La realidad de Quintero y Puchuncaví es conocida tanto a nivel nacional como internacional. Los diversos episodios de intoxicación son pan de cada día para sus habitantes. Sin embargo, hay un grupo de la población que es invisible para la institucionalidad, los niños, niñas y adolescentes. Vivir en la bahía de Ventanas significa ver arrebatados sus derechos más básicos, tales como la educación, el juego, el medioambiente limpio y especialmente sus sueños. Según profesores los y las alumnas reclaman con decepción y desesperanza: “Nos quitaron la niñez. Nos quitaron nuestro derecho a ser adolescentes”.
Reportaje galardonado con el Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2023 en la categoría estudiantil Mención Honrosa en Infancia. Publicado originalmente en Doble Espacio el 10 de julio de 2023.
Tras 58 años operando, el pasado 31 de mayo finalmente se apagaron los hornos de la Fundición Codelco Ventanas producto de los altos niveles de intoxicación y contaminación que presentaba su funcionamiento. Según el presidente ejecutivo de Codelco, André Sougarret, el “emblema de una era de industrialización” para la región de Valparaíso, cesaba sus actividades.
Durante casi seis décadas, la fundición de Codelco Ventanas fue la responsable del 54% de las emisiones anuales de dióxido de azufre, un componente dañino para la salud de las personas. Sin embargo, no es la única industria que ha generado los críticos niveles de contaminación en Quintero y Puchuncaví. A día de hoy, el parque industrial situado principalmente en la bahía de Ventanas reúne a 19 faenas entre las que destacan termoeléctricas, puertos, refinerías y almacenadoras de gas, entre otras.
La Central Termoeléctrica Campiche, que debiera cerrar el 2025 de acuerdo con el Plan de Descarbonización, es la más reciente del parque industrial pues entró en operaciones el 2013. Esta matriz energética se ubica a menos de un kilómetro del Centro Educacional Sargento Aldea (CESA) y de la antigua Escuela de La Greda. Este último establecimiento tuvo que ser trasladado dos kilómetros al norte para, en teoría, resguardar la integridad y salud de los y las estudiantes a raíz de los episodios ocurridos en 2011.
Carol Romo, madre, profesora de lenguaje en el CESA, vecina y dirigenta comenta con cierta ironía, que no tiene sentido mover una escuela, dañando el tejido social de la localidad de La Greda, sin alcanzar una solución real en la salud de su gente. Además, afirma que el nuevo establecimiento fue construido sobre un “cenicero”. “Con las cenizas y escorias de allá [del parque industrial] se taparon las quebradas donde se construyó la escuela”, comenta.
Este fue un acontecimiento que marcó la historia de niños, niñas y adolescentes en Quintero y Puchuncaví quienes por casi 60 años han visto cómo sus vidas, sus sueños y su salud son amenazados constantemente por la saturación de contaminantes. “Eso es insólito, suspenden las clases y las empresas siguen funcionando” reflexiona Katta Alonso, dirigenta de la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia (Muzosare) sobre las prioridades que las autoridades han tenido en el territorio.
A pesar de que las comunas de Quintero y Puchuncaví son catalogadas como zonas de latencia, debido a las altas concentraciones de gases y químicos contaminantes, la industrialización no se detiene. Esto pues, se busca instalar el Proyecto Aconcagua, una desalinizadora que pretende alimentar a parte de los valles de la región, pero principalmente a la faena de Anglo American en Quilapilún. “Cualquier parecido con Macondo es pura coincidencia. Aquí de verdad que es de locos” reflexiona Carol Romo.
Esta situación, junto a la permanente contaminación y episodios de intoxicaciones han generado manifestaciones por parte de la comunidad y particularmente de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la desazón por parte de los habitantes es grande. Carlos Muñoz, vocero del Colectivo de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Quintero, afirma que “algo triste que hemos descubierto en este periodo es que en este país le va a mejor a quien quema, destruye, saquea y roba que a quien trata de mantener el diálogo. Nosotros ya no creemos en el Estado de Chile”.
Por su parte, Jorge Osses, químico ambiental y exfuncionario de la Municipalidad de Quintero, también cuestiona al Estado y las reacciones de las autoridades gubernamentales frente a las manifestaciones. Esto, debido a que Osses señala que sólo tras la toma del terminal de combustible de ENAP, en medio de manifestaciones medioambientales, aparecieron las autoridades. “1700 niños [intoxicados] no importaron, nunca se acercaron las autoridades a tomar decisiones ni colocar equipamiento, no, solamente hasta que se puso en jaque la entrada de combustible al país”, sostiene.
Los habitantes han quedado desplazados en una zona de ambigüedad. Los espacios rurales, las playas, los humedales ya no son lugares para visitar ni compartir como en tiempos de antaño, y ni los colegios ni los hogares son espacios de resguardo.
El luto del sueño
Cuenta la historia que un día Pedrito, hijo de pescador, se percató de que los mares que abrazaban la bahía de Ventanas se tornaron oscuros y lóbregos producto de la contaminación que ocasionaban las empresas. Un sentimiento de rabia e impotencia lo inundaron, pues no podía aceptar que las aguas del Pacífico, aquellas que brindaban de sustento y vida a su familia y vecinos, fueran corrompidas. Frente a eso, decidió juntar fuerzas con sus amigos y pescadores de la zona para enfrentar a las grandes chimeneas.
Tras conformarse una importante masa social, en donde había pescadores, lugareños, vecinos y vecinas de Ventanas, la comunidad fue a entablar una seria conversación con las empresas en donde expresaron sus quejas y preocupaciones. Estas, al ver el daño que estaban causando, se disculparon aludiendo que no divisaron la magnitud del impacto que estaban causando, y al par de días, decidieron cerrar todo el parque industrial en son de una vida digna, saludable y feliz.
Pedrito, el hijo de pescador, había salvado a su comuna. Al menos eso cuenta Carol Romo, profesora de lenguaje del Complejo Educacional Sargento Aldea (CESA) de Ventanas, en el cuento que escribió en octavo básico, en 1992, para un concurso municipal. Un relato que ganó un premio, un elogio, un diploma y una alegría. Un sueño de una niñez que, desde entonces, anhelaba la presencia de las playas limpias y turísticas de los tiempos de antaño, pero que murió en el papel. A día de hoy, la arena sigue negra, las chimeneas humean sin cesar y el mar, fuente de vida y sustento, muere lentamente como la utopía de Pedrito.
Según el informe “Afectación de Niños, Niñas y Adolescentes por Contaminación en Quintero y Puchuncaví”, elaborado en 2019 por la Defensoría de la Niñez en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en las comunas mencionadas existe un sentimiento de sufrimiento ambiental junto con una sensación prematura a la enfermedad, como también, a la muerte.
“La noción de la muerte generada por vivir allí, no sólo como elemento constitutivo de la vida, si no que una aceleración de esta, desde el momento de nacer. Viven los efectos de lo esperado, teniendo conocimiento de lo que puede ocurrir sin mayor sorpresa”, establece el documento, aludiendo además que las y los jóvenes afectados se han autodenominado como “los hijos de la contaminación”.
Maximiliano Mena Romo, estudiante secundario e hijo de Carol, es también uno de los tantos jóvenes que conviven con esta realidad. Estudiante del CESA y aficionado al deporte y la música, hoy en día visualiza sus sueños y metas. Sin embargo, la contaminación, el olor a gas, la cotidianeidad de vivir en una llamada zona de sacrificio ha truncado sus anhelos. El no poder realizar sus actividades con la frecuencia necesaria producto de la mala situación del aire frustran al joven alumno, pues los gases tóxicos se han apropiado de sus espacios recreativos.
“Me genera impotencia porque no hay nada que pueda hacer en el momento. Tampoco se puede ayudar o hacer algo para mejorar, no hay nada. Solo quedarse callado y esperar”, comenta Maximiliano.
Por otro lado, Antonia Barahona, compañera de Maximiliano, sueña con hacer muchas cosas al salir de cuarto medio. “Mi imaginario de vida a futuro se ha visto afectado, porque no puedo enfocarme en eso ya que al mismo tiempo estamos yendo a paro o perdiendo clases por la contaminación”, comenta Antonia, quien, desde pequeña carga con una mochila, pues hace un par de años se le detectaron metales pesados anormales en su cuerpo.
En las palabras de Maximiliano y Antonia se deja entrever cómo la situación ha generado un sentimiento de afectación, de miedo. Miedo a lo incierto del futuro y a la incertidumbre que esto significa, a lo que pueda pasar en los días venideros y ante la idea de la agudización de los síntomas o el riesgo a la muerte. De cierta forma, se ha normalizado una especie de temor, no solo a padecer de algo, sino también a perder a quien se quiere, expresándose en la ambigüedad de una experiencia que se vive en silencio.
“La Anto es nieta de un funcionario que trabajó en Codelco durante 45 años. Es una historia lamentable, porque mi papá falleció el mismo día que se jubiló. Fue en año nuevo, por cáncer pulmonar, justamente provocado por la contaminación”, cuenta Oscar Barahona, padre de Antonia y profesor del CESA.
En conversación con Doble Espacio, Pamela Meléndez, directora (s) de la Unidad de Estudios, Publicaciones y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez, comentó sobre las múltiples percepciones recopiladas para el estudio del 2019 que los niños, niñas y adolescentes tenían frente al futuro, en donde su mayoría evidenciaban inseguridad e incertidumbre.
“El sufrimiento ambiental y decir que su vida puede ser más corta por los episodios vividos es algo que comentaban bastante. Una de las expresiones más brutales que nos señaló una niña de doce años de Puchuncaví era que ‘no vamos a ser el futuro de Chile porque nos van a matar lueguito’”, comenta Meléndez.
Pero el miedo a enfermarse no es lo único que amenaza con truncar sus sueños. La pérdida de clases y diferencia curricular con los y las estudiantes del resto de la región significa un nuevo desafío a la hora de entrar a la universidad. “El daño cognitivo y la afectación al desarrollo de los chiquillos ha sido devastador”, comenta Muñoz, lo que bajo su percepción se traduce en una profunda desigualdad a la hora de acceder a la educación superior.
En dicho panorama el Estado se mantiene ausente. El vocero de los apoderados de los colegios subvencionados de Quintero cuenta que la comunidad se ha visto en la obligación de llegar a acuerdos con las industrias para mitigar el daño a los y las estudiantes.
“Hay mucha gente que nos crítica por hacer acuerdos con las empresas. Hemos tratado de hacer que los alumnos sean remediados mínimamente respecto de todo lo que han tenido que sufrir en silencio” reflexiona Muñoz, agregando que “lo que hemos hecho es hacernos cargo de esta realidad y tratar de crear una distinta para nuestros jóvenes. Nosotros ya no creemos en el Estado de Chile”, concluye.
A lo largo de seis décadas, la situación de contaminación modificó drásticamente la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes de las comunas afectadas. Esto cambió la forma de habitar y percibir el territorio, en donde el arraigo se pierde cada vez más frente a la nula posibilidad de que la situación mejore.
“No es que no me guste Ventanas. A mí me gusta mucho y además yo crecí aquí, pero siempre llega un momento en donde uno tiene que irse nomás poh’, y si a mí me causa conflicto el tema de las empresas y veo que ya no mejora nada, creo que la única solución es irse”, dice Antonia hablando de su futuro.
Pedrito, hijo de pescador, soñó con la Bahía de Ventanas sin empresas, mismo anhelo que comparten los niños, niñas y adolescentes que hoy en día habitan Quintero y Puchuncaví. En su utopía de papel, Pedrito logró cumplir su cometido, pero para quienes conviven con la realidad de las industrias, el panorama es distinto.
—Porque cuando tú pierdes todo, no hay esperanza de nada — afirma Katta Alonso.
Intoxicación en el aula y falta de protocolos
Al caminar por la Av. Normandie en Quintero es posible ver los vestigios de la última movilización del Liceo Politécnico. “Queremos respirar libres”, “Educación sin contaminación”, son algunas de las consignas que se alcanzan a observar en la puerta principal del establecimiento. Estas responden a una de las tantas manifestaciones que se han realizado a nivel escolar este año debido a los episodios de intoxicaciones masivas.
En Puchuncaví el último evento masivo de intoxicaciones se registró el pasado 25 de mayo, pero los malestares en los y las estudiantes son habituales. A raíz de esto, la comunidad escolar del CESA ha realizado manifestaciones en donde los estudiantes han levantado carteles y cartas dirigidas al director del establecimiento y al alcalde. “No + Contaminación”, “La contaminación nos está matando la mente” se ha podido leer en algunas de las pancartas gestionadas por los propios estudiantes.
Pese a ser comunas diferentes, las distancias entre una y otra no son lejanas, y la sintomatología de los estudiantes coincide. Niños, niñas y adolescentes respiran día a día químicos y gases tóxicos, como el dióxido de azufre, benceno y arsénico, que sobrepasan las concentraciones establecidas. Cantidades que superan con creces las que un menor debiera estar expuesto en su diario vivir. Dolores de cabeza, garganta, vómitos, mareos y hasta pérdidas de conciencia, son algunos de los principales síntomas que presentan los estudiantes.
Maximiliano afirma que para la gente de Ventanas y particularmente para él las intoxicaciones son habituales. “No es algo a lo que uno debería estar acostumbrado, pero ya pasa” afirma.
Por otro lado, Antonia reflexiona en torno a las intoxicaciones que ella ha sufrido en su establecimiento y critica que no exista un protocolo que agilice la atención. “Me anotan en un cuaderno que voy a ir al Cesfam ahí puedo estar esperando una, dos horas, y luego entro, me pinchan y me mandan con paracetamol a la casa. Y eso fue todo”, comenta.
Ante la ausencia de un protocolo generalizado para ambas comunas, son los municipios, de la mano del Servicio de Salud quienes deben establecer qué hacer frente a estos episodios. Carlos Muñoz, cuestiona la falta de protocolo y la celeridad de las acciones: “Cuando llegan y se hacen mediciones, no hay nada, solamente tenemos intoxicados, pero no hay nada. ¿Cómo tú creas un protocolo en base a nada?”. Esto debido a que los peaks de contaminación ocurren en breves períodos de tiempo, pero las consecuencias en los y las estudiantes no se disipan a la par de los gases tóxicos.
Desde la vecina comuna, el concejal Ricardo Quero señala que si bien la situación en Quintero no es perfecta al menos existen datos. Esto debido a que en Puchuncaví cada establecimiento se comunica con padres y apoderados para decidir si enviar al menor afectado al Cesfam, o su familia lo retira y es atendido en su hogar.
Según Quero, esto representa un problema en la planificación de políticas públicas ya que en la comuna muchas veces se pierden los datos referentes a la intoxicación producto de que las familias prefieren llevar a sus hijos a sus casas en vez de ir al Cesfam. Además, agrega que tener un catastro de los niños, niñas y adolescentes afectados es fundamental porque “es muy distinto tener la pesquisa en una persona, que tener a 100 personas catastradas”.
Además, las atenciones deben ser realizadas de acuerdo con el protocolo T59, que son medidas de acción relacionadas con la contaminación ambiental. De no ser así, el paciente no es considerado como intoxicado. “Si te ponen cefalea y no T59 no estás dentro de los casos, aunque haya alerta ambiental”, explica Romo.
Debido a los diferentes factores presentados anteriormente, no existe una cifra exacta. Pero las diversas fuentes consultadas por Doble Espacio afirman que desde marzo a la fecha se han intoxicado alrededor de 1500 estudiantes, docentes y funcionarios de la educación.
El caso del profesorado no deja de ser dramático. Carol Romo afirma que el pasado 25 de mayo se intoxicaron cerca de diez docentes en una sola jornada. Además, asegura que no existe un protocolo institucional al respecto. “Colega que se siente mal avisa a la inspectoría y se va al Cesfam solito”, relata.
Sin embargo, sus eventuales intoxicaciones no son el único factor que afecta a profesores y profesoras. Los docentes han debido hacerse cargo de materias que no les corresponden en su formación profesional. “No estamos capacitados”, señala rotundamente Romo. Además, cuestiona la idea que se tiene de primeros auxilios en los establecimientos de la zona. “Primeros auxilios es que un estudiante se caiga, le pones un parche curita y listo. Te estoy hablando de un niño intoxicado con náuseas, vómito, que se desmaya, que pierde el conocimiento, y yo no soy enfermera”, explica.
Romo cuenta que ella conoce a sus alumnos y tiene algunos con enfermedades respiratorias por lo que son sus “alertas”. La profesora cuenta que a pesar de la notoria molestia física de los estudiantes, ellos muchas veces aguantan los síntomas para no perder clases. Sin embargo, con el pasar de los minutos la situación se vuelve irrespirable. “Me levantan la mano para decirme que ya no aguantan más”. Ante esto, los y las más fuertes de la sala exclaman en modo de ruego a sus compañeros “no digan nada porque no me quiero ir a mi casita”, cuenta la profesora.
Vivir atrapados en la contaminación
La situación de niños, niñas y adolescentes es crítica en las comunas de Quintero y Puchuncaví, particularmente para quienes viven su día a día en torno al borde costero y al parque industrial. Esto, pues se han visto vulnerados sus derechos en una multiplicidad de aspectos, debido al lugar en el que viven y la alta contaminación.
La pérdida de clases ha sido la tónica a nivel nacional después de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en Quintero y Puchuncaví este fenómeno se ha transformado en normalidad los últimos años. Tras las movilizaciones locales del 2018, las clases no han alcanzado regularidad. A lo anterior se suma el estallido social de 2019, la pandemia y las intoxicaciones masivas que han marcado el retorno a las aulas este 2023. “Nosotros estamos en confinamiento desde 2018”, afirma Carlos Muñoz.
Ricardo Quero explica que en la comuna de Quintero se tienden a suspender las clases con mayor frecuencia, debido a dos factores. Por un lado, la concentración de escuelas en un territorio más pequeño como es la península de Quintero, y por otro, asegura que existe una dinámica de vientos que tiende a acumular los contaminantes en la comuna vecina.
Doble Espacio se comunicó con la Secretaría Regional del Ministerio de Educación para consultar sobre el catastro de horas perdidas. La Seremi respondió que ellos no cuentan con dicha información ya que son las municipalidades quienes deben llevar este registro. Esto, pues la suspensión de clases, parciales o totales, no siempre son emitidas por la cartera gubernamental.
En ese sentido, Muñoz es drástico y asegura que en Quintero se han perdido aproximadamente 4.400 horas de clase desde 2018 hasta la actualidad. En el Centro Educacional Sargento Aldea el detalle de las horas perdidas tampoco está claro, pero Antonia asegura que este 2023 ella ha perdido, por lo menos, tres semanas de clases.
De acuerdo con el estudio publicado por la Defensoría de la Niñez en 2019 “es posible apreciar en los NNA la naturalización de un sentimiento prematuro a la enfermedad y la sensación de fragilidad permanente generada por elementos tan esenciales como el aire que respiran”. Asimismo, más allá de los números y las cifras, el informe establece que se han vulnerado diversos derechos fundamentales que les corresponden como niños, niñas y adolescentes.
Con respecto al informe, Pamela Meléndez señala que uno de los derechos vulnerados es el juego y el medioambiente, el poder disfrutar de su territorio. “Se afecta algo de lo que más valoraban de su vida que es su entorno, el vivir cerca de la playa, el vivir en espacios de aire libre, parte de su identidad es parte de lo que ellos valoran, pierden el derecho al juego y no solamente en sus espacios cotidianos de la vida privada, sino también con sus compañeros.”
En base a lo anterior, el estudio señala que “el no poder jugar al aire libre, por el temor a contaminarse al respirar y su sensación de estar más expuestos fuera de los hogares, expresa un miedo que se percibe como duradero (…) Otros se preocupan del sentido del viento para ver si pueden estar fuera de sus casas; otros, sellan sus espacios privados, modificando sus habitaciones y casas, para sentirse más a salvo”. Frente a esto, el informe concluye que ha habido una transformación de la experiencia infantil, algo que denominaron como “juego traumático”, propio de vivir en situaciones de alto impacto.
El deporte es una de principales actividades perjudicadas por la contaminación en la zona ya que es incompatible respirar altas cantidades de gases tóxicos con la realización de actividad física. “Respire poquito, no corra, no se agite” son las instrucciones que los profesores deben dar a sus estudiantes a la hora de salir a recreo, contraviniendo una de las principales necesidades de los jóvenes que es el jugar y moverse.
Actualmente, Maximiliano entrena rugby en Quintero, lo que implica además de asistir a los entrenamientos, ir constantemente al gimnasio al otro lado de la bahía para lograr sus objetivos. Sin embargo, ha visto torpedeadas sus intenciones de mejorar en el deporte debido a las frecuentes cancelaciones de sus actividades deportivas. “A veces se suspende el entrenamiento o nos mandan un comunicado de que directamente no se puede salir de la casa, ni entrenar”, comenta.
Sin embargo, para Maximiliano la pérdida de entrenamientos no es la única arista que ve perjudicada su vida fuera del colegio por la presencia del parque industrial. Para los estudiantes del CESA el paisaje diario cambió desde el 2013, ya que desde las terrazas del colegio se ve la Central Termoeléctrica Campiche y las gigantes chimeneas que tiñen de gris el cielo de la bahía. Cuando era chico, recuerda Maximiliano, les llamaba “cigarros” a los humeantes tubos de las industrias. “Uno ve siempre que están tirando humo”, dice con tristeza.
Antonia coincide respecto a la afectación del paisaje por las industrias que ahogan el borde costero. “Podemos estar en hora de clases y vemos las nubes todas negras, o el día que se va poniendo como tipo amarillo y es como super, ¿qué está pasando?”, relata.
Esta incomprensión, debido a la falta de lógica y explicaciones al respecto, es parte del día a día de niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví que a diferencia de los niños del resto de Chile se han visto obligados a crecer entre gases tóxicos.
Cierre fundición: un voladero de luces
Pero los efectos de la contaminación no son sólo visibles en el cielo, ya que la tradicional playa de Ventanas también ha percibido la presencia de las magnas industrias. Los vecinos de la localidad recuerdan que hace años el lugar era constantemente frecuentado por turistas y extranjeros, situación diametralmente opuesta a la que se vive hoy. Debido a las manchas negras en la arena por los residuos de las industrias, aves marinas muertas, tubos gigantes que se adueñan de la costa y extrañas aguas calientes en el frío océano Pacífico, Maximiliano se pregunta “¿quién va a querer venir acá? Ya no dan ganas, así no debería ser la playa”.
El pasado 23 de junio la Defensoría de la Niñez envió una Solicitud de Medidas Cautelares a favor de 13.382 niños, niñas y adolescentes de la comuna de Quintero y Puchuncaví a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud se funda en “evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes como sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, debido a la contaminación diaria del medio ambiente de las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y Ventanas”.
Dicha acción se llevó a cabo tras la sentencia de la Corte Suprema en 2019 que exige al Estado de Chile tomar quince medidas en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. “El Estado no puede propender a un desarrollo económico abandonando su rol garante de los derechos constitucionales” establece el documento de la Corte Suprema.
“Los recursos de protección solo son eso, nadie gana nada. Aquí estamos todos aplaudiendo que se fue la fundición, pero sé que esta cerró porque le convenía más instalarse en otro lado que pagar todas las remodelaciones que se le exigían por los impactos ambientales”, dice Carol Romo, en donde agrega que “no fue que ganamos los ambientalistas, ni nadie, sino más bien un arreglo entre la empresa por conveniencia. Un voladero de luces gigantes, todos celebrando y a los tres días la mitad de los cabros chicos intoxicados. Entonces, ¿quién es?”
Entre resoluciones judiciales, anuncios grandilocuentes, clases coartadas, gases y químicos tóxicos viven y crecen los niños, niñas y adolescentes de Quintero y de Puchuncaví. Luchando día a día para respirar aire puro, jugar rugby, ir al colegio, llegar a la universidad, ser escuchados y tantos otros sueños que anhelan para recuperar esa infancia que tan solo por vivir en una Zona de Sacrificio les fue arrebatada.