Tras la aprobación del comité de ministros del proyecto Los Bronces, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -OLCA-, habla con Doble Espacio sobre los alcances de esta medida y la importancia de la organización social para detener proyectos que son un peligro para el ecosistema.
El pasado 17 de abril el proyecto Los Bronces Integrado fue aprobado de manera unánime por el Comité de Ministros de un gobierno autodenominado medioambientalista. Los Bronces es una mina de cobre y molibdeno de Anglo American, ubicada en el sector oriente de la Región Metropolitana que, por su impacto en la calidad del aire de Santiago de Chile, fue previamente rechazado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA-.
Después del fallo del Comité, varias personas se convocaron para movilizarse y tratar de frenar la situación. Entre las organizaciones que se han pronunciado contra la aprobación de Los Bronces, se encuentra el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA-, cuyo director, Lucio Cuenca, ha sido critico a la decisión de los ministros.
- ¿Qué implica, en términos medioambientales, que se haya aprobado este proyecto?
Podríamos identificar dos grandes afectaciones, una relacionada con todo el sistema hídrico, incluyendo el impacto a los glaciares que, siendo ecosistemas en sí mismos, están muy ligados a la producción de agua de la cuenca del gran Santiago y en parte de Valparaíso.
También hay un fuerte impacto a los ecosistemas. Una parte de este proyecto pasa debajo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, y que por extensión también podría impactar al nuevo Parque Nacional Glaciares de Santiago, el cual busca justamente proteger los glaciares, pero el material particulado que genera la explotación minera podría afectar esa zona también.
- Después de la aprobación del proyecto Los Bronces, ¿qué es lo más posible que pase con este conflicto medioambiental?
En el caso de este Los Bronces que, por su localización, la envergadura, los impactos que se prevén, había una expectativa de que fuera rechazado, dentro de una propuesta programática del gobierno de Gabriel Boric, denominado ecologista que habla de hacer una transición socio-ecológica.
Existe bastante desazón en las organizaciones, pero también está la decisión de seguir adelante con la lucha para que este proyecto no se haga. Luego del Comité de Ministros existe la posibilidad de ir al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, y eventualmente se podría llegar a la Corte Suprema con una acción de casación. Es un camino que falta por recorrer, y tenemos la esperanza de que, al reponer una serie de cuestionamientos en el Tribunal Ambiental que no fueron considerados por el Comité de Ministros, efectivamente se dimensione, y no se le permita al proyecto seguir operando con la ampliación que quieren.
Medidas del gobierno
- Considerando que el gobierno actual se autodenominó medioambientalista, ¿qué significa que el Comité de Ministros aprobara este proyecto?
El Comité de Ministros es una instancia política que, si bien se pone encima de la institucionalidad ambiental, estos siete ministros responden a una orden política del gobierno. De hecho, cuando se revisan las decisiones que toman los ministros, no tienen la obligación de fundamentar sus votos. Nosotros hemos pedido las actas y las bases de los votos que hicieron en este mismo caso de Los Bronces, y en otros como el de Alto Maipo, y no existen esas fundamentaciones, entonces es un voto eminentemente político. Aquí hubo una decisión política de darle la aprobación al proyecto.
Hay que recordar que este proyecto venía rechazado desde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la empresa fue la que activó el mecanismo del Comité de Ministros buscando revertir esa decisión, y lo lograron tras varios meses de mucha presión sobre el gobierno, que les resultó a favor.
- En cuanto al futuro, ¿qué posición debería tomar el gobierno ante eventuales proyectos similares a este?
Quedamos un poco en incertidumbre. Chile tiene un problema que arrastra hace muchos años y nos tiene sumidos en una crisis ecológica muy profunda, sobre todo por la situación hídrica, pero también por desaparición de ecosistemas, desertificación, contaminación del aire. Frente a eso, el gobierno planteaba un principio de transición socio-ecológica implementado a partir de cambiar la matriz productiva, de hacerse cargo de los problemas que existen actualmente y de orientar la política para dejar de ser un país extractivista, o encaminarnos una economía no tan dependiente a la explotación y apropiación de la naturaleza.
Lamentablemente estamos viendo que eso no ocurre, sino que se continúa con políticas que venían en curso de gobiernos anteriores, y esa es la gran amenaza que tenemos, o sea que la tónica de decisiones respecto a nuevos proyectos sea la misma que en el caso Los Bronces. Tendremos que ver cada conflicto, porque los proyectos son un caso al cual hay que darle seguimiento, generar acciones, y eso se tendrá que ir viendo en el camino. Pero sin duda esto marca una tendencia a partir de otras decisiones recientes.
Una organización social movilizada
- Si Chile es un país extractivista, ¿cuánto tiempo le tomaría convertirse en otro tipo de productor para proteger el medioambiente?
Nosotros hablamos de una transición, no de cambiar de un día para otro, pero se tiene que iniciar una transición estableciendo metas y tiempo, y eso no ocurre. Se anunció retóricamente una oferta programática en un contexto electoral, pero después no acordaron objetivos, metas ni plazos, entonces eso se diluye y es lo que estamos enfrentando hoy.
No sé determinar un tiempo, pero creo que eso es parte de un nuevo acuerdo político que debe darse en la sociedad chilena. Tenemos que fortalecer una economía más plural, debemos promover potencialidades de distintas economías que existen en las regiones, y bajar la presión sobre nuestra economía dependa tanto de la minería del cobre, por ejemplo.
Muchas veces se promueve que tenemos una alta dependencia a la minería, y eso cada vez es menor. Lo que sí es que mueve mucho dinero que está en manos de empresas privadas, las cuales no se resignan a estos cambios y gastan mucho dinero en sostener la ilusión de que todos dependemos de la minería y de su gran relevancia económica, y esta es cada vez menor. Eso debiera ser considerado a la hora de tomar decisiones como transitar a otro estatus de economía más plural y no solo centrarla en las actividades extractivas.
- ¿Cuál sería su evaluación en cuanto a lo que pasó con el caso Los Bronces?
Hay distintas reflexiones que hacer. Sin duda tenemos que considerar cómo se ejercen los poderes que existen en nuestra sociedad y que el poder económico sigue teniendo una predominancia muy fuerte. Y por otro lado tenemos una institucionalidad muy vulnerable a presiones, y en eso hay responsabilidad política, pero es algo que debe cambiar a futuro.
Es lamentable que se haya aprobado este proyecto, ya que los impactos son graves para la Región Metropolitana, se pone en riesgo la subsistencia de las comunidades humanas que viven en esta ciudad y eso me parece gravísimo. El año pasado, el gobernador de Santiago -Claudio Orrego- anunciaba un plan de emergencia para enfrentar el desabastecimiento hídrico de la Región Metropolitana, incluso presentó un procedimiento para racionar el agua, y luego se toman decisiones como aprobar Los Bronces, eso es un poco desolador.
Pero nosotros confiamos mucho en la sociedad, en las organizaciones que están defendiendo la vida y los territorios. Confiamos en que esta situación debe revertirse y hacia allá apostamos, y lo hacemos como siempre con mucha convicción. Y con mucha alegría también porque en estas luchas hay mucha expresión de las distintas vidas que estamos defendiendo en los territorios, y en eso seguiremos trabajando. Esa es la apuesta que nosotros hacemos para cambiar esta situación en la que de alguna manera nos han encajonado con la decisión de Los Bronces.
- ¿Y se pueda hacer algo al respecto?
Como organización apoyamos el proceso de este tipo de conflictos y hemos tenido buenos resultados en muchas de las luchas. Así fue con el tema de HidroAysén, lo que ha pasado con Dominga -que son procesos muy largos-, la clausura del proyecto Pascua-Lama. También le dedicamos 18 años de trabajo a la defensa del Valle del Huasco, donde finalmente se clausuró el proyecto a medio construir.
Nosotros tenemos mucha confianza en que finalmente la inteligencia colectiva de las comunidades, de los territorios, de la ciudadanía en general, es la que tiene que primar.
El 26 de abril tuvimos un fallo en la lucha por la defensa del río Biobío frente a una nueva represa llamada Rucalhue, dónde la Corte de Apelaciones de Santiago le dio el respaldo a la CONAF -Corporación Nacional Forestal-, y le negó el carácter de interés nacional a ese proyecto, por lo que quedó inviable. Y detrás de Rucalhue hay una gigantesca empresa china con mucho dinero. Sin embargo, la acción de la sociedad civil, de las organizaciones y de la comunidad, logró tener éxitos en una combinación de estrategias de movilización, visibilización y acciones legales. Por eso expresamos esa confianza, porque tenemos antecedentes e historias que nos permiten actuar con seguridad.
- Es importante, entonces, la organización social
Sin duda. Para nosotros es estratégico.