A puertas de la votación del nuevo proceso constitucional chileno, el historiador y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Sergio Grez analiza las causas y el funcionamiento del Comité de Expertos y el Consejo Constitucional. El catedrático ahonda, junto a Doble Espacio, en la naturaleza política de la nueva Carta Magna, en la intrincada derecha chilena, como en los posibles riesgos que podría tener para el marco legislativo de categorías como los derechos humanos y el medio ambiente.

Este domingo 17 de diciembre se votará en Chile si será reemplazada la Constitución impuesta en la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet en 1981, o se conserva con las reformas posteriores. El último proceso comenzó luego de que el 4 de septiembre de 2022 ganara la opción “Rechazo”, con un 62% en el plebiscito de salida de la Convención Constituyente chilena.

El panorama político nacional, a un día del plebiscito está posicionada en dos vertientes: “A favor”, opción defendida por coaliciones como el Partido Republicano, Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli); y “En contra”: respaldada por el oficialismo y formaciones como Socialismo Democrático (compuesta por el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal) Frente Amplio (Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes), además del Partido Comunista.

Este segundo proceso contó con una alta representación de especialistas y consejeros del Partido Republicano, quiénes obtuvieron más de un 35% de los votos durante la elección de candidatos el domingo 7 de mayo. La nueva escritura de la Carta Magna generó un debate que perdió interés de parte de la ciudadanía debido a la importancia de realidades ajenas a la discusión del estatuto, como la seguridad y la crisis económica nacional. Grez es enfático al afirmar que la incidencia del poder popular es menor, en comparación al proceso anterior. Al mismo tiempo, realiza un recorrido por los diferentes periodos en la historia de Chile donde se tuvo que redactar una nueva Constitución. En este caso, desde la ausencia de los valores democráticos y la discusión como una forma de hacer política.

-¿Cómo podría categorizar la influencia que tuvo la revuelta de octubre de 2019 en el actual proceso constituyente?

El “Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, tuvo como objetivo principal la desmovilización de la población que llevaba casi un mes protestando en las calles. La promesa de una nueva Constitución fue el elemento introducido para hacer que la población volviera a sus casas, para que se terminaran las protestas. Con este artefacto, en base a la promesa de la realización de un proceso constituyente democrático, empezó a desmovilizarse la protesta social. Eso no fue inmediato, tomó algunos meses y terminó de concretarse con el pretexto de la pandemia del Covid-19 utilizado por el gobierno de Sebastián Piñera para recluir en sus casas a una buena parte de los habitantes del país.

Bien sabemos que el proceso constituyente establecido en este acuerdo y ratificado por la reforma constitucional de diciembre del mismo año 2019, no fue ni libre, ni democrático, puesto que el organismo destinado a elaborar la nueva Constitución, que terminaría siendo la Convención Constitucional, venía determinado por normas impuestas por el Parlamento, tales como el elevado quórum de los dos tercios para aprobar cualquier propuesta de artículo de la nueva Constitución, o incluso para definir las propias normas de funcionamiento de la Convención. Dicho proceso constituyente normado por el Parlamento estuvo en todo momento controlado por las fuerzas políticas que apuntaban a la estabilización, a la gobernabilidad y a la mantención del modelo, así fuese con unas cuantas reformas del modelo neoliberal.

La Convención Constitucional estuvo hegemonizada por una alianza de centro izquierda, básicamente el Frente Amplio, y el Colectivo Socialista (nombre que adoptaba en el seno de ese organismo el Partido Socialista), que tendió puentes hacia su derecha, hacia una serie de colectivos derivados de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia e incluso, en algunas ocasiones, llegó a acuerdos o confluyó con las representaciones de la derecha clásica para evitar que las propuestas más radicales que emanaban de algunos colectivos de izquierda representados en la Convención Constitucional fueran aprobados.

El resultado de la Convención Constitucional fue desastroso: esta elaboró un proyecto de Constitución pletórico de derechos proclamados, mas no asegurados, porque los derechos sociales y económicos requieren grandes recursos financieros que no estaban disponibles. Los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a pensiones dignas, etc., para ser efectivos necesitan contar con importantes recursos económicos, pero no se sabía de dónde saldrían esos recursos desde el momento en que la propia Convención Constitucional se negó a adoptar medidas que facilitaran, por ejemplo, la nacionalización de recursos naturales como el cobre y el litio. De tal manera que el proceso se hundió y el triunfo del Rechazo fue abrumador.

-¿Qué diferencias se pueden notar entre el proceso constituyente actual y el anterior?

Este nuevo proceso constituyente, que está a punto de terminar, es distinto al anterior en muchos aspectos, es mucho más conservador, más restrictivo, no guarda relación alguna con el proceso constituyente generado por la rebelión popular de fines de 2019. Porque si bien el proceso constituyente anterior, en definitiva, estuvo capturado por los partidos políticos representados en el Parlamento, hay que reconocer que se trató de un proceso constituyente más abierto, resultante de una combinación dialéctica de fuerzas opuestas: el desafío de la rebelión popular “por abajo” y la astuta respuesta “por arriba” de la casta política, representada por el Acuerdo del 15 de noviembre.

En el actual proceso constituyente no hay prácticamente incidencia alguna de parte de los sectores populares, de quienes se movilizaron a fines de 2019 y a comienzos de 2020. Es solo una maniobra de la casta política, de todos los partidos, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista, con la sola excepción del Partido Republicano, destinada a birlar la soberanía popular, y hacer que, una vez más, sea la casta parlamentaria la que tenga el sartén por el mango, negando la soberanía popular, impidiendo que el poder constituyente originario se despliegue de manera autónoma, libre y soberana.

-¿Este proceso tiene similitudes con otros procesos constituyentes en la historia de Chile?

Cada proceso constituyente de nuestra historia republicana ha tenido características propias, irrepetibles, como los hechos históricos en general. No obstante, hay elementos comunes, desde los primeros procesos constituyentes durante la Patria Vieja hasta el actual proceso. El elemento común es la ausencia de procesos constituyentes plenamente democráticos en nuestra historia. Todos los procesos constituyentes, cual más, cual al menos, han sido el fruto de las deliberaciones, acuerdos, consensos, disensos y luchas entre fracciones de las clases dominantes.

Con el agravante de que, en varios de estos procesos, la fuerza militar fue el elemento decisivo, en particular para imponer las tres Constituciones más importantes. La de 1833, que fue el fruto directo del desenlace de la guerra civil de 1829-1830, en la que el bando conservador se impuso a los liberales; la Constitución de 1925, que fue el resultado de la habilidad política del presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, quien con apoyo del Ejército presionó a los constituyentes nombrados a dedo por él mismo para que aprobaran su Constitución presidencialista; y la Constitución de 1980 impuesta durante la dictadura de Pinochet con ausencia absoluta de libertades democráticas y de condiciones mínimas para que el proceso constituyente tuviera algún rasgo democrático.

Si bien el proceso constituyente que fracasó en 2022 fue bastante más abierto y libre que todos los anteriores, por las razones expuestas anteriormente, no puede catalogarse como un proceso constituyente plenamente democrático. El actual proceso que ya he caracterizado, con tres organismos decididos por los parlamentarios, dos de los cuales fueron designados por ellos mismos y con un Consejo Constitucional, que si bien fue elegido por la ciudadanía, lo fue en condiciones absolutamente restrictivas, en definitiva, tiene muchos rasgos de continuidad con los procesos constituyentes en general en la historia de Chile. Estos procesos, arreglados por la casta política en representación de la clase dominante, carentes de legitimidad democrática y en los que, como siempre, se ha impedido que el poder constituyente originario, que reside única y exclusivamente en la ciudadanía, se despliegue de manera libre y soberana a través de una Asamblea Constituyente.

El oficialismo y las posiciones políticas

El 11 de noviembre de 2023, el presidente Gabriel Boric recibió una copia de la propuesta Constitucional que será llevada a votación el domingo 17 de diciembre. En el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional de Santiago, el mandatario emitió unas palabras junto a la presidenta del consejo constitucional: la republicana Beatriz Hevia. “Los chilenos deberán decidir si esta es una propuesta que nos une”, planteó Boric en su discurso, donde también agregó que cada chileno “tendrá que ponderar de qué manera este texto constitucional permitirá abordar los grandes temas de Chile”. Esto, en relación a lo que propone el nuevo estatuto en materia de derechos humanos, medio ambiente, seguridad, entre otros temas.

Para Sergio Grez, la responsabilidad del gobierno recae en la manera en que se realizó el proceso constituyente. En esa misma línea, el especialista afirma que, como consecuencia de una falta de análisis de la derrota de la propuesta anterior, existe una falta de criterio de parte del oficialismo que no toma en cuenta la realidad del pensamiento político de los chilenos.

-Debido a la alta representación de constituyentes pertenecientes a la derecha republicana, ¿Qué rol cumple la izquierda en la formulación en este proyecto de una nueva Constitución?

En un sentido estricto no existe izquierda política en Chile. Para que un partido, colectividad o persona pueda ser considerada de izquierda, lo mínimo es que sea anticapitalista. Pues bien, las organizaciones autodefinidas como izquierda, que participan en el actual gobierno, están administrando el modelo neoliberal, del mismo modo como lo hizo la Concertación o la Nueva Mayoría durante tantos años desde 1990. No hay izquierda política en este país.

Quienes han participado en el actual proceso contribuyente, ya sea con miembros designados por el Parlamento en la Comisión de expertos, en el Comité técnico de admisibilidad o con representantes elegidos en condiciones muy restrictivas al Consejo Constitucional, no son fuerzas de izquierda, aunque se declaren como tales. El rol que han jugado ha sido de acompañamiento secundario respecto de la mayoría hegemónica de derecha y de extrema derecha. En realidad, estos progresistas han estado bebiendo de su propia medicina, se han cocinado a fuego lento en la misma cocina que prepararon con la extrema derecha, la UDI, Renovación Nacional, o Evópoli a través del Acuerdo por Chile. El tiro le salió perfectamente por la culata. El rol histórico que están cumpliendo es simplemente patético y lastimero.

-Según su análisis, ¿cómo considera que ha sido la posición del gobierno de Gabriel Boric en este proceso constitucional?

El gobierno de Gabriel Boric y las fuerzas políticas que lo sostienen, son los principales responsables de este proceso constituyente que culminará en un nuevo desastre. Nada obligaba a este gobierno a implementar y empujar con todas sus fuerzas un nuevo proceso constituyente, a pocos días de consumado el naufragio del 4 de septiembre de 2022, sin la menor autocrítica acerca de las causas profundas que provocaron el gran triunfo del Rechazo en ese plebiscito.

Pocos días después, lanzaron contra viento y marea este nuevo proceso, confabulándose a espaldas de la ciudadanía, junto con la derecha clásica para llegar a un acuerdo, el Acuerdo por Chile que, como he sostenido, significa una expropiación descarada de la soberanía popular por la casta política. Por ende, la responsabilidad del actual gobierno en el fracaso en que culminará este nuevo proceso constituyente es absoluta, pero compartida con prácticamente todo el arcoíris político representado en el Parlamento.

El haber empujado este proceso constituyente sin consulta a la ciudadanía y sin darse siquiera el tiempo para realizar un balance profundo acerca de las causas de la derrota sufrida el 4 de septiembre, significa no solo una gran responsabilidad política por llevar a Chile a un nuevo pantano constituyente. También, pone en evidencia la absoluta falta de pericia política de quienes nos gobiernan, su completa desconexión con la base social y el sentir de los ciudadanos de a pie, con la gente común y corriente que tiene otras prioridades, necesidades, percepciones, además de otros tiempos políticos.

-¿Cuáles son las consecuencias de que unidades como el grupo de consejeros o el comité de admisibilidad no tuvieran participación en la escritura final del borrador constituyente?

Conviene precisar que el Consejo Constitucional tuvo alguna participación en la redacción del texto final. Pues si bien el borrador de Constitución fue propuesto por el Comité de expertos, los consejeros pudieron proponer cambios y reformas a condición de que alcanzaran acuerdos en base al quórum establecido. Eso se logró en muchas oportunidades, debido a que la derecha en su conjunto, Partido Republicano más Chile Vamos alcanzaba, casi siempre sobradamente, ese quórum supra mayoritario.

En todo caso, en una perspectiva crítica y global, podemos decir que la casta política no corrió ningún riesgo al urdir el entramado del Acuerdo por Chile, que consistía básicamente en tres organismos, dos de los cuales, el comité de expertos y el de admisibilidad, nombrados íntegramente por ella misma y solo un tercero organismo, el Consejo Constitucional electo en condiciones restrictivas por la ciudadanía. Todo el entramado de quórums y de normas, el ping-pong de ir y venir entre estos dos conjuntos, más el tercero que actuaba de manera vigilante, aseguraba que ninguna norma de cambio sistémico radical pudiera ser aprobada.

Y así ocurrió, efectivamente, esta fue una cancha absolutamente rayada por la casta política parlamentaria, a espaldas de la ciudadanía. Los resultados los conocemos: un texto que es aún más radical en asegurar el modelo neoliberal que el actual, resultante de la Constitución de 1980 y de la sucesión reformas que ha sufrido.

-¿Qué riesgos existen en esta propuesta ante los derechos sociales y humanos?

La propuesta de nueva Constitución redactada por la derecha y la extrema derecha plantea una serie de problemas en ambas materias porque, en primer lugar, los derechos sociales quedan sujetos al así llamado “principio de responsabilidad fiscal”, según lo que está planteado en el primer artículo de este texto. Así, por ejemplo, al derecho a la educación se le agregó el criterio de “razonabilidad en la asignación de los recursos públicos”. El mismo artículo número 1 establece que la implementación de los derechos sociales quedará a cargo tanto de instituciones privadas como estatales.

Lo mismo ocurre con los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la vivienda, adecuada, lo que significa en términos sencillos y claros que se perpetuará el rol dominante de las Isapres, de las AFP y de las instituciones fiscales con fines de lucro. De manera más general, se puede afirmar que este texto no hace referencia a fuentes del Derecho Internacional de Derechos Humanos como la costumbre internacional y las resoluciones de los organismos internacionales, además de restringir una serie de derechos medianamente consagrados en la Constitución o en la práctica social actual, como por ejemplo, el derecho de huelga. De este modo, los trabajadores quedarían imposibilitados de recurrir a la huelga cunado su salud e integridad se encuentren en grave riesgo o se produzcan incumplimientos patronales a la ley o a los contratos colectivos.

Además, restringe de manera aún más severa que la normativa laboral actual la negociación colectiva al marco de la empresa, impidiendo constitucionalmente el avance hacia la negociación por ramas de actividad económica. Respecto de los pueblos originarios, incurre una vez más -esto ya es una costumbre en la tradición jurídica y política chilena- en el mito de la “nación chilena, única e indivisible”. Lo que significa, en la práctica, negar que en el Estado y República de Chile conviven varios pueblos y naciones, aunque reconoce de manera meramente formal la interculturalidad promoviendo, así lo dice el diálogo, en condiciones de igualdad y de respeto, no se refiere en ningún momento a los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos originarios.

También se niegan, en la práctica, la protección medioambiental, ya que se rechazó el establecer principios relacionados con la prevención, la precaución, la justicia ambiental, proambiental, la justicia climática y otros. Se rechazaron la protección del medio ambiente mismo, la biodiversidad, glaciares y paisajes naturales. Se agravó la situación actual, pues mantiene la privatización de las aguas, pero además constitucionaliza el mercado de aguas, al establecer que los titulares de estos derechos pueden disponer, transmitir o transferir los derechos de aprovechamiento que le han sido asignados.

En general, todo esto se relaciona con la mantención del modelo neoliberal, entregando al mercado la posibilidad de que ciertas prestaciones que tradicionalmente son o deberían ser consideradas como derechos adquiridos por parte de la población como salud, educación, vivienda y seguridad social, sean compartidas prácticamente en pie de igualdad, si no con mayor responsabilidad, por los privados y el Estado.

El futuro del proceso

Luego de la votación del proceso constituyente, de no ser aprobada la carta magna hasta el momento no existen indicios de un tercer proyecto constituyente a nivel nacional. En ese caso, continuaría en vigencia la constitución establecida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que si el nuevo estatuto es aprobado se necesitarán 10 días para que el Presidente de la República, Gabriel Boric, ratifique la opción para luego ser oficializada.

El académico Sergio Grez, posicionado por la opción “En contra”, explica que desde esa decisión política se debe articular una mayor participación popular y ciudadana con el fin de que las demandas y realidades sociales sean respetadas en el nuevo estatuto jurídico nacional.

-De acuerdo con su juicio y análisis, ¿qué proyecciones usted tiene sobre los resultados de este proceso a menos de dos semanas de las votaciones?

Aunque no estoy en condiciones de predecir porcentajes, pero tengo la convicción de triunfará el voto “En contra” del artefacto constitucional que nos están proponiendo. Esto es muy importante, pues significa que la cuestión constitucional y constituyente seguirá abierta en Chile durante un tiempo que no es posible de predecir, pero un tiempo relativamente largo contrariamente a lo que quiere la clase dominante, que en su expresiones más representativas, el gran empresariado y los políticos a sus servicio: cerrar a toda costa el proceso constituyente, para de esta manera dar estabilidad y gobernabilidad al país en la perspectiva de la mantención del modelo económico y social neoliberal y de la democracia restringida, tutelada y de baja intensidad que nos rige desde 1990.

Por eso es importante asegurar el triunfo del voto “En contra”, para que una vez que se reúnan las fuerzas sociales y políticas suficientes, lo que pasa por una reconstitución y fortalecimiento del movimiento popular, se pueda plantear nuevamente y con posibilidades de éxito, la apertura de un nuevo proceso constituyente, libre, democrático y soberano. Pero esta no será la tarea más urgente e inmediata luego del plebiscito de salida de este proceso constituyente, sino, como lo he venido sosteniendo, la reconstrucción del movimiento popular con crecientes dosis de autonomía para asegurar el logro de sus objetivos estratégicos.