Prestaciones sociales como becas, bonos, créditos y hasta la Pensión Garantizada Universal se entregan dependiendo del Registro Social de Hogares, un instrumento que estratifica a la población según tramos de vulnerabilidad. Sin embargo, existen muchas personas que viven con el mínimo y no son consideradas; otras, deben mentir para obtener beneficios. ¿Realmente esta medición refleja la situación de la sociedad chilena?

“No existen pobres en Chile”, dice irónicamente Camila Cáceres, excandidata a constituyente por el Distrito n°8. El 27 de septiembre de 2020 publicó una columna de opinión en el diario El Desconcierto, donde señaló que el Registro Social de Hogares (RSH) presenta falencias como sistema de medición socioeconómica.

A dos años de su publicación, la situación no ha cambiado y agrega que el tramo más bajo representa vulnerabilidad, pero no pobreza. “¿Qué es ser pobre en Chile? Que me muestren un papel del Estado que diga qué es. No está definido. Solo existe el 40% más vulnerable. Eso es un atentado importante al constructo de la realidad y el proyecto de país que uno quiere generar”, comenta Cáceres.

En un papel, la ex candidata describe el funcionamiento del RSH, como también, los puntos que debiese considerar para ser un sistema más equitativo. La investigadora social señala que la construcción del instrumento está elaborada desde una pirámide donde las personas que están en la cúspide crean un imaginario de lo que es ser pobre y vulnerable. “Uno tiene que adecuarse a ese constructo”, explica.

El Registro Social de Hogares es un instrumento de caracterización socioeconómica que contiene información autoreportada y datos administrativos para definir los tramos de vulnerabilidad de los hogares en Chile. Es decir, contiene información entregada por las mismas familias que son registradas por este sistema, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), para identificar y seleccionar a la población más vulnerable que necesita optar a programas y beneficios sociales.

Esta herramienta mide principalmente los ingresos y no los gastos, y debido a esto, no considera una perspectiva multidimensional. “El enfoque es un chiste. Lo educativo, la salud, los ingresos, las divisiones por integrante de familia ¿esa sumatoria es multidimensional? ¿Dónde queda el ámbito de la deuda, y del ahorro, la capacidad de ahorro?”, se pregunta Cáceres.

Nuevo modelo, mismo problema

En el año 2015, bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y tras el fracaso de la Ficha de Protección Social (FPS), se crea el Registro Social de Hogares (RSH) como el nuevo mecanismo de focalización socioeconómica en Chile. La razón de esto: el sistema de autodeclaración de cada grupo familiar, en la que fácilmente se podía adulterar y falsificar información, ya que no existía un control sobre los datos entregados por el jefe de hogar.

“La información no tenía forma de ser verificada por parte del Estado, en el entendido de que se requiere de una estratificación para efectos de ir determinando cómo se asignan los beneficios públicos en términos de derechos y programas sociales”, comenta Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social, quien defiende el cambio de medición. Como el modelo funcionaba sobre la base de puntajes fue muy cuestionado por la ciudadanía. “Era un corte que a ojos de quien requiere los apoyos del Estado, era muy arbitrario”, agrega.

Según estudios derivados del Laboratorio del Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2022), las principales instituciones que influyen en la construcción de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares son el Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud, Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), entre otras.

Por otro lado, la asignación de la CSE posee un rango porcentual que separa a la población en siete tramos, donde se considera desde el menor hasta el mayor ingreso según el número de personas que componen el hogar, así como también sus características y acceso a bienes y servicios. De esta forma, la población perteneciente al primer tramo se ubica entre el 0% y el 40% más vulnerable del país; mientras que, en el séptimo tramo, del 91% al 100%, se encuentran los hogares menos vulnerables.

Según Data Social, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Resumen del Informe de recomendaciones para el mejoramiento de la CSE del RSH (2022), aproximadamente 16,3 millones de personas (el 87,3% de la población del país)  poseen una cartola en el Registro Social de Hogares con la que pueden postular a programas, beneficios y prestaciones sociales del Estado. Sin embargo, para optar a subvenciones estatales en la cartola del RSH se debe figurar al menos entre el tramo socioeconómico del 60% y 40% de la población. Lo que considera solo a un total de 69,8 % de las personas que forman parte del Registro Social de Hogares. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de la población?

Hogares y personas en el RSH, junio de 2016 a noviembre de 2021

Fuente: Resumen del informe de recomendaciones para el mejoramiento de la CSE del RSH, abril 2022

Hogares y personas en el RSH, según tramo CSE, agosto 2021

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia. RSH agosto 2021. Recuperado del Resumen del informe de recomendaciones para el mejoramiento de la CSE del RSH, abril 2022.

Una falsa medición

 En el año 2016, Marcos Barraza Gómez señalaba cuál era el objetivo del Registro Social de Hogares: “Es el sistema con el que Chile avanzará hacia una sociedad más justa, más inclusiva, en donde los recursos sean recibidos por las personas que realmente más lo necesitan”, dijo cuando presentó el nuevo modelo. Sin embargo, tras años marcados por un estallido social y una pandemia por el Covid-19, ha sido difícil cumplir el objetivo del instrumento.

En Ñuñoa, una larga fila atomizada por el calor capitalino espera en las oficinas de ChileAtiende. Razones son muchas, pero si se les pregunta por el RSH y la Calificación Socioeconómica, comienzan las quejas.

Francisco Vidal, trabajador independiente, está en la fila para ver si puede acceder al RSH porque no califica. ¿La razón? recibe un sueldo de 850 mil pesos, sus hijos estudian en un colegio particular y tiene Isapre, lo que lo sitúa en el tramo que abarca desde el 91% al 100% de la población menos vulnerable. “Estar en el último tramo me ha dado problemas en la salud, en la educación, en todo. No he recibido ningún beneficio ni cuando estuvimos en pandemia. Nada”.

Por otro lado, los adultos mayores son el público más presente en las interminables y abrasadoras filas. “He ido a tantas partes y lo mismo, ¿por qué? porque soy una vieja de 73 años. Imagínate, mi hermano falleció a los 60 con una mugre de pensión. Los viejos no tenemos libertad en el sentido que diga ‘ay, voy a vivir en mi lindo departamento’”, comenta Rebeca, adulta mayor quien se ubica en el tramo del 70% de la Calificación Socioeconómica. Ella tiene que pagar gastos comunes, agua, gas, con la pensión de 200 mil pesos que recibe por su esposo, quien falleció. “¿Qué haces tú con este dinero? Creo que mi viejo está mejor en el cielo”, dice.

Constanza Abarzúa, trabajadora social de la Municipalidad de Huechuraba, ratifica que una de las falencias de este instrumento es que solo mide los ingresos de las familias, pero no considera los gastos. “El tema de las deudas es algo que está súper latente en estos momentos. Yo atiendo a muchas personas que uno ve y dice ‘el esposo gana bien’, pero están pagando deudas, más los intereses y todo eso. Y las enfermedades son caras, por lo que deberían estar ahí consideradas, se les debería bajar el porcentaje del tramo socioeconómico”, comenta.

¿Dónde quedaron las promesas de este nuevo sistema más simple, moderno y justo? En el resumen del informe de recomendaciones para el mejoramiento de la CSE del RSH, un panel de expertos consideró que se necesita mayor fiscalización de la información autoreportada para evitar adulteraciones y modificaciones, pues afecta al ordenamiento de la CSE y la elegibilidad de los beneficiarios de prestaciones estatales. Sin embargo, no existen datos que verifiquen la cantidad de información falsa autodeclarada. Solamente se tiene noción de que según organismos del Estado “la gente miente”.

“Todos sabemos que es un instrumento que no funciona y que no es real, menos si se busca responsabilizar a la comunidad. La gente miente y adultera el RSH”, comenta Evelyn Villegas, asistente social de la Municipalidad de Huechuraba y suma objeciones: “Responsabilizan a la gente y eso es súper ‘heavy’ porque dejan a la población como mentirosa, como si a ellos les gustara pedir. Yo no creo que a la gente le guste andar pidiendo, pero el error y responsabilidad no está en ellos, sino en el Ministerio de Desarrollo Social que no se hace cargo”, sostiene.

Escapar de deudas y estar excluído

 El RSH tiene un papel fundamental en el ámbito de la educación, pues es el sistema que verifica la información que presentan los estudiantes para ingresar a la enseñanza superior mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). En este, a partir del tramo en el que se encuentra el alumno en el registro, se determina su asignación a beneficios, becas o créditos. Ejemplo de esto son la Gratuidad, la Beca de Alimentación para la Educación Superior (Junaeb), la beca Bicentenario, el Fondo Solidario de Crédito Universitario, el Crédito con Garantía Estatal, entre otros.

Las carreras de educación superior en Chile tienen un costo aproximado de entre un millón a once millones de pesos anuales, por lo que es una necesidad para las familias de clase media o baja obtener gratuidad u otros beneficios que permitan solventar los gastos. Es por esto que algunos hogares modifican datos dentro de sus cartolas para disminuir el tramo en que se encuentra la familia y, de esta forma, tener la posibilidad de acceder a subvenciones para evitar quedar endeudados.

Constanza (su nombre ha sido cambiado por petición de la entrevistada), una estudiante que proviene de Santa Cruz, comuna de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, cuenta por qué modificó sus datos para acceder a la gratuidad: “Mi colegio era particular subvencionado y hasta tercero medio pagué la mensualidad de 80 ‘lucas’ y ahí mi profe de Historia, que también era la consejera vocacional, nos enseñó a cambiar la cartola para obtener menos puntaje y así acceder a la gratuidad”.

Constanza afirma que como su mamá no estaba casada con su padrastro, pudieron modificar la cartola y acceder a la gratuidad; de no ser así, tendría que haber optado por estudiar con CAE. “Si bien no tenemos una situación socioeconómica mala, a mis papás no les alcanzaría para poder pagarme la universidad y vivir en Santiago, tendría que pedir un crédito y ellos, obviamente, no quieren que yo me endeude”.

Carolina Silva, quien estudió Licenciatura en Ciencias en 2007 y Pedagogía en 2012 (período en el que todavía no existía la Gratuidad), no pudo evitar endeudarse, pese a pertenecer al grupo de la población que vive siempre con el miedo a caer en la pobreza y que no puede sostenerse sin trabajo. “Modificamos el FUAS porque al tener a mis padres trabajando altiro creen que eres millonario. Entonces, pusimos que mis papás eran separados para que no se considerara el sueldo de mi padre”, revela.

Ese mismo año su padre falleció y no le otorgaron ninguna ayuda socioeconómica más allá de una beca de alimentación. Al modificar el FUAS le negaron el CAE por no ser considerada “lo suficientemente pobre”. Sin embargo, después de mostrar sus antecedentes a una asistente social de la Facultad de Ciencias, pudo acceder al crédito de Fondo Solidario, por el que todavía paga.

Este año cuenta con dificultades porque no posee trabajo. “Si no hubiese obtenido el Fondo Solidario para mí habría sido imposible estudiar (…) Son 800 mil pesos anuales aproximadamente. Igual se me hace pesado porque el sueldo de profesor es bajo. En mi caso, cuando tenía trabajo, mi sueldo era de 800 mil”.

Para las postulaciones que se presentaron en 2023 –que se realizaron entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre del presente año–, se registraron 461.751 solicitudes; 10.886 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que indica un aumento del 2,41%, según informó el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior. Sobre la base de esto, surge la incógnita: ¿cuántas de estas postulaciones se modificaron para acceder a beneficios?

En el caso de personas migrantes que se encuentran bajo una situación irregular, es decir, que no poseen documentación que acredite su estadía en el país, no cuentan con un Rol Único Nacional (RUN). Producto de esto, no pueden crear una cartola del Registro Social de Hogares y por tanto obtener beneficios estatales.

“Entonces, el gran problema es que no puedes acceder al RSH si no tienes un RUN, ni siquiera con identificadores provisorios”, dice Mitchell Valenzuela, trabajador social del Colectivo Sin Fronteras, institución sin fines de lucro que trabaja con familias en situación de movilidad. “Las personas se encuentran en una situación precaria, y eso no lo pueden declarar mediante el RSH. ¿Cómo determino el tramo de esas personas? No puedo. Entonces, todos los beneficios sociales que da el Estado no se pueden garantizar por el solo hecho de que los migrantes no tienen un RUN. Esa es la piedra tope”, comenta Valenzuela.

Al 31 de diciembre de 2021, según el INE, la mayoría de las personas extranjeras residentes en Chile provenían de Venezuela (30%), Perú (16,6%), Haití (12,2%), Colombia (11,7%) y Bolivia (8,9%). Mitchell Valenzuela comenta que generalmente en Chile hay mucha xenofobia y aporofobia –fobia a los pobres– desde las políticas públicas. “Si el migrante es migrante cuando es venezolano o peruano no más, pero cuando es europeo es ‘inversionista’. Si tú no tienes RUN en Chile, no existes para la política”, indica.

La vía para un nuevo instrumento

“Es súper importante que la gente entienda qué es el Registro Social de Hogares y cómo funciona, porque eso les permite también poder utilizar el sistema de mejor forma”, señala Daniel Díaz, analista de la Subsecretaría de Evaluación Social del MDSF. Según Díaz, las personas no entienden el correcto funcionamiento del proceso, y tampoco saben cómo interactuar con este. Aquello “marca toda la diferencia en que de repente puedan terminar hablando pestes del registro, o que puedan acceder a un beneficio”.

Según el Informe de Recomendaciones para el mejoramiento de la CSE del RSH, los aspectos a perfeccionar son: que la población tenga conocimiento sobre su tramo socioeconómico, por lo que se debe comunicar y enseñar cómo funciona el RSH con directa y específica transparencia. Asimismo, acortar los plazos de actualización de información con el objetivo de aumentar los períodos de renovación de la cartola con mayor facilidad, y acceder a los beneficios de manera expedita. También, en este documento, el panel experto sugiere que se mejoren, refuercen y añadan registros administrativos que permitan contrastar datos autoreportados para una mayor precisión.

Frente a los desafíos que enfrenta el sistema, Daniel Díaz señala que se deben llenar los vacíos informativos presentes en el RSH. Ante esto, comenta que “tenemos un gran abanico de información que para la gran mayoría de los hogares funciona bastante bien, pero, por ejemplo, siempre tienes temas como la informalidad y cómo se recogen datos de esta, entonces eso es un desafío constante”.

Por otro lado, Camila Cáceres considera que el RSH debe profundizar en tres ejes de análisis, los que corresponden a los datos de las familias, el acceso ciudadano a la información, y la ampliación de las oportunidades para optar a los beneficios sociales disponibles en cualquier institución del Estado. De esta forma, propone reemplazar el concepto de pobreza económica y trabajar bajo la idea de multidimensionalidad de la pobreza.

Sobre la base de lo anterior, Cáceres propone que un nuevo RSH debiera sustentarse bajo cuatro núcleos temáticos, los que son vivienda, salud física y mental, educación y trabajo. A su vez, una correcta elaboración de la CSE contemplaría no solo los ingresos, sino también los gastos, deudas y capacidad de ahorro de los hogares. Para abarcar completamente los diversos aspectos de la vulnerabilidad socioeconómica.

La investigadora social, que en 2020 revelaba en la prensa el fracaso del RSH, hoy mantiene sus críticas: “La gracia de un instrumento no está en construir posibilidades, sino realidades. Para eso es el Registro Social de Hogares. Todos los instrumentos son lectores de realidades y este no lo es”.

Este trabajo periodístico se realizó en el marco del curso de Reportaje, a cargo de la profesora Alejandra Carmona López.