Luego de tres años de tramitación en el Congreso, la ley que previene y sanciona el acoso sexual en la educación superior, fue promulgada y se espera que genere un cambio significativo al interior de las comunidades educativas. En esta crónica, se cuenta la historia de la ley desde la perspectiva de la Red de Investigadoras: la organización que impulsó la iniciativa y que quiere seguir trabajando para disminuir las brechas de género.

Es miércoles 16 de mayo de 2018 y la Alameda está repleta de mujeres. Algunas vestidas de negro, otras con con pañuelos verdes en el cuello, y otro resto con el torso desnudo y una capucha roja en la cabeza.

Las encapuchadas, que salieron de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica (PUC), incluso dejan pasmadas a sus otras compañeras que están participando en la marcha. Las sorprenden con sus movimientos coordinados, con la gran sintonía entre ellas y también con una energía muy fuerte: de tan solo mirarlas, el resto de las manifestantes se siente empoderadas.

Esas estudiantes, todas del Campus Oriente de la PUC, marcaron un hito dentro de la ola feminista, y son lo más recordado de la marcha de ese día. Una manifestación que fue convocada por la Confech y que tuvo como objetivo sacar a las calles lo que se venía gestando al interior de las universidades hace algunas semanas. Para ese entonces, 15 instituciones estaban paralizadas y la consigna era clara: las estudiantes querían vivir en ambientes libres de violencia y discriminación.

Sin que muchas de ellas lo supieran, ese mismo día, a unos 100 kilómetros de distancia, en el Congreso Nacional, un grupo de mujeres, que incluso pudieron haber sido sus profesoras en algún momento, estaba presentando un proyecto de ley que llevaba a lo concreto parte de su petitorio.

La ley 21.369, que promueve la creación de políticas integrales en contra del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, fue promulgada hace pocas semanas, y hoy, la Red de Investigadoras, la organización que impulsó la propuesta, está incentivando a las estudiantes para que se involucren en el proceso que está por comenzar.

“Es importante que estén, que participen, que hagan sentir su voz, porque sin ellas esto no hubiera sido posible, y sin ellas no va a ser posible que se implemente de forma adecuada. Ustedes son primordiales”, asegura Adriana Bastías, presidenta de la Red a Doble Espacio.

La pelea en el Congreso

A fines de 2017, la Red de Investigadoras, una asociación de mujeres que se originó en la Región de O ‘Higgins, publicó un comunicado en el diario El Mostrador. Allí, expusieron su preocupación por una denuncia de acoso sexual en contra de un profesor de la Universidad Austral, el mismo que meses más tarde detonó la ola feminista.

No era la primera vez que el docente era acusado de violencia de género, por lo que rápidamente, la Red se organizó para dar difusión al nuevo sumario que se estaba realizando en su contra. 

Además de publicar el comunicado, un grupo de colaboradoras de la Red se encargó de pegar carteles en la sede de Valdivia de la casa de estudios. En esos papeles, escribieron en letras mayúsculas: “Estamos atentas y observando el proceso”, y dejaron su correo electrónico para quienes quisieran denunciar y necesitaran asesoría legal.

Producto de ello, la Red se vio desbordada. Tenían sólo un abogado que era incapaz de trabajar con toda la información que les llegaba. Y además, se dio cuenta que, en los casos de acoso sexual en contra de estudiantes, no existía un “paragua legal”. A diferencia de lo que ocurría con las funcionarias y profesoras, que contaban con el código del trabajo, las alumnas de la Universidad (tanto de las de pregrado como las de posgrado) no tenían herramientas legales que las protegieran.

Es por esta razón que las integrantes de la Red comenzaron a pensar en un proyecto de ley que pudieran proponer a los parlamentarios, y que les permitiera ayudar no solo a las que denunciaban a ese profesor en particular, sino que también a las estudiantes de otras instituciones de educación superior. “Lo vimos como una oportunidad para llegar a más personas”, señala Bastías.

El camino, sin embargo, no sería del todo sencillo. Primero hablaron con varios senadores y senadoras, de distintos sectores políticos, para que las ayudaran a ingresar el proyecto. Con eso les fue bien. Al igual que muchas personas en el país, los parlamentarios y parlamentarias estaban pendientes de lo que ocurría con las estudiantes, y la Red de Investigadoras no tuvo problemas para juntar las cinco firmas necesarias. No obstante, al poco tiempo apareció el principal foco de conflicto.

La idea de las integrantes de la Red era redactar una ley que obligara a las universidades a contar con protocolos de prevención y sanción del acoso sexual. Aquellas instituciones que no los tuvieran no podrían ser acreditadas, lo que generó roces con los rectores de las universidades, con algunos parlamentarios y también con el entonces subsecretario de educación Raúl Figueroa.

Pese a ello, la Red de Investigadoras se mantuvo firme en  su posición. Al fin y al cabo, la acreditación es lo que le permite a las universidades acceder a financiamiento, y por lo tanto, era la forma más efectiva de asegurar la creación de políticas de género. “Nuestra idea era que esto se tomara seriamente, y creímos que la única forma de que eso pasara, era que estuviera asociado a la acreditación”, explica Bastías.

En agosto de 2019, luego de la discusión en el Senado, la iniciativa levantada por la Red de Investigadoras pasó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Allí durmió durante algún tiempo.

Aún cuando las integrantes de la Red actuaron de forma similar a como lo hicieron en el Senado, y se reunieron con varios diputados y diputadas para asegurarse de que el proyecto de ley avanzara, este fue revisado en solo dos oportunidades por la Comisión de Educación. 

La revitalización recién vino en la segunda mitad del 2020, cuando las parlamentarias de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género le pidieron al pleno de la Cámara que el proyecto pasará a ser discutido en esa instancia. De acuerdo a Bastías, en la comisión presidida por Camila Vallejo, la iniciativa incorporó la discriminación y la violencia de género, quedando así “una ley mucho más amplia y robusta con respecto a la protección que van a tener las comunidades académicas”.

Después de su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley volvió a su cámara de origen. En la primera mitad de este año, no hubo avances, y ante ello, la Red de Investigadoras se reunió con Yasna Provoste, que en esa momento aún era presidenta del Senado, para que lo pusiera en tabla.

“Para nosotros era importante que saliera este proyecto antes de que cambiara el Senado, o en general, el parlamento, porque era con estos parlamentarios y parlamentarias con los que nosotros habíamos hablado. El Senado es muy probable que se renueve gran parte, por la imposibilidad a las reelecciones (…), y eso significaba que iban a llegar caras nuevas. Era posible que tuviéramos que volver a reunirnos con más personas”, afirma Bastías.

El día en que el proyecto se aprobó y quedó listo para ser promulgado, un grupo de integrantes de la Red se instaló en la tribuna del Senado para seguir la votación. Allí celebraron el fin de un ciclo, y el inicio de una nueva etapa: una en donde esperan acompañar el trabajo de las universidades mientras crean sus políticas en contra del acoso.

Protocolos con participación triestamental

De acuerdo a la presidenta de la Red de Investigadoras, siempre tuvieron presente que el proyecto de ley no podía pasar por sobre la autonomía universitaria. Si bien, la nueva legislación establece una serie de puntos mínimos que necesariamente tienen que ser incluidos en los protocolos de prevención y sanción (como los principios de celeridad y de no revictimización en los sumarios), son las instituciones de educación superior quienes tienen que establecer sus propias políticas de género en conjunto con los profesores, funcionarios y estudiantes de los planteles. 

Durante el próximo año (ese es el plazo que establece la ley), las universidades, los centros de formación técnica (CFT), los instituciones profesionales (IP) y las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, deberán definir varios puntos. Entre ellos,  los plazos de las investigaciones, y la manera en qué interpretarán la “formación en género y derechos humanos”, que se le exige en la ley, a las personas encargadas de realizar los sumarios. Es por ello que es importante que la nueva legislación sea conocida por las estudiantes, el grupo, que a juicio de Adriana Bastías, será el más interesado en participar.

“Para el éxito y la implementación de esta ley, es importante que toda la comunidad académica participe, pero son las estudiantes las que sin duda nosotras creemos que van a estar más interesadas en participar. En presionar, en generar buenos protocolos, y que los plazos se cumplan”.

Precisamente es la triestamentalidad que exige la ley la que podría implicar que aquellas instituciones que ya cuentan con protocolos y unidades de género, tengan que replantear sus políticas para incluir la opinión de toda la comunidad.

“La mayoría de las universidades del Cruch tienen formada esta unidad de género, pero, ¿cuál es el problema? Estos protocolos se hicieron muy rápido. Más frente a la presión de las tomas feministas en mayo. Salieron muy rápido, sin participación de las estudiantes, sin participación triestamental, y eso implica que haya menos confianza en ellos. Por lo tanto, es importante rehacerlos”, opina Bastías.

El futuro de la Red

Además de difundir los contenidos de la ley, la Red de Investigadoras tiene dos proyectos en mente. El primero de ellos es impulsar la creación de un registro, que esté disponible para las autoridades de las instituciones de educación superior, y que incluya a las personas que han sido sancionadas por violencia de género. Esto para tratar de evitar que los acosadores sigan rotando por los distintos planteles.

“Muchas veces hay acosadores que se van de la universidad antes de ser sancionados. Algunos incluso lo negocian. Y después (…) se van a otra universidad, a un instituto, o a un centro de formación, y dicen: “Quise tomar nuevos desafíos, ya cumplí mi ciclo en la universidad, así que me vine a trabajar acá””, acusa la presidenta de la Red.

Por otra parte, están pensando en un tema que se relaciona mucho con la propia historia de la organización. Poco tiempo después de que publicaran el comunicado en donde quisieron dar a conocer el sumario en contra del profesor de la Universidad Austral, mandaron otra carta al mismo medio de comunicación, donde le pidieron a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) que dejara de entregar recursos a personas condenadas por acoso, abuso o violencia intrafamiliar.

Sin embargo, Conicyt no aceptó la propuesta y siguió actuando de la misma forma. En diciembre de 2019, en un comunicado similar al que envió la Red de Investigadoras, la Red de Historiadoras Feministas (RHF) denunció el que se le entregará financiamiento a un ex profesor de la Academia de Humanismo Cristiano que fue desvinculado por un caso de abuso sexual.

Aquello no sólo no recibió una respuesta favorable de parte de Conicyt, sino que además significó una querella por  injurias en contra de Hillary Hiner, coordinadora de la RHF y miembro de la Red de Investigadoras. 

Una reacción que a Adriana Bastías le recuerda un episodio que ella misma vivió,  cuando en enero de 2018 el profesor, acusado de la Universidad Austral, puso un recurso de protección en su contra luego de que ella compartiera en redes sociales publicaciones que hacían referencia a su caso.

“Muchas veces quienes más pagan son quienes denuncian. Nosotras, que estamos denunciando por otras, también pagamos. Recurso de protección, una denuncia por injurias y calumnias (…) con lágrimas y muchas veces abandonando la universidad, el CFT o lo que sea, su trabajo, su estudio, su formación. La verdad es que quienes denuncian la sufren, la pasan mal, y no es gratis denunciar en Chile”.

Para Adriana Bastías como para muchas mujeres, pese a que la ley que impulsó la Red de Investigadoras significa un gran avance, aún queda mucho por hacer.

María Fernanda Araneda

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile