La ofensiva del gobierno por aumentar las deportaciones de migrantes que hayan ingresado al país por pasos no habilitados, plasmada en millonarios vuelos televisados, ha sido declarada contraria a derecho por los tribunales de justicia y organismos internacionales. Sin embargo, sigue sucediendo. Esta es la historia de familias separadas, de personas que no tuvieron un debido proceso, de los organismos que intentan protegerlos y de los miles de migrantes aterrados que saben que pueden ser los siguientes.

“Al llegar a Venezuela él me informó que estuvo dos días sin comer desde el momento en que fue detenido. (…) Desde que los detienen los dejan incomunicados, es muy poco lo que pude saber de él, y él de mí, estando embarazada de cinco meses”.

El relato, viralizado por redes sociales a mediados de junio, corresponde a Katherine Barrios, migrante venezolana que denunciaba como Darwin Daniel, su pareja y sustento económico del hogar, fue expulsado de Chile sin pasar por un juicio, recibir cuidados mínimos o tener siquiera la oportunidad de apelar a la decisión administrativa.

Se trata, en la práctica, de la separación de una familia. La de Katherine y Darwin es una historia que lleva meses replicándose a lo largo de Chile, donde casi un millón y medio de personas buscan una nueva oportunidad.

En los últimos años se ha intensificado la cantidad de órdenes de expulsión decretadas y expulsiones ejecutadas. Si entre 2010 y 2017 la cantidad de órdenes promedió 2.404 casos, en los tres años siguientes estas aumentaron a 5.095, 8.445 y 5.185 casos respectivamente.

Aunque aún no hay cifras oficiales consolidadas, de acuerdo con las organizaciones que prestan apoyo a migrantes, la cantidad de expulsiones ha aumentado notoriamente en lo que va del año.

Con el objetivo de deportar por vía aérea al menos a 2.700 extranjeros que no hayan regularizado su situación migratoria, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública suscribió un contrato de prestación de servicios con Sky Airlines el 21 de abril recién pasado.

El Ejecutivo aseguró 15 vuelos charter -cada cual con un máximo de 180 pasajeros- a cambio de mil quinientos millones de pesos. 555 mil pesos para Sky por cada persona trasladada fuera de nuestras fronteras.

Durante el primer semestre de 2021, en los cinco primeros vuelos convenidos, 393 extranjeros fueron devueltos a sus países por ingresar a Chile a través de pasos no habilitados. Eso sin contar a quienes fueron expulsados por decisión judicial, o a los deportados por vía terrestre.

Desde el gobierno, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli aseguró que “el Estado tiene que dar señales claras respecto de que el ingreso clandestino no está permitido en Chile, que es malo para el migrante y es malo para el país”, pero que no hay una voluntad de expulsar a cualquier costo o a cualquier persona.

Sin embargo, la política gubernamental se ha ejercido mediante subterfugios, durante días y horarios en que no sesionan los tribunales de justicia, sin procedimientos en que el ciudadano extranjero pueda defenderse o alegar causa alguna.

Aunque se insista en poner el foco en los delincuentes, los vuelos -realizados frente a los medios de comunicación, disfrazando a los migrantes con overoles blancos deshumanizantes- incluyen a personas deportadas por motivos muy diversos.

En ellos convergen quienes, tras cometer un delito, recibieron la conmutación de su pena por la deportación y quienes fueron expulsados luego de pagar su condena, con personas que ingresaron a Chile a través de pasos no habilitados.

Los últimos, expulsados administrativamente sin un proceso judicial, sin derecho a ser oídos y con el solo mérito de su propia autodenuncia.

Patricia Loredo, directora ejecutiva del Colectivo Sin Fronteras, dijo a Doble Espacio que “si se hubiera respetado el debido proceso, si se hubieran resguardado todos los procedimientos judiciales y si hubiera sido un juez el que hubiera resuelto, tomando en consideración todos los antecedentes del proceso, el caso de Darwin y Katherine se hubiera evitado”.

Pero no. En Chile se está expulsando inmigrantes sin respetar las garantías básicas del debido proceso.

Sin consideraciones particulares

Yosabeth vio partir a su pareja, uno de los 34 expulsados por causas administrativas en el vuelo que partió a Caracas durante la mañana del domingo 6 de junio.

La premura del procedimiento y la decisión del Ejecutivo de enviar el vuelo en un día inhábil provocaron que no se pudiera acreditar el vínculo familiar entre ellos. El recurso de amparo que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó a su favor no pudo ser visto porque las Cortes no sesionaban los fines de semana.

“Como que se les ablandó el corazón y dejaron que el niño viera al papá, pero fue muy desgarrador porque ¿cómo le explicas tú a un niño que no va a ver más a su papá?”, aseguró la madre del menor a CNN Chile.

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Es un hecho que los ingresos por pasos no habilitados han aumentado exponencialmente. Entre las razones que lo explican se cuenta la exigencia desde junio de 2019 de una visa consular de turismo a ciudadanos venezolanos, su alto costo y la dificultad de obtenerla bajo el gobierno de Maduro. Además, los efectos de la pandemia en la pobreza y el desempleo han agudizado las necesidades de muchos latinoamericanos de dejar sus tierras de origen para probar suerte en Chile.

Hasta 2017 no había más de 3 mil casos anuales registrados por la Policía de Investigaciones (PDI). En 2018 hubo 6.310 casos. 8.048 en 2019. Y en 2020 se dispararon a 16.848.

Según los datos aportados por el Servicio Jesuita a Migrantes, solo entre enero y abril de 2021, han ingresado irregularmente 16.275 personas. Tres de cada cuatro son venezolanas.

Los casos se repiten por millares: el migrante que entró por un paso no habilitado se auto denuncia ante la PDI con la esperanza de regularizar su situación. La policía emite un parte hacia la intendencia regional respectiva. Este órgano administrativo, a su vez, hace la denuncia pertinente al Ministerio Público e inmediatamente se desiste de perseguir la acción penal aparejada.

De acuerdo con el Decreto Ley (DL) 1094 (que sigue siendo la Ley de Extranjería vigente, aun cuando data de 1975), el ingreso por paso no habilitado está tipificado como delito. La ley mandata que quienes así ingresen deben ser condenados, y solo una vez hayan cumplido la pena, pueden ser expulsados del territorio de la República.

Pero lejos de enfocarse en la punición las intendencias, en su mayoría, se desisten y no siguen adelante con la investigación penal. De acuerdo con su interpretación de los artículos 146 y 158 del DL 1094, con eso quedarían habilitados para expulsar de inmediato a los migrantes. Y así lo hacen.

Para la abogada Bárbara Silva, encargada del área de migración y refugio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción (UDC), “eso transgrede garantías fundamentales: el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el hecho de que aun cuando la persona declare que ingresó por un paso no habilitado, nadie puede ser condenado en nuestro país con el mérito de su propia declaración”.

“En base a eso es que las Cortes a lo largo del país establecen que esta es una práctica contraria a la ley y que además resulta arbitraria porque no hay un análisis concreto del caso particular”, agrega. “No tenemos en la ley un procedimiento administrativo de expulsiones que le permita a la persona hacer sus descargos. Simplemente se emite ese parte policial, se denuncia, se desiste y se expulsa”, continúa.

Motivos para afirmar que una persona no debe ser expulsada hay muchos: la existencia de un vínculo familiar con personas que ya regularizaron sus papeles, tener hijos chilenos, contratos de trabajo vigentes, la falta de antecedentes penales e incluso consideraciones humanitarias sobre la situación sociopolítica en sus países de origen.

Ninguno de esos motivos son revisados por la autoridad. “Son expulsiones sumarias. Lo único que hacen en la resolución es cambiarle el nombre y la fecha de ingreso a la persona. No hay ninguna consideración al caso particular que permita decir que ese acto administrativo fue fundado. No, son todas iguales”, indica Silva.

Luego de que Naciones Unidas y el Poder Judicial declararan que las expulsiones masivas son contrarias a derecho, el director del Servicio Nacional de Migraciones Álvaro Bellolio afirmó que “poner un avión por expulsado no tiene mucho sentido, pero hay gente que lo cree así, que no les gusta que las personas salgan de más de uno”.

Para la abogada penquista “no se trata de que a todos se les suba a un mismo avión, sino que se ha llamado a Chile, desde Naciones Unidas, a tener un proceso que considere la situación particular”.

“¿Cómo se explica que el 6 de junio hayamos llegado a la circunstancia de que había niños con nacionalidad chilena que se iban a despedir de su padre que estaba siendo expulsado? Eso es no considerar en absoluto la situación específica de la persona. Y por mucho que los tribunales les han dicho que su forma de actuar es ilegal, las autoridades no la han modificado”, agrega recordando a Yosabeth, su hijo y el padre, hoy en Venezuela, a siete mil kilómetros de los suyos.

Amparos constantes, criterios consistentes, oídos sordos

Siete extranjeros estaban siendo trasladados en bus de Arica a Santiago, cuando sintieron las ruedas detenerse. Los policías civiles que los escoltaban habían recibido la noticia de que la Corte suspendió la orden de expulsión que autorizaba a deportarlos por ingreso irregular y decidieron parar el vehículo, para bajarlos del mismo y dejarlos abandonados en la carretera.

Los migrantes habían sido detenidos en la comuna nortina, donde residían, durante la noche del martes 22 de junio, y como en tantos otros casos, fueron rápidamente puestos en el autobús que los llevaría al aeropuerto capitalino para ser incluidos en el quinto vuelo de expulsión de Sky, dándoles apenas tiempo para contactar a la organización que los defendería.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ariqueño recibieron el llamado de auxilio y presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que en la mañana del miércoles 23 acogió la orden de no innovar solicitada, dejando sin efecto la orden de expulsión.

Conocida la resolución judicial, los siete migrantes fueron bajados del bus y abandonados en las afueras de Chañaral, a mil quinientos kilómetros de distancia de donde habían sido detenidos la noche anterior. Desamparados en una zona que les era extraña, con apenas algo de dinero, un mínimo equipaje, y en medio de un temporal.

Nuevamente fue el SJM de Arica el que salió a su rescate. “Tuvimos que activar una red hasta la región de Copiapó para poder ir en su auxilio. La colaboración en red tanto en lo jurídico como en lo social es clave para poder llegar a las personas. Solos como SJM no podríamos haber llegado”, admite la directora regional del organismo, Javiera Cerda.

Casos como este reflejan la necesidad de contar con organizaciones que acudan al llamado de una comunidad que se ha acostumbrado a pedir socorro con premura. Para su fortuna, esos grupos están.

A lo largo del territorio nacional se ha formado una red de grupos pro migrantes dispuestos a prestarles ayuda jurídica, acompañamiento y orientación. Actualmente una serie de clínicas jurídicas presentan amparos ante las Cortes en favor de quienes tienen motivos para quedarse en el territorio y existen campañas de regularización migratoria dirigida tanto a adultos como a niñas, niños y adolescentes.

Pero, aunque las agrupaciones se cuentan por decenas, en un período marcado por el alza de las expulsiones, apenas alcanza la fuerza de trabajo existente. Patricia Loredo, del Colectivo Sin Fronteras, admite que “todos los espacios que estamos con alguna posibilidad de hacer estos acompañamientos estamos sobre demandados”.

El grueso de los recursos jurídicos interpuestos por organizaciones y clínicas jurídicas pro migrantes ha sido contra resoluciones administrativas de las intendencias regionales, en quienes Interior delega la facultad de expulsar en casos de ingreso por pasos no habilitados. Resoluciones que pasan reiteradamente por sobre las decisiones del Poder Judicial en torno a declarar la ilegalidad de estas.

La Corte Suprema ha sido consistente en rechazar expulsiones de migrantes cuando los procedimientos administrativos no permiten al ciudadano extranjero ejercer sus derechos, cuando se están separando familias o cuando hay demoras en el procedimiento de expulsión.

Asimismo, los tribunales se han adecuado a las estrategias de expulsión utilizadas por el gobierno. A partir del vuelo del domingo 6 de junio, la Suprema decidió sesionar incluso los fines de semana, para no dejar en la indefensión a quienes necesiten una resolución expedita en un día feriado.

Sobre el trabajo jurídico desplegado, Javiera Cerda asevera que han tenido éxito, en general, “porque la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que estas expulsiones son colectivas, que son contrarias al derecho internacional; que no se pueden llevar a cabo de manera sumaria pues requieren de una evaluación individual”. Sin embargo, siguen ocurriendo.

En esa línea, Bárbara Silva, de la Clínica Jurídica de la UDC, afirma: “No podemos creer que la autoridad siga haciendo oídos sordos de los llamados de organismos nacionales e internacionales, y siga materializando los vuelos. Lo que ocurrió el 6 de junio de detenerlos un sábado para deportarlos un domingo, aprovechándose que las cortes no sesionaban, es una maniobra que ya no podemos tolerar”.

El efecto perverso

M.G. (32) llegó de Colombia hace ocho meses, motivado por la necesidad de darle un buen pasar a su hija de 6 años -que sigue allá- y por la dificultad de conseguir empleo en un país que ha perdido miles de puestos de trabajo por la pandemia.

Chofer y barbero, M. G. decidió viajar por tierra desde Bogotá hacia Colchane, y aunque en medio del camino se enteró de que las fronteras estaban cerradas, decidió no dar marcha atrás en busca de una oportunidad. El recorrido duró 18 días. Al entrar se autodenunció ante la PDI. Cada dos semanas tiene que ir a firmar a sus cuarteles.

Hoy vive en El Quisco, un pueblo del que confiesa se enamoró por su tranquilidad. Ocasionalmente ha conseguido trabajo en barberías, pero el vínculo se acaba velozmente cuando buscan hacerle un contrato y se dan cuenta de que no ha regularizado su situación migratoria.

“Obviamente Chile no puede recibir a todo el mundo, a personas que tienen delitos en sus países y vienen aquí a esconderse. Pero hay muchos como yo que vinimos a buscar un futuro, a salir adelante”, reclama.

La falta de empleo formal y la amenaza de una potencial expulsión preocupan a M.G., especialmente porque los planes de aportar económicamente a su hija no están resultando, y porque su esposa colombiana -también en Chile, pero con una situación migratoria regular- tiene tres meses de embarazo.

Para Patricia Loredo, “estos operativos de expulsión colectiva no solo afectan a quienes son expulsados y a sus familias, sino también a los miles que están en situación de ingreso irregular. Son víctimas del clima de intimidación que se genera con los operativos porque están muy cerca de ser las víctimas, porque ven la premura con la que suceden, que se les restringe el derecho a defensa, que los detienen en la madrugada, los fines de semana”.

“Hay un efecto muy perverso hacia las familias que están en las mismas condiciones, que pueden no estar siendo puestas en ese vuelo, pero cuya vida se altera completamente, se intimidan, se angustian”, agrega.

Constantemente intranquilo y pensando en su eventual deportación a su país natal, M.G. confiesa que el temor de que la PDI lo detenga cuando vaya a cumplir con su firma quincenal al cuartel de San Antonio, no lo deja dormir.

Pasa los días buscando orientación jurídica, sorprendiéndose con los operativos masivos de expulsión vistos en televisión y preparándose, porque, como tantos otros, cree que el próximo puede ser él.

Julio César Olivares

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile