La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde promete convertir a Chile en el principal productor del vector energético y satisfacer el 13% de la demanda mundial para el año 2030. Sin embargo, la comunidad ambientalista ha advertido sobre la falta de regularización y los altos costos socioambientales que podría significar concentrar un proyecto de tal envergadura en la estepa magallánica.

En el profundo sur austral de Chile se encuentra la Región de Magallanes. El viento en su capital, Punta Arenas, es incesable, abrasador y dominante al ser la puerta de entrada al continente Antártico. Hace unos años, toda la comunidad magallánica sabía que aprovechar aquello era una oportunidad para abastecer la demanda energética de la ciudad. La energía eólica parecía una idea prometedora para el futuro de la región, o al menos eso pensaba Humberto Gómez, ingeniero agropecuario y fundador de la Agrupación Ecológica Patagónica.

Sin saber las críticas que desencadenaría este nuevo “Plan Nacional por el Hidrógeno Verde”, el ex Presidente Sebastián Piñera, el 26 de septiembre del año 2021, presentó ante la mirada del Global Citizen, la que era su nueva apuesta por la economía verde nacional. “Debemos abandonar nuestra dependencia de los combustibles emisores de carbono, utilizando la energía del mañana”, expresó el mandatario.

En aquella época, el Gobierno solicitó una reunión a Gómez junto a la Agrupación Ecológica Patagónica y a otras organizaciones de la sociedad civil, donde finalmente se esclarecieron los planes pensados para la región: la energía eólica se convertiría en hidrógeno verde en manos de la empresa HIF (Highly Innovative Fuels) y respaldados por subsidios del Estado. Sin embargo, la idea de “hidrógeno verde” seguía siendo un enigma para la mayoría, “obviamente que no tenía idea de la envergadura de lo que se estaba hablando”, sostiene Gómez.

Bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, se presentó la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, cuyo propósito es encaminar al país a ser líder productor y exportador global de hidrógeno verde (H2V) por electrólisis al 2030 a través de la generación de energía en base al uso de energías renovables, y de esta forma, satisfacer el 13% de la demanda mundial de hidrógeno verde. Esta iniciativa ha cobrado fuerza alrededor del mundo al ser considerada, por el sector privado y autoridades públicas, como una oportunidad de negocio y vector clave para alcanzar las metas de descarbonización y desfosilización de la matriz energética.

Históricamente, el hidrógeno se ha obtenido usando combustibles fósiles. Sin embargo, el denominado hidrógeno verde se produce a partir de la descomposición de las moléculas de agua (H2O) en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2).

En junio se presentó el “Fondo para el Desarrollo del Hidrógeno Verde (H2V) y sus derivados en Chile”, el que cuenta con una asignación de mil millones de dólares por parte de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y se financiará mediante préstamos y contribuciones de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Unión Europea (UE), además de recursos adicionales aportados por CORFO.

“En un minuto entendí que habían cosas extrañas, que no las sabía, no las supieron explicar. Y también entendí que ya llevaban varios años acá, pero andaban negociando”, recuerda el ingeniero agropecuario.

Magallanes, con sus raudos vientos, fue una de las zonas estratégicas elegidas para el desarrollo de la industria junto al norte de Chile. Ambos territorios poseen condiciones geográficas y climáticas óptimas para la producción. Actualmente, según el Ministerio de Energía hay más de 41 proyectos de hidrógeno verde en ocho regiones. Antofagasta representa el 36% del total del país con 15 proyectos, seguido por los 12 proyectos en Magallanes que siguen en carpeta.

El malestar en Magallanes

Al asumir el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se siguió enfatizando en esta industria a través del trazado de nuevos objetivos para el 2030 y una hoja de ruta del proyecto. Si bien, aún no comienza a producirse a escala industrial y la mayoría de los proyectos siguen en espera de una evaluación, empresas privadas ya comenzaron a utilizar el territorio patagónico como un campo de prueba para la nueva tecnología.

En diciembre de 2022 se inauguró la fase piloto de Haru Oni, la primera planta de combustibles neutros de carbono a base de hidrógeno verde. Ubicada a 35 km de Puerto Mardones en la Región de Magallanes, se desarrolla la producción de metanol y gasolina sintética de exportación a Alemania para utilizarlos en automóviles a combustión de la firma Porsche, uno de los socios de la planta a cargo de la empresa HIF.

“La estrategia que se hizo pública en noviembre del 2020 fue una estrategia que se hizo sin consulta pública, sin consulta a los pueblos indígenas y tampoco se realizó una evaluación ambiental estratégica como lo establece nuestra institucionalidad ambiental”, dice Lucio Cuenca, director de OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales).

Según la guía “H2V Hidrógeno Verde: Un Plan País” publicada por el Estado, durante el año 2020 se generaron mesas técnicas, consejos asesores, talleres ciudadanos, consultas públicas y mesas interinstitucionales. Aunque, estos encuentros ciudadanos recibieron alrededor de 90 representantes de ONGs y “66 organizaciones, incluyendo empresas, universidades, centros de investigación y asociaciones gremiales”, los cuestionamientos de la sociedad civil, científicos y activistas persisten hasta el día de hoy.

La comunidad ambientalista expresa que no han existido modificaciones a la forma en que se lleva a cabo la extracción del combustible, denuncian el maltrato a la flora y fauna de la región, como los son los lugares endémicos y que deberían estar protegidos por el Estado.

Humberto Gómez, de igual manera manifiesta el malestar en la forma en que se han llevado a cabo las reuniones, que supuestamente albergarían las inquietudes de los vecinos del lugar. También se refiere a lo que haría en caso que vuelvan a crear un espacio de participación ciudadana, afirmando que: “Digo que no, porque ya es una falta de respeto, ya no hay que escuchar y tampoco lo plantean, porque uno va solamente a cumplir con un checklist”, expresa el activista.

Desde que comenzó el proyecto en Magallanes se ha llamado a numerosas reuniones, las cuales se llevan a cabo dentro de su horario de trabajo, imposibilitando su participación. “Ellos no entienden que nosotros, lamentablemente en este país, somos sociedad civil. Investigadores, personas comunes y corrientes. Pero no podemos ir si nos citan en horario laboral. Uno piensa que quizás lo hacen a propósito. No quieren que nadie les ponga palito en el camino, entonces seguimos haciendo nuestra pega”, asegura.

El problema radica en la falta de regularización del tema y el rumbo en el que se están llevando las decisiones. “Se dice que ambientalmente es sustentable, que va a ser amigable, pero no exponen nada, absolutamente nada. Se pensó como negocio, se está haciendo como negocio, y ahora se están encontrando con problemas ambientales”, comenta el ingeniero agropecuario.

Cuestionamientos y marco legislativo

“No tiene que ver necesariamente con la tecnología de la que estamos hablando, sino que es con la política que impulsa una determinada estrategia”, afirma Lucio Cuenca. Cabe recalcar que este ente fue encargado de asesorías jurídicas, económicas y de investigación que sigue el caso desde su origen, a fines del Gobierno de Michelle Bachelet.

Según informes del Observatorio, desde un principio el proyecto contó con la participación exclusiva de los actores interesados, fundamentalmente consultoras de energía, especialmente la consultora internacional Mckinsey & Company, empresa constantemente cuestionada por el incumplimiento de las normas vigentes alrededor del mundo y denunciada en diversos países por causantes de graves afectaciones sociales y ambientales.  Cuenca declaró para la Radio Universidad de Chile que esta empresa se vincula al repentino interés por el hidrógeno verde, y su priorización de los gobiernos de turno.  “Ahí descubrimos que las asesorías técnicas de McKinsey & Company son prácticamente propaganda del hidrógeno verde. Nos entregaron un supuesto estudio, que es prácticamente un PowerPoint de información sintetizada, pero no se sabe cuál es su origen”, acusa.

En Chile no existe un marco regulatorio específico para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. “Yo diría que no es irregularidad, es falta de regulación, falta de certeza jurídica para la población”, afirma Pamela Poo, politóloga y directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur.

La evaluación ambiental para estos proyectos está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Mediante estudios o declaraciones de impacto ambiental se evalúan los proyectos y sus características para ser aprobados. “El sistema de evaluación ambiental no está preparado para evaluar esto de manera sinérgica, sino que lo que se va a hacer es fraccionar el proyecto, y es un poco lo que ocurrió con Hidroaysén”, señala la politóloga. Porque la fragmentación de los proyectos, considerando las fases de la estrategia del hidrógeno verde, no permitiría una evaluación de los impactos acumulativos en el sistema socioecológico de los territorios.

Lucio Cuenca manifiesta respecto a lo mencionado anteriormente que: “Para nosotros esta estrategia tiene un serio problema de legitimidad, puesto que carece de todos esos aspectos que les he mencionado y que lamentablemente el Gobierno actual tomó y dio continuidad, sin hacer ninguna revisión de los problemas que trae esta estrategia desde que la promulgó el ex Presidente Sebastián Piñera”.

En octubre de 2022, se retiró el proyecto de hidrógeno verde Faro del Sur, a cargo de Enel Green Power Chile y HIF, del Estudio de Impacto Ambiental. Estaba previsto que fuera uno de los proyectos más importantes de la región, pues pretendía producir alrededor de 25 mil toneladas de hidrógeno verde por año y había sido financiada por la CORFO con más de 17 millones de dólares. Cuenca declara que “ese proyecto tuvo que ser sacado del sistema porque no iba a pasar la evaluación ambiental. No es por los permisos o que hay obstáculos a la inversión, no. Los proyectos o son malos o no están cumpliendo normativas básicas, de las pocas que existen para evaluar estos proyectos”, explica el director de OLCA.

“Hay varios elementos que son un problema, por ejemplo, la implementación mínima del acuerdo de Escazú y el reglamento de SEIA. Y hay muchas cosas que no están pasando en torno a la participación ciudadana. Hoy en día una declaración de puerto ambiental no tiene participación ciudadana persé. La gente lo viene solicitando”, afirma Pamela Poo.

Hidrógeno ¿verde?

 El hidrógeno en sí no es verde. Su producción y consumo lo son al no emitir gases de efecto invernadero, sin embargo, los impactos reales de la industria se esconden tras la grandilocuencia de los discursos de autoridades y empresarios. “Acá el Gobierno y los actores económicos establecen prioridades sin consultar, sin evaluar las consecuencias que esas decisiones macro, a nivel país, tienen a nivel de los territorios”, afirma Cuenca.

Un grupo de científicos, organizaciones y representantes de la sociedad civil han advertido reiteradamente con el pasar de los años sobre las implicancias socioambientales del desarrollo de esta estrategia. Incluso, en mayo de 2022 se publicó una carta en la revista Science advirtiendo sobre aquellos riesgos. Según estimaciones del Gobierno de Piñera en 2021, el 13% del hidrógeno verde del mundo podría potencialmente producir energía eólica de Magallanes y la porción chilena de la Antártida, lo que suma 126 gigavatios.

Según estudios del Ministerio de Energía, una planta de electrólisis de 1 GW de capacidad ocuparía entre 8 y 17 hectáreas, por lo tanto, sería necesario el emplazamiento de 13 mil kilómetros cuadrados de la región en infraestructura para alcanzar la meta propuesta por el Estado, sin considerar toda la infraestructura del proceso productivo: las plantas desalinizadoras de agua, plantas de hidrólisis, construcción de puertos, plataformas, caminos, líneas de alta tensión y barcos cargados de amoníaco navegando en costas y bahías.

Otra de las interrogantes en torno a los proyectos es qué pasaría con las grandes cantidades de agua desmineralizada que requiere la electrólisis, los científicos estiman que serían nueve toneladas para producir una tonelada de hidrógeno. Si bien en Magallanes se utilizará agua del mar para la producción, considerando la escasez hídrica del país, aún está claro qué pasará con los residuos de la desalinización.

De igual forma, los masivos parques eólicos de los proyectos están proyectados en zonas críticas para tres especies de aves en peligro de extinción: el Playero Ártico (Calidris canutus rufa), el Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) y el Canquén Colorado (Chloephaga rubidiceps). Los científicos advierten sobre la amenaza que enfrentan entre 40 y 60 especies de aves migratorias que visitan anualmente la región. Se estima que cada año, un número que oscila entre 1.740 y 5.220 aves podría chocar con los casi tres mil aerogeneradores necesarios para generar la energía requerida para producir hidrógeno verde.

“Estamos viendo que se hacen las cosas apresuradamente, que se quieren obtener créditos económicos de corto plazo, y eso lamentablemente tiene altos costos, para muchas comunidades que van a tener que sufrir esto”, aclara el director de OLCA.

Por otro lado, Pamela Poo, politóloga, afirma que en Chile no existe una preocupación hacia los tratados que existen, sino que estos siempre se pasan a llevar. Poo relata que “a Chile le encanta firmar tratados internacionales, pero no aplicarlos”, refiriéndose al tratado de Escazú. Acuerdo que busca y garantiza los derechos de participación ciudadana en asuntos medioambientales.

Mejoras al programa

Patricio Segura, periodista que ha escrito sobre el hidrógeno verde en Ciper y, además, es activista medioambiental, asegura que el Gobierno de Gabriel Boric puede hacer mesas de conversación sobre los problemas que los habitantes de la zona plantean, “pero firma acuerdos con la Unión Europea donde comprometen hidrógeno verde, cobre y litio”.

También comenta que, el plan debe tener modificaciones, pero no cambios que sean “pintar de verde los camiones que transportan el hidrógeno verde”, sino que deben ser cambios desde la forma en que se plantean los métodos de desarrollo, y que estén en sintonía con las ideas de la comunidad.

Por otro lado, la Seremi de Energía de la Región de Magallanes, María Luisa Ojeda acota que, “no es el Gobierno quien debe tener a disposición la información de las empresas, ya que son proyectos privados, son las propias empresas quienes deben presentar a la comunidad sus iniciativas”.

Dentro de las discusiones sociales que existen dentro de la región, existe una problemática interna respecto al Gobierno de turno, donde especialistas ambientales critican por la forma en que se llevan a cabo, por ejemplo, el director de OLCA, aboga que el Plan por el Hidrógeno Verde “no es una estrategia de Chile, es una estrategia de los países industrializados, particularmente de Europa, Estados Unidos, Canadá”.

Patricio Segura concuerda con Lucio Cuenca, y afirma que son los países europeos quienes tienen un mayor control con los recursos, usan la ecología para favorecer su posición mundial a costa de la explotación de países pequeños, en este caso, nuestro país. Por su parte, Cuenca sentencia que “el Gobierno no ha escuchado, y todo lo contrario, le imprime una intensidad a la estrategia que no estaba en el programa original del Presidente Gabriel Boric”.