Hace diez meses, 154 convencionales, de distintos sectores políticos, se enfrentaron a la compleja tarea de redactar una Constitución para nuestro país. El pasado lunes ese ciclo comenzó a cerrarse cuando la mesa directiva hizo entrega del primer borrador de la nueva Carta Magna, entrando así en la recta final de este proceso que culminará el próximo 4 de septiembre donde será la ciudadanía la que decidirá si aprueba o rechaza el nuevo texto. Doble Espacio hace un repaso de los acuerdos más relevantes y la opinión de la gente sobre ellos.

“Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” fue la declaración que partidos de oposición y del oficialismo de la época, desde el Frente Amplio hasta Chile Vamos, presentaron en un punto de prensa la madrugada del 15 de noviembre del 2019 en respuesta al estallido social iniciado en octubre de ese año, una crisis político-social sin precedentes que remeció a nuestro país. 

Esa jornada, tildada como histórica, tuvo lugar en el Palacio del ex Congreso Nacional y estuvo marcada por el tira y afloje entre parlamentarios para, finalmente y tras extensas horas de negociaciones, dar pie a un plebiscito donde -por primera vez- Chile decidiría si aprobar o rechazar la opción de redactar una nueva Constitución. Alternativa que dejaría atrás una Carta Magna de 40 años redactada por la Comisión Ortúzar durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Luego de su postergación debido a la contingencia sanitaria producto del Covid-19, quedó fijada la consulta para el 25 de octubre de 2020, donde todo estuvo preparado para el Plebiscito Nacional de Chile, la jornada eleccionaria que determinaría el futuro de la Constitución Política de 1980. El evento convocó al 50,9% del padrón electoral total, es decir, 7.562.173 de personas y se convirtió en la elección con mayor participación desde la instauración del voto voluntario en el año 2012.

Lo que vino más tarde fue la victoria de la opción por el Apruebo con un contundente 78,3%  de los votos, elección dónde también se definió que sería una Convención, con 155 miembros elegidos en su totalidad por voto popular, la que escribiría el nuevo texto constitucional. 

Hecho que generó la reacción de varias figuras políticas, entre ellas el propio expresidente Sebastián Piñera, quien aseguró en cadena nacional que “hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad, de futuro, y que se constituya en la casa de todos”. 

Ocho meses después, y luego de la elección de las y los convencionales, se instalaba la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional en una ajetreada ceremonia de inauguración marcada por el retraso en su apertura y la elección histórica de Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche, como presidenta del órgano.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de divisiones que agrietaron la confianza de la ciudadanía. Tan solo tres meses de instalada, la Convención recibió su primer y quizás más grande golpe con la renuncia del convencional por el distrito 13, Rodrigo Rojas Vade, luego de confesar que había mentido y no padecía leucemia. 

Pese a esta y otras controversias, junto con acusaciones de campañas desinformativas y desprestigio contra la institución convencional, que empañaron el funcionamiento del proceso, el pasado lunes 16 de mayo en las Ruinas de Huanchaca, Antofagasta, la mesa directiva hizo entrega formalmente del borrador de la Nueva Constitución en el plazo establecido. 

“Aquí, están los anhelos de millones de ciudadanas y ciudadanos que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas”, afirmó la actual Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros. 

De esta forma, el documento quedó conformado por 499 artículos que serán revisados en última instancia por la Comisión de Armonización, mientras en paralelo trabajan las comisiones de Preámbulo y Normas Transitorias, entrando así en la recta final del proceso constituyente. Pero, ¿cuáles son los grandes acuerdos establecidos en la Nueva Carta Magna?

 Salud: Sistema de salud universal y ¿fin de las Isapres?

Fue el pasado 19 de abril cuando el pleno de la Convención aprobó la existencia de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado (Artículo 14, inciso tercero), el que se financiaría por rentas generales de la nación, de la misma manera que sucede hoy.

El propósito de este nuevo sistema es que se extienda a todas las personas sin discriminación frente al poder adquisitivo de las personas, con un sentido solidario y equitativo.

Pese a esto, la académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad Católica, Soledad Barría, dijo a 24 Horas que “al establecer un sistema universal no se está haciendo nada con los privados, lo único que se está diciendo es que todo el mundo tiene que pertenecer a un sistema universal”.

Adicionalmente, el pleno aprobó que “el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados” (Artículo 14, inciso quinto). Lo anterior quiere decir que los recintos hospitalarios privados, como clínicas o centros médicos, podrán seguir existiendo y serán las personas las que podrán elegir dónde atenderse.

Respecto a esto, el convencional de Independientes No Neutrales Javier Fuchslocher dijo que actualmente “los privados son básicamente la columna vertebral del sistema y el sistema de salud, que está debilitado, termina siendo complementario al privado y lo que nosotros buscamos es reforzar la función pública en salud y -efectivamente- que los privados puedan seguir funcionando, complementando el sistema”.

Pero, los artículos aprobados trajeron al pleno, y a la ciudadanía, dudas sobre cuál será el destino de las isapres ¿qué pasará con ellas? 

Dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales, órgano que propuso el articulado sobre el Derecho a la Salud, advierten que no hay que apresurarse. En esa línea, el coordinador de la misma instancia, César Valenzuela, señaló que “llegar a decir hoy que en las votaciones generales estamos terminando con las Isapres es absolutamente falso. No tiene ningún antecedente de las normas que estamos votando.

La duda que surge es: ¿un sistema único de salud será capaz de absorber las altas demandas? 

La Educación como un derecho

Por primera vez en la historia de nuestro país, una Constitución podría recoger un aspecto central de las exigencias que los movimientos estudiantiles, a través de los años, han pedido a gritos sin tener una respuesta: que todas las personas tengan derecho a la educación. 

El pasado 11 de mayo el pleno de la Convención estableció la educación como un derecho de acceso universal y obligatorio, desde la enseñanza básica hasta el nivel medio, regido por principios como la cooperación y la no discriminación, y que tendrá un caracter no sexista. 

Además, el Estado asumirá un rol más activo con la creación de un Sistema Nacional de Educación integrado por aquellas instituciones creadas y reconocidas por éste, que tendrán prohibida toda forma de lucro, y donde el Estado “ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del Sistema”. Se articulará también un Sistema de Educación Pública, laico y gratuito, con “establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”.

Eso último, ha generado molestia pues solo las instituciones dentro de este Sistema de Educación Pública recibirán financiamiento por parte del Estado, lo que a juicio del rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, hará “diferencias entre unas y otras”, según lo que comentó a La Tercera. 

¿Qué pasará con el sistema previsional?

El fin al actual sistema de previsión social fue parte central de las demandas durante las manifestaciones de octubre del 2019, y también del debate constitucional, pues con este proceso se abrió, para muchos, la puerta a discutir un nuevo sistema que logre entregar jubilaciones por sobre la línea de la pobreza. 

Hoy, diez meses después, el nuevo borrador garantiza el derecho a la Seguridad Social en su artículo 13 de los Derechos Fundamentales y establece un sistema con interés público financiado a través de cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores, y por rentas generales de la nación. 

Este artículo fija principios rectores del nuevo sistema como es que sea universal, solidario, integral, entre otros, pero será el Estado quién deberá definir quién la administra, y en esto el Gobierno y el Congreso serán decisivos si es que la nueva Constitución entra en vigor después del plebiscito del 4 de septiembre. 

Pero no todo fue consenso en esta materia, hasta el último momento convencionales de derecha intentaron que se incluyera un inciso que asegurara la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y que estos puedan ser heredables. Indicación clave para dicho sector que no logró los votos para ser aprobada y quedó fuera de la nueva Carta Magna. 

Del Senado a la Cámara de las Regiones

El pleno de la Convención estableció que el poder legislativo se compone de dos órganos deliberativos, paritarios y plurinacionales: el Congreso de Diputadas y Diputados, y la Cámara de las Regiones. 

De esta forma, la institución del Senado, órgano con más de 200 años de historia y centro de variadas críticas los últimos períodos, será eliminada y reemplazada por un organismo de representación regional encargado de “concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional”, cuyo número de representantes no será inferior a tres por región. 

Esta decisión fue cuestionada por el actual presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quién defendió el rol que ha tenido este organismo en la historia de nuestro país y cuestionó la función de la Cámara de las Regiones, pues no cumpliría con representar “a los ciudadanos y a los territorios de una forma adecuada para que exista un contrapeso que permita que siempre se respeten los derechos como corresponde a toda democracia”. 

La convencional Constanza Schönhaut del distrito 11, por otro lado, defendió su eliminación en conversación con 24 horas. “No tiene sentido tener dos cámaras que hacen exactamente el mismo trabajo, lo que hace que las leyes duerman en el Congreso por la dinámica de tramitación”, afirmó la constituyente.

Medio Ambiente: Protección a glaciares y la responsabilidad de la minería

Fue uno de los últimos temas que sesionó el pleno y pese a que hace un mes todo un informe de la Comisión de Medio Ambiente fue rechazado, el sexto capítulo trata la temática medioambiental, y señala -en su primer artículo- que “es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica”.

La sección que se extiende por 7 páginas y contiene alrededor de 84 artículos, consagra en el número 18 el “derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales”. Esto se consagró, según la convencional del pueblo Mapuche, Elisa Loncón, ya que “si existe una forma de frenar el hambre, de construir soberanía alimentaria, de mantener un buen vivir mediante un alimento bueno y sano, es mediante las semillas que permiten que el ciclo de vida se mantenga”.

Por otra parte, la protección a los glaciares y el territorio antártico chileno, una de las demandas medioambientales más populares del último tiempo se hizo presente en el artículo 11, que señala que “el Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas”. Esto se debe a la importancia que le han otorgado los expertos a estos cuerpos de hielo en cuanto a abastecer de agua a las personas.

El impacto medioambiental de la minería tendrá que ser regulado según el borrador de la Carta Magna. Esto, ya que el artículo 25 indica que “el Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, en la forma que establezca la ley”. También, señala que quienes realicen esta actividad tendrán que reparar aquellos daños que causen, además de mitigar los efectos dañinos en aquellos territorios dónde se desarrolle dicha actividad extractiva.  

¿Qué opinan los chilenos sobre el primer borrador?

A partir de estos 5 acuerdos fundamentales, Doble Espacio consultó a diferentes personas, de distintos grupos socioeconómicos y etarios, preguntándoles sobre sus conocimientos del debate constitucional, su postura frente al primer borrador y qué temas son su interés frente al proceso que se acerca a pasos agigantados en el plebiscito de salida, que tendrá lugar el 4 de septiembre de este año.

Pese a que la mayoría de los consultados declara no haber estado atento al detalle del debate constitucional, sí señala que ya o están leyendo o pretenden darse el tiempo de leer el primer borrador de la nueva Constitución, con la intención de estar informados para el plebiscito de salida.

En cuanto a los temas que en su opinión son relevantes y se deben estar en la nueva Carta Fundamental, la educación fue uno de los más nombrados. Es el caso de Marcela, dueña de casa y Técnico de Enfermería Nivel Superior, con 50 años de edad, quien apunta a que “la educación es un deber y un derecho, y todos debemos tener acceso a ella independiente al estrato que pertenezcamos, y nadie debe enriquecerse con el derecho de las personas”. 

Para Luis Caris, jubilado de 74 años, el derecho a pensiones dignas es uno de los temas preocupantes. “Yo trabajé 50 años y ahora debería estar descansando, pero con lo que uno obtiene como pensión es imposible, uno tiene que seguir luchando a como dé lugar”, además Luis agrega que el derecho al acceso a salud también debe ser primordial en el nuevo texto.

El derecho a una vivienda es la materia que más le importa a Esteban Contador, fonoaudiólogo de 35 años, quien señala que para él “es un tema muy importante, que cada persona natural pueda tener acceso a una vivienda propia”.

Angela Devia, dueña de una pequeña empresa dedicada al rubro de la contabilidad, considera que la propiedad privada es clave. “Espero que no se expropien los bienes, tanto bienes raíces como bienes inmuebles, entre otros los de las AFPs. Espero que quede en la Constitución súper claro que los ahorros previsionales, si uno no los alcanza a ocupar, pasen a ser parte de los herederos”, afirma la profesional.

La igualdad de derechos entre las diversidades sexuales es lo que María José -de 10 años- solicita para una nueva Constitución. Mientras que para Francisca, estudiante universitaria, es primordial artículos destinados a la igualdad de género y el rol de la mujer dentro de la nueva propuesta de Carta Magna. 

Frente a los resultados del plebiscito de salida, todos los consultados esperan que sea un proceso ordenado, transparente y lo mejor para el país, independiente de la opción que termine ganadora. ¿El resultado? Solo el 4 de septiembre se sabrá.

Camila Castillo

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile

Bárbara Paillal

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile