Javiera Meneses, quien es parte del Movimiento Antirrepresivo OMAR, critica la normativa conocida como ‘Ley de Gatillo fácil’ señalando a Doble Espacio, la importancia de que esta sea derogada por ser un peligro para las comunidades populares.

El pasado 7 de noviembre se llevó a cabo un punto de prensa en la Moneda, realizado por organizaciones y familiares de víctimas de la Ley Nail Retamal para exigir la pronta derogación de esta normativa que consideran permite a las policías actuar con impunidad contra civiles.

A seis meses de la promulgación de esta ley, Javiera Meneses —asistente del Comité Jurídico y parte del Movimiento Antirrepresivo OMAR—, ha estado presente en casos donde las fuerzas policiales se han resguardado en la normativa, mostrándose enfática en su postura.

Meneses señala que el mandato pretende otorgar impunidad a las acciones de las fuerzas policiales del Estado si las declaran como legítima defensa, lo que resulta ser un riesgo para la sociedad, y sobre todo para las juventudes populares, según la experta.

Entendiendo el problema

Al ser consultada del porqué la Ley Nail Retamal se cataloga como “Ley de gatillo fácil”, la asistente jurídica señala:

En general se cataloga así porque, atendidas las cosas que regula y que establece, lo que hace es permitir el uso de la fuerza desproporcionada por parte de las policías.

Establece una legítima defensa de carácter privilegiado en favor de las fuerzas policiales, lo que en términos prácticos significa que se asume que el uso de la fuerza policial es racional y proporcionado. Por tanto, se presume que todas sus acciones dicen relación con la legítima defensa.

• ¿A qué se refiere con “por todas sus acciones”?

Fundamentalmente al uso de armas institucionales al momento de repeler lo que ellos —bajo su criterio—, consideren ataques o peligro para su integridad y sus vidas. En el fondo lo que estamos permitiendo es el uso de las armas institucionales y de la violencia por parte de la policía sin tener que otorgar una justificación.

• ¿Qué implica que esta ley proteja a funcionarios policiales?

El establecimiento de la legítima defensa privilegiada significa que se presume que hay racionalidad y proporcionalidad en el accionar policial en el uso de la fuerza, cuando la verdad es que los hechos nos han demostrado —durante los últimos 30 años—, que eso no es así, y que los abusos, la violencia y la tortura han sido pan de cada día en cada uno de los procedimientos policiales.

Entonces, el establecimiento de esta legítima defensa privilegiada hace que los funcionarios policiales no tengan que probar la proporcionalidad de la racionalidad en el uso de sus medios para defenderse, y, por tanto, que puedan usarlos a destajo en el contexto defensa propia. Muchas veces no es tal, sino que es más bien un ataque hacia los civiles.

• ¿Cómo surge esta ley?

Surge en un contexto post revuelta del 2019, y busca revitalizar a las fuerzas policiales, busca reivindicar a las fuerzas policiales. Pese a la multiplicidad de casos de abuso policial —y quiero ser enfática en esto— no son nuevos, tampoco son de la revuelta, han sido una constante durante la dictadura y desde el retorno a la democracia.

Medidas judiciales

Javiera Meneses asegura que si bien la ley surgió después del Estallido Social, puede ser aplicada a casos judiciales, inclusive con concernientes a la propia revuelta, y en los del pueblo Mapuche.

En efecto, la Ley Nail Retamal puede ser aplicada a casos relativos a la resistencia del pueblo Mapuche y también de la revuelta, del Estallido Social. Pasa que en el Derecho Penal existe un principio de aplicación de la ley penal más favorable, eso significa que, si una norma nueva establece mejores condiciones para los imputados, entonces debe ser aplicada.

En este caso, la ley más favorable aplica única y exclusivamente para los funcionarios policiales y establece mejores condiciones para ellos. Lamentablemente se ha anunciado que se solicitará la aplicación de la Ley Nail Retamal en varios casos del Estallido Social, y también en varios casos de represión y asesinato contra el pueblo Mapuche.

• Como comité y organización social, ¿cuál es el balance que pueden hacer a lo que lleva vigente esta ley?

Desde la promulgación, publicación, e incluso durante el periodo de discusión de esta norma, el balance es bastante negativo. Lo que hemos visto en términos prácticos es que hoy las policías actúan con mayor violencia sabiendo que los cubre un manto de impunidad, y eso ha significado lamentablemente la pérdida de vidas humanas.

Es muy negativo. Estamos muy preocupados y preocupadas porque esto lleva a que se utilice más la violencia en todos los procedimientos policiales, en un contexto en el que en Chile la violencia policial es un conflicto, que las violaciones a los Derechos Humanos son una realidad, y que en vez de combatirse con medidas que propendan a buscar la seguridad de las personas, lo que se hace es otorgarles más herramientas a las policías —que ya tienen el monopolio del uso de la fuerza—, para utilizarla aún más. Y como decía, eso ha cristalizado en el asesinato de personas en Antofagasta, Coquimbo, San Antonio, y aquí en Santiago.

• ¿Por qué se pide su derogación?

Creemos que es la única manera de evitar los efectos nefastos que ha tenido esta norma respecto de la violencia policial sobre las personas comunes y corrientes. Al establecer la legítima defensa privilegiada para las policías, esta norma finalmente pone en riesgo a todas las otras personas, y parece ser que la derogación es la única manera de impedir que las policías tengan esta carta blanca para hacer y deshacer en sus procedimientos policiales.

Ahora bien, también hay que entender que todo el contexto de discusión y de promulgación y publicación de esta ley, significó que se pusiera en peligro la vida de muchísimas personas. Eso ha significado la Ley Nail Retamal en términos prácticos, que las policías cuenten con la más absoluta impunidad en su acción, por eso que exigimos su derogación. Es la única manera de asegurar la integridad de todas las personas, particularmente de las juventudes populares que son quienes se han visto más afectadas por el uso y abuso de esta normativa.

Organización contra la represión

Para la asesora jurídica esta ley además es discriminatoria puesto que  aplica en su mayoría, por no decir a en todos los casos a   trabajadores, trabajadoras y juventudes populares.

No es en las tres comunas más acaudaladas de Chile donde se efectúan procedimientos policiales llenos de violencia, sino que en todo el resto, particularmente en las de mayor pobreza y discriminación, esas son las víctimas de esta ley.

Además, potenciales víctimas son todos aquellos y aquellas que se organizan y luchan por cambiar el statu quo, por cambiar la forma de vida en la que hemos estado viviendo todo este tiempo, que sabemos que es profundamente injusta, que es profundamente discriminatoria.

La riqueza en Chile se concentra en las manos de muy pocas personas —mientras que la gran mayoría recibe sueldos de miseria—, y es para allá a donde apunta esta protección especial hacía los funcionarios policiales.

• En este momento, ¿qué caso considera emblemático respecto a esta ley?

No sé si existe uno emblemático, creo que todos los casos que conocemos hasta ahora han dado cuenta de que la discusión y la aplicación de esta norma ha significado que la gente común y silvestre corre peligro en manos de los funcionarios policiales.

Está el caso de David Toro, que se da en el marco de discusión de la ley, él fue acribillado en San Antonio por intentar evadir un control policial. Los de Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez, dos menores de edad en la comuna de Independencia que fueron acusados por un funcionario —que no estaba en servicio—, y fueron asesinados. El caso de Nehomar Terán o de Maritza Pizarro. En fin.

Esperamos que no haya más casos, y es por lo que hoy estamos exigiendo la derogación. No podemos otorgarle más herramientas de impunidad a unas policías que han demostrado ser profundamente poco profesionales. Y no solo eso, sino que también han demostrado ser profundamente violentas y que claramente no se rigen por marcos mínimos de respeto a los Derechos Humanos.

• Mientras la ley siga vigente, ¿qué pueden esperar los familiares y abogados de las víctimas?

Lo que pueden esperar es un largo camino en el que muchos compañeros y compañeras abogades van a hacer su mejor esfuerzo para buscar justicia por sus casos, pero teniendo una legislación que está favoreciendo la impunidad de los funcionarios policiales. La legítima defensa privilegiada es un peligro.

También es profundamente antidemocrática. Establece un grupo privilegiado pasando por encima de, no solo la Constitución, sino que también de muchísimos tratados internacionales que precisamente establecen la igualdad. La Ley Nail Retamal le da especial protección a quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza del Estado, que son sus policías, y que están quedando impunes.

Es un camino complejo el que se viene, uno que muchos y muchas abogades populares estamos dispuestos a afrontar, a asumir, pero sabiendo que es un periodo difícil. Será arduo enfrentarse a las fuerzas policiales en términos de procesos judiciales, pero es un camino que tenemos que emprender porque no podemos permitir que la violencia y el abuso sea la constante.