Cientos de extranjeros quedaron sin trabajo producto de la crisis que desencadenó el covid-19. Si a esto sumamos que muchos no han sido favorecidos con los beneficios del Estado ni con la Ley de Protección del Empleo, el resultado es que viven en la precariedad y exclusión.

“Váyanse de aquí porque no van a poder vender. Nosotros nos vamos a quedar un buen rato”, escuchan angustiadas unas mujeres haitianas mientras recogen rápidamente las cosas que estaban vendiendo y las suben a su carro de supermercado. Son los carabineros que por orden municipal fiscalizan el comercio ambulante en las esquinas de la Alameda en Estación Central. Ellas saben que hoy verán bajas en sus ingresos pero se rehúsan a irse muy lejos, esperarán para volver porque necesitan pagar arriendos y darle de comer a sus hijos.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile hay casi un millón y medio de extranjeros, de ellos un 30% habría perdido su empleo por la pandemia, un 85% no posee ahorros para costear sus necesidades en los próximos meses y un 60% no volvería a su país de origen durante la crisis, pese a la precariedad de su situación, según un estudio de la Universidad de Talca.

“La pandemia ha generado que los migrantes sean los primeros en ser despedidos de los empleados porque son los más recientes, entonces se le hace más barato al empleador”, sostiene Delio Cubides, secretario ejecutivo y asesor jurídico del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), explicando a qué se debe el alto porcentaje de extranjeros desempleados.

“Hay personas que tuvieron que desalojar donde vivían porque no tenían con qué cubrir los gastos de arriendo o han tenido que negociar con sus arrendadores para disminuir un poco el costo mientras consiguen fuentes de ingresos. Y no solamente arriendos, también servicios. Hemos tenido casos de familias en condición vulnerable que no tenían ni para comprar alimentos”, agrega Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile.

Entre los beneficios que el Estado ha dado para subsanar esta escasez de recursos existe el Ingreso Familiar de Emergencia. Para acceder a él se requiere tener actualizado el Registro Social de Hogares pero tan solo 398.253 extranjeros forman parte de este registro, equivalentes a un 2,9% del total que integra este listado, según un análisis del Servicio Jesuita a Migrantes. Sumado a esto, para el retiro del 10% de las AFP, organizaciones migrantes denunciaron que no se estaban entregando los fondos a las personas con el Rut vencido, pese a que el Departamento de Extranjería anunció la extensión de la cédula de identidad para extranjeros con sus visas en trámite.

Para las personas en situación irregular en Chile el paisaje es aún más desolador: “Están sin protección de ningún beneficio del Estado por carecer de documentos, no por culpa de ellos, sino por una ralentización de los trámites de regularización migratoria”, explica Delio Cubides.

“Nosotros como Organización de la Sociedad Civil siempre hemos sido críticos de la lentitud de la revisión de las solicitudes de visa porque esto también coloca a las personas en un estado de invisibilidad. Esperar por una visa de residencia temporaria por más de un año significa que estas personas están a merced de malos tratos por parte de los empleadores porque dependen de quedarse en ese empleo para obtener sus visados”, detalla la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile.

Los malos tratos incluyen el no pago de sus cotizaciones, que los obliguen a quedarse más tiempo en sus lugares de trabajo o que no se respeten sus vacaciones y, además, son amenazados con que si denuncian, “el empleador va a prescindir de sus contratos”, asegura Rojas, lo que significa que perderían los papeles que necesitan para regularizarse debido a que las cotizaciones son obligatorias para obtener visas de permanencia definitiva, por ejemplo.

TRÁMITES MIGRATORIOS: UN ARDUO PROCESO

 Según datos del Departamento de Extranjería, hubo una pequeña caída de las visas temporarias y de permanencia definitiva solicitadas durante el comienzo de la pandemia, situación que cambió radicalmente en estos últimos meses. En concreto, las solicitudes antes mencionadas ingresadas en marzo bordeaban una suma de 8 mil, mientras que las recibidas en julio superaron las 17 mil, un aumento de más del doble.

Álvaro Bellolio, director del Departamento de Extranjería, asegura que, “la interoperabilidad con otras instituciones del Estado, como por ejemplo con PDI, ha permitido facilitar la tramitación de certificados solicitados para los y las extranjero/as que piden residencia en Chile, lo que se traduce en que cerca de 12 mil extranjero/as ya no deben concurrir presencialmente a buscar estos documentos”. Además, –dice Bellolio– “desde antes de la pandemia, ya se habían digitalizado trámites para darle continuidad a los procesos y también se sumaron a esas iniciativas el trámite de pago de multas online que permitió reducir los tiempos de análisis y de atención a prácticamente cero en esa solicitud, por lo cual podemos decir que el proceso de modernización que se viene llevando a cabo ha hecho disminuir dichos tiempos”.

“La digitalización no cambió nada, al contrario, se aumentaron los tiempos de espera de las solicitudes. La digitalización de los trámites migratorios para Extranjería comenzó desde el segundo semestre del 2018 y nosotros siempre tuvimos la esperanza de que agilizara los procesos pero nos hemos dado cuenta que las filas que había en la calle San Antonio en el centro de Santiago son ahora filas virtuales. Claro, es fácil decir : ‘Ahora no hay filas en la calle’, cuando la espera es ahora online”, explica Cubides.

Con todo, él asegura que uno de los grandes problemas es la falta de acceso a canales de comunicación para resolver las inquietudes de los extranjeros. “El migrante no tiene a quién preguntarle, existen medios de consulta pero están muy automatizados y muchas veces no reciben respuesta, sin contar la brecha digital que también dificulta el acceso de las personas”.

José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), asevera que, “hoy día hay procesos que son digitales pero igual hay personas que tienen dudas y necesitan ir a consultar directamente y eso no se ha podido hacer. El hecho de que se demoraran bastantes meses en sacar la información en creole (idioma haitiano) demuestra que no se está llegando a la población migrante, algo que debiese ser básico desde el Estado”.

En esta situación recae la importancia de acelerar la tramitación de regularización migratoria para todos quienes lo requieran, porque ante las largas esperas las personas se ven obligadas a buscar ingresos al margen de la ley.

COMERCIO INFORMAL

El rubro del comercio informal ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia. “Por ejemplo, las mujeres cafeteras haitianas se han visto profundamente afectadas, ya que sus jornadas eran en la calle, por tanto, sus vidas se han precarizado aún más. Además, estas mujeres en su mayoría son madres solteras, algunas con sus hijes en este país o en sus países de origen, lo que implica que ellas deban enviar dinero o comida mensualmente, además de mantenerse acá”, aseguran desde la Secretaría de Mujeres Migrantes.

Para muchos extranjeros las actividades informales son la única manera de sobrevivir y así lo manifiesta J.C., un inmigrante venezolano que estuvo irregular en Chile por cerca de nueve meses, que estando sin papeles fue despedido en plena pandemia. “Es muy difícil conseguir un empleo sin tener visa vigente, nadie te contrata. La única opción ahora es trabajar sin contrato y por día”. Para subsistir también tiene que vender bebidas en el edificio donde subarrienda una pieza.

Muchos migrantes están dedicados al rubro de la gastronomía, tal como J.C., donde son sus connacionales quienes compran los productos, ayudándose entre sí, ya que trabajar formalmente no es una opción porque la ley multa a las empresas por contratar a personas en situación irregular. “Es todo un círculo vicioso porque tú necesitas tener documentos para ser contratado y necesitas ser contratado para tener documentos, ¿cuál es el procedimiento entonces?”, se pregunta Delio Cubides.

LOS FALLIDOS VUELOS DE RETORNO

 Al comienzo de la pandemia, muchos migrantes pernoctaron fuera de sus consulados exigiendo un vuelo de repatriación porque ya no tenían un lugar donde vivir. Hombres y mujeres con sus pequeños hijos, hijas e hijes se resguardaban en carpas del frío invierno que comenzaba, ante las miradas consternadas de los medios de comunicación.

Gracias a gestiones de la cancillería chilena muchos migrantes pudieron subirse a estos viajes, no así los migrantes venezolanos que aún se encuentran en colegios adaptados para que funcionen como albergues.

“Ellos fueron trasladados a dos colegios en la comuna de Providencia y gran parte continúa aún en los refugios. En una situación bastante incómoda ya que lamentablemente el Estado venezolano no ha dado la autorización de entrada de vuelos de repatriación y el consulado no ha dado una fecha ni siquiera probable para que estas personas puedan regresar”, afirma Patricia Rojas. “Por otro lado, estamos viendo que se está reactivando la nueva normalidad, y en algún momento esos colegios van a ser necesitados para la función que deberían cumplir, entonces va a llegar un punto en que no van a poder seguir ahí”, agrega Rojas.

Es por esto que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha empujado fuertemente a la Embajada de Venezuela para que estos vuelos se lleven a cabo y estas personas logren volver a su país, lo que se podría concretar a mediados del mes de octubre.

La mayoría de las personas que quieren regresar a Venezuela, dice Rojas, se encuentran de manera irregular, ya sea porque han entrado por pasos no habilitados o se les fueron negadas sus solicitudes de visa, y no la están pasando para nada bien, son personas que están más inseguras que el resto ya que no tienen redes de apoyo ni familiares acá.

Delio Cubides señala que hay muchos que están en situación de calle. “Hemos visto que algunos migrantes que se han quedado sin ingresos, por la situación de desempleo, han optado por formar campamentos. Nosotros acompañamos un sector en Lampa donde hay un buen número de venezolanos, bolivianos, peruanos y haitianos, que están sumamente vulnerables y que han armado sus casas con madera”.

Una forma de subsanar esta situación ha sido mediante ollas comunes que han surgido en distintas poblaciones, asegura José Tomas Vicuña, donde “las personas se están ayudando sin distinguir entre nacionalidades, lo que ha sido un alivio para quienes tienen mayor necesidad”.

NUEVA LEY DE MIGRACIONES

De cara al Proyecto de Ley de Migraciones que impulsó el Ejecutivo, existe mucha preocupación ante lo que pueda significar para la población irregular, “La pandemia en general empeoró la situación de los chileno y chilenas, pero especialmente mostró el nivel de precariedad en el que se encuentra la población migrante, sobre todo quienes se encuentran de manera irregular. Por ello la importancia de una nueva ley que esté acorde a tiempos actuales y a los nuevos flujos migratorios de los últimos años pero, por sobre todo, al respeto de los derechos humanos de toda persona que llegue a nuestro país buscando oportunidades y una mejor calidad de vida”, declara el director de Extranjería.

“En los últimos dos años ha aumentado el ingreso por pasos no habilitados y el proyecto de ley no tiene una respuesta a esa situación. Es tanto así, que en la década pasada el 50% de las llegadas por entradas no autorizadas se concentraron en el 2018 y 2019. En Arica, por ejemplo, cada vez vemos más niños y niñas ingresando por estos accesos, una realidad que no veíamos antes”, critica José Tomás Vicuña.

“El proyecto de ley entró como una respuesta que busca regular la migración pero el Gobierno entiende ‘regular la migración’ con limitarla y el gran peligro de una postura como esa es que, por la práctica, sabemos que cuantas más restricciones pone un país, es caldo de cultivo para que las bandas de tráfico y trata de personas puedan trabajar más fácil. Ahí el peligro que tenemos es que ingrese una cantidad de gente sumamente alta por ingresos clandestinos, sin documentos, sin saber quiénes son y qué vienen a hacer”, dice Cubides, quien continúa su relato:  “Se necesita una normativa nueva, pero una normativa que sea inclusiva y que considere a la migración como un aporte, no como un problema”.

“Consideramos que es necesario un mecanismo que le permita a las personas que llegaron de manera irregular, generalmente buscando mejores condiciones de vida, tener acceso a ser parte del sistema. Si bien es cierto que Chile necesita una nueva legislación, creemos que este es un proyecto que no se condice con los estándares internacionales porque sentimos que retrocede en derechos de los cuales ya gozamos las personas extranjeras. Si el proyecto hubiera sido ley al comienzo de la pandemia, una buena parte de las personas migrantes no hubieran podido acceder, por ejemplo, al Ingreso Familiar de Emergencia porque exige que la persona haya estado en Chile con un visado por lo menos 24 meses. Entonces, en ese sentido, puede ser mejorable”, finaliza Patricia Rojas.

Hasta ahora el gobierno no ha tenido presente a las personas en situación irregular que se arriesgan cada día a contraer el virus trabajando en la calle y que se sienten desconfiados de asistir a servicios de atención de salud cuando lo requieren por temor a ser fiscalizados o deportados. Frente a esta realidad, las organizaciones migrantes creen que es necesario que los procesos de regularización sean eficaces para disminuir la vulnerabilidad en la están, puesto que, según el director del Servicio Jesuita a Migrantes, “este virus no llega solo por temas biológicos, sino que más bien por exclusiones sociales y eso lo hemos visto más en las personas migrantes, por las condiciones en que viven”.

Eva Luna Gatica

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile