Atacado en extrañas circunstancias en los días posteriores al inicio del estallido y con un daño cognitivo irreversible, Miguel Rojas fue por mucho tiempo parte de un subregistro. El INDH se demoró casi un año en poner una denuncia en su nombre, y su familia, conmocionada con las secuelas sufridas, en un principio no estuvo en condiciones de viralizar su caso. En este reportaje se abordan las interrogantes que aún le pesan a su esposa e hijos, y sus múltiples intentos por esclarecer lo sucedido.

La jornada que cambiaría para siempre sus vidas partió como cada mañana: Miguel Ángel Rojas se despidió de su esposa, Rosa Fuentes, a eso de las diez y cada uno partió a sus respectivos trabajos. Ninguno de los dos sabía en ese minuto que sería la última vez que se separarían.

En la tarde del 22 de octubre de 2019, durante el quinto día de revuelta social, el rastro de Rojas se perdió por dos horas, al interior de un supermercado de Conchalí que estaba siendo saqueado. Más tarde un grupo de carabineros lo llevó inconsciente y casi sin pulso a un centro asistencial de urgencia, aunque negaron reiteradamente haber estado en contacto con él. Lo que pasó en el intertanto permanece siendo una incógnita.

Hoy Miguel tiene daño cognitivo irreparable: come a través de una gastrostomía; no es capaz de controlar su esfínter; camina apenas algunos pasos con ayuda, juega con sus manos; reconoce a Rosa, quién lo cuida hora tras hora, día y noche; vive su día o parte de aquel y “se reinicia”, sin recordar nada de lo que ha pasado.

Esta es la historia de una víctima de la represión vivida en el contexto de las manifestaciones sociales de aquel octubre, una cuyo relato costó más de un año en salir a la luz. Es también la historia de una familia que tuvo que empezar de nuevo, de quienes ayudaron a levantarla, del manto de impunidad que cubre a los responsables, y de la búsqueda incansable de verdad y justicia por parte de aquella mujer que se despidió de él esa mañana de martes, y no ha vuelto a separarse de él ni por un minuto.

Dos horas perdidas y un ingreso irregular

Ese martes 22 de octubre, Miguel Ángel Rojas (43), obrero de un local de confección de ventanas de aluminio en Independencia y padre de dos hijos (de 19 y 24 años), salió alrededor de las 13 horas junto a un colega a tomar unas medidas para la instalación de unas ventanas en la calle El Olivo, en Independencia. Solo su compañero regresó al trabajo.

De vuelta en el local, el colega le avisó a su jefe que se habían topado con una turba que estaba saqueando el supermercado Líder de avenida Independencia con El Olivo, que les intentaron quitar la camioneta de Miguel y que le habían roto una ventana trasera del vehículo. Y que luego ambos fueron detenidos por Carabineros, y solo él pudo darse a la fuga, perdiendo la comunicación con Rojas.

Ese compañero de trabajo declaró en la carpeta investigativa “que la última vez que vio a Miguel fue cuando funcionarios de Carabineros lo tomaron por el hombro y lo arrastraron hacia el interior del supermercado, hacia el área de congelados”, de acuerdo con el testimonio que Mariela Santana, abogada de la familia, entregó a la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Lo que pasó entre la una y media de la tarde en el Líder de Independencia y las dos horas siguientes sigue siendo un misterio.

Según consta en un video grabado por una persona que se encontraba en las afueras del SAPU Symon Ojeda de Conchalí al que tuvo acceso Doble Espacio, a eso de las 15:30 horas Miguel fue llevado a aquel recinto de salud por efectivos de Carabineros.

En el registro se aprecia al menos a cuatro funcionarios pertenecientes a la 5ta Comisaría de Conchalí bajando el cuerpo inconsciente y con bajo pulso de Miguel desde el furgón policial patente Z-7394, siendo recibidos con premura por personal médico del lugar.

De acuerdo con el testimonio de la Técnico en Enfermería (TENS) que lo recibió, Miguel llegó en muy malas condiciones de salud.

Un miembro de Fuerzas Especiales intentó sacar una silla de ruedas para subirlo e irse, pero ella los forzó a esperar que llegara una camilla antes de bajarlo del vehículo policial. Entonces vio que los policías empezaron a moverlo a la litera sin percatarse de que Miguel tenía un brazo atrapado bajo un asiento y les dijo: “Tengan cuidado con el brazo, que lo trae aplastado”. Le respondieron: “Pero, ¿para qué quiere el brazo? Si tiene el otro bueno”.

Los carabineros le indicaron que “lo habían encontrado así y que andaba saqueando en el Líder de Conchalí” y, aunque la TENS les solicitó que esperaran para hacer los trámites correspondientes al ingreso del paciente, los funcionarios policiales se fueron del recinto sin llenar ninguna ficha de ingreso ni entregar mayores antecedentes mientras ella le practicaba primeros auxilios.

Rosa Fuentes (43), esposa de Miguel, declaró ante la Comisión de DDHH que posteriormente la TENS le dijo “que Miguel llevaba líquido en los pulmones, que estaba todo mojado, y que era impresionante porque aquí (en Conchalí) no hay piletas para que él se hubiera ahogado”.

Cuando la Técnico en Enfermería terminó de practicarle los primeros auxilios lo envió bajo Código Azul (propio de los pacientes en paro cardio-respiratorio que requieren atención en el menor tiempo posible) al Hospital San José, donde ingresó a las 16:15 con convulsiones.

Entonces llamó a la 5ta Comisaría de Conchalí para reclamar por el actuar policial irregular, y ellos respondieron que no llenaron los papeles “porque estamos en una emergencia nacional”. Más tarde, a eso de las cinco, un cabo de apellido Moya llamaría para saber si ese hombre estaba vivo o muerto. “Le respondí que su estado era grave”.

Los vacíos y las dudas

Rosa fue informada de la desaparición de su esposo a eso de las seis de la tarde del 22 de octubre, por parte del jefe de Miguel. Entonces llamó a la 5ta Comisaría de Conchalí, la más cercana a su trabajo, preguntando si sabían de su paradero, pero “nadie me decía dónde estaba mi esposo, decían que jamás lo habían tomado”. Pasó todo el día intentando dar con su rastro, sin resultado.

A las seis de la mañana del día siguiente, terminado el toque de queda dispuesto por el Presidente como respuesta a las movilizaciones, Rosa estuvo personalmente en la 5ta Comisaría con la antigua licencia de conducir de Miguel. Nuevamente le negaron haber tenido contacto con él, pese a que fueron funcionarios de esa Comisaría quienes acudieron al saqueo del Líder y quienes lo llevaron al SAPU el día anterior.

Solo a las cuatro de la tarde del 23 de octubre lo encontró, en el Hospital San José y como “NN” -sin identificación-, pues sus documentos personales se quedaron en su camioneta en las afueras del Líder de Independencia.

“Cuando lo vi estaba vomitado, recién le habían puesto suero, tenía un tubo en la boca, estaba con un paño amarrado (en su cabeza), totalmente inconsciente. Tenía un golpe en el lado derecho de la cara y rasguños en sus brazos. Miguel llevaba más de 28 horas tirado, drenando, botando sangre de su cabeza”, relata Rosa Fuentes.

Solo una hora después de que ella lo encontrara, se dispuso de una ambulancia que lo trasladó al Instituto de Neurocirugía Alfonso Asenjo, donde se le diagnosticó “una hemorragia subaracnoidea no especificada y un aneurisma cerebral roto” y fue operado. Para Rosa, “si a Miguel lo hubieran llevado al tiro al Instituto, hoy su historia sería distinta, no habría tanto daño en su cabeza”.

Mariela Santana declaró ante la Comisión de DD.HH. que “la salud pública tampoco dio respuestas a las necesidades de Miguel, esperando más de un día para intervenirlo. Según el parte médico, al momento de la operación Miguel tenía el 90% de su cerebro con sangre. Eso le dejó un daño cognitivo severo”.

“Según el médico que lo intervino se trataba de un aneurisma que se le reventó, y que por eso tenía sangre en su cabeza. Sin embargo, no hay claridad de las razones que podrían haberlo reventado. Miguel venía mojado completamente, con golpes en la cara, rasguños en su cuerpo y líquido en sus pulmones. Desde nuestra mirada hubo participación de terceros”, señaló la abogada.

Y continuó: “Si nosotros analizamos todos los antecedentes que obran en la investigación, los videos de Miguel, su historial clínico -era un hombre sano- y seguimos las reglas de la lógica, no nos cabe otra posibilidad que deducir que fue víctima de apremios ilegítimos en el interior del supermercado por parte de Carabineros de la 5ta Comisaría de Conchalí”.

Hasta hoy no se han entregado imágenes que muestren lo que ocurrió dentro del supermercado aquel 22 de octubre. Desde Lider solo han cedido dos de las siete cámaras que captaban el interior del recinto, aduciendo que las restantes estaban apagadas. Solo se sabe que Miguel Ángel Rojas ingresó, pero no salió del supermercado, y que dos horas después al menos cuatro carabineros lo dejaron en el SAPU Symon Ojeda sin registrarse.

Ante el Ministerio Público, Carabineros argumentó no haber confeccionado la hoja de ruta del furgón Z-7394 durante esa jornada, “ante los diversos focos de quebrantamiento del orden público en la comuna”. Asimismo, indicaron que el vehículo policial no contaba con tecnología GPS.

Aunque sus documentos fueron encontrados en su vehículo, los lentes de Miguel y su prótesis dental desaparecieron. Tampoco se sabe cuándo ni en qué circunstancias se separaron de su rostro.

Perseguir todas las responsabilidades

Actualmente están en tramitación dos causas judiciales que pretenden esclarecer lo ocurrido con Miguel Rojas. Una en donde su esposa Rosa es representada por Mariela Santana, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), y otra que fue interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, por mucho tiempo, Miguel fue parte de un subregistro.

En la página web del INDH, se señala que este organismo ha puesto querellas en nombre de 3526 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido. No obstante, Miguel Rojas, que sufrió graves vulneraciones a pocos días del 18 de octubre, recién pasó a ser parte de esa cifra en agosto de 2020.

“La causa de Miguel figuraba, en el fondo, como un mero accidente y en ese sentido yo insisto que estaba dentro de este subregistro, cuando debiera ser de las causas emblemáticas”, asegura la abogada de la familia.

Sumado a ello, en el marco de las investigaciones, y a casi dos años de lo ocurrido, no se han realizado varias diligencias. Al hecho de que solo se han entregado las imágenes de dos cámaras de seguridad de Líder, se añade que no se ha entrevistado al resto de las personas que fueron detenidas por Carabineros en ese mismo lugar, y lo que es aún más grave: el Servicio Médico Legal (SML) todavía no le constata presencialmente lesiones a Miguel.

De acuerdo a su familia, amigos y a Santana, hasta el momento lo único que el SML ha realizado es un informe administrativo sobre su condición en base a otros informes médicos anteriores.

Yerka Ávila, psicóloga que ha acompañado a Rosa Fuentes durante el proceso judicial, considera que el retraso de esta pericia se debe al actuar negligente de la primera abogada que trabajó en la causa, y que incluso si es que hoy le llegan a constatar lesiones a Miguel, el paso del tiempo va a alterar los resultados.

“Hoy el SML podría revisar al Miguel y no es lo mismo revisarlo después de un montón de intervenciones quirúrgicas que haberlo revisado en los primeros tres o seis meses después de ocurridos los hechos. Van a recibir heridas cicatrizadas, y no lo que en verdad le ocurrió”, señala.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la abogada Mariela Santana, quien asumió la causa a principios de septiembre de 2021, hoy se propone revitalizar la investigación y aclarar quiénes son los culpables de lo que le ocurrió a Miguel. En la querella que presentó, y que está disponible en la página web del Poder Judicial, incluso están incluidos Gonzalo Blumel, Mario Rozas y Felipe Guevara.

“Nosotros vamos a perseguir las responsabilidades penales de los directamente responsables, las responsabilidades políticas de los altos mandos, y también las responsabilidades administrativas de los funcionarios de los recintos asistenciales que actuaron negligentemente con Miguel”.

El camino de Rosa

Luego de encontrar a Miguel en el Hospital San José, su esposa, Rosa Fuentes, tuvo que ponerse en acción. No hubo tiempo para llorar ni para lamentarse por el giro que había dado su vida. De inmediato, ella y sus dos hijos tuvieron que idear una forma de seguir adelante.

Miguel Rojas era, en palabras de Rosa, “el pilar de la casa”. Se encargaba de trámites tan básicos como realizar transferencias bancarias, y luego de lo ocurrido en octubre de 2019, su esposa e hijos no sólo tuvieron que suplir esas funciones, sino que también financiar nuevos gastos. Miguel necesitaba pañales, jeringas y varios insumos médicos que pagaron vendiendo ensaladas y pan que hacían desde su casa. La ayuda, en ese entonces, era más bien esporádica.

“Empezamos a golpear muchas puertas: fui a la Teletón (…), fui al consultorio, fui a los hospitales, pero para Miguel no existe rehabilitación porque él no entra en un plan, porque no tiene la edad suficiente: tiene que ser viejito para que pueda entrar en el consultorio, y en la Teletón tiene que tener menos de 23 años. Quedamos totalmente botados”, explica Rosa.

Sin embargo, aproximadamente un año después del estallido, Fuentes conoció a dos personas que serían fundamentales: Fabiola Campillai y Mariana San Martín, cuidadora de Mario Acuña -quien fue brutalmente golpeado por Carabineros un día después que Miguel y también quedó con daños neurológicos irreversibles.

Ellas la ayudaron con las cosas que iba requiriendo Miguel en su nueva situación, y además la contactaron con Yerka Ávila. La psicóloga, que constituyó junto a un grupo de otras siete personas la Coordinadora de Justicia para Miguel Rojas, ha colaborado con la difusión del caso, consiguiendo el apoyo económico de distintas organizaciones sociales (en palabras de Rosa, “la ayuda del pueblo”) y también gestionando la reciente exposición que hicieron del caso ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara.

Miguel Rojas, trabajador de Pudahuel, entró a un Lider en Independencia el 22/11/2019 (estallido social) en que hay un intento de saqueo y represión, perdiendose su rastro hasta que es abandonado por los carabineros en un centro asistencial con lesiones que lo tienen hoy postrado pic.twitter.com/7iREYyzQCn

— JusticiaParaMiguel (@JusticiaMiguelR) June 20, 2021

“Rosa tiene que alimentar a Miguel (…), bañarlo, cambiarlo, lavarlo, afeitarlo, cortarle el pelo, peinarlo, lavarle los dientes, vestirlo. Son un sinfín de tareas que son de todo el día. Dejar la responsabilidad en la Rosa de que publique en redes sociales, que vaya a grabaciones, se hacía súper difícil. Y en ese sentido, se arma esta Coordinadora para poder prestar ese apoyo y ser de alguna manera el vínculo con estos lugares donde tenemos que reclamar la justicia y la reparación que Miguel y su familia merecen”, comenta Ávila.

Respecto a las gestiones con los parlamentarios, Yerka cuenta que se comprometieron a enviar oficios al ministro de Salud, para que informe sobre el actuar de los recintos médicos implicados; y a Carabineros, para que indiquen si se cumplieron los protocolos sobre uso de la fuerza.

Una pensión improbable por parte del Estado

Hasta la fecha, la familia de Miguel no ha recibido ninguna clase de reparación por parte del Estado.

Hace un par de semanas, Rosa Fuentes recibió un llamado de parte del INDH. De acuerdo a ella, era la primera vez que se ponían en contacto después de haber interpuesto la querella. ¿El motivo? La “glosa doce”, un apartado en la Ley de Presupuestos 2021 que crea una pensión de gracia para “aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.

Hasta finales de julio nadie sabía la existencia de esa glosa. Ni el INDH, ni Daniel Núñez, diputado que estuvo detrás de la iniciativa, el cual creía que se había eliminado luego del paso de la ley por el Tribunal Constitucional. Solo cuando el medio de comunicación La Bot dio a conocer la existencia de la glosa, el INDH comenzó a hacer gestiones.

Lo primero que hicieron fue crear una comisión compuesta por tres consejeros del organismo (Cristián Partuzé, Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic), que determinó los criterios para la acreditación de víctimas. Luego, se publicó un manual dónde se detallan los pasos a seguir, y se realizó una ceremonia en donde se entregaron las primeras acreditaciones. En esa instancia, Sergio Micco, director del INDH, señaló que: “Con esta acreditación, este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó”.

Pese a que el organismo tomó esto como una oportunidad para reconocer la violencia de Estado durante el estallido, el Ministerio del Interior niega la autoridad del INDH en el proceso de acreditaciones.

Por lo demás, la documentación ante el INDH de las víctimas no implica por sí sola que recibirán el beneficio. La decisión final corresponderá al Presidente Sebastián Piñera, quien podrá asignar o no la pensión según su criterio, luego de recibir una recomendación, en un sentido u otro, de parte de una comisión ad-hoc dependiente del Ministerio del Interior.

Sumado a esto, la cartera de Interior apunta que quienes busquen acceder a este beneficio deberán cumplir con las causales originales estipuladas en la ley que regula la entrega de pensiones de gracia por parte del Presidente.

Esto resulta contraproducente para Miguel Rojas. Desde hace un tiempo él recibe una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) de 164 mil pesos mensuales, y por ello, lo más probable es que no le asignen el beneficio. De acuerdo a la página web de la Subsecretaría del Interior, las pensiones de gracia no proceden “cuando la persona puede ser beneficiaria de las pensiones básicas solidarias de vejez o invalidez”.

A Rosa Fuentes esto le preocupa porque el que acrediten como víctima a Miguel podría ayudarles en el proceso judicial. Después de todo, para ella lo más importante es que se esclarezca lo que pasó y que los culpables no sigan impunes.

“A mí no me sobra la plata, pero Dios me dio mis dos manos buenas para trabajar y lo voy a hacer siempre por Miguel. Por el bienestar de mi familia, para cerrar este capítulo, lo que necesito es saber qué pasó, que la justicia no sea tan negligente, ni tan precaria para unas personas humildes, porque no por ser humildes nos van a pisotear así. Y necesitamos que se hagan cargo de lo que hicieron con Miguel. Solo eso pedimos”.

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La familia de Miguel busca testigos que hayan estado al interior del supermercado Lider de Av. Independencia con El Olivo aproximadamente a las 13:30 horas del 22 de octubre para esclarecer lo que ocurrió durante esas dos horas perdidas. Según los datos que manejan, al menos 40 personas fueron detenidas en ese supermercado. ¿Eres una de aquellas? Si estuviste en ese supermercado, en el SAPU Symon Ojeda de Conchalí o en el Hospital San José, durante la tarde del 22 de octubre, Miguel te necesita. Contáctalos en: justiciaparamiguelrojas@gmail.com

María Fernanda Araneda

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Julio César Olivares

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile