En abril de 2021 distintas organizaciones, entre ellas la Fundación Baltasar Garzón, presentaron una denuncia contra el Presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Rodrigo Lledó, director de la Fundación Baltasar Garzón comentó con Doble Espacio el proceso de gestación de la denuncia y los continuos esfuerzos para lograr juzgar a Piñera, junto con su esperanza que la justicia chilena sea quien lo juzgue y condene.

En octubre de 2019 Mireya García, histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se encontraba fuera de Chile. Desde Europa vio cómo sus compatriotas eran reprimidos brutalmente por la policía y no pudo quedarse de brazos cruzados. Se acercó al Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) para actuar frente a la situación, y éste a su vez se puso en contacto con otras organizaciones, entre ellas la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH).

Para entonces, el juez Baltasar Garzón había mandado una dura carta dirigida a Sebastián Piñera expresando su preocupación por lo que se vivía en el país, y condenando la violencia Estatal que se propagaba por las calles.

A raíz de la histórica relación del juez con Chile debido a su rol en la detención del dictador Augusto Pinochet en 1998, la Comisión Chilena de Derechos Humanos propuso incluir a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) dentro del grupo de organizaciones que buscaban actuar ante la brutalidad que se vivía en el país.

El abogado chileno Rodrigo Lledó, exjefe del área jurídica del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, llevaba poco más de seis meses siendo director de la Fundación cuando ocurrió la revuelta social. Recuerda que en diciembre de 2019, el doctor en Derecho y profesor de la universidad Pablo de Olavide de Sevilla Ricardo Ignacio Bachman, había presentado la primera denuncia contra Piñera ante el Tribunal Internacional, de la cual su institución decidió no participar.

Consideraron que era demasiado pronto para realizar esa denuncia ya que, debido al principio de complementariedad, los tribunales chilenos debían actuar antes de poder recurrir a una instancia internacional.

Lledó recuerda que Garzón se reunió con Carlos Margotta, el presidente de la CCHDH, en febrero de 2020. En esa reunión el juez español continuaba convencido de que había que dejar actuar a la justicia chilena. Pero una pregunta cambió su parecer.

“Baltasar le pregunta [a Margotta]: Desde que yo estuve en Chile, ¿cuántos ojos menos van? Así tal cual, directo. La respuesta fue ‘creo que 30 menos’. Entonces eso lo conmueve a Baltasar, y dice: no, esto ya es otra cosa. Aquí hay que hacer algo”, relata Rodrigo Lledó.

Responsabilidad de mando

Ante la incesante violencia, que en opinión de Lledó nos buscaba dispersar a la gente, sino dañar a los manifestantes, el juez Garzón y su fundación se abrieron a la posibilidad de comenzar un trabajo en conjunto con las otras organizaciones.

“Entonces allí nos ponemos a trabajar los segundos espadas. Los técnicos, los mandos medios. Yo me pongo a trabajar, interactúo con Carlos [Margotta]. Me presenta a algunos abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sostenemos alguna reunión con los italianos. Y bueno, nos pusimos a trabajar”, cuenta el director de la Fibgar.

Trabajaron por aproximadamente un año en el informe que sería presentado ante la Corte Internacional. Revisaron todos los informes existentes sobre lo ocurrido en Chile y vieron de qué manera podían argumentar la denuncia.

“Desde la fundación aportamos información sobre lo que se llama la responsabilidad por el mando. Nosotros dijimos ‘por aquí hay que ir’. Porque era muy difícil probar que Piñera dio la orden. Pero sí es más fácil probar la responsabilidad por el mando, explica el abogado.

Esto se refiere a que el mandatario sabía, o tenía el deber de saber, lo que estaba ocurriendo y decidió hacer la vista gorda. No se busca argumentar que él ordenó las atrocidades que se cometieron, pero sí que no las impidió siendo que era su deber hacerlo. Es, de acuerdo a Lledó, un delito por omisión.

“Porque cuando Piñera declara el estado de emergencia, él, Pilatos, se lava las manos. Y lo deja todo a sus subordinados, sin embargo, tanto en las noticias, como el INDH, como Naciones Unidas, y como todos estos informes le fueron diciendo a él prontamente: oiga mire, mire lo que está pasando. Y él no hace nada”, afirma Lledó.

El director de la fundación Baltasar Garzón también recuerda la filtración del audio del exdirector general de Carabineros, Mario Rozas, quien aseguraba que no daría de baja a ninguno de sus hombres, situación a la que Sebastián Piñera tampoco reaccionó.

“Es decir, no solamente estás mirando para el lado, sino que el propio Director General de Carabineros está diciendo: yo voy a respaldar a mi gente hagan lo que hagan. Y aun sabiendo eso, tú, autoridad política, no haces nada. Allí ya está configurado el crimen. Ese es el elemento que configura la responsabilidad por el mando. El crimen de lesa humanidad”.

Libres de polvo y paja

Además de los argumentos en contra del mandatario Sebastián Piñera, los involucrados en redactar la denuncia se dieron cuenta de que la justicia chilena no estaba trabajando como debía. A inicios de 2020 se enteraron que más de 3 mil casos, que debían ser investigados por el Ministerio Público, fueron cerrados.

“Dijimos: no, ahora sí que queda clarísimo que la justicia chilena no está actuando. Por una parte, y por otro lado, la policía va a seguir en lo mismo. Se van a reactivar las protestas, entonces hay que actuar rápido”, recuerda el abogado.

Pero, pese a los argumentos de los denunciantes, la Corte Internacional decidió no realizar la investigación preliminar contra el mandatario. Consideraron que, a pesar de las demoras, los tribunales chilenos sí estaban actuando. Además, no estaban seguros de que las acciones cometidas en el contexto del estallido formaban parte de una política estatal u organizada, una respuesta confundió a Lledó.

“Si miras la comunicación, también hay una cierta contradicción. Porque, por una parte, la Fiscalía de la Corte dice: es generalizado, existen las violaciones a los derechos humanos, pero no está claro que hay una política de Estado. Por otro lado, dice que tiene por establecido un patrón de conducta. Entonces advertimos, no solo yo sino también la Comisión Chilena de Derechos Humanos, una cierta contradicción en afirmar esto. Porque el patrón de conducta está desarrollado por funcionarios del Estado”, explica el jurista.

“Lo que pasa es que falta la orden, el documento, el instructivo. Pero no sé si eso existe. No sé si todo fue de manera verbal. Pero los actos, las consecuencias dan cuenta de una política de Estado y de un patrón de conducta. Y eso da cuenta de una cierta planificación. Lo que no sabemos, es quién lo planificó” agrega Lledó.

Sin embargo, esta negativa no significa que la decisión no pueda ser reconsiderada, ya que existe la posibilidad de presentar nuevos antecedentes. Y la CCHDH, junto con la Fibgar y las otras organizaciones involucradas no dudaron en seguir reuniendo pruebas. Es más, el pasado 4 de enero, la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó nuevos antecedentes ante la Corte Internacional.

A pesar de estos reveces, desde la Fibgar aún esperan que la justicia chilena actúe primero.

“Lo que creemos, el ideal, no es que actúe la Corte, el ideal es que actúen los tribunales chilenos. El ideal es que, si ha habido responsabilidad, Piñera vaya preso en una cárcel chilena, no en La Haya. Que tengamos la madurez democrática suficiente como para darle el mensaje a Piñera, y a cualquier futuro presidente de Chile que, si usted hace lo que hizo este señor, si usted se desentiende, usted está cometiendo un crimen grave. Grave han sido los sucesos, además que ha muerto gente. Hay gente que ha sido violada, esto no es cualquier cosa”, afirma Lledó.

Además, recalca que la negativa de la Corte Internacional no es una señal de que la denuncia no haya sido pertinente, sino que las pruebas presentadas no son suficientes para acreditar lo que se denuncia.

“La conclusión de esto dice ‘no tengo por acreditado’. Ahora, el mensaje no es que queden libres de polvo y paja, que aquí no ha pasado nada, que era una denuncia infundada”, asegura el director de la Fibgar.

La intención de la Fundación es dedicar unos meses a seguir reuniendo antecedentes para insistir en el segundo argumento de la Fiscalía de la Corte, que señala que no queda claro si hay una política de Estado involucrada en los hechos ocurridos en el estallido social.

Y también tendrán los ojos puestos sobre la justicia chilena, sobre todo con el cambio de mando, que implica un cambio en la condición de Sebastián Piñera.

“Vamos a seguir vigilantes para ver si los tribunales chilenos van actuando. Sobre todo, nos interesara saber que pasa después que Piñera deje de ser Presidente. Se puede entender también que, para un juez chileno, debe ser muy difícil citar a declarar a un Presidente en ejercicio, procesar a un Presidente en ejercicio, formalizarlo. Porque eso implica una serie de cosas, se politiza todo. Entonces la oportunidad en serio, la van a tener ahora que Piñera dejará de ser presidente. Y ahora veremos si realmente hay voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias”.

Ariadna Cifuentes

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile.

Fernanda Araneda

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile.