La socióloga, que es parte de una organización que entrega productos de higiene personal a mujeres privadas de libertad, cuenta los pormenores de sus campañas de asistencia a mujeres que se encuentran encarceladas y analiza el actual enfoque con el que las autoridades enfrentan la actividad delictiva en nuestro país.


El año pasado, debido a la pandemia, las mujeres privadas de libertad dejaron de recibir visitas y con ello también quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque son precisamente los familiares, que acuden a los recintos penitenciarios, quienes les proveen de productos de higiene como tampones o toallas higiénicas. En ese contexto, un grupo, que más tarde se convirtió en la Red de Acción Carcelaria (RAC), se organizó para apoyar a las mujeres recluidas.

En conversación con Doble Espacio, la socióloga Jacinta Rodríguez, directora de investigación de la RAC, detalla que el cierre de las cárceles producto de las restricciones sanitarias dejó las necesidades básicas de muchas mujeres en manos de organizaciones civiles y religiosas.

“También hemos sabido historias de gendarmes que se organizan para poder ayudar a las chiquillas y de familiares haciendo esfuerzos inmensos por ir a dejar cosas. Porque claro no se aceptaban las visitas, pero podían ir a dejar una encomienda y dejarla afuera. Igual eso era súper complejo porque requería transporte en un tiempo de Covid, donde uno no sabía si subirse al transporte público, te podías llegar y contagiar”.

Lo que hasta el día de hoy hace la RAC es entregar, en distintos recintos penitenciarios del país, kits de higiene que contienen productos como toallas higiénicas, mascarillas, jabón, y desodorante. Esos kits son financiados por personas que donan en la página web de la Red. Además, Jacinta asegura que con la entrega de estos kits no sólo buscan cubrir las necesidades básicas de las mujeres privadas de libertad, sino que también se sientan acompañadas.

“Más allá de darles la toallita, el shampoo, que son cosas obviamente muy importantes, también queremos entregarles como una sensación de acompañamiento. Decirles: ‘estamos pensando en ti, no estás sola, sabemos que a veces no estás bien y te queremos apoyar como podamos”, detalla. 

“Entonces ahí junto con los kits de higiene también mandamos lo que llamamos un regalito al corazón, que es una cartita, con un lápiz, un cuaderno, hemos dado distintas cosas. Pero en el fondo es algo para ellas. Tratamos de hacer algo especial. Que no sea como: ‘oigan son un número y te llegan 5, 8 toallitas’, no, es más que eso. Reconocer la humanidad y entregar apoyo también de otra forma”, relata. 

Actualmente la Red de Acción Carcelaria está realizando una campaña en la Región de Tarapacá. Un lugar donde, de acuerdo a la socióloga, hay mucha necesidad.

“En el norte hay muchas mujeres extranjeras, inmigrantes privadas de libertad, que no tienen redes de apoyo en el país. Entonces es muy terrible, quedan dependiendo de la buena voluntad de Gendarmería, que te aseguro, que hay gente con muy buena voluntad, pero el problema es que no es algo dado, no es algo garantizado, es como la suerte. Y dejar a la gente así, a la suerte, cuando se trata de tu higiene personal, o sea, de tu bienestar, de tu salud, al final, es inaceptable”, señala.

“Y va también, además de ser inaceptable y de ser inhumano, va en contra de regulaciones internacionales. Se han firmado tratados internacionales como las Reglas de Bangkok que dictan que las mujeres tienen que tener los resguardos necesarios para tener una higiene menstrual decente”, añade.

Consultada sobre si junto a los tratados internacionales que Chile ha firmado, existe otra legislación o reglamentación que se refiera a este tema en específico, la profesional señala que no existen sobre la higiene menstrual en particular. 

“Pero sí hay reglamentos que dicen que las mujeres deberían tener su derecho a higiene, deberían tener su derecho a salubridad, buenas condiciones de habitabilidad, eso sí, pero respecto a productos de higiene no. Pero sí hay tratados internacionales, que deberían tener igual validez, si no ¿para qué firmarlos?”, se cuestiona.  

Las definiciones de la RAC

Pese a que partieron con las campañas de kits de higiene, hoy las integrantes de la Red de Acción Carcelaria quieren ir más allá de eso, y según Jacinta, su principal objetivo es visibilizar las vivencias de las mujeres privadas de libertad.

“Esta realidad es impopular. La gente tiene un cierto rechazo, hay muchos tabús, mucho estigma. Entonces nosotros a través de compartir información, aterrizarla, queremos generar también cercanía. Y más allá de cercanía, también una cierta sensibilidad y una cierta empatía con una situación que muchas veces se rechaza dado al miedo que nos han inculcado a la delincuencia”.

Para cumplir con su meta de acercar el tema de las mujeres recluidas a la población, la Red ha generado distintas instancias como conversatorios y cápsulas informativas con expertos. De acuerdo a la directora de investigación, la idea es sumarse a los esfuerzos de centros de estudios como el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y también enfocarse en las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad.

“Hace varios años, en un reporte del Instituto de Sociología, (…) ya se hablaba de que, en términos de política pública, el sistema está mal pensado porque no considera el sesgo de género que hay. En todas las etapas del delito. Las mujeres cometen delitos, por ciertas cosas, las mujeres tienen una experiencia en la cárcel por ciertas cosas, y las mujeres cuando salen de la cárcel tienen una experiencia completamente distinta a la de los hombres. Entonces, en términos de política pública, eso es lo que se debería considerar para así no solamente disminuir la delincuencia, que es como esta preocupación, esta obsesión, sino para garantizar el bienestar de las personas”.

Jacinta señala que la idea de participar en la discusión de políticas públicas está entre las ambiciones de la Red de Acción Carcelaria. Si bien es un camino que aún no emprenden con tanta decisión, previo a las elecciones, tuvieron un conversatorio con candidatos a constituyentes, y hace poco, colaboraron con la ONG Leasur, en una propuesta que se refiere, sobre todo, al derecho a sufragio de las personas recluidas.

Se trata de “un documento para los constituyentes, con respecto a la situación de las personas privadas de libertad, con harto enfoque en voto preso, en condiciones de habitabilidad. El tema voto preso es súper importante porque los presos que están condenados con penas menores a la aflictiva, que es de tres años y un día, sí tienen derecho a voto. Pero, hoy día no existen los mecanismos para que ellos y ellas puedan ejercer su voto. Entonces es completamente inconstitucional, este año hemos tenido, bueno, entre que hemos tenido y vamos a tener, un total yo creo, ¿de cuántas? Seis votaciones. Y 13 mil personas no votan porque no tienen una urna en la cárcel”, cuestiona la socióloga.

Un nuevo enfoque

Durante el mes de julio, en el contexto de los debates presidenciales, el entonces candidato de la UDI, Joaquín Lavín, comparó las cárceles con playas, sugirió eliminar las visitas conyugales y además limitar el acceso a celulares a las personas privadas de libertad.

Ante ello, la Red de Acción Carcelaria sacó una declaración para manifestarse en contra de los dichos del ex candidato, y su directora de investigación, hoy asegura que lo propuesto por Lavín es preocupante no solo porque va en contra de los derechos humanos de las personas recluidas, sino que además, se relaciona con una política pública que es poco efectiva.

“Encontramos completamente aberrantes las declaraciones de Joaquín Lavín, muy lamentables. Populistas. Y también basadas en una promesa que le hace eco a la promesa de Piñera, de “a los delincuentes se les acaba la fiesta”. Eso habla de una forma de abordar la delincuencia que es desde lo punitivo, desde la venganza, que en términos de política pública no sirve. Si les importa tanto el tema de reducir la delincuencia, la cárcel ya se ha comprobado que no sirve”.

Jacinta además agrega que dichos como los del ex candidato ayudan a perpetuar estereotipos y también invisibilizan los verdaderos problemas de la cárcel.

“Puede ser, que claro, todavía la gente pueda delinquir desde la cárcel, pero, ¿realmente ese es el problema más importante? El problema es que la cárcel no funciona y que la gente que está privada de libertad, muchas veces está en condiciones inhumanas”, señala.

En contraposición a lo expuesto por Lavín, la socióloga afirma que en nuestro país debería ponerse más atención a la reinserción y la prevención.

“El tema de la reinserción es súper importante. Pero más allá del tema de la reinserción cada vez se está hablando más de la prevención. Porque una vez que ya entraste en el sistema, es difícil salir de eso. Porque te llenas de etiquetas, te empiezas a juntar con pares, hay toda una serie de fenómenos sociológicos”, puntualiza. 

“Imagínate si tu eres mujer, te vas a la cárcel por microtráfico, por tres años. Si antes estabas metida en el microtráfico porque no encontrabai pega, ahora vas a salir de la cárcel sin pega pero además con antecedentes. Entonces la idea de la prevención es identificar también por qué la gente delinque. Y eso muchas veces está muy marcado por la exclusión y por estar inmerso en círculos de violencia, en círculos de victimización, y en otros factores estructurales que llevan a eso”. 

Frente a esta realidad y consultada sobre si se podría hacer prevención dando más acceso a derechos sociales como la educación y la salud, Jacinta sostiene que esa debiera ser la idea. “Cada vez va a ser más importante esta idea de un enfoque de prevención además de un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género y de reinserción, no puede ser que la gente salga de la gente y chao. Además lo típico que se dice en criminología, es que hoy día no podemos hablar de reinserción si las personas nunca han estado insertas en el sistema. O sea, si uno llega y dice reinserción, hay que asumir que las personas ya habrían estado alguna vez insertas en normas sociales, normas legales, cuando no es así. La gente en general está excluida del sistema socioeconómico”, concluye.

María Fernanda Araneda

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile