La pandemia de Covid-19 exigió un refuerzo al sistema público de salud, que recurrió a la contratación de trabajadores a honorarios. Hasta este año, se alcanzó a contar con más de 12 mil personas en esta modalidad. Tras el fin de la emergencia sanitaria, 6 mil trabajadores han visto con inquietud su situación ante futuras desvinculaciones y esperan aún respuestas de las autoridades.

Transcurría el 8 de febrero de 2020, cuando el Ministerio de Salud (Minsal) decretó la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19, sin prever del todo que esto cambiaría la historia de las relaciones sociales y formas de trabajo tal y como las conocíamos. Este decreto establecía distintas medidas que buscaban evitar el colapso del sistema de salud pública, el cual se acercaba con paso amenazante, en medio de la incertidumbre que rodeaba al virus.

Una de estas medidas fue la contratación de trabajadores a honorarios para reforzar al sistema hasta el fin de la emergencia sanitaria, principalmente en las unidades de cuidados intensivos, aunque la medida también ayudó a cubrir otros trabajos que realizaban los trabajadores de planta. Hasta agosto de 2023, la cifra del personal contratado a honorario llegaba a 12.417 funcionarios, según datos del Minsal.

El final de la alerta llegó el 1 de septiembre de 2023, luego de tres años. Esto trajo tranquilidad y paz para muchas personas, quienes podían, al fin, liberarse de las restricciones que les amarraban a sus propias casas. Donde la gente vio tranquilidad y algo de esperanza, el personal de la salud a honorarios vio incertidumbre. Ya no había pandemia, ya no eran “estrictamente necesarios”, según sus empleadores. Sus puestos de trabajo corrían peligro, y, así como ellos lo predijeron, este riesgo se volvió real.

Lo cierto es que los ‘honorarios Covid’ tuvieron diferentes funciones, no solamente limitadas a la atención de urgencia. Había enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, entre muchas otras especialidades, por lo que la ola de despidos abundantes afectaría áreas de la salud pública de manera profunda, masiva y violenta.

El 26 de septiembre, luego de una reunión entre la cartera de Salud y los gremios del sector, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, anunció que 6.437 de los 12 mil funcionarios serían desvinculados. Más de la mitad de los trabajadores de salud que ayudaron a los chilenos a proteger sus vidas perderían abruptamente su empleo. Según Salgado, los despidos se realizarán en dos tandas: el 40% el 30 de septiembre y el resto el 31 de octubre.

Las razones del paro

La autoridad sostuvo una reunión el 26 de septiembre, la que no dejó para nada conformes a los funcionarios, quienes aún podrían perder sus puestos de trabajo. La insistencia del Ministerio de Salud de desvincular a más de 6 mil honorarios los llevó a reaccionar inmediatamente al anuncio del subsecretario Salgado.

El 2 de octubre, una semana después del diálogo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Pública (Fenats) confirmó una paralización indefinida, a la cual se sumaron otros gremios. El petitorio era claro en su objetivo: buscar la permanencia de los honorarios Covid y darles una estabilidad laboral de la que estos carecían. “Ha prevalecido la billetera fiscal sobre las políticas públicas, sobre el interés sanitario”, declaró Karen Palma, presidenta de la federación, a La Tercera.

Con el paso de los días, la movilización tomó fuerza y recibió apoyo de distintos sectores del mundo político. Se formó tal revuelo al punto que los trabajadores se manifestaron frente al presidente Gabriel Boric, quien recalcó lo complejo que es solucionar el problema planteado. “Lo que están pidiendo cuesta 50 mil millones de pesos, ¿de dónde sacamos eso?”, cuestionó el mandatario.

Finalmente, y tras muchas movilizaciones, fue el 16 de octubre el día en que la Fenats levantó el paro, luego de llegar a un acuerdo con el Minsal para la reincorporación del personal desvinculado, ahora con contratos que se mantendrían hasta el mes de diciembre. Sin embargo, el problema de fondo de los despidos no se ha solucionado del todo y los trabajadores siguen en estado de alerta, atentos al futuro de su situación laboral en el próximo año.

La presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), Margarita Araya, aclara que la organización, que fue una de las adherentes al paro, valoran siempre que pueda haber acuerdos que permitan avanzar en reivindicaciones para los trabajadores y trabajadoras, pero que no necesariamente resuelven todas las problemáticas por las que estas federaciones se mantienen movilizadas.

“Esto no significa la resolución de aquellos temas en que nos hemos reunido hasta el día de hoy para levantar las movilizaciones como gremio de la salud.”, afirmó la presidenta de Confedeprus, y añade que como gremio mantendrán “absolutamente nuestra postura del estado de alerta de movilización permanente”.

El sacrificio de trabajar en pandemia

Denise Escobar Yáñez es nutricionista clínica contratada a honorario, y trabaja desde mayo de 2020 en el Hospital Dr. Sótero del Río, en la comuna de Puente Alto. Hasta el momento, su puesto de trabajo sigue en peligro, ya que su contrato termina el próximo 31 de diciembre. “Trabajar durante la pandemia fue bastante duro, porque tuvimos muchos pacientes complicados, y otros que fallecieron. Había una sobrecarga importante. Yo estaba en el hospital modular y todos éramos nuevos, así que se formó un bonito grupo, siempre a favor de poder recuperar a los pacientes”, recuerda sobre su experiencia laboral.

Claudia Henríquez, dirigente de base de la Fenats y que trabaja en el mismo hospital desde hace 10 años, afirma, desde la sede que abriga a la sectorial del gremio, la importancia del trabajo de los honorarios, junto con la creación del hospital modular para enfrentar la emergencia del virus. “Todas estas medidas vinieron a aportar a descongestionar el problema que tenemos desde hace mucho tiempo, como son las urgencias”, recalca. Hay que recordar que este centro hospitalario es el que atiende la mayor cantidad de personas en el país, al ser asignadas 1.371.909 personas provenientes de la zona suroriente de Santiago.

En este hospital, 236 personas fueron contratadas bajo honorarios. El fin de la alerta sanitaria llevó a la directiva del hospital, liderada por el doctor Luis Arteaga Jiménez, a cambiar la modalidad de los contratos de los funcionarios, pasando a ser prestadores de servicios de salud, como manera de evitar la tanda de desvinculaciones de honorarios que se contemplaba para el final de septiembre.

De igual forma, se están buscando nuevos modos para mantener a los trabajadores con un trabajo más estable. “Los honorarios deberían tener las mismas condiciones que los otros trabajadores, ellos trabajan las mismas horas y atienden la misma cantidad de pacientes, pero no tienen la estabilidad laboral que nosotros tenemos”, añade Henríquez.

En el otro extremo de Santiago, en la comuna de Quinta Normal, se ubica el Hospital Félix Bulnes, uno de los hospitales con mayor capacidad de atención de la zona norponiente. Aldo Moroso, también dirigente sindical, trabaja en este lugar desde 1990 y ha estado alerta ante la inminente ola de despidos.

“Los honorarios llegaron a cumplir una función tan importante que cubrieron a funcionarios que tenían problemas de salud. Ellos pusieron el pecho a las balas”, dice Moroso, valorando el trabajo de estos trabajadores de la salud. Su labor, según el dirigente, es especialmente valiosa considerando la situación que vivía el hospital, el cual fue remodelado luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, y abierto de forma excepcional en abril de 2020, enfocándose en la atención a los enfermos del virus.

Según cifras entregadas por este centro, 365 personas fueron contratadas bajo esta modalidad, pero, a diferencia del Hospital Sótero del Río, no se realizó un cambio en las formas de contrato y 90 personas dejaron sus cargos durante la primera tanda de despidos. El resto solamente se mantuvo tras la postergación del plazo de desvinculaciones para el mes de diciembre. “A los honorarios no se les ha hecho una justicia real ante el trabajo que cumplieron”, comenta Moroso.

Las soluciones de las autoridades

Concluida la alerta sanitaria, el tema empezó a hacer ruido en el sector político, que comenzó a buscar alguna forma de mantener a los funcionarios en sus puestos de trabajo. La movilización de los gremios justo calzó con el inicio de la discusión de la ley de Presupuestos para el año 2024, la que ya está lista para su promulgación.

La diputada Ana María Gazmuri, quien también es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, afirma que “es realmente difícil de comprender que, en este momento, con la crisis de salud que estamos viviendo, se pensó que se podía prescindir de 6.300 trabajadores. Es un golpe duro para la salud”, y agrega que la comisión ha tratado de canalizar las peticiones de los honorarios, incluso manifestándose con ellos frente al Congreso. “Hemos tenido una clara señal hacia ellos de apoyarlos, y eso es cosa de mirarse en los registros de las comisiones, porque fuimos muy empáticos y muy claros, de una manera muy transversal”.

Claudia Henríquez ha sido testigo de las negociaciones y ha estado presente en varias de estas reuniones, donde la diputada Gazmuri y otros parlamentarios (miembros de la Comisión de Salud) han estado discutiendo el tema. “Cuando uno tiene la conexión de las autoridades se puede hacer presión”, afirma, pero aún espera que el diálogo traiga soluciones concretas.

Luego de dos meses de discusión, el 28 de noviembre finalizó la tramitación en el Congreso de la Ley de Presupuestos 2024. En el proceso de legislación, que ya contemplaba un incremento de 8,1% en los recursos de salud, fueron realizadas algunas indicaciones de manera transversal, con el objetivo de aumentar la dotación de honorarios que mantendrán sus puestos de trabajo, principalmente en diversos centros hospitalarios que abrirán el próximo año a lo largo del país.

El proyecto original sólo proponía la regularización de 2.500 contratos de honorarios, lo que fue tildado de “insuficientes” por parte de los gremios de salud, pero, tras los puntos de acuerdo, fueron agregados 4 mil cargos de expansión, y otros 2 mil adicionales que quedarán libres a raíz del proceso de incentivo al retiro. Esto llevaría a un total de 8 mil cargos potenciales para los honorarios Covid.

Las organizaciones de salud vieron con buenos ojos la negociación. En este sentido, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) indicó en su sitio web que “este avance es sin duda un logro de quienes dimos la voz de alerta y realizamos acciones en todo Chile para evitar los despidos”.

¿Qué viene para 2024

Se acerca diciembre, el plazo final de los contratos, y varios de los honorarios esperan que, con la aprobación del Presupuesto 2024, se pueda estabilizar su futuro laboral, que aún es incierto. Esto se ha mezclado con otros problemas de fondo que ha enfrentado la salud pública desde hace mucho tiempo.

Denise Escobar Yáñez es una de las trabajadoras que eventualmente serán desvinculadas, aunque la incertidumbre sobre su situación se ha presentado desde que inició funciones en el Hospital Sótero del Río. “Siempre hemos estado con el temor de que nos van a despedir. Desde finales de 2020 nos han dicho que seremos despedidos, pero ese temor ha sido mayor este año, es más concreto porque nos hicieron firmar un término de contrato”, advierte.

Los salarios bajos y la falta de oportunidades de empleo perjudicarían aún más la situación de Escobar Yáñez. “He postulado a otros empleos en otros hospitales, pero igual se ve bastante difícil por la poca oferta laboral en el campo que a mí me gusta, que es la nutrición clínica. También, en caso de que haya ofertas, el sueldo es bastante bajo para la carrera profesional que uno hace”, afirma la nutricionista.

Aldo Moroso vuelve a reconocer la importancia del aumento de la dotación del personal en el Hospital Félix Bulnes por la emergencia sanitaria, y también entrega sus expectativas sobre el futuro de la salud pública. “La próxima pandemia es la de las atenciones que quedaron postergadas”, afirma, refiriéndose al alza de las listas de espera, que, según datos del Ministerio de Salud, llegaban a 2.672.303 personas en agosto de 2023, lo que significa un incremento del 44,3%.

“El Covid trajo para nosotros una serie de problemas de salud mental y cansancio por el estrés laboral, y el hecho de que los honorarios sean despedidos empeorará todo”, complementa el dirigente, algo que se sustenta con el informe académico The COVID-19 Health Care Workers Study, de 2020, hecho con información entregada por trabajadores de 36 centros de salud de distintas partes del país, que señala que el 54% de los encuestados podrían tener un trastorno mental común por la sobrecarga laboral que dejó el virus.

En esta misma lógica, Moroso confía en que las negociaciones de la Mesa del Sector Público de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lleguen pronto a un acuerdo, y espera que el panorama para 2024 “se vea con buenos ojos para los trabajadores del área de la salud, porque necesitan un reconocimiento de verdad, no solamente de aplausos”.

Miguel Báez, compañero de Claudia Henríquez, quién irrumpe en la sede de la Fenats, va más allá del asunto de los honorarios y critica las bases mismas del sistema de la salud. “Aunque hagamos lo posible para defenderlos, el tema de los honorarios es un pelo de la cola con todos los problemas que tenemos como sistema ¿Cómo solucionas el problema de las listas de espera que afecta al 80% que se atiende en Fonasa, si la atención sólo se coloca en el 20% que está en las Isapres?”, cuestiona.

En la misma tónica, Báez opina que la cartera de Salud debería hacerse presente “desde la atención primaria y desde los consultorios que actualmente son administrados por los municipios. Necesitamos una reforma a la salud como corresponde”, pero que, a su juicio, el proyecto de nueva Constitución, a ser plebiscitado el próximo 17 de diciembre, podría poner en peligro la tramitación de reformas para fortalecer el sistema público.

En lo inmediato, las y los ‘honorarios Covid’ están esperando el mes de enero, para ver si esta supuesta estabilidad laboral se concretará con la inyección de recursos al sistema de salud del Presupuesto 2024, y cómo esto podría, de cierta forma, aliviar la sobrecarga de urgencias relegadas por la pandemia en el sistema público, el cual, históricamente, nunca ha tenido la atención que merece por parte de las autoridades.