En marzo, el ministro en visita Jaime Balmaceda, quien lideraba la investigación de las 1.100 denuncias presentadas por adopciones forzadas en Chile, dio una entrevista al diario español El País. En dicha conversación, Balmaceda señaló que “en los cinco años de investigación no he logrado establecer que haya habido delito”. Tras estas declaraciones, la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS) presentó una solicitud para remover a Balmaceda del cargo, petición que fue acogida por la Corte Suprema. Marisol Rodríguez, presidenta de HMS, accedió a conversar con Doble Espacio sobre estos dichos que “transgreden el derecho a ser juzgado por un juez imparcial”.

De niña, Marisol Rodríguez Valenzuela (49) siempre deseó un hermano o hermana. “Tú tienes un angelito”, le decía su madre, pensando en la otra hija que tuvo pero que nunca conoció. Tras un embarazo y parto normal, a la madre de Marisol le dijeron que la recién nacida había fallecido y su cuerpo quedaría para investigación científica. Sin embargo, cuando Marisol creció, descubrió que hubo irregularidades en el nacimiento de su hermana desaparecida, ya que no existía acta de nacimiento, certificado de defunción ni la ficha del parto de su madre. 

Los años pasaron y Rodríguez conoció otros casos de recién nacidos desaparecidos, tal como el de su hermana. Comenzó a contactarse con personas que vivieron situaciones similares y junto a ellas en 2014 creó la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS). Hasta el día de hoy, el grupo ha concretado más de 300 reunificaciones de familias, gracias a la investigación propia y la aplicación de tests de ADN, un trabajo que les ha permitido encontrar niños chilenos que fueron llevados irregularmente a países como Suecia, Francia o Italia. Además, han colaborado de forma constante con la justicia chilena, particularmente en la causa que hasta fines de abril era liderada por el ministro en visita Jaime Balmaceda, que reúne cerca de 1.100 denuncias presentadas por adopciones forzadas en Chile. 

Hace unas semanas el diario El País publicó una entrevista en donde el ministro Balmaceda afirmó que “en los cinco años de investigación no he logrado establecer que haya habido delito”. De acuerdo a la entrevista, Balmaceda justifica la ausencia de delito en que “es difícil juzgar los hechos ocurridos en ese momento con la mentalidad actual”, señalando además que antes de 1989 “la legislación era infinitamente distinta a la que existe hoy”. 

Ante esto, HMS presentó una solicitud ante la Corte Suprema para remover a Balmaceda, acusando que con sus declaraciones se estaba pasando a llevar el “derecho a ser juzgado por un juez imparcial”. El máximo tribunal acogió la solicitud y decidió que a partir de junio la causa será liderada por el ministro en visita Guillermo de la Barra, que ha liderado causas como la del asesinato de Víctor Jara, la absolución de los condenados por la muerte de Eduardo Frei, la condena a Raúl Escobar (Comandante Emilio) por la muerte de Jaime Guzmán, entre otros relacionados a la dictadura cívico militar. 

• ¿Qué les produjo leer la entrevista a Balmaceda?

— Para nosotros fue indignante, una rabia tremenda, una pena gigante. Esto es lo único que tenemos que nos pueda dar certeza de lo que pasó y nos damos cuenta de que él tomó el caso muy por encima y no vivió el dolor de las madres. Decir que esto no pasó, y todo lo que él dijo, no tiene concordancia con lo que hemos investigado, con la información que hemos entregado y con la situación de las mismas madres. Sabemos que hay casos dentro de la investigación en que a las madres les dijeron que sus hijos habían fallecido y ahora aparece un hijo vivo.

• En la entrevista el ministro Balmaceda habló de “niñitos y niñitas abandonadas” y que por esta razón los tribunales de la época dieron su tuición para padres y madres de otros países, ¿qué piensan de esos dichos?

— Desde la primera instancia de esta investigación se da cuenta de documentos falsificados, o sea, son adopciones ideológicamente falsas. Cuando nosotros buscamos a las madres nos encontramos con mujeres que nos dicen “me están estafando, me dijeron que mi hijo había fallecido”. Existen documentos en donde aparece que la madre era prostituta, alcohólica o que había abandono, pero nosotros hemos encontrado hijos en el extranjero que murieron quemados, sin alimentar o maltratados. Hubo un Estado que no cuidó la infancia, en ningún sentido. Yo no sé qué personas tan importantes estuvieron involucradas en esto que no dejan que se encuentre a los culpables.

• En la misma entrevista, Balmaceda descarta que exista una red, pero ustedes sostienen que sí fue algo sistemático. 

— Sabemos que en cada región de donde se llevaron niños actuaban de cierta forma, era sistemático, una red. Incluso se han encontrado documentos donde se detalla cómo debía ser la manipulación hacia las madres, por eso me extraña:  o estamos en mundos paralelos o no puedo entender a Balmaceda. 

• Hasta el momento diversas autoridades han descartado intereses políticos en las adopciones forzadas. ¿Están de acuerdo con esa lectura?

— La historiadora Karen Alfaro hizo un estudio y encontró documentos que dan cuenta de que existió una política de Estado para terminar con la pobreza por medio de quitarle los hijos a las familias de madres pobres. Yo sé que dentro de los detenidos desaparecidos hay madres que estaban embarazadas, pero el 90% de las madres no tenía color político. Aquí se castigó la pobreza.

• Hasta la salida de Balmaceda, él habló de 1.100 denuncias en la causa. ¿Ustedes coinciden con esa cifra o creen que hay más casos que no han sido denunciados?

— El ministro (Mario) Carroza dijo en su momento que se estima que son 22.000 niños los que se llevaron al extranjero. Lo que habla Balmaceda es la gente que ha ido a denunciar. Nosotros sabemos que hay muchos más. Hay personas que buscan su origen, que no quieren involucrar a sus padres adoptivos y hay mamás que buscan en silencio. Pero ese no es un número menor, porque para una madre que va a poner la denuncia implica acordarse en detalle del día del parto, y no todas las personas tienen la capacidad, emocionalmente, de poder hacerlo. 

• Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de Hijos y Madres del Silencio en estas denuncias?

— Nosotros le sugerimos a cada persona que vaya a hacer su denuncia, porque en Chile el acceso a las fichas de hospitales es exclusivo para las madres. La denuncia permite que las instituciones puedan buscar los datos en dichas fichas. En general son las madres las que más se atreven a hacer la denuncia. La persona que busca su origen no va a involucrar a sus padres adoptivos. Muchos de ellos, sobre todo los que están en Chile, no cuentan que andan buscando a su madre biológica. Además, en Chile no hay un banco de ADN abierto para estos casos, solo se puede acceder haciendo la denuncia. En un momento se hizo un banco de ADN, pero lo bajó el gobierno anterior y a pesar de que se tomaron muestras, los ADN no se analizaron.

• En marzo el ministro de Justicia Luis Cordero afirmó que el Estado de Chile va a emprender acciones para abordar las adopciones forzadas. ¿Cómo ha sido el trato de este gobierno con ustedes?

— En marzo organizamos el cuarto Congreso Internacional de Adopciones Ilegales y Tráfico de Niños, al que asistió el ministro de Justicia, y señaló que este es el momento de hacerse cargo. Si bien en este momento no estamos en el programa de desapariciones forzadas, sí hay una mesa intersectorial en la que están trabajando diversas instituciones. 

• ¿Qué opinan de la nueva asignación del ministro De la Barra?

— Esperamos que sea distinto, porque este conjunto de jueces ya conoce más o menos del tema. No puedo tener una negación frente a él, porque la verdad no lo conozco. Espero que sea justo y que busque la verdad. Dentro de la investigación se sabe que hay personas que estuvieron involucradas en todo esto y que se han muerto y han salido como si nada. Nos encontramos con que esas personas al final están muriendo y no están pagando.

• Con el nuevo ministro en visita De la Barra y la mesa intersectorial en marcha ¿cuál es su esperanza en torno a estas causas?

— Nosotros lo que pedimos es que se realice una comisión de verdad, justicia y reparación y que se cree un banco de huellas genéticas nacional. Además, que se cree una entidad que se encargue de la búsqueda de cada una de las personas que han sido víctimas de las adopciones forzadas, tanto madres, familias e hijos.