Hace poco más de una semana se aprobó, en la Comisión Ambiental de Coquimbo, el proyecto minero y portuario Dominga, que planea instalarse en la comuna de La Higuera. A raíz de esto, diversas entidades han denunciado el terrible impacto medioambiental para el ecosistema, particularmente para el Archipiélago Humboldt que se encuentra próximo al lugar de emplazamiento. Una aprobación que abre nuevamente el debate sobre el impacto ambiental que se causa en nombre del progreso, situación que bien conocen los defensores de las costas del sur del país en contra de la industria salmonera.

El 30 de junio del 2021 en Argentina, luego de dos años de tramitación, se aprobó la legislación que prohíbe el emplazamiento de salmoneras en la Patagonia, específicamente en el canal de Beagle. 

En contraparte, la industria salmonera en Chile ha representado un claro ejemplo del éxito en el desarrollo en base al uso de recursos naturales, aunque la evidencia apunta a demostrar los riesgos de que ese éxito se produzca a expensas de los ecosistemas sin una regulación responsable.

La industria salmonera ha sido uno de los pilares fundamentales al momento de posicionar al país como una potencia exportadora, pero todo esto a un alto costo socio ambiental. En junio de este año se reportó que, en 2020, por primera vez se produjo sobre el millón de toneladas, cifra histórica para nuestro país.

A pesar de estas cifras, las comunidades que se han visto amenazadas por la industria conocen el impacto que puede llegar a tener el emplazamiento de esta actividad extractiva: “Vivimos en un ecosistema que es muy frágil, que estamos expuestos a la contaminación, a todo ese tipo de cosas, entonces traer una salmonera, una industria de este tipo, así de la forma en que trabaja, la verdad que es algo terrible, así lo tenemos nosotros claro.” Señala la presidenta de la comunidad indígena yagán de Bahía Mejillones, María Luisa Muñoz.

Esta industria representa las contradicciones del modelo económico neolibral, ya que por una parte se logra posicionar a Chile como una potencia productora y exportadora, a la vez que se degrada de forma irreparable el ambiente, desatando conflictos sociales y crisis de alto impacto a nivel nacional.

En este sentido, el abuso de antibióticos ha llevado a que, a pesar de la alta valoración de esta proteína en el mercado, la imagen del país y su producto haya sufrido un golpe, afectando su reputación.

Así lo señala también Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT): “Hay muchos embarques de salmones que salen de Chile a los mercados internacionales y que han sido rechazados porque los análisis que se hacen en el destino arrojan presencia de sustancias químicas de antibióticos que se usan para atacar las plagas o ciertas enfermedades de los salmones y que en esos países de destino están prohibidos”.

Salmonicultura a la chilena

Se trata de “una actividad a gran escala, intensiva, de monocultivo de especies exóticas, que no son especies naturales de esta zona del mundo ni de nuestro país en particular, lo que genera varias problemáticas”, como señala Lucio Cuenca.

De esta forma y en un intento por visibilizar y estudiar esta actividad extractiva, Terram, en una cartilla informativa del 2010, define la salmonicultura como “un tipo de cultivo acuícola intensivo, cuyo objetivo es la producción de peces pertenecientes a la familia salmonidae, que agrupa salmones y truchas”.

Las principales especies cultivadas en Chile son: Oncorhynchus Kisutch, también denominado salmón del pacífico o Coho, Oncorhynchus mykiss o trucha arcoíris y el Salmo salar o salmón del Atlántico.

Esta industria se ha desarrollado principalmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. De esta forma la producción por región corresponde a 468.157 toneladas (43,4 %), 428.619 toneladas (39,7 %) y 80.479 toneladas de producción (16,7 %) respectivamente, según consigna el Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2020 de Sernapesca.

Los principales compradores de este producto en el extranjero, según cifras de Infotrade a enero del 2021 son Estados Unidos con US $160 millones, Japón con US$129 millones y Brasil con US$48 millones y Rusia con US$22 millones.

Dentro del impacto que causa esta actividad económica se encuentran la eutrofización de los océanos, el abuso de antibióticos que finalmente terminan siendo ingeridos por los consumidores y el escape de salmones que a su vez depredan y enferman a las especies endémicas.

“El salmón fue el principal pescado exportado durante 2020, con envíos por US$4.008 millones y una participación de 84,4% en el total exportado por el subsector pescado. En el primer trimestre de 2021, la participación del salmón en estas exportaciones alcanzó el 85,6%, con envíos por US$1.182 millones”, consigna el informe económico sobre exportaciones del Banco Central del primer trimestre del 2021.

Al momento de observar las experiencias de otros países, podemos observar que en Chile la regulación es mucho más laxa en términos, por ejemplo, del uso de antibióticos. En Chile se permiten hasta 700 veces más antibióticos que en Noruega.

Regulación

Dentro de los estatutos que regulan esta actividad económica se encuentra la Constitución Política de la República, en ella se hace referencia a la denominada “libertad de empresa”, el derecho a la propiedad y mientras que en contraparte está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, principio consagrado en el artículo 19 de la carta magna.

Luego encontramos la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, desprendiéndose de esta norma la Evaluación Ambiental Estratégica, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las Normas de Emisión, todas orientadas a asegurar un proceso de evaluación frente a la instalación de estas empresas en los sectores en cuestión.

Por otra parte, y de forma más específica, está la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18982) de 1991, que ha tenido diversas modificaciones, destacando entre ellas la Ley N° 20.434 del 2010 y la N° 20.657 del 2013. La ley define las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) que son aquellos espacios geográficos mediante la debida consulta a los organismos encargados de los usos alternativos de esos terrenos o aguas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y aceptar a trámite solicitudes de concesión de acuicultura.

De la misma forma y aludiendo directamente a la macro actividad de la acuicultura encontramos el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) del 200, el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas (RESA) y el Reglamento sobre Plagas Hidrobiológicas.

“En Chile, los estándares son muy bajos, prácticamente no hay regulaciones y también no hay fiscalización, o sea, no hay un Estado que esté sobre la actividad para prevenir estas situaciones (Ej. crisis sanitaria del ISA) que tienen consecuencias sanitarias en los ecosistemas marinos, pero también tienen consecuencias sanitarias, eventualmente, en la salud de las personas.”

A pesar de todas estas reglas jurídicas que intentan regular la actividad y las diversas crisis que han existido desde la instauración de esta actividad económica extractiva, cabe mencionar que no existe ninguna que sea específica de la salmonicultura, lo que deja un vacío en términos de regulación.

En la experiencia de la comunidad yagán de Bahía Mejillones, María Luisa Muñoz señala que: “Lo que sí hemos hecho acciones bien importantes, que es la presentación de ECMPO (Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios), esto está acogido a la ley Lafquenche y en el fondo el uso consuetudinario de los espacios costeros marinos para los pueblos indígenas y desgraciadamente es la única herramienta que teníamos quizás como comunidad para poder proteger las aguas, todo lo que es la costa.” 

Esta normativa es regulada por la Subpesca (Subsecretaría de Pesca) y según señala María Luisa, a pesar de que es un proceso simple en el que se presentan los antecedentes de la situación, se ha convertido en un proceso engorroso debido a los recursos de inadmisibilidad que Subpesca a presentado en respuesta a la postura de la organización.

Estado salmonero

El 12 de agosto del 2009 la casa de Héctor Kol, biólogo de la Universidad de Chile y presidente del Comité Defensa del borde costero de Puerto Montt, fue allanada por la policía, en el caso de atentado incendiario a las oficinas de Salmón Chile, instancia en la que se encontraba junto a su nieta de entonces tres años de edad. Esto devela la persecución a los defensores del mar y que lucha para erradicar la industria salmonera del territorio costero.

“Aquí no hay Estado de derecho, aquí lo que hay es Estado Salmonero”, denuncia Héctor Kol. Así también, junto con una legislación laxa, existe en el caso de la salmonicultura una crisis socio ambiental. Como lo denuncia Kol, la industria del salmón “ha fallecido y lo que hoy existe es una industria inmobiliaria”, es decir la compra y venta de concesiones.

“Analizar a la industria salmonera solamente por sus efectos medioambientales es insuficiente”, explica el biólogo a Doble Espacio. Es la misma industria que ha permitido el posicionamiento de Chile a nivel mundial como uno de los principales productores, la que ha tenido costos muy altos para las comunidades que habitan las zonas donde se emplazan los proyectos.

Respecto a las situaciones en las que se ha “comprado” a autoridades e integrantes de las comunidades, Kol señala: “Acá el Lonko, el alcalde, el gobernador regional, el diputado y el Senador, es Camanchaca aquí en Calbuco, en otros sectores es Aqua Chile, en otros sectores es Marine Harvest, o Mowi y en el sur es Aqua Chile, así que ellos son los que mandan en el país y específicamente en el mar”. 

Aunque en su comunidad no han permitido el avance de estas prácticas y se han mantenido firmes en su postura de tolerancia cero, María Luisa Muñoz señala: “Si viene una industria que ve esa situación (de pobreza) dentro de las mismas comunidades, personas o familias, obviamente que van a querer ver la forma de que ellos puedan entrar a ayudar más que el Estado. Y obvio que hay gente que necesita si al final es complejo estar en un país que no te reconoce como pueblo indígena”. 

Si bien el impacto medio ambiental es real, Héctor Kol señala que: “esa destrucción que se ha causado es el efecto menor en cuanto a lo social, porque lo que aquí se instaló fue la corrupción como una norma, y eso es lo que nos tiene liquidados como país. El principal problema político, ambiental, social y económico de este país es la corrupción”.

Dentro de las situaciones de riesgo que han resultado de la esta actividad, basta recordar la crisis sanitaria causada por el Virus ISA en el 2007 que trajo consigo una crisis financiera y una crisis social, así como en 2016 se produjo la intensificación de la marea roja en Chiloé a raíz del vertimiento de mortalidad al mar, mientras que en 2018 sucedió la fuga de más de 7000 salmones de la empresa Marine Harvest en Puerto Montt.

Así también, “Entre marzo del 2013 y abril del 2019 han muerto 35 trabajadores y trabajadoras de la industria productora y exportadora de salmónidos de cultivo industrial en el sur de Chile”. Así lo consigna el informe de la ONG Ecocéanos “Salmones de Sangre del Sur del Mundo”, estudio que enlista las víctimas de accidentes laborales de la industria entre los años 2013 y 2019, a la vez que analiza la precarización laboral y las abultadas ganancias de la empresa a costa de la vida de los y las trabajadoras.

La más reciente crisis se produjo en abril del 2021, donde se produjo una mortandad de 5.600 toneladas de salmones por la floración de algas nocivas o FAN, que generan una escasez de oxígeno dentro del agua por lo que los peces perecen por asfixia.

Una constitución ecológica

A pesar de que el panorama actual no es alentador, para algunos especialistas existe la esperanza de que la Convención Constituyente logre proponer una Constitución ecológica, que consagre los derechos de la naturaleza. Aunque algunos expertos se reconocen pesimistas ante la labor de la Convención, otros en cambio, sostienen que es una oportunidad única para asegurar el resguardo del medio ambiente.

Al respecto, Lucio Cuenca señala: “Hay reformas de fondo que deben ser instaladas en la nueva constitución que el país necesita, no solo en las zonas afectadas por la salmonicultura, sino que en general, que se vuelva a poner al centro la vida digna, la conservación de la naturaleza como parte de esa vida digna y por lo tanto el mercado y la privatización queden en un segundo orden dentro de la actividad de nuestro país”. 

Decisiones como la de Argentina de prohibir el emplazamiento de salmoneras en una determinada zona son un ejemplo a nivel regional, a la vez que llevan al debate temas como la situación que vive actualmente Chile.

También la dirigenta de la comunidad yagán de Bahía Mejillones cree que es posible replicar lo sucedido en Argentina, siempre y cuando existan las voluntades políticas: “Es posible, por qué no. Es posible copiar lo que pasó allá, o sea, marcó un precedente Argentina. Nosotros como comunidad marcamos un precedente a nivel nacional por sacar las instalaciones, no se instalaron en nuestro canal, y Argentina lo que hizo fue marcar un precedente que es notable que es prohibir, a través de una ley, prohibir la instalación de una industria tan dañina como es la industria salmonera”.

En ese sentido, el director de OLCA reflexiona sobre el paradigma antropocéntrico imperante: “Se tiene que cambiar la lógica de solo proteger el medio ambiente en la medida que le afecta a las personas. (…) Eso en parte se garantiza en a partir de los Derechos Humanos, pero por otro lado también nosotros pensamos que se debe establecer un nuevo reconocimiento dentro de la constitución que efectivamente nos haga cambiar el paradigma antropocéntrico en el que vivimos, a uno que permita reconocer el valor de la vida de la naturaleza y nosotros como parte de ella, como un valor en sí mismo, y de esa manera transitar hacia una política y reglamentaciones que estén marcadas por eso”.

Finalmente María Luisa Muñoz reflexiona sobre la oportunidad que representa la redacción de una nueva Constitución: “Acá tenemos a mano el tema de la nueva constitución y ahí tienen que poner y hacer un enfoque en relación al cuidado del medio ambiente, a leyes que realmente protejan y que la naturaleza realmente sea un sujeto de derecho y no tengamos que estar peleando y haciendo todas estas acciones para proteger un espacio que realmente deberíamos tener conciencia todos, pero partiendo del mismo gobierno y el Estado para proteger”.

Catalina Solís

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.