Mientras el mundo se seca, Chile se seca más debido a un Código de Aguas que consagró el derecho privado al agua. Por eso, la Convención Constitucional, apoyada por movimientos sociales y expertos(as), le ha otorgado especial relevancia al agua como un derecho humano. La salida más creativa a este conflicto es devolver el agua a sus cuencas y ríos. Parece surrealista, pero es una salida que permitirá encauzar la vida de otra forma, una que promueva la equidad y el desarrollo sustentable.

El Presidente Sebastián Piñera dijo en el lanzamiento del Plan Sequía, a mediados de 2021, que el lavado de autos con manguera y la apertura de grifos son acciones responsables de la crisis hídrica. Muchos no sabían si reír o llorar ante semejante afirmación. Frente a la falta de entendimiento, voluntad y soluciones para este contratiempo por parte de la clase política, todas las miradas están puestas en el desarrollo de la Convención Constitucional. ¿Es capaz este órgano de garantizar el acceso del agua como un bien nacional de uso público para toda la sociedad chilena?

El planeta Tierra vive uno de sus años más cálidos de la historia. El cambio climático continúa desbaratando el futuro de los recursos hídricos en Chile y sigue vigente el consentimiento de que la propiedad del agua esté concentrada en manos de unos pocos. Según un informe de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA según sus siglas en inglés), 2020 fue el segundo año más caluroso desde que se tienen registros históricos, obteniendo una temperatura media de la superficie terrestre y oceánica en todo el mundo de 0,98°C por encima del promedio.

Asimismo, la NASA informó que la falta de lluvia, asociada a los fenómenos del Niño y la Niña, ha sido particularmente extrema en los alrededores de Santiago, con un nivel de precipitaciones de tan solo entre el 10% y 20% con relación a un año normal.

La situación del agua en Chile es crítica. Según datos del Censo de 2017, en Chile existen 383.204 viviendas que no cuentan con servicio de agua potable. Miles de habitantes del país han tenido que lidiar con la peor cara de la sequía, no pudiendo tomar agua de la llave o lavarse frecuentemente las manos para evitar la propagación del Covid-19. La crisis hídrica, además de ser causada por los efectos climáticos en el planeta, es originada por la privatización del agua y su uso como mercancía, fiel legado de la Constitución de 1980 impuesta por el dictador Augusto Pinochet.

En esta Constitución, que la Convención Constitucional enterrará, se consagra en el artículo 19 N°24 que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, reconociendo así el derecho de propiedad de los dueños del recurso hídrico y el interés económico por sobre el aseguramiento del derecho humano al agua.

En este sentido, la exigencia de un cambio en el acceso al agua y su garantía como derecho fundamental se ha hecho patente este último tiempo, especialmente desde el surgimiento de la revuelta popular del 18 de octubre de 2019. A tal punto ha llegado su requerimiento que ha sido una de las peticiones más exigidas por parte de la ciudadanía y diversas organizaciones ambientalistas hacia los constituyentes electos y encargados de redactar la nueva Carta Magna que regirá al país en los próximos años.

Propiedad privada al debate

Lejos de las complicadas y enredadas soluciones que se pueden proponer, María Christina Fragkou, científica medioambiental y profesora en el departamento de Geografía de la Universidad de Chile, parece tener claro el panorama que hay que establecer. “Puede ser un poco simplista, pero es la esencia de todo, ¿no? La gente y la naturaleza antes que la economía”, dice esta investigadora, cuyos trabajos con enfoque crítico en busca de una justicia ambiental e identificar los aspectos que permiten la escasez hídrica en el país han posibilitado que tenga un análisis integral respecto a la situación.

La científica sostiene que la lógica del Código de Aguas propicia su mercantilización. “Si el agua es un bien común de uso público nadie lo va a cuidar mucho, pero si es propiedad privada de alguien y puede lucrar con ella significa que lo usará de manera más eficiente y sustentable; ésa es la lógica detrás del Código de Aguas”, reflexiona Fragkou.

Sin embargo, los resultados solo han traído preocupación e incertidumbre respecto del futuro de los recursos hídricos del territorio nacional. El último Balance Hídrico dado a conocer por la Dirección General de Aguas (DGA) proyecta que la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría disminuir más de un 50% para el periodo 2030-2060.

Además, la científica explica la desigual distribución que provoca el desarrollo de un mercado de aguas, argumentando que cuando un recurso tiene un valor económico y que además se caracteriza por su escasez, éste tendrá un precio elevado y resulta casi natural que se acumule en manos de la gente con mayor poder adquisitivo.

Fragkou sabe que el panorama es complicado. Las empresas mineras y agrícolas son grandes responsables de la sobreexplotación del recurso hídrico, extrayendo grandes cantidades de agua en ríos y cuencas, dejando a su paso sequía y sometiendo a los habitantes locales a sobrevivir con camiones aljibes.

La científica medioambiental se toma un par de segundos para responder cómo se puede evitar el exagerado aprovechamiento que se hace del agua. “En el marco actual es inevitable, porque con toda la ley a su favor las empresas mineras y agrícolas tienen sus derechos de aguas asignados y están utilizando lo que les corresponde”, sostiene.

Parece tan simple y a estas alturas surrealista, pero una de las soluciones que se verá en la redacción de la nueva Constitución es la que dice relación con devolverle el agua a la naturaleza para que ríos y cuencas no desaparezcan en un tiempo más. En este sentido, para la especialista las metas que debe alcanzar la Convención Constitucional son bastante evidentes. “Lo primero que se debe hacer es garantizar el derecho humano al agua y asegurar el bienestar de los ecosistemas y recién allí después ver qué tipo de desarrollo se puede hacer con el agua que está disponible. El volumen de agua correspondiente para caudal ecológico debe ser mucho más alto”, manifiesta Fragkou.

Además, la científica destaca que “el hecho de que tengamos más recursos económicos no garantiza una equidad y una justicia en la distribución del agua; el Código de Aguas es un aparato que está congelado en el tiempo y no se ha logrado actualizar”, concluye la científica.

Territorios, los actores clave

Según un estudio de Greenpeace Chile, 109 de los 155 constituyentes electos mencionan en sus programas al agua, a efectos de modificar el modelo de gestión del recurso hídrico. Sin embargo, hay quienes piensan que esto no es suficiente y hay contenidos que añadir para paliar el conflicto.

Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile, explica la importancia de que los territorios no queden apartados de la discusión y la toma de decisiones en la gestión del agua. “Como país -dice- tenemos un esquema muy centralista en la toma de decisiones, entonces las soluciones no están llegando a los territorios y el nivel central no está siendo capaz de responder a las necesidades de estos. Eso se refleja en la profunda crisis en que estamos”.

La descentralización es, por tanto, otro de los temas que se están abordando con fuerza en la discusión de las nuevas normas constitucionales, factor clave según Broschek para que los movimientos, organizaciones y pobladores tengan incidencia en el futuro de los recursos hídricos de su localidad. “Se necesita el rol de los territorios, de las cuencas hidrográficas o de las regiones para planificar y definir, entre todos los actores, el uso del agua y la planificación de las soluciones para adaptarnos a este cambio climático y esta situación de sequía”, sentencia la subgerente de la Fundación.

Además, Broschek insiste en la importancia de no desaprovechar esta gran oportunidad para no volver a cometer los catastróficos errores que permitieron el desarrollo de la sequía en Chile y darles protagonismo a los territorios en el futuro medioambiental. “Son ellos los actores claves, quienes finalmente inciden e intervienen el recurso hídrico, por lo que es esencial generar esa conexión entre el nivel local y el nivel central a través de los organismos de cuenca”, afirma.

Convención Constitucional

El año pasado se declaró zona de catástrofe por escasez hídrica a la comuna más grande, en cuanto a terreno, de la Región de Valparaíso. Debido a la pandemia, la situación pasó a ser crítica. La innegable vulneración de los Derechos Humanos obligó a que el 20 de mayo de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidiera que se garantizara un mínimo de 100 litros de agua diaria a cada persona afectada por la escasez hídrica de la provincia de Petorca. Al parecer, tuvieron que esperar una crisis sanitaria a nivel mundial para darse cuenta de la gravedad en la que viven los petorquinos.

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), organización surgida el 2010 en Petorca de la mano del agrónomo Rodrigo Mundaca -actual gobernador de la Región de Valparaíso-, ha sido uno de los actores claves en la denuncia y exposición de los conflictos por el agua que se desarrollan en la provincia de Petorca, una de las zonas productoras de paltas más importante de Chile. La incansable lucha de sus dirigentes y miembros por poner sobre la mesa política y ciudadana la gravedad de la crisis hídrica que se vive en el sector ha provocado que sean víctima de constantes hostigamientos y amenazas.

Verónica Vilches, miembro de Modatima y presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural de San José de Cabildo, ha tenido que soportar rayados con amenazas de muerte y hostigamientos por parte de desconocidos. Pese a ello, la activista no piensa en darle fin a su defensa por el agua y la dignidad de los habitantes de su territorio. “Esto pasa porque ellos -los parceleros de la zona- están desesperados, quieren toda el agua. Pero pase lo que pase jamás van a rayar mi dignidad, si es de morir lo haré por mi pueblo siempre”, declaró Vilches a TVN.

Si nos adentramos en la historia del lugar a partir del documental de Fundación Superación de la Pobreza, Petorca, cuando el río suena (2020), se puede apreciar que la situación paulatinamente comenzó a empeorar una vez que el Código de Aguas del año 1981 trasladó antidemocráticamente el agua al sector privado. Posteriormente, la cuenca de Petorca fue declarada agotada en 1997. Los residentes del lugar manifiestan que las grandes empresas de la zona vieron una oportunidad en la ignorancia de los campesinos. Las consecuencias en las que hoy desemboca este caudal de injusticia es el acaparamiento del agua. Las compañías retienen el bien natural dentro de piscinas de más de 50 mil metros cúbicos, a diferencia de un pequeño agricultor que alcanza a tener una piscina de máximo 300 metros cúbicos, que para colmo la logran llenar con agua que reciben sucia. En consecuencia, Gerardo Orrego, agricultor y dirigente de la Asociación de Canalistas de Chincolco, declara en el documental Petorca, cuando el río suena que “hoy el agricultor no está viviendo, está sobreviviendo”.

Hace unos días, finalmente la Convención Constitucional organizó comisiones que discutirán temáticas ambientales, reconociendo que el proceso constituyente se está llevando a cabo en un contexto de emergencia climática y ecológica. Puede sonar minúsculo, pero significa que la construcción de la nueva Constitución estará enfocada en la reducción de emisiones de CO2 y su huella de carbono desde todas las comisiones. Un gran paso para un país que constitucionalmente tiene escasa conciencia medioambiental.

Uno de los llamados eco-constituyentes voceros de la medida, Juan José Martin (D12) declaró a la prensa que por primera vez “tenemos la oportunidad de redactar una Constitución que asuma este desafío de manera primordial y que, por ejemplo, proteja sin ambigüedades los glaciares, que son productores de agua y retardadores por excelencia del cambio climático. En nuestro país, los glaciares aportan hasta el 60% de los caudales fluviales en los valles centrales y establecer un modelo económico que esté limitado por la protección de estos bienes comunes naturales sería una señal muy potente del rumbo que debe tomar la humanidad para salvaguardar el planeta para todos los seres vivientes”.

Asimismo, desde el 18 de octubre comenzaron a operar siete comisiones encargadas de estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que posteriormente pasarán a ser discutidas en el Pleno para finalmente formar parte de la Carta Magna. Por consiguiente, una de las comisiones más prometedoras es la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. En ésta se debatirán temas de base como la democracia ambiental, la crisis climática, el estatuto Antártico, de glaciares y criósfera, los derechos de la naturaleza, el estatuto constitucional del agua y el derecho humano a este recurso que ya es escaso. Este último punto es fundamental en relación con el famoso Código de Aguas.

Sin embargo, la intención por mejorar la situación hídrica no es nueva, ya que desde 2008 se han presentado cerca de catorce proyectos de ley para reformar la Constitución actual. Durante el pasado julio, el Senado aprobó en general la moción legislativa -luego de estar diez años durmiendo en el Congreso- sobre la priorización del consumo humano, seguridad alimentaria y saneamiento del agua. Asimismo, el proyecto implica solo un cambio parcial al Código de Aguas y no una reforma de carácter constitucional. Así, el debate que surge en la discusión constituyente es de suma relevancia, aun cuando en el Congreso se resolverán en paralelo los asuntos de urgencia con respecto al uso del agua.

El pasado miércoles, la Comisión de Medio Ambiente terminó de elegir a sus dos coordinadores, Camila Zárate (Distrito 7) y Juan José Martín (Distrito 12), quienes llevarán adelante el trabajo a realizar por parte de la comisión. Luego de numerosas audiencias públicas realizadas por la Convención Constitucional en las que se ha escuchado a representantes de la comunidad científica, de la sociedad civil y comunidades defensoras de sus territorios, los constituyentes podrán presentar y establecer las propuestas tan añoradas por las comunidades que buscan convivir en una sociedad que priorice el derecho humano al consumo al agua por sobre el interés económico y la propiedad de los privados.

Andrés Segovia

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile

Sebastián Pérez

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile

Sofía Castro

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile