Hace 50 años las FF.AA. y Carabineros, en una acción sediciosa, derrocaron al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Un actuar conspirador y golpista que comenzó tres años antes, el mismo día del triunfo del candidato de la Unidad Popular.


El 4 de septiembre de 1970 un hito fundacional marca la historia de Chile, el médico socialista Salvador Allende Gossens ganaba la elección presidencial, dando inicio a la llamada vía pacífica o vía chilena al socialismo. Proyecto democrático que intentaba realizar profundas transformaciones sociales, económicas y políticas.

Era la cuarta vez que Allende se presentaba como candidato a la Presidencia de la República, (1952, 1958, 1964 y 1970) representando a la Unidad Popular, coalición política cuya base la conformaban los partidos socialista y comunista. Ese 4 de septiembre Salvador Allende logra la primera mayoría en las elecciones con el 36,2% de los votos, lo que cimenta su futura llegada a La Moneda, tras la ratificación que debía realizar el Congreso.

“La Unidad Popular es el punto de llegada en la trayectoria histórica del movimiento popular. En ese sentido, es heredera de las demandas históricas que se comenzaron a desarrollar a fines del siglo XIX y comienzo a el siglo XX, en cuanto proyecto de construcción del socialismo. Pero es también heredera de la movilización social rupturista, que es un componente relevante en el desarrollo de ese movimiento popular y, a su vez, del respeto a la institucionalidad política, que en especial a partir de la década de 1930 comienza a ser incorporado como un elemento relevante”, explica Igor Goicovic, doctor en Historia, académico y coordinador del Seminario Historia de la Violencia de la Universidad de Santiago.

Una victoria popular y trasformadora

Fue a las 2:00 de la madrugada del día 5 de septiembre de 1970 que, desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Salvador Allende confirmó su victoria, llamando al pueblo a la serenidad y al trabajo duro.

“Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Gracias, gracias, compañeras. Gracias, gracias, compañeros. (…) A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero Presidente”.

“El triunfo de la Unidad Popular junto al presidente Salvador Allende para nosotros, como pobladores de la población en La Victoria significó una tremenda alegría porque después de muchos años de una lucha continua por conquistar cuestiones básicas, por conquistar una vida digna, habíamos podido llegar a tener en el gobierno un presidente elegido por nosotros, y ese nuevo gobierno nos iba a permitir hacer cambios profundos”, señala Mónica Osses, dirigente y pobladora de población La Victoria, emblemático barrio popular en la zona sur de Santiago.

El triunfo de Allende también generó la desesperación de los sectores conservadores y empresariales chilenos, así como la del gobierno de los EE.UU., quienes toman una actitud sediciosa frente a los anuncios del programa de la Unidad Popular, que buscaba acabar con los monopolios, los latifundios y nacionalizar las riquezas básicas.

“Porque el Golpe de Estado tiene como verdadero origen la nacionalización del Cobre, la reforma agraria y la profunda transformación en la estructura económica del país. La convivencia en Chile se rompe, no porque se haya exacerbado el debate político, eso también contribuyó. Se rompe básicamente, porque las coaliciones progresistas de los años 60 y 70 hicieron dos cosas que, al empresariado, a la burguesía y a los poderes internacionales no les gustó, que fue nacionalizar las riquezas básicas y realizar la reforma agraria”, sostiene Alejandra López, Historiadora y académica de la Universidad Católica, especialista en Derechos Humanos.

Tras la victoria presidencial del candidato de la Unidad Popular el gobierno de Richard Nixon intenta, a toda costa, impedir que Allende asuma su mandato. Según detalla el informe de la Comisión Church del Senado norteamericano, sobre las las operaciones gubernamentales encubiertas respecto a actividades de inteligencia en Chile, publicada en 1975, la reacción en Washington ante la victoria democrática de Allende fue inmediata.

A través de la Comisión 40, -tipo un subgabinete del Ejecutivo, cuya labor era revisar y proponer las principales acciones secretas internacionales, y que estaba constituido por el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, quien la presidía; el Fiscal General, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, el Subsecretario de Defensa y el Director de Inteligencia Central- se comienza a actuar.

“La Comisión 40 se reunió el 8 y 14 de septiembre para discutir que medidas debían tomarse antes de la votación del Congreso el 24 de octubre (que debía ratificar la victoria de Salvador Allende). El 15 de septiembre, el Presidente Nixon informó al Jefe de la CIA, Richard Helms, que el régimen de Allende en Chile no sería aceptado por los Estados Unidos, y dio instrucciones a la CIA para que pasaran a jugar un papel directamente y organizaran un golpe de estado militar en Chile, para evitar la llegada de Allende a la presidencia”, se detalla en un fragmento Informe Church.

 Ese 8 de septiembre junto con debatir sobre la situación chilena, la Comisión 40 aprueba 250 mil dólares para ser usados por el embajador de EE.UU. en Chile, Edward Korry, para que influyera en la votación del Congreso del 24 de octubre.

El 15 de septiembre de 1970, según un documento desclasificado del Archivo de Seguridad Nacional (NSA), de notas manuscritas de Richard Helms, director de la CIA en ese momento, que surgen de una reunión con el presidente Richard Nixon, se detalla la voluntad de Washington de propiciar el Golpe en Chile.

“1 entre 10 posibilidades tal vez, ¡pero salvemos a Chile!; vale la pena gastarlo; no me preocupa; no hay participación de la embajada; 10.000.000 de dólares disponibles, más si es necesario; trabajo de tiempo completo, los mejores hombres que tenemos; plan de acción; hacer gritar a la economía; 48 horas para un plan de acción”.

Lo cierto es que ese año 1970, la presidencia norteamericana, ya había aprobado 450 mil dólares, para operaciones de propaganda contra la Unidad Popular y su candidato. El mismo informe del Congreso de EE.UU. señala que la CIA gastó entre 800 mil a 1 millón de dólares en acciones encubiertas para alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 1970. De esta cantidad aproximadamente la mitad se aprobó por la Comisión 40 para “mayores empeños”.

La muerte del general Schneider

Junto con los esfuerzos desplegados tanto por los EE.UU. y la derecha chilena, para impedir el triunfo de Salvador Allende y su ratificación, también se decide la realización de acciones directas, las que son apoyadas con campañas del terror debidamente publicitada por el diario El Mercurio y su cadena mediática, pertenecientes a Agustín Edwards, empresario derechista y colaborador de la CIA.

Por su parte la Agencia de Inteligencia, por instrucciones de Henri Kissinger, refuerza su Oficina en Santiago con cinco agentes encargados de contactar militares. Estos establecen comunicación con un grupo de extrema derecha que están vinculados al general en retiro Roberto Viaux, e incitan el perpetrar atentados explosivos que permitan crear un clima de miedo y desestabilización, junto con apoyar un plan de secuestrar a las dos primeras antigüedades del Ejército.

Así, la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre explotan 26 bombas, la mayoría son firmadas, por una inexistente Brigada Obrero Campesina, -para que sean atribuidas a sectores de izquierda-. Asimismo, el 21 de septiembre llegan a Chile armas enviadas desde EE.UU. por valija diplomática, que serán usadas en uno de los secuestros propuestos, el del comandante en jefe del Ejército de Chile, general René Schneider.

“El general Schneider tendría que ser neutralizado, desplazándolo si fuera necesario”, señala el embajador estadounidense Edward Korry en un cable fechado ese mismo 21 de septiembre de 1970.

Dos días antes que el Congreso ratificara la victoria de Salvador Allende, como había sido la tradición electoral chilena, se ejecuta el primer magnicidio del siglo XX en el país sudamericano. La mañana del jueves 22 de octubre de 1970, una ráfaga de tiros hiere mortalmente al constitucionalista general René Schneider.

“El asesinato del general Schneider es símbolo de los esfuerzos de la CIA y la ultraderecha chilena para anular a Salvador Allende y su programa, porque se interponían a los intereses norteamericanos y a los de la élite política y económica chilena.  Y porque además Schneider representaba al sector de los militares constitucionalistas. Hay que recordar que el Jefe del Ejército, en mayo de ese año 70, había sostenido que las Fuerzas Armadas no interferirían en las elecciones de septiembre y respetarían su resultado. Una orientación que se le conoció como la “Doctrina Schneider”. Una política de no intervención que convirtió al general en un gran obstáculo para los golpistas, y que, sin embargo, otros oficiales bajo su mando van a traicionar”, indica la historiadora Alejandra López.

Al día siguiente del ataque, que produjo la muerte del general, el director de la Agencia de Inteligencia, Richard Helms, convocó a sus principales asesores para revisar las operaciones encubiertas planeadas contra Allende, lo que quedó registrado en documentos desclasificados.

“Se ​​ha hecho un excelente trabajo guiando a los chilenos hasta un punto en que la solución militar es al menos una opción para ellos (…) COS (jefe de Estación) y a la Estación son elogiados por lograr esto en circunstancias extremadamente difíciles y delicadas”, detalla el mensaje clasificado y secreto que se transmitió ese día a la Oficina de la CIA en Chile.

La Consolidación del  Gobierno de la UP

Contrariamente a lo planificado, la muerte de René Schneider produjo un rechazo y el apoyo popular al presidente recién electo. Sesenta días debieron pasar para la ratificación del doctor Salvador Allende como primer mandatario de Chile.

A cinco meses de la proclamación, en abril de 1971, se realizan las elecciones municipales. Comicios que fueron una prueba de fuego para el nuevo gobierno, porque van a medir el apoyo de la Unidad Popular, y donde nuevamente, EE.UU. va a intervenir, destinando a través de la Comisión 40, 1 millón 240 mil dólares para la compra de estaciones de radio y periódicos, que permitan apoyar a los candidatos y otras actividades políticas de los partidos opositores a Allende.

Pero el resultado del referéndum fue una nueva victoria del gobierno de la Unidad Popular, que logró el 50,4% de los votos, superando con creces el porcentaje del triunfo de 1970.

“La elección municipal de abril de 1971, pone a su vez de relieve, que una parte importante de la sociedad chilena mira con expectativa o con esperanza ese proyecto de transformación que ofrece la Unión Popular, y que en este caso contiene medidas de justicia social que muchos sectores ven con profundas simpatía”, señala Goicovic.

 Tras un año en el poder, Allende anuncia la marcha en su programa económico y social, detallando los avances en la privatización de la banca que contempla los 16 bancos más importantes, la expansión de la reforma agraria iniciada por el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), que sumó más de 4.400 predios. Y el trabajo en 70 empresas monopólicas y estratégicas que son intervenidas o estatizadas.  A lo que se suma, uno de los hitos de su gobierno, cuando que el 11 de julio de 1971, el Congreso de Chile aprueba por unanimidad la reforma constitucional que nacionaliza la Gran Minería del Cobre.

“¡Somos dueños! Podemos decir nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro hierro, nuestro salitre, nuestro acero. Las bases fundamentales de la industria pesada hoy pertenecen a Chile y a los chilenos”, declama Salvador Allende en el discurso del 4 de noviembre de 1971.

“Este proyecto económico vino cambiar profundamente la base sobre las cuales se había ido desarrollo históricamente las relaciones sociales de producción. Y en ese sentido los que se vieron más severamente afectados, en cuanto a que se redujo significativamente su acumulación de riqueza, fueron, por una parte, la burguesía y por otro lado las trasnacionales. En esa perspectiva entonces, estos sectores reaccionan y lo hacen a través de la conspiración. De decir, de intentar llevar a cabo, un proceso de desestabilización, que en definitiva pusiera fin a la experiencia de la Unidad Popular”, afirma el doctor en Historia, Igor Goicovic,

Reventar al gobierno

A partir de estos avances del programa se desata una brutal política de desestabilización y desabastecimiento patrocinada por los sectores políticos y empresariales contra el gobierno de Salvador Allende, que suma la creación de grupos políticos de choque para la acción directa en las calles. Fue en 1 de abril de 1971 que se funda Patria y Libertad, organización paramilitar chilena de extrema derecha, de ideología fascista y ultranacionalista que, a través del sabotaje, ataques explosivos y armados busca terminar con al gobierno socialista.

Acciones violentas que se hacen continuas y que se refuerzan con el paro del 9 de octubre de camioneros convocado por la Confederación de Dueños de Camiones y a la que adhieren el mediano y gran empresariado junto con la Democracia Cristiana.

“La derecha en Chile comienza una política de conspiración, un desabastecimiento absolutamente provocado. Cosa que después se sabría porque se descubre la cantidad de alimentos y de productos que tuvieron escondidos. Esto llevó a que el gobierno de la Unidad Popular toma la medida para contrarrestar todo lo que estaba ocurriendo con el tema de la alimentación que empieza a escasear. Se toma la medida de crear las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP). ¿Qué significa esto? Que en las poblaciones y los sectores donde se organizaron las JAP fueron los pobladores, los que toman en sus manos la distribución de los alimentos y de los productos de primera necesidad, para que no hubiera especulación, para que el mercado negro no se apoderara de la situación”, recuerda Mónica Osses.

Mientras los sectores conservadores y empresariales de Chile conspiran contra de Salvador Allende, el gobierno de EE.UU., a través de la Comisión 40, sigue aportando dinero para desmoronar al gobierno, entregando fondos al partido Demócrata Cristiano, al diario El Mercurio y a otros sectores opositores. Más de dos millones de dólares fueron traspasados entre marzo de 1971 y septiembre de 1972 con estos fines. A lo que se suma 1 millón 600 mil para la campaña parlamentaria de 1973.

“Octubre 26, la Comisión 40 aprueba $1,427,666 para apoyar a partidos políticos de la oposición y organizaciones del sector privado en anticipación de las elecciones al Congreso de marzo de 1973. (…) Febrero 12, La Comisión 40 aprueba $200,000 para apoyar a partidos de la oposición en las elecciones al Congreso”, se lee en el apéndice Cronológico Comisión Church.

Frente compleja situación política y social que se vive en el país, y como una manera de dar mayor tranquilidad, Salvador Allende incorpora a miembros de la Fuerzas Armadas a su gabinete. El 2 de noviembre 1972 nombra al general Carlos Prats, sucesor del René Schneider, como ministro Interior y otros 4 uniformados a las carteras de Obras Públicas y Transportes, Minería, Trabajo y Agricultura.

Ese 1973 

Paradójicamente, y a pesar de la crisis política y económica provocada contra el gobierno de la Unidad Popular, y con una oposición que cifró todas sus esperanzas en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, para acusar constitucionalmente a Allende y sacarlo de La Moneda, el gobierno logra el 43,3% de la votación. Cifra superior al 36,3% a la obtenida en las presidenciales y que permite sustentar su propuesta popular.

“Los datos de las elecciones de senadores y diputados, de marzo en 1973, ya se producen un contexto político de mayor agitación, radicalidad e inestabilidad. Y, en ese sentido, ofrecen la imagen de una sociedad popular que está no sólo dispuesta de defender el gobierno, sino que seguir avanzando y profundizando los cambios revolucionarios que la situación política ha venido gestando. Y, en ese sentido, a su vez se convierte en un dato relevante a efectos de y inhibir las tendencias de un golpe blanco que lo oposición demócratacristiana y de derecha había venido impulsando desde el Congreso”, explica, Igor Goicovic,

Debido al apoyo en las urnas, la oposición agudiza su política de desestatización con paros, huelgas y una ola de tiroteos, explosiones y enfrentamientos de quienes propician una huelga general. Hechos que están siendo monitoreados desde Washington.

Solo tres después de las parlamentarias, el 29 de junio de 1973, se lleva a cabo el llamado “Tanquetazo”, intento fallido de Golpe encabezado por el coronel Roberto Súper, al mando del Regimiento Blindado n° 2 en contra del gobierno de Salvador Allende. Acción sediciosa que cobró la vida de 22 personas y que fue aplacada por el entonces jefe del Ejército Carlos Prats.

Pero los atentados políticos prosiguen, tras la acción sediciosa del 29, en la medianoche del día 26 de julio de 1973, el edecán naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters, es asesinado por un francotirador frente a su domicilio. Ataque coordinado con Patria y Libertad, que hace algunos disparos al aire frente a la casa, con el objetivo de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón, momento que la bala del francotirador impacta en el pecho del comandante.

Paralelamente y solo en agosto 1973, la Comisión 40 aprueba $1 millón para apoyar a partidos políticos de la oposición y organizaciones del sector privado. Este dinero según se informa no se gastó, al parecer la crisis ya estaba desatada.

Fue el 23 de agosto, tras la dimisión del general Carlos Prats como ministro de Defensa de Allende y jefe del Ejército, que el presidente Allende nombra en 2 comandancias en jefe a los generales que lo traicionarán pocos días después. Son los generales sediciosos Augusto Pinochet Ugarte, del Ejército y Gustavo Leigh Guzmán, de la Fuerza Área.

Solo un día antes del fatídico 11 de septiembre, el presidente Salvador Allende informa a sus ministros y a las Fuerzas Armadas la decisión de convocar a un plebiscito que permitiera superar la crisis provocada contra la Unidad Popular.

El 11 de septiembre

Advertido que en la madrugada de ese 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas se habían tomado el puerto de Valparaíso, a las 7:20 de la mañana el Presidente Allende se dirige hacia La Moneda desde su residencia en Tomás Moro, acompañado del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), su servicio de guardia personal.

Veinte minutos después el mandatario llega a la Casa de Gobierno y emite su primer mensaje a la nación, a través de Radio Corporación. Tras solicitarle la renuncia y ser rechazada por el mandatario, al mediodía de ese 11 de septiembre el palacio presidencial y la casa del presidente son bombardeadas. El Golpe de Estado, iniciado y propiciado por los sectores conservadores y EE.UU. desde su llegada a La Moneda, se concreta.

“Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes,. quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios”, advierte el Presidente Allende en su último discurso .

Tras la muerte del presidente Salvador Allende y la toma del poder por la Junta militar golpista se cierra el Congreso y se da comienzo a una brutal represión contra los funcionarios, simpatizantes de la Unidad popular, y militantes de izquierda.

 “El Golpe de Estado en Chile se propone de espejar del camino a un movimiento popular ascendente que había sintetizado su trayectoria justamente la elección del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular. Esa fue la primera condición que necesitó la reestructuración del capitalismo en Chile.  Bajo este control, bajo esta persecución, de exterminar a hombres y mujeres de izquierda se buscaba en definitiva exterminar un proyecto de transformación social, de justicia social en favor de las grandes mayorías. Es decir, liquidar a las diversas expresiones que representan al mundo popular y obrero organizado”, sostiene, Viviana Bravo, Historiadora, Máster y doctora en Estudios Latinoamericanos.

 

“El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! “

Salvador Allende Gossens