Llevar una lucha por el consumo humano del agua y la protección del medioambiente puede costarle la vida a las mujeres de la provincia de Petorca. Ya han tenido que enfrentar gritos en la calle, amenazas, disparos al aire, la quema de un auto e incluso de una casa, además de intentos de secuestro. A pesar de la escalada de violencia que viven, se rehúsan a dejar la lucha por la vida digna de las personas de la zona y cuentan sus historias mientras demandan tener voz en los espacios de debate público.

Viven con miedo, pero el miedo es algo que se ha hecho parte de su cotidianeidad. Lo normal es tener miedo. Miedo por sí mismas, sus hijos, padres, pareja, familia. Viven con los sentidos alerta, sus ojos miran los autos en búsqueda de alguno con vidrios polarizados que pueda verse sospechoso, el oído está a la espera de detectar pasos que las siguen. Saben que están bajo peligro, ya han recibido gritos en la calle, amenazas, disparos al aire, la quema de sus autos y casas, intentos de secuestro. Podrían denunciar, pedir ayuda, dicen, si hubiera alguien a quien pedirla, pero ya lo han hecho antes y saben que en la policía local no serán escuchadas. No es un secreto la causa de esta persecución: participan activamente por la protección del agua y del medio ambiente.

Este relato es real y no transcurre en México, ni Colombia, ni Brasil, ocurre en Chile, el oasis en latinoamérica donde el matonaje contra activistas medioambientales es un tema que pasa casi siempre desapercibido en la prensa. En este contexto, tres mujeres de la V Región que han trabajado en la provincia de Petorca cuentan su experiencia en la defensa del agua, problema que afecta a la zona desde hace más de una década, transformándola en el caso insigne de la sequía en Chile.

Carolina Vilches

Uno de los rostros más reconocibles del Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y Defensa del Medio Ambiente (Modatima). Geóloga de la Universidad de Playa Ancha, fue electa miembro de la Convención Constituyente en el año 2021. Tras el triunfo del Rechazo en septiembre de 2022 se ha mantenido alejada del ojo público. Parte de las razones detrás de esto son los hechos de violencia que ha sufrido, incluso ya acabado su trabajo en la convención.

En mayo de 2023, días antes de la elección de consejeros constitucionales para el segundo proceso constituyente, Carolina fue detenida en la calle, golpeada y asaltada presuntamente con motivaciones políticas.

“Me pegaron en la calle y me robaron el teléfono. Eso para mí fue cruzar una línea. Me estaban esperando dos tipos, me dijeron ‘oye tú, Modatima, pasa el celular’. Sabían quién era yo, sabían que era de Modatima y no querían mi cartera, sólo el celular, y dos días antes de las elecciones de consejeros constitucionales”, relata.

“Siempre nos han atacado mucho como movimiento. A compañeras de Modatima les robaron los computadores, a otra compañera le quemaron el auto. Hemos recurrido a Amnistía Internacional y han hecho una campaña para pedir protección a las mujeres de Modatima, pero es algo que no sale en los medios. Nadie investiga, nunca hay culpables”.

Producto de esta violencia, Carolina no volvió a Petorca después de su trabajo en la convención.

“Recibí amenazas de muerte en Petorca. Me cambié de casa tres veces, me intentaron atropellar, me tiraron paltas verdes al jardín de mi casa. Hice las denuncias, pero nadie te protege. Cuando se convirtió en amenaza de muerte decidí salir de Petorca por recomendación de mi psiquiatra”.

Verónica Vilches

A sus 54 años de edad se desempeña como Presidenta de un sistema de abastecimiento de agua potable en la comuna de San José en Cabildo, zona conocida por la mega sequía que enfrenta hace más de diez años. Haber vivido toda su vida en ese lugar le ha permitido ver cómo fue cambiando con el paso de los años, y cómo el agua fue lentamente desapareciendo.

“Yo nací en el año 1970, en lo que en ese tiempo se conocía como los asentamientos, que en el fondo seguían siendo una hacienda. Mi papá a los siete años trabajaba para un terrateniente y mi mamá a los ocho años le hacía pan al mismo terrateniente. Recuerdo el agua. A los cuatro años mi papá me llevaba a sembrar papa y cebolla, íbamos en caballo y había mucha agua. Había un canal muy grande y a la orilla crecían duraznos y almendros de los que comíamos. Mi mamá sacaba baldes de agua del canal para cocinar,  lavaba la ropa en ese canal, incluso nosotros nos bañábamos ahí. No teníamos ni shampoo para lavarnos, pero el canal siempre tenía agua”, recuerda.

“Teníamos animales, montones. Vacas, terneros, caballos, de todo. Las vacas también tomaban agua del  canal y pastaban casi en cualquier parte. Gracias a esas vacas yo siempre tuve leche para el desayuno y mantequilla para mi pan”.

Verónica cuenta que a partir del año 2000 los terratenientes empezaron a sembrar los cerros, y desde allí el agua empezó a disminuir: “Para el año 2004 ya no había agua, toda se quedaba en los cerros. Nosotros estamos al final, no nos llega nada. Conseguimos agua subterránea para sobrevivir, pero no la suficiente para salvar a los animales. Todos murieron flacos. Nunca olvidaré la última vaca que murió con su ternero. Era septiembre, y desde ahí que no me gusta el 18, ver cómo la gente mata y mata animales para comérselos aunque ya no tengan hambre y mi última vaca se había muerto. No pudimos alimentar a la vaca que tantas veces nos alimentó a nosotros, y todo porque no había agua.”

Alrededor de 2010, viendo la drástica disminución del agua en la comuna mientras las plantaciones de paltos y cítricos crecían, Verónica comenzó a hacer activismo. Estaba preparada para que fuera una lucha difícil, pero nadie le advirtió sobre la violencia que sufriría por su defensa del agua potable.

“La primera vez que alguien quiso dañarme fue en el año 2011. Iba a buscar agua con mi papá cuando a unos 300 metros nos dispararon. Afortunadamente nadie resultó herido, pero desde allí no ha parado nunca”.

En otra ocasión, Verónica iba hablando por teléfono cuando alguien desde una camioneta sin patente y con los vidrios polarizados le empezó a gritar: “Como iba al teléfono no escuché lo que me dijo. Cuando se dio cuenta de que iba hablando con alguien me pidió disculpas, dijo que no volvería a pasar y se fue. Al día siguiente apareció en mi puerta un carabinero vestido de civil. No se identificó, pero me dijo que ese tipo de incidentes no volverían a ocurrir, me dijo que no denunciara y acepté por mi familia”.

“Hubo otra vez en 2017, donde llegaron seis personas que se presentaron como agentes de la PDI, tres hombres y tres mujeres. Las mujeres eran especialmente violentas y todos traían armas con las que me amenazaban. Me obligaron a firmar un papel donde yo quedaba supuestamente imputada por robar agua para la comuna de San José. Les dije que no quería firmar, que iba a llamar a Carabineros, pero me obligaron. Las fuerzas policiales acostumbran trabajar de esa manera aquí, entran con violencia, sin preguntar, es como si la dictadura nunca hubiera terminado en Cabildo”, cuenta la mujer.  A pesar de esto, Amnistía Internacional comprobó que no hay causas abiertas en contra de Verónica Vilches en el Poder Judicial.

La última vez, dice Verónica, fue en febrero de 2021. Las paredes de la planta de tratamiento de agua estaban rayadas con “muerte a Verónica Vilches”. Esa vez quedó paralizada: “No pude hablar en cuatro horas. Llegaron carabineros a mi casa y me increparon por no haber ido a denunciar de inmediato, pero una está acostumbrada a no denunciar, nadie nunca te toma en cuenta. Me intentan atropellar, me dicen que soy terrorista, extremista, prostituta, de todo. Pero cuando una va a denunciar me preguntan cómo andaban vestidos, la placa patente de los vehículos, detalles que no puedo recordar y como no tengo toda la información que me piden, cierran la investigación”.

Sobre su relación con los medios Verónica dice sentir desconfianza, no acostumbra dar entrevistas y dice que rara vez le preguntan por la violencia que ha sufrido.

“Las radios que suenan en Cabildo están todas compradas y todas tienen la misma línea editorial, la tele nunca viene aquí, los políticos la buscan a una para sacar más votos por defender el agua, pero esos votos son de otras comunas, aquí nadie habla sobre el agua. Los profesores, la gente que trabaja en hospitales, nadie habla de la falta de agua, porque es ponerse automáticamente la chapa de terrorista, de extremista. Siento que no es justo. Nunca le hemos hecho daño a nadie, lo único que hago es defender algo tan básico como el agua”, concluye.

Lorena Donaire

Profesora, madre, activista en Modatima y habitante de La Ligua, Lorena Donaire ha conocido en carne propia la violencia contra los activistas por el medioambiente. Ella distingue entre distintos tipos de violencia que pueden sufrir.

“Está por un lado la violencia por redes sociales de gente negacionista del cambio climático, donde te pueden insultar, enviar mensajes ofensivos. También se da que contra las mujeres esto puede escalar a un nivel de acoso sexual, donde te envían fotografías íntimas. Por otro lado está la violencia del aparataje comunicacional que viene tanto de los extractivistas como de gente principalmente de derecha, donde se nos presenta como ecoterroristas, con los ojos pintados de verde, que estamos en contra del progreso, y eso genera una imagen en el inconsciente de las personas. Otro tipo de violencia se podría catalogar como municipal o institucional. Me pasó a mí y a muchas compañeras de Petorca, Cabildo y La Ligua, nos niegan entrar a municipios y acceder a información. Y por último está la violencia mucho más directa, amenazas de muerte, en contra tuya y de tu familia, ataques, secuestros, actos que ponen en amenaza tu vida”.

Lorena es una de las muchas activistas que sufren distintos tipos de violencia por su lucha en la protección del medioambiente. El más dramático resultó en la quema total de su residencia en la comuna de La Ligua.

“El viernes 10 de julio de 2022 hicimos un estudio de agua en un relave que yo venía denunciando hace tiempo. Yo estaba en la casa de mis padres. porque estaba haciendo unos arreglos en mi casa, que era de concreto, sólo tenía muebles de madera. Mi vecina me llamó diciendo que había humo saliendo de mi casa. Llegué en cinco minutos, porque las distancias son muy cortas en ciudades pequeñas, pero ya había un fuego abrasador. A pesar de eso los bomberos se demoraron muchísimo en llegar. Cuando apagaron el incendio, la policía le dijo a los bomberos que no debían hacer peritaje porque le correspondía hacerlo a Carabineros”.

Lorena cuenta que cuando le tomaron la declaración se acercó a ella el delegado presidencial de la zona, quien le dijo que tenía que incluir todas las veces que la habían amenazado, “pero el carabinero no quería poner nada de eso, estaba tratando de guiar mi relato”, sostiene la activista. El peritaje determinó que el incendio comenzó en la mesa del comedor. La ropa y los libros que estaban en bolsas habían sido regados por los pasillos y por allí avanzó el fuego. “Pero nadie puso eso en el expediente”, acusa Lorena.

“A la semana siguiente trataron de secuestrar a mis hijas en el centro de La Ligua, una ciudad muy tranquila. Les lanzaron un polvo para tratar de drogarlas, pero nunca les hicieron estudios, nada”.

Lorena menciona que uno de los problemas más grandes que tienen después de hechos de violencia como este es, primero, poder hacer una denuncia efectiva, y luego, el trauma psicológico que queda en ellas.

“Cuando uno va a denunciar te tratan pésimo. Fui a denunciar al fiscal nacional y no me atendió. Me pasaron un papel para hacer el relato en sólo cinco líneas. Nos hemos dado cuenta de que nos cambian el relato al momento de una denuncia, se borran evidencias, llegan uno o dos meses después a tomar huellas, se nos cortan los teléfonos”, enumera Lorena.

“El daño psicológico es algo que no hay forma de abordarlo. Alguien nos puede decir que nos van a ayudar, nos van a colaborar, poner a disposición un psicólogo o hasta un psiquiatra, pero todos coinciden en que el trauma de persecución no hay cómo abordarlo. Las personas que sufrimos estas violencias somos desplazadas del mundo político, nadie quiere decir que se junta con nosotras. Amnistía puede levantar causas, igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), puede brindarnos contención y apoyo psicológico, pero definitivamente faltan recursos y políticas públicas”.

A pesar de que Lorena Donaire ha trabajado en un proyecto de ley que busca brindar protección a los activistas medioambientales, denuncia haber sido desplazada del debate político y considera que el tema pasa inadvertido por los medios de comunicación:

“El proyecto de ley que presentamos quedó dormido en la comisión de Derechos Humanos del Congreso. El diputado Diego Ibáñez (FA) también presentó un proyecto, pero nunca se ha comunicado conmigo.  Nosotros servimos solamente cuando hay que hacer campaña, pero cuando hay que hacer las cosas bien no servimos. Ahora se ratificó el Acuerdo de Escazú, pero nosotras que somos quienes lo vivimos todos los días no estamos sentadas a la mesa”.

“Sabemos que Latinoamérica es un territorio especialmente complicado para ser activista por el medio ambiente, pero uno piensa en Colombia, en Brasil, México, que son grandes países con grandes niveles de población, pero en Chile también pasa y se tiene oculto. Muy pocos medios se pusieron en contacto conmigo cuando quemaron mi casa”.