Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2023, la sensación de inseguridad llegó a un máximo histórico de 90.6%. Mientras tanto, solo el 21,8% de hogares declara haber sido víctima de algún delito, lo que confirma la disminución sostenida de este indicador desde 2017, solo rebotando después de la baja abrupta en los años de pandemia (2020 y 2021). A pesar de la robusta agenda delictual de los medios de comunicación, ¿está Chile en una crisis de seguridad?


“Ha llegado la hora de que los delincuentes tengan sólo una elección. Tienen que elegir dónde quieren estar: en la cárcel o en el cementerio”, amenazó Rodolfo Carter a las afueras de La Moneda la mañana del lunes 4 de diciembre. El alcalde de La Florida se encontraba con José Manuel Palacios e Isabel Valenzuela, ediles de La Reina y Colina, respectivamente, ambos de la UDI, para solicitar al Presidente Boric decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana. Además, Carter anunció la implementación de Estado de Emergencia en su comuna. “Estamos ayudando a dar una pelea que se está perdiendo en la calle”, señaló.

La “crisis de seguridad” se ha tomado la agenda legislativa del Gobierno. A pesar de elevar a 5,7% el financiamiento en seguridad pública en el presupuesto 2024, aumentar en más de mil millones de pesos los ingresos de Carabineros y haber aprobado 38 leyes de seguridad, más que cualquier otra administración desde 1990, los índices de inseguridad y miedo parecen seguir aumentando. Además, esto va de la mano con la cobertura mediática de crímenes cada vez más violentos, como secuestros y sicariato.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2022, presentada el 24 de noviembre de este año, indica que la percepción de inseguridad llegó a su máximo histórico en Chile, alcanzando un inédito 90,6%. Sin embargo, el índice de victimización, que mide la cantidad de hogares víctimas de delitos, llegó solo al 21,8%, la cifra más baja de los últimos 10 años (sin contabilizar los datos de la pandemia).

A pesar de esto, la encuesta Nº 90 del Centro de Estudios Públicos (CEP), que comprende septiembre y octubre de 2023, señala que, desde hace un año, más de la mitad de los encuestados cree que la “delincuencia, asaltos y robos” deberían ser la prioridad del gobierno.

En esa misma línea, el Índice 2023 de la Fundación Paz Ciudadana señala que, a pesar de tener cifras de victimización similares a 2018 (con 36,6% y 36,4%, respectivamente), el alto temor al delito es casi el triple que hace cinco años (pasando de 10,4% a 30,5%).

El diputado Diego Schalper, ex secretario general de Renovación Nacional (RN) y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, cree que “cualquier persona que mire las cifras con un mínimo de honestidad intelectual se da cuenta de que estamos ante una crisis de seguridad”.

“La encuesta nacional de victimización alcanza los niveles más altos de muchísimos años; en materia de homicidios, que normalmente es el indicador que uno revisa cuando quiere medir la gravedad de las crisis de seguridad, también están al alza. En Chile cambió la morfología del delito”, señaló el parlamentario.

Aumento en los homicidios

Una cosa es cierta: según el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las víctimas de dicho crimen pasaron de 845 a 1322 entre 2018 y 2022. El documento señala que “hay una predominancia de los homicidios relacionados al contexto asociado a delito y/o grupo organizado, con excepción del último año analizado (2022) donde predominó por escaso margen el contexto interpersonal”.

Al consultar a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre estas cifras, la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos señaló que no pueden referirse a esos números, pues “solo trabajan con datos de la PDI”. Explicaron que “los homicidios no han aumentado en los últimos años en Chile”, a pesar de que la ceremonia de entrega del informe que lo explicaba  fue encabezada por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, el prefecto general Lautaro Arias. A su vez, la Subsecretaría de Prevención del Delito evitó dar declaraciones al respecto.

Según Carabineros, en 2018 la cantidad de delitos contra personas fue de 318,695. Cuatro años después, fueron solo 233,753 casos, casi un 25% menos. A pesar de la disminución general, hay categorías de delitos que demuestran una pequeña alza. Entre estos se encuentran el robo con intimidación, que pasó de 40,373 casos a 49,733; el robo con violencia, de 17,984 a 21,421; el robo por sorpresa, de 25,148 a 32,715; y las amenazas contra personas y propiedades, de 92,524 a 100,620.

“Yo creo que lo que ha ocurrido no es una variación importante de la cantidad, sino del tipo de delitos: ha cambiado su tipología y eso, por cierto, genera una sensación de inseguridad agravada porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de delito. Yo creo que esas características sí dan para hablar de crisis”, comenta Leonardo Jofré (CS), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Regional de la RM.

La violencia y el fenómeno migratorio

Sergio Mancilla, asesor legislativo de la diputada Gloria Naveillán (electa en cupo republicano), considera que la violencia que vive Chile hoy, aparte de ser legitimada durante las protestas del estallido social, responde a influencia extranjera: “Los nuevos fenómenos criminológicos y las formas tan atroces que estamos viendo, a las que no estábamos acostumbrados como sociedad chilena, están asociadas a otros países u otras nacionalidades pero ya llegaron a nuestro país y por tanto los delincuentes chilenos seguirán adoptando estas prácticas”, señaló.

Mientras tanto, Jaime Araya, diputado por Antofagasta y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, cree que la solución es un Estado de Excepción en todo Chile, con “énfasis regionales que permitan ir deteniendo el flujo constante de migrantes”.

“Nosotros solicitamos al gobierno que ponga discusión inmediata a un proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país, lo cual resulta un conflicto para gran parte del oficialismo porque dicen que esto generaría una mala imagen internacional. Están más preocupados por eso que por la realidad en la mayoría de las comunas del norte y las cárceles de nuestro país, que están a punto de desbordarse producto de la gran cantidad de personas que están privadas de libertad, muchos de ellos, en su gran mayoría, venezolanos y colombianos”, señala el legislador.

Según la Encuesta Espacio Público de Ipsos 2023, la principal preocupación de los encuestados frente a la llegada de migrantes, con un 54% de las preferencias, es “que aumente la inseguridad, el tráfico de drogas y la delincuencia”

De acuerdo con Gendarmería, solo 5.722 extranjeros ocupan las cárceles chilenas, un 12,1% del total de 47.360 reclusos, lo que equivale al 0,38% de la población migrante del país, acorde al Servicio Jesuita a Migrantes. De estos, la mayoría son colombianos, seguidos por bolivianos y venezolanos.

La construcción política de la inseguridad

Debido a la instalación de una robusta agenda delictual en los noticieros, Francisco Vidal, exministro del Interior y de Defensa, también cree que el país vive una crisis de seguridad.

“A la inseguridad inherente a toda sociedad, se le agrega un factor en Chile, que es la politización del tema, y la derecha, con todos sus instrumentos y medios, agudiza esa sensación, pero hay un divorcio entre los datos objetivos y la sensación. Lo que media entre el dato y la percepción es una orientación política por parte de la actual oposición para hacerle mella al gobierno”, señala el otrora secretario de Estado. Consultado si cree que esta agenda es una maniobra política netamente para pegarle al gobierno, Vidal considera que sí: “Obvio. Siempre ha sido así”.

Según Enusc, entre 2018 y 2021 existe una relación inversamente proporcional entre la tasa de victimización y la percepción de inseguridad: mientras el primer factor pasó de 25,4% a 16,9%, el segundo aumentó de 76,8% a 86,9%. Al intentar consultar por esta disparidad, Gonzalo Blumel, ministro del Interior de Sebastián Piñera entre 2019 y 2020, declinó ser entrevistado para esta investigación.

Quien es contraria a la tesis de la crisis de seguridad es Alejandra Mohor, socióloga, magíster en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile.

“Creo que lo que tenemos al frente es un proceso de transformación que es propio de los fenómenos sociales, que no son estáticos, pero no me parece que revierta todavía y no tiene las características de una crisis de seguridad. Son fenómenos propios de la transformación social – global y este afán de mediatizarlos con ciertos adjetivos de crisis, son muy grandilocuentes y convenientes para un discurso que viene instalándose en Chile hace bastante tiempo en realidad”, señala la académica

Al preguntarle si cree que los medios de comunicación tienden a amplificar la magnitud de lo que está viviendo Chile, la socióloga explica que “eso está documentado y estudiado, no es una opinión, y creo que es funcional a diversos intereses políticos y económicos. Los dueños de los medios no están lejos de los anunciantes. Forman parte de una misma clase económica e incluso con las mismas afinidades políticas, y si bien no se juntan una vez al año con una agenda que dice ‘hoy vamos a complotar contra la ciudadanía’, lo cierto es que comparten muchos espacios sociales.

“Entonces en la medida en que no nos hagamos cargo seriamente del rol de los medios de comunicación, vamos a seguir transmitiendo un mensaje que es muy funcional al devenir de los intereses políticos de ciertos grupos”, agrega Mohor.

Pese a las distintas miradas sobre el tema, hay un gran acuerdo transversal: el delito está cambiando en Chile. Las cifras de temor al delito e inseguridad han llegado a máximos históricos tras al menos cinco años al alza, lo cual no necesariamente se condice con el aumento cuantitativo de los delitos en el país, que tienden a la baja. Sumado a esto, entre control migratorio, Estado de Excepción y hegemonía mediática, los sectores políticos disputan la cancha de la verdad sus respectivas hipótesis sobre y contra la violencia. En Chile, ¿a quién le conviene la crisis de seguridad?