Iván Cáceres, arqueólogo de la Universidad de Chile, ha trabajado por décadas en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En esta crónica se reconstruye su labor en esta sensible área, desde sus inicios, pasando por los errores cometidos en las identificaciones del patio 29 y por los obstáculos a los que hoy se enfrenta en Colonia Dignidad.

En junio de 1990, pocos meses después de que Pinochet le entregará la banda presidencial a Patricio Aylwin, en Pisagua, un pueblo a 160 kilómetros de Iquique, se encontraron 19 cuerpos momificados: siete correspondientes a detenidos desaparecidos, y doce a ejecutados políticos.

Las imágenes de esa pequeña localidad, que durante la dictadura fue utilizada como campo de prisioneros, conmocionaron a muchos. Las características propias del desierto permitieron que, a pesar de los años transcurridos, los cuerpos se mantuvieran en buen estado de conservación. Eso obligó a quienes se negaban a escuchar a las agrupaciones de familiares, a enfrentar los horrores de la dictadura.

Pisagua no fue el único hallazgo que se produjo durante ese primer año de gobierno de Aylwin. También se encontraron restos en el cementerio de Copiapó, en Paine, e incluso en las termas de Chihuío, de la región de Los Ríos.

Iván Cáceres, que en ese entonces era un joven arqueólogo, participó de varias de esas excavaciones, entre ellas, una que se realizó en el fundo Las Tórtolas, de la comuna de Colina. Lo recuerda especialmente porque fue el primer hallazgo en democracia (el 23 de marzo de 1990) y también una de las primeras veces en que el Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF) participaba de una pericia.

El GAF se formó luego de una visita de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al Colegio de Arqueólogos. La idea era crear un equipo similar al trasandino: que estuviera integrado por arqueólogos y antropólogos independientes, dedicados a la búsqueda e identificación de desaparecidos. Ante ello, varios profesionales, algunos recién egresados, se entusiasmaron.

“Los arqueólogos que eran más laureados estaban trabajando en universidades o en museos y este tema no lo querían tocar. Porque podían perder el trabajo, porque les incomodaba, lo que sea. No fue por casualidad que jóvenes muy inexpertos se tomarán este tema. Era porque nadie más quería meterse”, cuenta a Doble Espacio Iván Cáceres.

En el fundo Las Tórtolas trabajó el Servicio Médico Legal (SML), y también el GAF. Sin embargo, cada uno llegó a conclusiones distintas.

De acuerdo a Cáceres, los miembros del SML, todos médicos forenses señalaron que los restos encontrados correspondían a dos hombres y a una mujer. En cambio, él y su compañera del GAF, Isabel Reveco, concluyeron que eran tres hombres, y dieron con un elemento decisivo a la hora de empezar a identificar a las víctimas: la prótesis dental de uno de ellos.

“Nosotros le dijimos a los abogados de la Vicaría [de la Solidaridad]: ‘aquí hay fragmentos de prótesis dentales, busquemos por este lado’, y se encontró que Vicente Atencio tenía ese tipo de prótesis dental. “Ese trabajo no era solamente el análisis del esqueleto, sino que iba un poco más allá. Es un análisis arqueológico, no legista, no de médico legal. Así se comprobó que nosotros podíamos hacer un buen trabajo”, explica.

Vicente Atencio Cortés, que en vida fue dirigente sindical y diputado del Partido Comunista, es una de las muchas personas que, producto de las pericias del GAF, vio restituida su identidad. Durante sus cinco años de existencia (de 1989 a 1994), el Grupo Chileno de Antropología Forense participó de múltiples excavaciones y hasta el día de hoy algunos de sus miembros han continuado participando de la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

“Yo siempre digo que uno muchas veces llega a algo en forma muy superficial, porque un amigo te invitó, o porque te llama la atención el nombre o la idea. Una cosa es por qué llegas, pero lo importante es por qué te quedas”, advierte el profesional.

Cáceres se quedó porque tuvo amigos que desaparecieron. Era sensible al tema, y además tenía la convicción de que los arqueólogos podían hacer un aporte significativo en el proceso de búsqueda.

“Nosotros hicimos un buen trabajo, excavamos, y seguimos excavando a tal punto que ahora, después de mucho tiempo, los arqueólogos son básicos para hacer este trabajo. Están en el SML, en Carabineros, y en la PDI. Entonces, yo diría que hemos hecho algo que vale la pena, y hemos puesto nuestra disciplina…, la hemos puesto en valor”.

Errores en el Patio 29

En septiembre de 1991, los miembros del Grupo Chileno de Antropología Forense se enfrentaron a un nuevo desafío. Hasta entonces, habían participado en excavaciones pequeñas, donde solo había sido posible recuperar fragmentos óseos. Sin embargo, eso cambió cuando Iván Cáceres e Isabel Reveco comenzaron a involucrarse en el caso patio 29.

El patio 29, un sector del Cementerio General donde tradicionalmente se enterraba a indigentes, fue utilizado, a partir de 1973, para sepultar a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Allí los arqueólogos encontraron 126 esqueletos, que luego fueron analizados en una pequeña sala del Servicio Médico Legal.

“Era una pieza de como dos metros y medio de ancho por cinco de largo, o seis de largo, no era más que eso”, asegura Cáceres.

De acuerdo al arqueólogo, los científicos que participaban en la causa judicial, trabajaron con unas “fichas antropomórficas” de la Vicaría de la Solidaridad. Esas fichas, confeccionadas varios años después de la desaparición de las personas, se elaboraron con información que los familiares le entregaron a los abogados, periodistas y asistentes sociales de la Vicaría.

“Ellos preguntaban, por ejemplo, el color de ojos, si usaba bigote, si tenía pecas, si tenía cicatrices, operaciones, etc. Obviamente que al encontrarlos muertos ninguna de esas cosas se podía revisar”, explica.

Pese a que las fichas fueron complementadas con nuevas entrevistas a los familiares de los desaparecidos, no era posible determinar identidades con tan poca información. A juicio de Cáceres, el Servicio Médico Legal, que era el principal encargado de las identificaciones, además debía hacer pruebas de ADN.

“Nos enfrentábamos al problema de que una ficha antropomórfica correspondía con varios esqueletos. Y, por lo tanto, había que afinar con ADN. Pero el SML en ese momento igual identificaba personas, aunque no coincidían completamente”, detalla.

Con eso en mente, en 1994, Cáceres y Kenneth Jensen, uno de sus colegas del GAF, elaboraron un informe que ponía en evidencia los serios errores en el proceso de identificación. Sin embargo, el ministro a cargo no escuchó sus cuestionamientos y removió a Cáceres de la causa. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el trabajo del Servicio Médico Legal volviera a ser cuestionado.

Más de 10 años después, el 2005, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, ordenó que se hicieran nuevos análisis, y al año siguiente, se les informó a las familias que el SML se equivocó en al menos 48 de las 96 identificaciones realizadas.

El hecho fue catalogado como “una vergüenza”, por Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y le pesó por muchos años al Servicio Médico Legal. Hoy, Cáceres valora el trabajo de los profesionales que se desempeñan en el SML, pero considera que la búsqueda e identificación no debería ser acaparada por un organismo estatal que depende del gobierno de turno. El arqueólogo cree que los científicos independientes deberían tener más protagonismo.

“A diferencia de los años 90, los nuevos profesionales del SML han hecho un trabajo bastante bueno. Además, son antropólogos sociales, antropólogos físicos, ellos saben. Sin embargo, como equipo no solamente ven casos de violaciones a los derechos humanos, también ven otros casos. Y este debería ser un tema muy específico y especializado”, opina.

Información confiable

En la precordillera de los Andes, entre el estero El Lavadero y el río Perquilauquen se encuentra Colonia Dignidad, ahora llamada Villa Baviera. El viernes 29 de octubre de 2021, uno de sus exhabitantes recorre el predio acompañado de una mujer. Están reconstruyendo la historia.

La mujer es la ministra en visita, Paola Plaza y su acompañante es Willy Malessa, un testigo clave para la investigación que busca aclarar el destino final de las personas que, décadas atrás, fueron asesinadas y hechas desaparecer en el lugar.

Malessa fue uno de los hombres de confianza de Paul Schäfer, exmilitar nazi que dirigió el asentamiento de colonos alemanes y quien fue acusado y sentenciado por múltiples abusos sexuales contra niños. El lugar funcionó como centro de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y también de secuestro, tortura y desaparición de los disidentes de la dictadura de Pinochet.

En el año 2005, ya en democracia, comenzaron las excavaciones arqueológicas en el asentamiento. Y junto con ello se realizaron entrevistas a los presuntos perpetradores, exdirigentes de Colonia Dignidad, con el fin de determinar los lugares donde las víctimas habrían sido inhumadas ilegalmente, y luego desenterradas y removidas.

Los cuerpos de los disidentes muertos habrían sido sepultadas en fosas que eran cavadas por los colonos en la noche. Años después fueron exhumados y posteriormente quemados con la finalidad de borrar su rastro de la Colonia.

Iván Cáceres, que por años ha sido parte de las excavaciones en Colonia Dignidad, ha trabajado con tres ministros distintos. Con Jorge Zepeda a mediados de los 2000, con Mario Carroza hasta 2018 y posteriormente con Paola Plaza.

Pese al largo tiempo de trabajo y la implementación de nuevas tecnologías —como LiDAR, un sistema de medición masiva de posiciones de forma remota—, los hallazgos no han sido abundantes. El problema, afirma Cáceres, es la falta de veracidad en los testimonios de los involucrados.

“Si no hay una colaboración efectiva, confiable, y útil de los exjerarcas y de algunos de sus hijos, podemos estar pasando tecnología toda la vida en ese lugar, y no encontrar nada. Estas tecnologías tienen que ser ocupadas y aplicadas en lugares específicos. Si las fosas que hicieron ellos están en un lugar, y pasan la tecnología en un lugar distinto, a cinco kilómetros, no tiene mucho sentido”, señala el arqueólogo.

En los casi 20 años que Cáceres lleva trabajando en Colonia Dignidad, se ha encontrado solo una tumba y un lugar de quema.

“Uno se siente frustrado también, porque pone todo su empeño. Hemos estado trabajando con equipos de arqueólogos ahí, durante un mes, dos meses. Distintas campañas. Pero nos hubiese gustado encontrar cosas más concretas”, comenta Iván Cáceres a Doble Espacio.

En julio de 2016, se declaró Monumento Nacional al conjunto de inmuebles y sitios correspondientes a la ex Colonia Dignidad, entre los que se encuentran las fosas que Cáceres excavó a mediados de los 2000. Esto, a su juicio, no es suficiente.

“Yo entiendo que sea una acción política, pero creo que también tendría que haber sido basada en una forma mucho más técnica. Porque se declaró monumento histórico a lugares que no son nada. Y no basta con declarar monumento histórico un lugar como es el caso de la fosa que nosotros excavamos. Sí es algo, pero no hay ningún interés, o no se ha hecho nada por conservarla”, declara el arqueólogo.

Presión estatal

Dentro de los trabajos que ha tenido que realizar en Colonia Dignidad, Iván Cáceres ha entrevistado a los familiares de los desaparecidos, a agentes de la DINA y la Central Nacional de Informaciones, -CNI-, sucesora del organismo represivo, y hasta a miembros de la colonia.

Cáceres recuerda, que ninguno de ellos admitía haber sido responsable de los crímenes cometidos.

“Ninguno de los detenidos, ha dicho: ‘sí, nosotros cometimos un error, los detuvimos, los matamos, y aquí están, y la embarramos’, cuenta el arqueólogo. “Todos eran guardias. ‘No, yo era guardia, yo era analista, yo estaba aquí en administración’. Ninguno torturó ni mató. Todos son guardias. Imposible”, agrega.

En este caso, el profesional cree que el Estado debe presionar a los involucrados, y así poder acceder a información útil para la investigación. Hasta el momento, muchos de ellos continúan en libertad.

Cáceres cree que mientras los jerarcas estén sueltos, no habrá razones para que hablen con la verdad, ya que se sienten impunes. Considera que la falta de proactividad del Estado se debe a los pactos de silencio que hasta hoy imperan entre los militares, civiles y políticos.

A pesar de los obstáculos, Iván Cáceres tiene esperanza en que el trabajo de los arqueólogos podría lograr más frutos, pero también cree que no van a encontrar cuerpos, ya que fueron removidos y quemados. Esta triste realidad, sin embargo, no impide que puedan encontrar pequeños restos que permitan establecer la identidad de las víctimas.

“Podríamos encontrar las otras tumbas, y ver si podemos encontrar fragmentos o sacar muestras de tierra que podamos conservar. Los cuerpos estuvieron cinco años ahí, y pueden haber muestras de ADN en la tierra. Si encontramos las tumbas y sacamos muestras y las conservamos, a lo mejor en un par de años más podemos decir quién estuvo ahí. Aunque no encontremos cuerpos”, afirma Cáceres.

Cuando el gobierno de Michelle Bachelet llegaba a su fin, la mandataria presentó, entre otras propuestas, la creación de un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Esta iniciativa, sin embargo, no llegó a concretarse.

El actual candidato presidencial, Gabriel Boric, también incluyó en su programa de gobierno la creación de un plan que se encargue de la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. Ante esta posibilidad, Iván Cáceres mantiene una postura escéptica. 

“Lo he escuchado tantas veces que espero que alguna vez se materialice. Los planes son planes. Aquí lo que hace falta es trabajo, no solamente un plan (…) Si hay un plan y se ejecuta, yo creo que sí se puede avanzar. Pero en la medida que haya impunidad, nadie va a colaborar. O muy poco. Eso es lo que pienso”.

María Fernanda Araneda

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Ariadna Cifuentes

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile.