los geoglifos de Alto Barranco, con más de mil años de historia, han sobrevivido gracias a las condiciones naturales del desierto de Atacama. Sin embargo, su destrucción actual por motoqueros y jeeperos amenaza gravemente su existencia milenaria”, publicó en Instagram la fundación.
Es por esto que en el sur de Iquique, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, anunció la presentación de acciones judiciales para enfrentar los daños.
En este contexto, es importante destacar lo dispuesto por la Ley 17.288, que en su artículo primero establece que los monumentos nacionales, incluyendo lugares, ruinas y construcciones; objetos históricos, artísticos y piezas antropo-arqueológicas o paleontológicas, quedan bajo la tuición y protección del Estado. Esta protección se extiende a todo el territorio nacional, incluidas las aguas jurisdiccionales y su resguardo está a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales, conforme a lo estipulado en dicha ley.
Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre un incidente de esta naturaleza. Entre 2009 y 2011, el Consejo constató la destrucción de 283 sitios arqueológicos a causa del rally Dakar en Chile.
Ante estos daños, la abogada y arqueóloga Paola González, junto con Luis Mariano Rendón, la Fundación Patrimonio Nuestro y el Colegio de Arqueólogos, presentaron acciones judiciales por la destrucción de los sitios arqueológicos. Sin embargo, el recurso de protección fue rechazado por la Corte Suprema, argumentando que los demandantes no tenían legitimación activa para llevar adelante la acción legal, responsabilidad que recae en el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Además, las leyes vigentes establecen que quienes causen daños a monumentos nacionales pueden enfrentar penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, junto con multas que van desde cincuenta hasta doscientas unidades tributarias mensuales.
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