Tras la presentación en el Congreso del proyecto de ley que pretende regular las plataformas digitales, el documento que actualmente se encuentra en la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado ha recibido críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil chilena e internacional por su falta de definiciones y lineamientos que respeten el derecho a la liberta de expresión on line.

En conversación con Doble Espacio, la periodista e integrante del directorio de Internet Society capítulo Chile -así como de la Fundación Datos Protegidos- Patricia Peña, reflexionó en torno a las posibilidades de discutir sobre derechos digitales y tipos de regulación en torno a las plataformas digitales.

“Cuando conocimos el proyecto de ley obviamente levantamos un poquito la alerta, porque efectivamente es un proyecto de ley que la manera en que está redactado y presentado llamó inmediatamente la atención de buena parte de organizaciones de sociedad civil que trabajan en estos temas”.

La periodista y especialista en derechos digitales destaca la buena intención de desarrollar una propuesta en esta materia, que se haga cargo de una parte importante de las preocupaciones e impactos en materia de legislación en torno a los derechos digitales en Chile.

¿Regular o no regular las plataformas digitales?

Para Peña hoy existe una discusión en el mundo respecto a cómo regular internet y cuáles son las mejores alternativas para hacerlo, sobre todo cuando afecta a las grandes plataformas digitales como Meta, que es el nuevo nombre con que se conoce a la corporación de Facebook.

En este ámbito, la académica señala que resulta de vital importancia entender que se trata de “una tecnología que efectivamente tiene dos bases, la tecnológica, que es comprender que trabaja a través de algoritmos, que son finalmente códigos que han sido entrenados para efectivamente hacernos accesibles los contenidos, la información de alguna manera, guiar lo que es nuestra experiencia usando esas grandes plataformas, y por otro lado entender cuál es el modelo de negocio que tienen estas empresas“.

Es decir: “que es un negocio basado en publicidad y donde efectivamente cada día más conocemos que finalmente somo las usuarias, los usuarios el producto, porque tiene que ver con el uso de esos datos que se recogen en la navegación o en un acto tan simple como un “me gusta”.” Señala.

Es en este contexto que los senadores Girardi, Goic, Coloma, Chahuán y De Urresti presentaron el 1 de septiembre de este año, un proyecto que busca regular las plataformas digitales que, al ser conocido en profundidad, puso en alerta a representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa de los derechos digitales a nivel nacional, regional e internacional. 

Para la mayoría de estas organizaciones, entre ellas las que integra Patricia Peña, el proyecto resulta reduccionista en las soluciones que propone para resolver temas que aún siguen en el centro del debate para quienes se involucran en legislación sobre esta nueva ola de derechos fundamentales.

Al respecto han realizado llamados de atención de diversas formas, ya sea mediante cartas, como la impulsada por el capítulo Chile de Internet Society (ISOC) , conversatorios como el organizado por Observacom, entre otras iniciativas en las que Patricia Peña se ha involucrado constantemente, abordando diversos puntos críticos del proyecto de ley.

En este sentido, Peña señala que: “internet va mucho más allá de las grandes plataformas comerciales y es ahí donde viene el punto de análisis crítico de este proyecto de ley, que es una primera gran observación que uno lee y efectivamente ahí hay una primera vaguedad conceptual en que el proyecto no desarrolla suficientemente el concepto de plataformas digitales”.

Los derechos digitales on line y off line

El panorama a nivel regional ha estado marcado por la colaboración y diálogo entre diversas entidades y organizaciones, tanto desde la sociedad civil, como organismos internacionales: “en América Latina, de hecho ya hace unos cinco años, hay una discusión que se ha abierto a partir de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en temas de Derechos Humanos y tecnología”.

El principal objetivo de estos diálogos es definir: “cómo podemos proponer unos lineamientos, una propuesta de lo que se llama una regulación que mire hacia la co-regulación, es decir que no esté basado solamente en las reglas del juego que van a poner las plataformas, o estas grandes empresas, pero que tampoco la dejen necesariamente en una excesiva regulación”.

De esta forma, Patricia Peña señala que cuando se habla de regulación en el ámbito de la tecnología y medios existe el riesgo de que exista desde el comienzo exceso de regulación, sobre todo en estas áreas, donde se facilitan la información y la comunicación, ya que se trata de Libertad de Expresión.

Cosas como quién va a definir lo que es una fake news, quién será responsable de hacerlo, o en qué contexto es correcto censurar información, son temas delicados que en opinión de la comunicadora son de vital importancia y en el proyecto de ley, tal como está, no queda claro las definiciones ni cómo se procede en contextos más específicos, lo que a su vez representa un riesgo en casos prácticos.

Patricia Peña también señala que: “ahí tenemos un consenso general en buena parte de las críticas que es decir en realidad que el proyecto excede un poco esta idea de entregar una definición de libertad de expresión digital, porque en realidad tanto el Consejo de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en realidad la libertad de expresión es la misma en los ámbitos off line, que en los ámbitos on line”, sentencia.

Falta de diálogo

Junto al análisis que realiza nuestra entrevistada, también comenta que hizo falta diálogo entre los legisladores y la sociedad civil, incluyendo las regiones de Chile: “la invitación es a decir: “Ok, regulemos internet, pero tengamos un debate previo antes de qué es lo que queremos regular”.”

Y agrega: “También cuál es el alcance que queremos que esta regulación tenga de manera que efectivamente tenga una base de respeto a los Derechos Humanos, tenga una base realista en la legislación actual que tiene Chile, en la institucionalidad que tiene Chile, sobre todo ad portas de la discusión que plantea una nueva constitución, donde también nos estamos preguntando cómo esta nueva constitución va a garantizar o va a generar garantías que efectivamente hoy no tenemos, en una constitución que va a mirar justamente a una sociedad cada vez más digital, una sociedad cada vez más cruzada por las inteligencias artificiales, por los algoritmos”.

A pesar de que el panorama resulta poco alentador, para Peña existe la posibilidad de mantener esta red mundial como un espacio que concuerde con los principios con los que fue creada: “Internet hoy día se privatizó, está en manos de estas grandes empresas, pero necesitamos resguardar entonces que internet siga siendo ese espacio para la creación, para la innovación y para que surjan otro tipo de proyectos, de la plataformas digitales, que justamente tengan una base en su desarrollo y en su manera de funcionar, que efectivamente tenga este resguardo en lo que ha sido esta mala práctica de las empresas más grandes”.

Respecto a los medios o editores independientes y de qué forma podría impactarles la aplicación de este plan de legislación, es que “uno no entiende efectivamente cuál va a ser la capacidad que se le está dando a estas plataformas para ser una moderación de contenidos mucho más estricta que la que se está haciendo hoy día”.

Además, Peña agrega: “es sencillamente entender que finalmente los mecanismos se complejizarían muchísimo más y se pondría, por así decirlo, mayores restricciones que las que estamos viendo hoy día a ese tipo de situaciones”.

En opinión de la comunicadora digital, el objetivo es problematizar y ser resolutivos en torno al tema de cómo ayudar a evitar a las personas más vulnerables, el contenido dañino, o que sea considerado peligroso, junto a la oportunidad que representa hablar sobre qué tipo de derechos vamos a querer garantizar finalmente, y consagrar en una nueva Constitución: “ahí tenemos una gran oportunidad para establecer un marco nuevo que no existe en el país y que efectivamente con eso permita generar marcos regulatorios o institucionalidad, o pensar en una nueva generación de proyectos de ley que efectivamente permitan regular, o resguardar cuestiones que hoy día no tenemos resueltas en Chile, como en buena parte de los países de América Latina”.

Una discusión política

La cuestión está en: “cómo llegamos a un marco que permita la excesiva recolección de datos personales que hoy día existe, o que efectivamente pongan a la privacidad al centro del diseño de esas plataformas o el desarrollo de esa tecnología”. Además de desarrollar una nueva institucionalidad que hoy día no existe en Chile.

El panorama a nivel Latinoamericano es de diálogo y debate, instancias en que se habla sobre la protección de la libertad de expresión y mantener internet libre y abierto. 

Desde la perspectiva de Peña, la importancia radica en que la participación en el debate sobre derechos fundamentales, como los que están en juego en este proyecto, sea transversal a la sociedad chilena, y sea abordado de forma más allá de la innovación tecnológica, sino desde la política.

“Esto no se trata de que lo resolvamos algunas, algunos expertos que sin duda tenemos un poco más de conocimiento, un poquito más de posibilidades de ver esto. Pero también es muy importante la participación de distintos sectores, desde distintos territorios en este tipo de debate, y que ojalá lo podamos promover como estamos hablando hoy día de medio ambiente, del recurso agua, es decir este tema nos debería importar como un derecho ciudadano a todas, a todos y a todes”, finaliza.

Catalina Solís

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.