El Cuartel Borgoño es uno de los Monumentos Históricos más importantes para la memoria nacional, ya que fue uno de los centros de tortura más importantes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), policía secreta de la dictadura, desde 1977 hasta 1990. En la actualidad es un terreno en disputa entre organizaciones sociales y de derechos humanos y la Policía de Investigaciones (PDI), siendo esta última responsable de la demolición de gran parte de la infraestructura que se ocupó durante el régimen militar. Hoy los principales actores en defensa de la memoria siguen luchando para recuperar su historia.
La policía de Investigaciones autorizó a la Corporación Memoria Borgoño para que el sábado 7 de octubre pasado se realizara un recorrido guiado por las instalaciones del Cuartel y, a las afueras del edificio, un acto cultural que contó con artistas invitados. Aunque el recelo de los funcionarios de PDI fuera imposible de ignorar, según el presidente de la Corporación Memoria Borgoño, Higinio Espergue, en el gobierno de Sebastián Piñera este tipo de iniciativas no eran posibles, ya que hubo menos disposición de los policías que durante los gobiernos de Michelle Bachelet y el actual, del presidente Gabriel Boric.
La organización de memoria instaló sillas, mesas y carteles informativos frente al recinto para recibir a los asistentes. La encargada del recorrido fue Violeta Sandoval, antropóloga e investigadora de la Corporación Memoria Borgoño, quien intentó contactar a los funcionarios de PDI que pusieron trabas para abrir el Cuartel y dar comienzo a las actividades. Finalmente, la corporación logró acceder al Cuartel luego de unos largos 50 minutos.
De no ser por el pequeño monolito de Monumento Histórico, un par de memoriales y tres mosaicos que conmemoran a ejecutados políticos no sería fácil reconocer, por su fachada, a uno de los cuarteles de represión más importantes de la dictadura militar chilena.
La cara del edificio por la calle Avenida Borgoño está pintada con los colores azul y blanco, y se consigna con una placa de madera intacta que lo identifica como el departamento de PDI encargado de la protección de “Personas Importantes”. Por dentro, las paredes desgastadas y pasillos estrechos encierran un frío como el aura de su historia y, más al fondo, lo que rodea la estructura, que apenas sobrevive, son estacionamientos con pancartas y reservas de la Policía de Investigaciones para los autos de sus funcionarios.
Pasado del Borgoño
El Instituto de la Higiene se construyó en 1892, en la Avenida General Borgoño 1154, espacio donde se desarrollaron importantes adelantos en materia de salud, como la primera sección especializada en Seroterapia en América Latina, la vacunación antirrábica y la producción de suero antidiftérico.
En 1936 pasó a ser parte del Ministerio de Salubridad Pública y en 1952 se instaló el Servicio Nacional de Salud. Luego, en 1977, las instalaciones sufrieron un cambio rotundo cuando fue entregado a las manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), uno de los aparatos de inteligencia y represión, con mandos jerárquicos, dependientes del Ministerio del Interior del régimen militar.
El Cuartel Borgoño fue el recinto más importante de la CNI entre 1977 y 1990, donde ocurrieron diversas violaciones a los derechos humanos que fueron consignadas por la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación (Informe Valech) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Rettig). Por ello, también se conoce como un lugar histórico de denuncia por parte de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El interior del Cuartel detalla un subterráneo, sala de recepción, sala para exámenes médicos, lugares de interrogatorios, habitaciones donde se fotografiaba y tomaban las huellas de los detenidos, celdas con camas de cemento y una ampolleta sobre la puerta, siempre prendida, y una habitación exclusivamente para torturas.
Gracias a los testimonios se supo de un cuarto con equipos de sonido y video, con cajas de huevos en las paredes que aislaban el sonido del lugar. “Varios detenidos coincidieron en denunciar que fueron fotografiados y filmados en este lugar, en diferentes situaciones montadas por los agentes para hacerlos aparecer con literatura considerada subversiva, con armas o confesando delitos”, explica el Informe. “Los declarantes relataron que al ingresar se les obligaba a desnudarse y a vestir un buzo de mezclilla y zapatillas. Todo estaba muy sucio y con restos de sangre”.
Uno de los relatos —que no revela identidad— testimonia cómo llegó vendado al lugar, fue golpeado en las costillas y estómago, para después amarrarlo en una cama: “Me aplicaron corriente en varios sectores de mi cuerpo: pies, manos, pene y muslos”. Después, fue examinado por un médico que verificaba si los detenidos tenían problemas al recibir electricidad. “Al parecer no tuve problemas, pues me siguieron torturando. Además, me informaron que habían matado a mi hermana, cosa que no era tal”.
Entre los agentes de la CNI se conocía al Cuartel Borgoño como la “casa de la risa”.
Edificios y memoria abandonados
En 2016 la Policía de Investigaciones puso en marcha un plan que buscaba acabar con el Cuartel Borgoño para construir el “Cuartel Independencia II”, ya que tras el terremoto del año 2010 las instalaciones quedaron inutilizables. La institución decidió planificar la construcción de nuevos cuarteles y edificios modernos levantados sobre los restos de la memoria del cuartel en que se planificó el asesinato de Tucapel Jiménez —sindicalista chileno, militante del Partido Radical— y José Carrasco Tapia —periodista chileno entre otros complots, como la operación Albania, donde se asesinó a doce miembros del FPMR.
Debido a las peticiones de expresos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la municipalidad de Independencia se paralizaron las obras del Cuartel Independencia II. Sin embargo, ya era muy tarde para detener la construcción del Cuartel Independencia I. Hoy es un edificio de ladrillos y arquitectura moderna de inmenso tamaño. Por otro lado, también está el edificio que planearon demoler; los escombros quedaron intactos.
La casa que Augusto Pinochet declaró Monumento Histórico también sigue abandonada, pero sus cimientos están firmes. Solo las ventanas sin cristales evidencian el abandono del edificio.
La investigadora Violeta Sandoval explica que en la investigación que realizaron dentro de la Corporación Memoria Borgoño, el cuartel “se asocia el 90 a 95% de los testimonios”. Aun así, la PDI demolió parte del cuartel en 1996 y construyó el edificio que hoy es la brigada antinarcóticos.
Max Aguirre, arquitecto e investigador del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, considera que “ese descuido, por llamarlo suavemente, es grave, porque si hay alguna entidad responsable de la memoria en un país, es el Estado. Si el propio Estado no cautela esa memoria, él mismo está abonando esa pérdida, y, por lo tanto, generando una vulnerabilidad de conciencia. Eso no impide que vuelva a ocurrir. En este sentido se podría vincular con el negacionismo”.
La antropóloga Sandoval hace notar la actitud cambiante de la Policía de Investigaciones dependiendo de sus autoridades y del gobierno de turno. Actualmente, cualquier ingreso con fines de memoria son custodiados por los uniformados de la institución. Un dialogo que fluctúa en el tiempo.
Diálogos entre memoria y autoridades
Higinio Espergue recalcó la importancia de la recuperación del cuartel Borgoño, sosteniendo que “en este recinto ocurrieron secuestros, torturas, montajes y ejecuciones de cientos de hombres y mujeres, además de registrar detenidos desaparecidos (…). Promover la memoria, defensa y promoción de los Derechos Humanos es fundamental para una sociedad que realmente avance en garantías de no repetición, donde el negar la historia y la impunidad no sea aceptable”, destacó en uno de los eventos que realizan afuera del Cuartel Borgoño.
Patricia Zalaquett, quien fue presidenta de la Corporación Memoria Borgoño durante el 2019, se reunió en julio de ese año con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, y el director de la Policía de Investigaciones en ese entonces, Héctor Espinosa. Según el acta de la organización de memoria, la directiva de la Corporación insistió en los deberes en materia de derechos humanos que se debían realizar, como pasar la posesión de los terrenos a la organización. En reacción, el alto mando de la PDI reclamó por el espacio y argumentó que ellos “se ganaron el espacio”.
En suma, declaró la existencia de un proyecto en fase de recaudación de fondos. Luego de unas últimas intervenciones, el director no tuvo pelos en la lengua para preguntar a la Corporación si le estaban declarando la guerra.
En otras instancias Patricia Zalaquett envió cartas a la expresidenta Michelle Bachelet —en enero de 2018– para presentar la Corporación Memoria Borgoño y solicitar entrevistas dado el intento fallido de Bienes Nacionales y el rechazo del Ministerio del Interior. “Hay aspectos deficientes de nosotros mismos como luchadores por la memoria, respecto a la forma en que nosotros entregamos a la sociedad el significado de lo que es, en este caso, recuperar el cuartel Borgoño”, dijo Zalaquett. Además, su período directivo coincidió con el gobierno de Sebastián Piñera; tiempos que catalogó como “muy restrictivos, porque nosotros como organización rodeamos el Cuartel por fuera, con más de 800 personas, y después no nos dejaron entrar por más de dos años”.
Desde la Corporación Borgoño lamentan haber agotado las instancias gubernamentales. Incluso para septiembre de 2023, el gobierno de Gabriel Boric solo se ha comunicado para financiar actividades fuera del cuartel Borgoño, donde regularmente ya suelen hacerlas.
Gobiernos y acceso al recinto
El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, sostuvo que el diálogo con PDI no ha sido fluido, más bien ha sido un tira y afloja; relación que se ha visto principalmente marcada por los gobiernos de turno desde 2016.
La antropóloga Sandoval cree que todo en torno a la memoria en Chile se ha logrado gracias a organizaciones de sobrevivientes o familiares de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas. El Estado ha recogido el trabajo de estas entidades y lo ha oficializado.
“En el año 2016 estaba Michelle Bachelet como Presidenta, lo que volvía las cosas un poco más ágiles”, recordó Sandoval. Aunque las prioridades del Estado provocaron que el trabajo de Memoria Borgoño —durante aquel gobierno— no fuera más que conversaciones. El uso del Cuartel, destinado a la seguridad y el orden público, es distinto al de cualquier otra propiedad fiscal.
Sobre el gobierno de Sebastián Piñera, la investigadora opinó que fue un retroceso; “sabíamos anteriormente que no era fácil quitarle un lugar a PDI, porque pasaba por el Ministerio del Interior. Pero al menos se había logrado entregar un oficio recomendando ver el tema al Ministerio”, rescató.
En contraste, la llegada con las organizaciones territoriales y municipales ha sido más fácil. Recuerdan que, en 2016, el alcalde de Independencia aseguró que, para demoler el edificio, al ser propiedad de las Fuerzas Armadas y la policía, no debían contar con permiso municipal, únicamente “al final debían regularizar las obras y pagar derechos”.
Mesas de Trabajo de la autoridad
En 2013 la alcaldía construyó un memorial frente al cuartel y desde esas iniciativas, trabajan en conjunto con las opiniones de las organizaciones de derechos humanos. “Todo esto queremos recuperarlo, con una parte que sea sitio de memoria, otra parte pueda ser espacio comunitario, un espacio para trabajar con las organizaciones y una parte para el municipio”, determinó el alcalde hace 10 años.
Las mesas de trabajo en conjunto con PDI encontraron una dificultad para concretar acuerdos, aunque últimamente Durán afirmó que están más abiertos al diálogo. Para el edil, el objetivo final es que el recinto quede “a cargo del Estado o las organizaciones, si no, va a seguir cayéndose a pedazos”. Una de las soluciones para el alcalde sería que “el propio municipio o el Estado tenga injerencia sobre el espacio y que la PDI pueda reubicarse en otras locaciones”.
Aunque sigan los esfuerzos en mesas de trabajo, la Corporación Memoria Borgoño sigue haciendo actividades con las respectivas demoras de la PDI. Actos donde se concentran personas reivindicando la memoria, gente que pasa por la vereda contraria gritando en contra de la actividad y recorridos a un inmueble completamente destrozado, resguardado por agentes que miran con recelo como se lucha en contra del negacionismo.