El 20 de octubre de 2019, en el inicio del estallido social, el Construmart del paradero 31 de Santa Rosa se incendió. En medio de saqueos, amagos de combustión e insignificante presencia policial, vecinos de La Pintana vieron arder el local en cuyo interior fallecieron dos personas: José Atilio Arancibia (74) y Eduardo Caro (44). A casi cuatros años del hecho aún se desconoce cómo murieron. Hay quienes creen, como las abogadas del caso de Caro, que hubo participación de terceros en su muerte. Sin embargo, hay una certeza que en definitiva fue tan mortal como las llamas: la indolencia e inacción del Estado.

Doble Espacio accedió a documentos de la carpeta investigativa que no han sido revelados públicamente. En contacto con los testimonios y revisión de los documentos, pudo constatar que hay una serie de hechos que la investigación no ha logrado determinar y que la parte querellante de la familia de Caro cuestiona. A la fecha no hay imputados y las circunstancias concretas en las que murieron las víctimas se ignoran.

Eduardo nació el 19 de abril de 1975, en Penco. En sus 44 años fue muchas cosas. Hermano, trabajador y, desde el 13 de julio del 2000, esposo de Soledad Gallegos. Poco tiempo después fue padre de Martín y Julieta. Desde el 20 de octubre de 2019, Eduardo, además de todo lo que fue en la vida, se convirtió en una herida y una pregunta.

José Atilio Arancibia —cuya familia prefiere no hablar— nació en 1945. Vivió 74 años, trabajó una vida entera y construyó una familia. Su círculo eran sus seres queridos y el de ellos era Atilio. Abuelo, padre y vecino de La Pintana, barrio que lo vio partir.

Desde aquel 20 de octubre, Construmart se ha desentendido y el Ministerio Público no ha actuado con premura. A los ojos de las abogadas querellantes de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Mariela Santana y Victoria Herrera, el abandono que vivió el sector durante octubre de 2019 responde a la ausencia sostenida del Estado.

El entonces Mayor de la 41º Comisaría de La Pintana y actual Teniente Coronel de Carabineros que estuvo presente en el incendio, Jorge Molina Salas, aseguró a Doble Espacio que las unidades de Fuerzas Especiales —actual Control de Orden Público (COP)— que solicitaron nunca pisaron la comuna y reconoció que “La Pintana era una de las cinco mil cosas que en ese minuto no le preocupaba a nadie”.

Cataleya, vendedora instalada hace nueve años en la intersección de Observatorio con Santa Rosa, conoce como nadie la esquina en la que hoy no queda nada de lo que fue el local incendiado. Para ella no fue un siniestro más, sino que un ejemplo de la ausencia institucional que vive la zona sur de Santiago. “Aquí quedó la cagá, para allá arriba no pasó nada” reflexiona.

La única verdad establecida hasta el momento, a pesar de los dichos de Carabineros y medios de comunicación, es algo clave: ni Eduardo ni Atilio eran saqueadores. Lo demás es incierto. Hasta que no haya verdades de lo que ocurrió, el “Lalo” y “Don Tilio” serán dos vidas truncadas por el calor de un incendio cuyos orígenes y responsables aún se mantienen sin respuestas.

El fuego y los saqueos

El 20 de octubre, el mismo día del incendio en la fábrica Kayser, comenzó prácticamente igual a los dos días que lo antecedieron. Los locales comerciales de los alrededores del paradero 31 de Santa Rosa, el Construmart y una Central Mayorista ubicada 200 metros hacia el norte, fueron saqueados durante todo el día.

Desde el viernes 18 de octubre, día en el que inició la revuelta, ambos locales fueron desvalijados. El 19 los saqueos se extendieron a lo largo del día y, además, hubo un amago de incendio en la caseta de guardias y en la zona de basureros. A pesar del Estado de Excepción decretado en la madrugada del sábado, la presencia del Estado en La Pintana fue insignificante.

Esto se dio en una zona con alta concentración del delito y, según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la comuna más pobre de Santiago. Con un ingreso promedio de 595.253 pesos y puntaje promedio de la PDT (ex PSU) de 463 puntos, y donde el 80% de los niños menores de 6 años sufre malnutrición, la comuna del sur de Santiago es una de las zonas con más delitos de la capital.

Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), en 2019 La Pintana concentró 3.062 “incivilidades” —amenazas, riñas, desórdenes y más— y 4.586 casos policiales de mayor connotación social, tales como homicidio, robo, lesiones, entre otros. Estos datos se contraponen, por ejemplo, con los de Vitacura, la comuna más rica de la Región Metropolitana, donde los ingresos promedian los 2.128.023 pesos y se alcanza un puntaje promedio de la PDT de 627 puntos. Esta comuna del sector oriente concentró 3.294 delitos de mayor connotación social y 1.147 “incivilidades” en el mismo periodo.

A pesar de los saqueos y amagos de incendio, la presencia policial antes y durante la revuelta fue irrelevante. Dentro de esos días la unidad territorial contaba con cerca de 10 uniformados en terreno para toda la comuna, según el ex Mayor Molina. Y tuvo consecuencias fatales.

El día del incendio

El domingo 20 de octubre de 2019 fue un día primaveral y de calor ascendente. A pesar que Chile estaba convulso y de los incidentes a pocas cuadras, el sol desnudo convocó a Ángela Caro, hermana de Eduardo, a un asado donde compartió con familia y vecinos. Rieron, hablaron de la a esas alturas revuelta nacional y cantaron karaokes.

Alrededor de las 18:00 hrs., escucharon un estruendo metálico y gritos estridentes; se estaba incendiando el Construmart ubicado en la intersección de Observatorio con Santa Rosa, a metros de donde estaban. Minutos después Ángela recibió un llamado. Era Soledad, esposa de Eduardo. En medio de llanto y monosílabos, su cuñada fue concisa.

—Tu hermano entró al Construmart.

Según el informe de bomberos, el llamado que anunció el incendio a la Central de Alarmas fue a las 17:32. Eduardo había llegado minutos antes. Junto a su sobrino fueron al local saqueado a buscar a una familiar que fue a observar los alrededores. Cuando llegaron al lugar comenzó el incendio y en cosa de minutos las llamas eran irrefrenables. La gente escapaba con tablas, cerámicas, latones, maderas. Y de repente no. En vez de saqueo, fuego.

En medio de los gritos, Eduardo se percató que José Atilio Arancibia, vecino de él y su familia, se había perdido. Se conocían hace años. Además de ser vecinos, Atilio era de Colo Colo y Eduardo de la Universidad Católica, rivalidad de la que siempre bromeaban.

“Don Tilio”, como era apodado por sus cercanos, acudió con una de sus hijas a observar lo que pasaba en el local de construcción. Cuando el centro era llamas, Atilio, en cosa de segundos, desapareció. Una década atrás presentó síntomas de una demencia senil que lentamente devino en Alzheimer. Vestido con short color crema, polera celeste, chaqueta y jockey, Atilio se habría desorientado e ingresado al Construmart, según se menciona en un artículo de La Tercera.

Cuando Eduardo se percató de la desaparición de Atilio, entró al local saqueado a buscarlo. Y entonces fue demasiado tarde.

Mauricio Herrera, entonces Comandante del Cuerpo de Bomberos de La Pintana, afirmó a Doble Espacio que el fuego se expandió en “tres o cuatro minutos” y la estructura colapsó. Con una superficie de casi 2.500 metros cuadrados, el informe de carga combustible establece que el Construmart podría colapsar con más de seis mil grados. Así las cosas, la estructura de acero y lata se derritió y derrumbó.

Fueron cuatro los puntos de origen: sector de cajas, múltiples puntos en la sala de ventas, zona de maderas y oficinas de administración, donde comenzó el incendio, según una fuente anónima al interior de bomberos. Los peritajes hallaron combustibles acelerantes como diluyentes, ceras, pinturas y más. El informe de Incendio Nº078 es categórico en señalar que el siniestro fue “provocado”.

A las 17:36, cuatro minutos después del llamado de alerta, llegó la Segunda Compañía de Bomberos. Sin embargo, los bomberos no fueron los primeros en llegar al incendio.

Según la querella de Codepu, minutos antes del arribo de bomberos habrían llegado tres camionetas blancas. Ya comenzado el incendio se bajaron de cada vehículo, según Victoria Herrera, “entre cinco a ocho” sujetos uniformados con pantalones beige y camisas azules. Los individuos, de manera concertada, habrían bajado todas las cortinas metálicas y se habrían retirado antes de la llegada del carro B-2 de bomberos, el primero en llegar.

Cuando llegó la Segunda Compañía de Bomberos el fuego era estructural. Dado el peligro de que se quemaran las casas detrás del Construmart, acudieron diez camiones de bomberos y cinco compañías de toda la Región Metropolitana. Adentro el fuego arreciaba y explotaban tarros de pintura y otros elementos por la presión.

También “llegó mucha gente a ayudarnos a tirar las mangueras, niños sobre todo”, asegura un bombero que estuvo presente. “La gente nos hizo una cama de sacos de arena y cemento. Una viga de madera para que el techo no cayera. Si eso caía, nos bloqueaba el único acceso que teníamos para apagar el fuego” agrega.

La última compañía llegó a las 17:55. Para entonces, el fuego parecía imparable. Eduardo y Atilio estaban inubicables.

Bomberos se contactó con el móvil RP-4306, a cargo del entonces Mayor Jorge Molina Salas, de la 41º Comisaría de La Pintana. Carabineros asistió, pero el ex Mayor Molina reconoció a Doble Espacio que “no pudimos impedir el saqueo. No tenía mucho sentido contener entre 8 o 10 carabineros un saqueo masivo. En las condiciones y con el equipamiento con el que estábamos era un despropósito”.

Cuando la carga calórica era menor, Cristian Garay e Isaac Toro, inspectores del Departamento de Investigación de Incendios, entraron para examinar el Construmart que aún ardía. “Ingresamos por la parte de Observatorio, por los depósitos de pintura. Ahí encontramos el primer cuerpo, debajo de unas latas” asegura Toro. En el centro del local, horas después, reconocieron el otro cadáver. Los cuerpos tardarían días en ser identificados.

La noticia se difundió rápidamente. Cuando Ángela recibió el llamado de su cuñada y se enteró de la desaparición de su hermano Eduardo, fue a la 31º Comisaría de San Ramón a consultar si sabían algo. Los funcionarios dijeron que no tenían noticias, pero dieron indicios de lo que días después se convertiría en certezas.

—No ande por la calle, está muy convulsa. Encontraron dos personas calcinadas en el Construmart.

La búsqueda de las familias

Eran horas sin saber de sus seres queridos y las familias temían lo peor. A primera hora del día lunes 21 de octubre, la familia de Atilio puso la denuncia por presunta desgracia ante la Fiscalía Metropolitana Sur. Ángela Caro, por su lado, puso una denuncia en carabineros en búsqueda de su hermano.

El miércoles 23 de octubre, un examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML) identificó a Atilio como una de las víctimas del incendio. Su certificado de defunción establece, extrañamente, que falleció a las 19:00 del 21 de octubre por una asfixia por inhalación de humo y gases. Era la persona que estaba más cerca de la entrada lateral.

Dos días después del reconocimiento de Atilio, la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) se contactó con el SML, quienes identificaron, a las 10:00 del viernes 25 de octubre, el cuerpo de Eduardo Caro del Pino. El certificado de defunción de Caro, a pesar de las aprehensiones de la parte querellante, establece que falleció a las 19:00 del 20 de octubre por inhalación de humo y gases de incendio.

Bomberos, mientras tanto, continuaban extinguiendo el incendio. A pesar de que fueron controladas a las ocho horas, asegura el otrora Comandante Herrera, las llamas se extinguieron completamente en cinco días. En los días posteriores los saqueos continuaron, dado que, además de una cinta que prohibía el paso, el sitio no quedó resguardado.

La investigación del saqueo, incendio y posteriores homicidios fue derivada a la Fiscalía Especializada en Robos, perteneciente a la Metropolitana Sur. A cargo del caso quedó, en ese momento, el fiscal Alexis Aguilar, quien no se constituyó en el lugar del incendio, según la parte querellante.

Insignificante presencia policial en medio de saqueos sostenidos. Un incendio provocado con acelerantes en múltiples puntos de origen. Camionetas blancas cuyos tripulantes uniformados llegaron al incendio antes que bomberos, según la querella. Peritajes no realizados, testigos no empadronados y una zona no aislada. Desconocimiento de lo que pasó en el interior del local. Factores que el Ministerio Público aún no esclarece.

Investigación: más dudas que certezas

El incendio del Construmart de La Pintana no solo dejó una nube negra sobre Avenida Santa Rosa, sino también instaló un manto de dudas difícil de esclarecer. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué el Ministerio Público no realizó las diligencias cuando supo de los hechos? ¿Por qué la autopsia de Eduardo menciona daños que la parte querellante cuestiona? ¿Por qué nadie se ha hecho cargo de lo que ocurrió en La Pintana?

Doble Espacio tuvo acceso exclusivo a ciertos documentos de la carpeta investigativa. En contacto con los testimonios y revisión de los documentos, pudo constatar que hay una serie de hechos que la investigación no ha logrado determinar y que la parte querellante de la familia de Caro cuestiona.

La respuesta, por el momento, es clara y desalentadora. Victoria Herrera, abogada de Codepu señala, ante la falta de diligencias y la ausencia de fiscalía, que “esa noche está perdida”. Tanto Herrera como Santana, ambas abogadas querellantes, apuntan a una responsabilidad directa; la inacción y lentitud de parte de fiscalía e incumplimiento de protocolos. “Hubo un dejar actuar, un dejar hacer” afirma Santana.

Desde un inicio las decisiones jurídicas han dificultado la resolución del caso, sostiene Santana. Las investigaciones, hasta la fecha, han olvidado a las dos víctimas fatales y el proceso judicial se ha centrado en el saqueo e incendio.

A pesar del hallazgo de los cuerpos de Eduardo Caro y Atilio Arancibia, la investigación fue designada y continúa en manos de la Fiscalía Especializada de Robos. En cuanto a dicha resolución, la abogada lo atribuye a una “política” institucional que marcó el curso de la investigación, pues las pericias se han enfocado en buscar a los presuntos culpables del saqueo y posterior incendio del Construmart, no en resolver las responsabilidades por las muertes de Eduardo y Atilio.

El informe investigativo realizado por el Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana —a cargo, en ese entonces, del Comandante Mauricio Herrera— es uno de los pocos documentos con los que las abogadas de la familia de Eduardo cuenta para recrear aquella fatídica noche.

Este documento fue solicitado por Alexis Aguilar, fiscal que tomó el caso en primera instancia. Aguilar no se constituyó en el lugar del incendio, no ordenó el empadronamiento de testigos ni dio la orden de incautar cámaras en el momento del siniestro.

“Esas son diligencias que son determinantes para poder establecer las circunstancias de los hechos” lamenta Santana. “La causa la tomaron como robo y no hicieron las investigaciones propias de los homicidios, que deberían tener su exclusiva línea de investigación” reitera la abogada Herrera frente al actuar del Ministerio Público.

Luego de tres años al mando de Aguilar, la Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Especializada en Robos, Pamela Bustamante, asumió la investigación y la tónica se ha mantenido. Esto debido a que ni el comandante Herrera, que estuvo a cargo de apagar el incendio, ni Jorge Molina, carabinero a cargo del evento han sido llamados a declarar en el marco del esclarecimiento de los hechos. Al día de hoy la causa no cuenta con personas formalizadas ni imputadas, ya que sigue en proceso de investigación.

Desde bomberos señalaron que personal de la institución ha sido parte de reuniones junto al Ministerio Público y la parte querellante de ALTO, empresa aseguradora de Construmart. A pesar de esto, las fuentes señalaron a Doble Espacio que las declaraciones han sido “a la ligera” y “fuera de protocolo”.

Ante la escasa presencia policial, personal de bomberos que arribó al lugar tomó contacto con el entonces Mayor Jorge Molina, quien estaba a cargo de la 41º Comisaría de La Pintana, la única que hay en la comuna.

El ahora Teniente Coronel de la Prefectura Sur de Santiago afirmó a Doble Espacio que la comisaría a su cargo colapsó durante esos días. En el operativo de resguardo del Construmart eran apenas 10 uniformados que no pudieron actuar dada la magnitud del evento, que incluía, además, un saqueo e incendio en la Central Mayorista a metros del lugar. Sobre el no enfrentamiento del desvalijamiento Molina afirmó que en “las condiciones y con el equipamiento con el que estábamos era un despropósito usar disuasivos químicos o tratar de impedir el saqueo”.

Sobre la presencia de unidades de Fuerzas Especiales, actual COP, Molina asegura que durante toda la revuelta no se apersonó un solo uniformado especializado en la contención del orden público en La Pintana. Esto a pesar de que los saqueos e incendios “fueron los episodios más violentos y de mayor magnitud” de La Pintana durante la revuelta, afirma Molina.

En cuanto al acordonamiento de la zona, el otrora mayor, explica que se intentó resguardar el lugar del incendio, pero “no se acordonó porque no había una estructura que permitiera aislar el sitio del suceso”. Dicha versión coincide con la entregada por bomberos que señalan que se cercó el perímetro con una cinta que alertaba “No pasar”. Una fuente de bomberos encargada de investigar el siniestro asegura que “llegaba y pillaba gente robando la reja y los fierros quemados. Yo pensaba qué más puedo hacer si se me adulteró el sitio del suceso”.

Lesiones y certificados no aclarados

Ambos cuerpos fueron hallados dentro del galpón de lo que alguna vez fue Construmart; el de Atilio a metros de la salida y en el centro del edificio el de Eduardo. Dado el estado del cuerpo de Caro, el SML debió realizar exámenes de ADN al cadáver y compararlo con las muestras de Ruth, Daniel y Ángela, hermanos de Eduardo.

Este no fue el único procedimiento realizado por la institución en torno a la muerte de Caro. La autopsia determinó que Eduardo había fallecido producto de la inhalación de humo y gases tóxicos. Algo esperable para quien fallece en un incendio de tales proporciones. Sin embargo, la autopsia también identificó diversas lesiones en su cuerpo que son cuestionadas por las querellantes de Caro. “No son lesiones atribuibles a esa clase de incendios” afirma la abogada Herrera.

Doble Espacio tuvo acceso exclusivo a la autopsia de Eduardo Caro, en la que se determina que el cuerpo tenía desmembramiento de sus extremidades inferiores, fracturas en todas las costillas, la pared torácica abierta y daños craneales. Además se encontró un tornillo dentro de la cavidad abdominal.

Doble Espacio entrevistó a un médico perito de autopsias del SML, quien prefiere no revelar su identidad dado su servicio activo. Según él, dichas lesiones pueden llegar a ser producto del incendio. Particularmente asociadas a las altas temperaturas que se alcanzaron en el lugar y al colapso de la estructura que incluía latas y fierros de gran magnitud.

Bomberos, por su parte, aseguraron a Doble Espacio que además de la caída de materiales, en un incendio los cadáveres pueden verse, eventualmente, afectados por acción de los mismos funcionarios que al entrar rápido al incendio pueden pasar a llevar a las víctimas. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis se ha podido confirmar debido a que no se realizaron ciertas diligencias inmediatas aquella noche del 20 de octubre de 2019.

La poca claridad de las circunstancias en que falleció Eduardo mantiene, hasta el día de hoy, a su hermana Ángela, en una ardua búsqueda de respuestas. Esta ha sido constantemente torpedeada por la lentitud en el proceso judicial e incoherencias en los documentos oficiales.

Pequeñas discordancias entre los certificados de defunciones emitidos por el Registro Civil y la realidad de los hechos dan cuenta, para la familia y su defensa, cómo el Estado ha llevado estos dos casos. Tanto el certificado de Eduardo como el de Atilio señalan que fallecieron en Independencia, a kilómetros del lugar de los hechos. En el caso de Arancibia el documento señala que falleció el lunes 21 de octubre, un día después del incendio. Pero no solo el Registro Civil falló en la fecha de los hechos.

Construmart, a través de ALTO, su empresa aseguradora, interpuso una querella contra los responsables del saqueo y posterior incendio. En el documento se especifica que el “21 de octubre de 2019 un número aún no identificado de personas, y por medio del uso de fuerza y de elementos contundentes ingresaron al local Construmart (…) logrando sustraer, desde su interior, una gran cantidad de especies”. Además, señala que “un grupo desconocido de sujetos procedieron a propagar elementos combustibles que generó su destrucción total”.

Esta querella fue presentada diez días después de que Soledad interpusiera la primera por la muerte de su esposo y dos meses después de que se encontraron los cuerpos calcinados. Sin embargo, en la querella interpuesta por ALTO quedaron dos grandes ausentes; Eduardo y Atilio.

De acuerdo con las abogadas del caso de Caro y diversas fuentes consultadas, Construmart ha presentado nula colaboración con la investigación judicial. Si bien su querella fue interpuesta en conjunto con la de Soledad en 2019 es, según Santana, “para poder deslindar responsabilidades, pero no ha habido colaboración. Nosotros tenemos conocimiento que había muchas cámaras en el lugar” que no han sido puestas a disposición de la investigación.

Victoria Herrera establece que “el enfoque principal de Construmart es que se le pague el seguro” y para esto deben interponer una querella contra quienes resulten responsables.

En esa misma línea, el abogado Pablo Latín Matus, querellante en la acusación de ALTO, aseguró a Doble Espacio que “en este tipo de causas no hay muchas intenciones de buscar culpables o de esclarecer los hechos”. Latín ya no trabaja para la empresa aseguradora, pero aclaró que las instrucciones que recibió en el momento de interponer la querella son parte de la confidencialidad que no puede revelar. “Por lo pronto, al retail le importa menos que al resto lo que sucedió” agregó.

Cataleya, la vendedora hace más de 9 años en la esquina que sufrió el fatal incendio, se detiene a observar lo que quedó de Construmart. Solo una plataforma de cemento. Una explanada yerma y de asfalto en medio de un peladero que cada día acumula más basura. “De Plaza Italia para abajo les importa un culo lo que le pase a la gente, porque son los marginales, la lacra” reflexiona.

Al fondo, en la pared que colinda con las casas que vieron el fuego entrar por sus ventanas, yace un mural conmemorativo. En él se ilustran los rostros de Eduardo Caro del Pino y José Atilio Arancibia Pereira, para nunca olvidar a quienes murieron.

Además, junto a ellos se ve la imagen de Mauricio Fredes, hombre de 33 años que falleció a manos de Carabineros el 27 de diciembre de 2019. Los tres eran vecinos de un barrio azotado por el abandono y que, por la acción u omisión del Estado, fallecieron. A la fecha ninguna de las tres familias ha logrado justicia.

Durante la revuelta, La Pintana padeció aquello que nunca ha dejado de padecer realmente: la ausencia, parcial o absoluta, de las instituciones. “Se murió y se murió no más. Si te atropellan o mueres acá no vas a salir en la tele”, afirma Cataleya. El abandono, el tiempo y las indolencias del caso advierten que tampoco lo harán quienes murieron calcinados.