En el primer aniversario del 18 de octubre, y con el resurgimiento de las protestas a nivel nacional, para los cientos de heridos por perdigones y bombas lacrimógenas de Carabineros recordar esos días de intensa represión policial es doloroso. La Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, Los Ojos de Chile y los afectados concuerdan en que el único plan de reparación médica implementado por el gobierno de Sebastián Piñera, simplemente, no da abasto.

Andrés Figueroa perdió la visión de su ojo derecho. Desde el primero de noviembre del año pasado que no puede ver bien ni coordinar correctamente sus movimientos. Choca con los marcos de las puertas y le cuesta incluso llenar un vaso con agua. Él, como otras 465 personas que sufrieron un trauma ocular a causa del uso de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros en el marco del estallido social, ha tenido que adaptarse a su nueva vida.

Figueroa acude a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador y recibe la ayuda de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares (CVTO). Y, a pesar de que podría parecer que todo caminaba hacia una pronta recuperación, con la llegada de la pandemia se volvieron aún más notorios los múltiples problemas asociados a la pérdida de un ojo, y que no están cubiertos por el Estado en su único programa de reparación a los mutilados por sus fuerzas policiales.

Desde la dirección de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, a cargo de Marta Valdés –madre de un hijo mutilado por Carabineros el 28 de octubre–, han reclamado por la mala gestión, escaso desarrollo y nula transparencia que ha tenido el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) anunciado en noviembre de 2019 por el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que buscaba subsanar a los más de 250 heridos que se reportaban entonces. Todo esto, mientras Carabineros aún percutaba sus escopetas en las cercanías de Plaza Baquedano, así como también en el resto del país.

Al igual que la Coordinadora –que surgió de la unión de las víctimas en los pasillos del Hospital El Salvador en noviembre del año pasado– ese mismo mes, Los Ojos de Chile (LODC) se constituía en sus inicios como una campaña para recaudar fondos e ir en ayuda de los afectados. La ahora fundación, instituida en agosto y fundada por el escritor Jorge Baradit y el académico Rodrigo Salinas, ha trabajado en la coordinación de ayuda a los mutilados oculares por carabineros, acercándoles a otras víctimas y dándoles la ayuda económica y psicosocial que el PIRO no entrega.

La mayor crítica que recae sobre el programa estatal de reparación, para ambas organizaciones, es la poca transparencia sobre la inversión que se hace en él, la falta de oftalmólogos fijos, la poca preocupación que se ha tenido por atender la dimensión psicosocial de la mutilación, teniendo un solo psicólogo para más de 300 pacientes y ningún psiquiatra. La CVTO incluso ha denunciado malos tratos por parte de ciertos profesionales a través de una carta petitorio con demandas enviada el pasado 6 de junio al director del Hospital El Salvador, Dr. Enrique Mullins Lagos.

Según Marta Valdés, el programa “tiene un protesista, tiene un psicólogo y no tiene psiquiatra. Siempre están cambiando de oftalmólogo, nunca fue un profesional fijo el que viera a los compañeros”, dice del programa que se encuentra inserto en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador y que también suma dos enfermeras.

 A pesar que la UTO también colabora con profesionales para ayudar a las víctimas, no es suficiente para avanzar en la reparación. “Ellos también son de ayuda, pero tampoco dan abasto entre los traumas oculares y los casos normales”, dice Marta Valdés.

 La directora de la fundación Los Ojos de Chile, Rosario Soto, cuenta sobre la falta de transparencia del PIRO: “Tampoco hay una transparencia de cómo funciona el programa, cuáles son sus prestaciones o cual es el apoyo de este”.

 Ante todas las deficiencias e irregularidades del plan gubernamental, Soto manifiesta, lo que a su parecer, complejiza aún más la situación de los mutilados: “Ser víctima de trauma ocular hoy, no es considerado una discapacidad. Tener disminución de la visión tampoco”.

Los problemas después de un año

 Al igual que Andrés, Natalia Aravena perdió su ojo derecho. Pero en su caso, la herida fue ocasionada por una bomba lacrimógena que impactó su rostro. Esta le causó un estallido del globo ocular. Luego de pasar por la urgencia de la Posta Central y del Hospital del Salvador, Natalia fue trasladada a la Clínica Indisa para comenzar una serie de operaciones que la mantendrían casi un mes en reposo absoluto para evitar repentinas subidas de presión que complejizaran aún más su delicada situación.

A casi un año de su agresión, todavía siente latentes las complicaciones asociadas a su pérdida ocular, a las cuales aún no logra adaptarse en un cien por ciento. En la carta dirigida al director del Hospital del Salvador, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular señala que el daño causado por las lesiones oculares abarca tres perspectivas: física, psicológica y económica.

Según Marta Valdés y Rosario Soto, los gastos que corren por parte de los afectados van desde la compra de lentes ópticos fotosensibles al uso de gotas, que según la directora de la CVTO “son carísimas, de 40 a 70 mil pesos”.

Si bien está la posibilidad de acceder a una prótesis a través de la UTO, desde las organizaciones denuncian que el servicio no da abasto para todos los pacientes que lo requieren. El escaso números de profesionales dedicados a las víctimas –sólo un protesista y una psicóloga para la atención de todos los casos– más la actual pandemia, han ralentizado el proceso de la obtención de prótesis oculares, para las que incluso no todos los pacientes califican.

Natalia cuenta que ha podido acceder a dos tipos de prótesis: una acrílica, entregada por la UTO del Salvador, y otra de cristal, comprada a un especialista alemán que viajó en marzo a Chile. Sin embargo, es enfática en recalcar que los gastos de la prótesis de cristal, mejor y más disimulada, corrieron por su parte y la de su familia. Costó 500 mil pesos y aún así no logró ajustarse a las medidas de su cuenca ocular.

Asimismo, dice haber tenido suerte de llegar primero a las listas para prótesis de la UTO, pues “hay algunos chicos que recién en agosto les entregaron su primera prótesis, porque están esperando hace mucho tiempo. Así que en ese aspecto me han cubierto, pero no desde la calidad óptima que debiera ser”.

Otro punto deficiente del programa estatal, y que ambas organizaciones advierten, es que el ojo sano va degenerándose lentamente por la presión que le significa estar trabajando para toda la visión del herido. Por lo tanto, se hace necesario el uso de gotas y lentes ópticos, incluso con filtro lumínico, para aquellos que quedaron con secuelas de fotosensibilidad. Necesidad que, al no estar cubierta por el PIRO, fue sopesada por “Los Ojos de Chile”, que llegó con lentes adecuados para las víctimas que optaron a ello.

Por esta razón, Valdés explica que gran parte del esfuerzo de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular está destinado a concretar: “Una reparación de por vida que signifique salud gratuita y de calidad para los compañeros, y que, además, tengan un subsidio económico de por vida, porque muchos tienen un ojo dañado, pero también a muchos se les ha ido dañando el ojo que tenían bueno”, cooptando su natural evolución y adaptación a la pérdida de la visión.

Sin embargo, esto sólo es una parte del ámbito físico y económico de los múltiples problemas que enfrentan las víctimas de trauma ocular. Otro gran peso que han debido sobrellevar es la adaptación psicológica y social al cambio, a perder un ojo y mucho de lo que hacían diariamente.

Las directoras de LODC y la CVTO señalan la importancia de la recuperación psicológica en estos casos. Las afectaciones psicológicas de las víctimas de trauma ocular van desde el estrés post-traumático hasta los cuadros depresivos. La autoestima también juega un rol fundamental en estos casos. “Hay problemas de autoestima, porque no me reconozco o siento que mi cuerpo no me pertenece, no me siento cómodo con mi cuerpo. Entonces, es súper importante el proceso psicológico para que la persona acepte e integre estas emociones de la manera más sana posible dentro de todo lo que significó su trauma”, señala Rosario Soto.

Las dificultades que conlleva contar con un profesional de la salud mental en la UTO han llevado a que tanto la Fundación como la Coordinadora se organicen en pos de conseguir atenciones psicológicas para las víctimas de forma paralela al programa del Hospital. Uno de los principales puntos abordados por la CVTO en la carta enviada a El Salvador, hace alusión a la necesidad de aumentar la cantidad de profesionales, además de extender la cobertura a la atención psiquiátrica.

El ejemplo de Natalia es representativo de la situación que han vivido otros cientos de heridos. Luego de algunas semanas en tratamiento psicológico, cuenta que tras volver  trabajar en marzo comenzó a sentir: “Síntomas de estrés post traumático, entre el trabajo y el contexto de pandemia. Y lo que había vivido, seguir viendo la represión y todas las cosas que están pasando. Así empecé con mucha ansiedad, angustia y problemas para dormir”. Por esta razón, fue derivada a una psicóloga del Instituto Chileno de Terapias de Avanzada.

Para Marta Valdés, parte de la solución está en que se garantice el acceso a la ayuda psiquiátrica que puedan requerir las víctimas. “Hay muchos compañeros que quizás necesitan tener una continuidad con un psiquiatra, porque el daño no todos lo asumen igual y no a todos les afecta de la misma forma. La verdad es que quienes se han atendido, ha sido con psicólogos que colaboran de forma voluntaria, porque el psicólogo de la UTO no da abasto. Y no es un psicólogo que tengamos exclusivamente para las víctimas de trauma ocular”, comenta la dirigenta.

En búsqueda de reparación

Actualmente, y dentro de las dificultades propias de su nueva condición, Natalia y Andrés han podido conservar sus puestos laborales. Sin embargo, uno de los problemas que aqueja a un número significativo de las víctimas de trauma ocular es el desempleo. Ese es el caso de Carlos Puebla, quien trabajaba en el rubro de la construcción, hasta el día que recibió el disparo en su rostro.

“Actualmente estoy sin trabajo. Me ha costado desenvolverme nuevamente en lo laboral. Es un ojo menos y no he estado funcionando al 100%. Pero creo que puedo salir adelante y trabajar normalmente, aunque me cueste”, afirma Carlos, con la confianza que muchos como él tienen en volver a su vida normal.

Carlos Puebla fue uno de los testimonios recogidos por The New York Times en el premiado reportaje “It’s Mutilation”, que ha sido galardonado por el World Press Photo y finalista de un Emmy. El realizador del reportaje –en el que participó como productora la docente de ICEI, Alejandra Carmona López– Brent McDonald, señala a Doble Espacio que no ha visto, en ningún otro conflicto, el nivel de violencia policial que documentaron durante el estallido social. “Que más de 450 personas sufrieran daño ocular severo –heridas que cambian la vida completamente– es una grave situación de Derechos Humanos. Estos perdigones y bombas de gas nunca deben ser apuntados a la cabeza, según los Protocolos de Ginebra”, comenta el periodista, quien pasó varios días reporteando en las calles de Santiago. “Seguro había muchos manifestantes que tiraban piedras o botellas a los policías, pero muchos de los heridos no hicieron nada de eso. Ese nivel de fuerza policial usada por Carabineros nos presentó dudas serias respecto a la opresión política y la responsabilidad policial”, cierra McDonald.

Por los casos de ciudadanos como Carlos, Andrés y Natalia, cada organización ha perseguido distintas formas de reparación. “Los Ojos de Chile” en asociación con los abogados de Libertades Públicas, y en representación de una veintena de víctimas de traumas oculares, ingresaron una demanda colectiva contra el Consejo de Defensa del Estado.

Según Rosario Soto, esta acción busca reparación económica para los afectados por la represión policial, a la vez que será una ayuda monetaria para quienes han visto mermadas sus capacidades laborales. Y argumenta, además, que tienen “460 víctimas de trauma ocular y encontrar al carabinero que percutó el arma, que provocó mi lesión ocular, es encontrar una aguja en un pajar”.

Desde la Fundación esperan que este libelo sea exitoso, como “la mayoría de las acciones colectivas civiles”. Aunque también advierten que “hay que entender que estos procesos son largos y lentos. El proceso civil dura de 7 a 9 años, 5 años en el mejor de los casos”.

Sin embargo, al margen de esta demanda colectiva, desde la LODC han preparado un programa que busca ayudar y capacitar a sus miembros para la reinserción en lo laboral. “‘Reimpulso laboral’ busca ser una especie de incubadora de emprendimiento, entregar herramientas de finanzas, de cómo llevarlo a cabo, qué significa un emprendimiento, la gestión de proyectos. Y también es una capacitación y entrega de herramientas para mejorar el currículum, cómo encontrar trabajo, etc.”, explica Soto.

Por su parte, la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares ha optado por perseguir “Verdad, Justicia y Reparación”. Valdés, desde la dirección de la Coordinadora, explica que ambas organizaciones -la LOCD y la CVTO-, son distintas y persiguen fines distintos, pero comparten una misión orientada hacia la mejora de la calidad de vida de los afectados.  “Para nosotros no existe reparación si no existe verdad y justicia. Y primero tiene que haber verdad y justicia para que exista reparación, porque de otra forma no funciona”, sentencia la dirigente.

Según un informe publicado por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) en marzo de este año, se contabilizaban 2 mil 113 heridos por proyectiles de armas de fuego –entre perdigones y bombas lacrimógenas– hasta ese mes, de los cuales 460 eran víctimas de lesiones oculares. El documento advirtió sobre incumplimiento de los protocolos de Carabineros y calificaba estas acciones como una conducta sistemática por parte del organismo policial, el que además realizaba actos represivos descritos por el INDH como “desproporcionados y muchas veces injustificados”.

Catalina Araya

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Felipe Arancibia

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile